Los sectores empresariales, productivos, de transporte y gremiales advierten con movilizarse a partir del 10 de febrero si el Gobierno no deroga la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) sobre decomisos.

El segundo ampliado multisectorial se reunió este martes en La Paz con la participación de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias (CNI); Cámara del Transporte del Oriente, Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), Cámara de Exportadores de Santa Cruz (Cadex); Cámara Nacional de Exportadores (Caneb), Confederación Sindical de Trabajadores y otros.

El encuentro ratificó su rechazo a esa disposición y la calificó como “un atentado contra la propiedad privada y la producción”, según el presidente de la CAO, José Luis Farah.

Al respecto, el presidente de la CNI, Pablo Camacho, dijo que la norma ataca a la propiedad privada y al “eslabón más fácil, que es el pequeño, mediano empresario”.

Asimismo, Farah anunció que el tercer ampliado multisectorial se realizará el 30 de enero en Sucre y esperan tener una respuesta hasta ese día. En caso de que no sea así, en el encuentro definirán las movilizaciones y medidas que asumirán a partir del 10 de febrero.

“No podemos permitir la invasión, porque eso de confiscar la propiedad privada no es permitido; más bien lo que se debe hacer es un mensaje de paz para seguir trabajando por Bolivia”, dijo Farah.

Lea más: Diputado Alarcón presenta proyecto de ley para eliminar la disposición sobre decomisos

Disposición

En tanto, el dirigente del transporte pesado, Domingo Ramos, lamentó la desatención del Gobierno a las demandas de los sectores productivos y dijo que, en caso de su sector, están en una situación crítica.

“Estamos con diferentes problemas por la falta de combustible; no podemos sacar nuestro dinero de los bancos cuando nos depositan en dólares”, lamentó y criticó que el Gobierno no dé soluciones a sus demandas.

El ampliado también determinó pedir la “implementación de un nuevo modelo basado en la familia, propiedad privada, seguridad jurídica y acceso a la biotecnología”. Y trabajar con un programa económico que dé soluciones a todos los sectores.

El ampliado se declaró en estado de emergencia y movilización permanente.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 establece que, “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

El Gobierno anunció que la norma no entrará en vigencia en tanto no se elabore la reglamentación en consenso con los sectores que la objetan.

El Gobierno y los productores de arroz pactaron una nueva reunión el 6 de febrero en la ciudad de Trinidad, departamento de Beni, con el objetivo de definir los precios del arroz para la gestión 2025, informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva.

Según la autoridad, en el último encuentro se determinó ingresar en un cuarto intermedio, ya que el tema de precios requiere un análisis técnico más profundo.

“Este es un asunto complejo que necesita un debate más amplio y un conocimiento detallado de los datos técnicos para fijar los costos del producto”, indicó el viceministro. 

Puede leer: El modelo económico cumple 19 años, Gobierno lo elogia y oposición urge cambiarlo

Arroz

Por otro lado, en relación con el abastecimiento de combustibles para el sector arrocero, se acordó que en la siguiente reunión participará el Ministerio de Hidrocarburos, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), y presentará una propuesta concreta y acorde a las demandas del sector productivo. 

Una de las demandas del sector es que se logre abastecer de combustible, particularmente de diésel, a los arroceros de las comunidades más alejadas, que en 2024 se vieron desabastecidos, lo que afectó su producción y significó un incremento en los precios del arroz al consumidor final.

Por ello, los arroceros consideran que en cuanto el abastecimiento de combustible esté garantizado, los precios no deberían variar de manera considerable en comparación con la gestión pasada.

Además, tanto el Gobierno como el sector productor de arroz consideran que en 2025 se tendrá una cosecha considerable, para abastecer toda la demanda en el mercado interno de los diferentes departamentos.

Silva también afirmó que el Gobierno garantiza la seguridad jurídica para los productores, a fin de brindar estabilidad y respaldo en sus actividades. 

Sin embargo, el viceministro advirtió que en los casos en los que se evidencie acopio del producto para realizar su venta a precios más elevados, se tomarán las acciones legales correspondientes.

El 22 de enero, el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) cumple 19 años de vigencia y para el Gobierno se trata de un eje de desarrollo y promotor de la redistribución de recursos; sin embargo, empresarios y la oposición consideran que fracasó y es hora de cambiarlo.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, desde su implementación, Bolivia experimentó transformaciones en su estructura económica y social, con enfoque en la industrialización, la redistribución de la riqueza, la inclusión social y la soberanía económica.

Y resalta, que a diferencia periodo neoliberal, entre 2006 y 2023, el Producto Interno Bruto (PIB) creció a una tasa promedio de 4,3%, el valor de las exportaciones casi se multiplicó por ocho, la pobreza y la desocupación se redujeron y la inversión pública se quintuplicó, consolidando al Estado como actor clave en el desarrollo.

Asimismo, detalla que el crecimiento económico promedio pasó del 3,0% bajo el modelo neoliberal (1985-2005) al 4,7% entre 2006 y 2019, e incluso tras la crisis política de 2019 y la pandemia de COVID-19 creció al 4,3% entre 2021 y 2023.

“El Estado asumió el papel de redistribuidor, invirtiendo en infraestructura, programas sociales y fortalecimiento de la demanda interna”, resalta la autoridad.

Además, remarca que el porcentaje de la población en situación de pobreza moderada disminuyó del 60,6% en 2005 al 36,5% en 2023; mientras la pobreza extrema se redujo del 38,2% en 2005 al 11,9% en 2023, es decir, más de tres veces. El índice de Gini, que mide la desigualdad, pasó de 0,60 a 0,43; lo que evidencia una disminución en la brecha de ingresos.

Cifras

“En cuanto a la inflación, el modelo neoliberal registró una tasa promedio del 8,7% entre 1987 y 2005. Con la aplicación del MESCP, este indicador se redujo a un promedio de 5,1% entre 2006 y 2019, y de 4,0% promedio entre 2021 y 2024”, indica.

Y resalta el crecimiento del valor de las exportaciones de un promedio de $us 1.138 millones entre 1985 y 2005 a $us 8.929 millones entre 2006 y 2023. Además, la baja en la mora de 10,1% a 3,4% entre 2004 y 2024.

“Además, en estos 19 años, se produjo una reducción de la deuda pública externa de mediano y largo plazo como porcentaje del PIB del 67,1% promedio entre 1985 y 2005 al 22,1% entre 2006 y 2024”.

En varias ocasiones, el presidente Luis Arce revindicó el modelo económico y aseguró que Bolivia cosechará pronto sus frutos con el proceso de industrialización. “Es evidente que ahora estamos tropezando con problemas que responden a errores del pasado”, dijo Arce en agosto.

Lea más: La Cainco cuestiona a Arce por su falta de autocrítica con el modelo económico

Críticas al modelo

Sin embargo, algunos empresarios y opositores critican duramente el MESCP, dicen que fracasó y es responsable de la inflación que sufre actualmente el país: 9,97% a diciembre de 2024.

Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, atribuyó al modelo económico la inflación y el déficit fiscal más elevado en la historia de Bolivia. Antelo considera que, si bien el modelo logró importantes avances económicos, en algún punto dejó de funcionar de manera adecuada.

En noviembre del año pasado, el expresidente Evo Morales le dijo al Gobierno que “teniendo en sus manos la aplicación del modelo económico plurinacional, destruyen la economía”.

Antes, en marzo, Samuel Doria Medina, político y empresario, culpó de la falta de inversión al modelo y expresó la necesidad de cambiarlo. “Si queremos superar el hundimiento de nuestra industria del gas, debemos cambiar ese modelo”, insistió Doria Medina.

Empobrecimiento

También la expresidenta Jeanine Áñez lo comparó con el “modelo cubano, venezolano de empobrecimiento nacional”.

El ex mandatario Jorge Tuto Quiroga y el gobernador electo de Santa Cruz Luis Fernando Camacho son algunas de las voces que criticaron el modelo del Gobierno; y pidieron “medidas urgentes” para aliviar esta situación del país.

Incluso organizaciones sociales lo critican. Por ejemplo, el representante gremial de El Alto, Luis Paco, y el dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Víctor Tarqui, coincidieron por separado que el modelo “no sirvió, fracasó”; y llevó al país a una crisis económica.

El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) caracteriza y evalúa clones potenciales de papa con la proyección de liberarlos como nuevas variedades para el procesamiento industrial, informó el director de la entidad Windson July Martínez.

El trabajo se realiza en el marco del Programa Nacional de Tubérculos y Raíces, como parte de las actividades realizadas por los técnicos de investigación del Proyecto Papa Yuca en el Centro de Innovación Toralapa, Cochabamba.

Asimismo, esta iniciativa representa un avance significativo y proyecta una mejora genética y productiva de la papa; “apuntando a satisfacer las demandas de la industria y fortalecer el desarrollo del sector agropecuario nacional”, según un reporte institucional.

Lea más: Bolivia está rezagada en biotecnología

La inspección contó con la participación del responsable de la Macro Región Valles, del responsable del Centro Nacional de Innovación de Recursos Genéticos Toralapa; técnicos de la Dirección Nacional de Semillas y técnicos de investigación y transferencia de tecnología del Proyecto Papa y Yuca.

“Durante la jornada se validó información clave sobre la caracterización morfológica y el potencial productivo de clones de papa; candidatos a convertirse en nuevas variedades destinadas a usos industriales”, informó el INIAF.

El trabajo se ejecuta en el marco del Programa Nacional de Tubérculos y Raíces.

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, exhortó a la Cámara de Senadores a aprobar el crédito de $us 75 millones otorgado por la Corporación Andina de Fomento (CAF), destinado a financiar el “Programa de apoyo para la gestión de riesgos ante eventos adversos del clima para el Estado Plurinacional de Bolivia”. 

Cusicanqui realizó esta solicitud tras su participación en la Comisión de Tierra y Territorio, Recursos Naturales y Medio Ambiente del Senado, donde explicó en detalle el uso que se dará a estos recursos.

“Hemos tenido la oportunidad de explicar ampliamente el proyecto de ley y esperamos que pueda ser tratado en los siguientes días dentro de la Cámara de Senadores”, declaró la autoridad en contacto con RTP.

Puede leer:  Cainco dice que el país necesita ‘ajustes macroeconómicos’, no solo crédito

Crédito

El crédito fue firmado el 9 de septiembre de 2024, aprobado por la Cámara de Diputados el 3 de octubre de 2024, y recibió el visto bueno de la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas del Senado el 16 de enero de 2025. 

El objetivo del programa es fortalecer la capacidad del Estado para la rehabilitación y respuesta ante eventos hidrometeorológicos adversos, cuyas consecuencias afectan a distintas regiones del país.

Cusicanqui destacó que los recursos permitirán que el Estado esté mejor preparado para hacer frente a emergencias climáticas que se atraviesan en la actualidad por el periodo de lluvias y a otras que se observaron el año pasado, como los incendios forestales.

Por su parte, la senadora Cecilia Requena, presidenta de la comisión, señaló que, si bien se recibió información valiosa sobre el proyecto, también existen preocupaciones respecto a la generación de deudas para solucionar problemas ambientales que, en algunos casos, fueron agravados por políticas estatales. 

La Comisión de Tierra y Territorio anunció que elaborará un informe técnico sobre el proyecto de ley antes de su consideración en el pleno del Senado.