Economía

viernes 26 feb 2021 | Actualizado a 12:01

El nuevo Programa Financiero 2020 calcula una contracción del PIB del 8,4%

Pese a los números rojos, el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia establecen nuevas metas para cerrar esta gestión.

El ministro Marcelo Montenegro intercambia el acuerdo con el titular del BCB, Edwin Rojas. Foto: ABI

/ 7 de diciembre de 2020 / 13:22

Con el propósito de reconstruir la economía del país, tras la crisis del coronavirus, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, suscribieron este lunes el Programa Financiero 2020-Segunda Revisión.

Esta nueva programación establece una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de 8,4%; es decir, 2,7 puntos porcentuales menos de lo que definió el gobierno transitorio (11,1%) para esta gestión.

Además, proyecta un déficit fiscal de aproximadamente 12,3% y una inflación de 1,1% al cierre de este 2020.

Al respecto, el ministro Montenegro aseguró que “la economía boliviana ha sido golpeada por el mal manejo económico y, obviamente, la pandemia ha ahondado más la crisis. La gestión económica del gobierno transitorio lo que ha hecho es acelerar la caída”.

Asimismo, señaló que como consecuencia de una deficiente administración gubernamental, el súbito freno a la inversión pública y a los proyectos destinados a fortalecer el aparato productivo nacional; el país experimentó un “descalabro económico” en los 11 meses de gestión del gobierno transitorio de Jeanine Áñez.

Como ejemplo, reveló una caída de la inversión pública en el país que supera $us 2.000 millones.

En esa línea la autoridad también denunció un intento de “quebrar” las empresas públicas, al limitar su normal funcionamiento y otras medidas desacertadas como la liberación de las exportaciones que, en un momento, pusieron en riesgo la estabilidad de precios y el abastecimiento de alimentos.

Frente a ello, Montenegro precisó: «Nosotros vamos a reconstruir el modelo económico que hemos aplicado en los 14 años (gobierno del expresidente Evo Morales) que es un modelo basado en la actividad productivas del país rescatando lo comunitario, vamos a reactivar y mejorar la inversión pública (…), retomar los proyectos de industrialización».

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UNIVida espera normativa para iniciar con la comercialización del SOAT 2021

La aseguradora aclar que no se propuso descuentos a ningún sector del transporte público.

Por Yuri Flores

/ 26 de febrero de 2021 / 10:15

Mediante un comunicado, la aseguradora UNIVida SA anunció que está a la espera de la normativa que emita el Ejecutivo para iniciar con la comercialización del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para la presente gestión.

El 7 de septiembre, durante el gobierno de transición, se aprobó el Decreto Supremo 4330, norma que amplió la vigencia del SOAT hasta el 30 de abril de 2021.

UNIVida “se encuentra a la espera de las directrices que emana de las autoridades del sector respecto a la operativa y otros aspectos necesarios para dar inicio a la comercialización del SOAT 2021”, señala el comunicado.

Además, aclaró que la compañía no se reunió con ningún sector del transporte público y mucho menos acordó una reducción en las tarifas como anunciaron algunos dirigentes de los choferes.

El miércoles, el secretario general de la Federación del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, informó que, tras una reunión sostenida con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, UNIVida y nueve federaciones de ese sector, se planteó al sector del transporte público descontar el 38% del SOAT para la gestión 2021.

UNIVida recordó a los usuarios que el SOAT tiene un contenido social que garantiza la atención médica de conductores, pasajeros y peatones, con el propósito de beneficiar a las familias bolivianas. (26/02/2021)

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Ministerio de Trabajo registró al menos 5.000 despidos de trabajadores del sector privado

En el sector público también hubo una vulneración de normativas laborales vigentes.

Por Edwin Condori

/ 26 de febrero de 2021 / 09:56

La ministra de Trabajo, Empleo y Previsión Social, Verónica Navia, informó este viernes que esta cartera de Estado registró al menos 5.000 despidos de trabajadores del sector privado, que alegaron motivos de “fuerza mayor”.

“El sector privado es donde hubo más los despidos injustificados arguyendo fuerza mayor. La Ley General del Trabajo tiene causales de despido y uno de ellos podría ser considerado como de fuerza mayor, pero tiene que ver con una descripción totalmente diferente a lo que se utilizó, (…) es así que se despidieron en el sector privado aproximadamente a 5.000 empleados”, dijo la autoridad.

Aseguró que se usó el motivo de “fuerza mayor” de manera irregular e ilegal arguyendo “solamente una presunta crisis económica, que en realidad no hubo tal” en los casos denunciados.

“Además, en el sector público también hubo una total vulneración de normativas (durante el gobierno de Jeanine Áñez), porque se ha despedido incluso personal de la institución pública que tenía inamovilidad”, señaló.

Recordó que en el gobierno de Evo Morales se aprobaron normativas de inamovilidad laboral por muchas causales y una de ellas es, por ejemplo, la discapacidad.

Es decir, “si una persona o familiar con discapacidad moderada o grave estuviera ejerciendo la función pública, no puede ser despedida de su trabajo previo proceso administrativo; además no se puede despedir a un padre o madre progenitor (de un menor con discapacidad) ni con proceso administrativo porque ahí el derecho protegido es del niño o la niña, no el trabajador”, subrayó.

Pero, según la titular de Trabajo, “en el golpismo” han despedido a todos sin distinción de estas características cometiendo incluso hasta actos “inhumanos”. (26/02/2021)

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Huanca: El gobierno de transición destrozó y paralizó a las empresas estatales

El Ministro de Desarrollo Productivo dice que hubo una mala administración que arrojó pérdidas para el Estado boliviano.

La empresa estatal Cartones de Bolivia (Cartonbol).

/ 26 de febrero de 2021 / 09:40

El ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca Chura, denunció que el “gobierno de facto” de Jeanine Áñez realizó una mala administración de las empresas estatales, lo que dejó resultados negativos y provocó pérdidas económicas para el país.

«Quiero informar que, lamentablemente, cuando asumimos el Gobierno encontramos en el Ministerio de Desarrollo Productivo nuestras plantas industriales en una situación pésima, con mala administración, con pérdidas, con resultados negativos, con maquinarias industriales que fueron instaladas con mucho sacrificio por el pueblo boliviano. El gobierno de facto ha ido destrozando y paralizando estas plantas industriales, de tal manera que no generen recursos», dijo en la Rendición Pública de Cuentas Final 2020.

También informó que entre 2005 y 2019 la industria manufacturera y de alimentos tuvieron un crecimiento positivo, sin embargo, el año pasado reportó una caída de 23% y de 6,48%, respectivamente, que generó un escenario “altamente complicado” para el nuevo Gobierno elegido democráticamente.

“En el periodo 2005-2019 todos los sectores productivos han mostrado un crecimiento, lo cual fue revertido drásticamente en la pasada gestión, siendo los más afectados los sectores de construcción, minería, industria, hostelería, relacionada también esta situación al sector turismo; es decir los sectores productivos y generadores de empleo», agregó.

Indicó que en 2020 las exportaciones de manufacturas también sufrieron una descenso del 16,4%, que representó una disminución de más de $us 500 millones, mientras que la inversión pública en el sector de desarrollo productivo cayó 76%, tomando en cuenta que en 2019 la inversión representó 20% de la ejecución presupuestaria y el gasto corriente 80%. Sin embargo, añadió que el año pasado la inversión representó 6% de la ejecución presupuestaria y el gasto corriente el 94%.

“Es importante mencionar que realmente el gobierno de transición no tuvo ningún tipo de interés de garantizar la inversión pública, sobre todo en el sector de desarrollo productivo y mucho menos en la implementación de nuestras plantas para promocionar al aparato productivo”, cuestionó.

No obstante, el Ministro de Desarrollo Productivo informó que desde noviembre y diciembre del año pasado el Gobierno trabajó en políticas públicas para subsanar la “afectación a la economía y corregir las malas acciones” del gobierno transitorio.

“Se abrogó el Decreto Supremo 4139 que estipulaba la libre exportación, hemos emitido el Decreto Supremo 4417 que prácticamente sustituye los certificados de abastecimiento y también pone nuevamente en vigencia las bandas de precios y cupos de abastecimiento del sector pecuario y así garantizar la harina de soya solvente, con su producto del grano de soya al sector pecuario, para que puedan abastecer de alimentos al pueblo boliviano a precio justo», subrayó.

Además, destacó la implementación del Fidecomiso de Bs 911,1 millones para reactivar la economía del país, del Decreto Supremo 4400 para reactivar el turismo interno que fue afectado por la pandemia, del Decreto 4407 que abroga la norma de ampliación del registro de comercio a Fundempresa, y del Decreto 4423 del Fondo Proleche para destinar recursos para la inversión de infraestructura productiva para el sector lechero.

“Hoy estamos en ese trabajo, hemos recuperado, hemos iniciado varias actividades para empezar a poner en funcionamiento las plantas industriales por la reactivación del aparato productivo”, remarcó. (26/02/2021)

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Firman convenio para apoyar cambio de la matriz energética en Bolivia

Representantes del Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), el operador francés de gestión de la red eléctrica RTE Internacional (RTEi) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron un convenio tripartito

Firma del convenio

/ 25 de febrero de 2021 / 17:14

Con una donación de 700.000 euros ($us 851.717), el Comité Nacional de Despacho de Carga (CNDC), el operador francés de gestión de la red eléctrica RTE Internacional (RTEi) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) firmaron un convenio tripartito de alianza tecnológica con el objetivo de lograr la integración de energías alternativas en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) boliviano.

“Este convenio se firmó bajo el instrumento de cooperación FEXTE (Fondo de Experticia Técnica e Intercambio de Experiencias), el cual corresponde a un instrumento de financiación de la AFD para promover alianzas tecnológicas entre operadores franceses y de países socios sobre saber-hacer específicos. Asimismo, esta subvención financiara estudios, asesoramiento técnico, intercambios de experiencia entre otros”, refiere un boletín de prensa.

En la ceremonia del 22 de febrero participaron el viceministro de Electricidad y Energías Alternativas, José María Romay, el presidente del CNDC, Filiberto Soto, el vicepresidente de ENDE Corporación, Daniel Rocabado, el director General de RTEi, Nicolas Bréham, y la directora de la AFD en Bolivia, Alexia Levesque, como gerentes y representantes de estas instituciones.

“Esta subvención se enmarca en el apoyo presupuestario de 90 millones de euros de la AFD dedicado a la promoción de energías renovables, al apoyo a la eficiencia energética y al fortalecimiento institucional del sector eléctrico. Además, este convenio complementa un crédito de 66 millones de euros para dos parques eólicos en Santa Cruz (Warnes II) y Tarija (La Ventolera), y otro crédito de 60 millones de euros que permitió la construcción de la planta solar de Oruro, junto a una subvención de la Unión Europea por 11,5 millones de euros”.

Levesque enfatizó en que “este FEXTE contribuirá directamente a hacer frente a desafíos tecnológicos a favor del cambio de la matriz energética que va beneficiar al pueblo boliviano”.

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ABC solicitó debitar recursos de la gobernación cruceña ante incumplimiento de convenio

El Ministerio de Economía aclara que su participación es solo operativa y que el caso debe ser resuelto entre las ‘entidades públicas suscribientes’ del acuerdo.

Por Miguel Lazcano

/ 25 de febrero de 2021 / 17:09

Ante denuncia de la Gobernación de Santa Cruz sobre una supuesta confiscación de recursos, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró este jueves que a solicitud de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), que invocó un incumplimiento de convenio referido al proyecto carretero El Espino, Charagua-Boyuibe, aplicó un débito automático de las cuentas de esa entidad territorial autónoma.

“El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), ante las declaraciones del Gobernador del Departamento de Santa Cruz, comunica a la población en general que el débito automático realizado al Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz (GAD SCZ) fue ejecutado en el marco de las funciones operativas del MEFP, a solicitud de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) que invocó la causal de incumplimiento del Convenio ABC N°02/18 GNT-SCT-CIN-GADSC referido al Proyecto Carretero El Espino-Charagua-Boyuibe”, se lee en el comunicado.

El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, denunció este jueves en la mañana que en medio de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas “confiscó arbitrariamente” Bs 47,9 millones de sus cuentas por lo que interpondrá un proceso legal en contra de las autoridades de esa cartera de Estado.

“Denunciamos que en medio de la emergencia sanitaria, el Ministerio de Economía y Finanzas, confiscó arbitrariamente a la Gobernación de Santa Cruz Bs 47.957.729.21. Un atropello que como gobernador no lo voy a permitir, vamos a interponer un proceso legal”, escribió Costas en su cuenta de Twitter, aunque no dio mayores detalles sobre los motivos para esta supuesta confiscación.

El 18 de enero, Yasid Escalera, técnico supervisor del proyecto carretero El Espino-Charagua-Boyuibe, dependiente de la ABC Regional Santa Cruz, declaró a Radio Santa Cruz que por falta del aporte de la gobernación la obra se vio interrumpida, por lo que se solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aplicar el débito automático.

También informó que, de acuerdo a documento contractual firmado entre la gobernación cruceña, la ABC y la empresa China Railway Group, existen cláusulas que permiten la aplicación de un débito autonómico a las cuentas del ente autónomo.

“Se ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas Publicas aplicar el débito automático a las cuentas de la gobernación cruceña, lo cual está estipulado en los documentos contractuales, cláusula decima primera del contrato principal de convenio que se tiene entre la Administradora Boliviana de Carreteras y la Gobernación de Santa Cruz para el pago de estos certificados adeudados”, señaló el supervisor de obra.

En su comunicado, el Ministerio de Economía explicó que los débitos automáticos son activados ante el incumplimiento de las entidades a compromisos y obligaciones asumidos a través de convenios o normas, por lo que la participación de esa cartera de Estado “es netamente operativa y se circunscribe a la verificación de la presentación de requisitos establecidos en la normativa vigente, siendo responsables de coordinar y solucionar cualquier controversia las entidades públicas suscribientes de los convenios”, en este caso la Gobernación de Santa Cruz y la ABC.

Desde septiembre de 2019 la obra y cerca de un millar de trabajadores se vieron afectados por falta de pagos a la empresa contratista. (25/02/2021)

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