La diputada potosina Mónica Torres de Comunidad Ciudadana (CC), fue evacuada este martes de la Asamblea Legislativa tras cinco días de huelga de hambre, medida que adoptó para exigir la anulación de los contratos de explotación de litio firmados con empresas extranjeras y mayor transparencia en el manejo de este recurso estratégico.

La legisladora presentó un deterioro en su salud y fue trasladada en ambulancia a un centro médico para recibir atención especializada.

Torres inició la huelga el jueves pasado, denunciando irregularidades en la aprobación del proyecto de ley que avala el contrato con la empresa china Hong Kong CBC en la Comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados.

“Estamos instalando un primer piquete de huelga en la Asamblea con la intención de que el Gobierno reaccione y anule estos contratos”, declaró al inicio de su protesta.

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Litio

Los contratos en cuestión, firmados en 2024 con la rusa Uranium One Group y el consorcio chino CBC, suman una inversión de más de $us 2.000 millones y contemplan la construcción de tres plantas para la extracción directa de litio en el Salar de Uyuni.

Sin embargo, Torres y otros críticos aseguran que estos acuerdos no fueron consultados con la población potosina y carecen de transparencia, además de ser desfavorables para el Estado.

La diputada también cuestionó la falta de representatividad de los legisladores potosinos, señalando que, pese a que Potosí cuenta con 13 diputados y cuatro senadores, solo ella acató el mandato de las organizaciones cívicas que exigen la anulación de los contratos.

“El abuso del Gobierno intenta acelerar la explotación del litio sin haber concertado con la gente del lugar”, afirmó.

Sin embargo, el oficialismo insiste en que los contratos son favorables para el país y continuará con su socialización, para explicar a las comunidades los alcances e implicancias de los acuerdos firmados.

La dirigencia del transporte pesado anunció este martes que realizará inspecciones en varias carreteras del país, las cuales, según denuncian, se encuentran en pésimas condiciones. Además, no descartan dejar de pagar los peajes en todas las trancas como medida de presión ante la falta de mantenimiento y la opacidad en el uso de los recursos recaudados.

Oscar Reynolds, dirigente del sector, informó que ya se presentó un reclamo formal a las autoridades de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y que se llevarán a cabo inspecciones en rutas críticas, como Sucre-Monteagudo y Sucre-Santa Cruz.

“La situación es crítica. En Cochabamba, por ejemplo, no se ha hecho mantenimiento alguno”, afirmó Reynolds.

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Carreteras

El dirigente cuestionó el manejo de los Bs 720 millones que la ABC recauda anualmente para el mantenimiento de las carreteras.

“El 83% de estos recursos se destina a la ABC y el resto a gastos operativos. Queremos saber cuántas empresas están realizando los trabajos, qué tipo de mantenimientos se están haciendo y por qué las carreteras siguen en mal estado. Son nuestros recursos los que se utilizan”, señaló.

Reynolds advirtió que, de no recibir respuestas claras y soluciones concretas, los transportistas dejarán de pagar los peajes. “En caso de no tener resultados de los informes, no pagaremos peajes”, afirmó.

Los transportistas destacaron que el mal estado de las carreteras, con baches y falta de señalización, no solo provoca accidentes, sino también daños a las unidades de transporte, lo que afecta directamente su actividad económica.

Se espera que en los próximos días las autoridades de la ABC emitan un pronunciamiento sobre estas denuncias. Mientras tanto, el sector del transporte pesado mantiene su postura firme y prepara las inspecciones para evidenciar las deficiencias en las vías nacionales.

El crédito que el Gobierno pide a la Asamblea Legislativa para poder cumplir con el voto exterior en las próximas elecciones presidenciales es el préstamo con el gobierno de Japón de Apoyo de Emergencia para Respuesta a COVID-19 que está en la Cámara de Senadores.

Una de las conclusiones del Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) fue que el “Convenio de Préstamo NBV-C3” debe aprobarse para garantizar las elecciones.

“El Órgano Ejecutivo garantizará la provisión de los recursos económicos suficientes y oportunos para la organización y ejecución de las Elecciones Nacionales 2025, incluido el voto en el exterior y el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. Sin perjuicio de aquello se exhorta al Órgano Legislativo a la aprobación del crédito «Convenio de Préstamo Nº BV-C3», para el fin antes señalado”, señala el punto cuatro de las conclusiones.

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Préstamo

Este hecho generó amplias críticas en la oposición, pues es la cuarta vez que el Gobierno busca destinar este crédito a una actividad diferente a la que está orientado.

Según la expresidenta de la Cámara de Senadores, Adriana Salvatierra, el Ejecutivo intenta utilizar el préstamo desde 2023 para “fortalecimiento hospitalario, inversión en alcaldías e importación de combustibles y ahora elecciones”.

El senador evista Luis Flores también mostró su preocupación, pues considera que ésta podría ser una maniobra recurrente del Gobierno.

“Ya me llega la duda de saber que hay contratos de préstamo que nos piden autorización para una cosa, pero la gastan en otra. Mi pregunta es, ¿cuántos préstamos nos han hecho aprobar que nos piden para una cosa y la gastan en otra? Seguro ésta no es la primera”, cuestionó el legislador.

El Gobierno, por su parte, instó este martes a la Asamblea Legislativa a cumplir todos los acuerdos del encuentro del TSE, en el que participaron los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Omar Yujra y Andrónico Rodríguez, respectivamente.

“Pedimos que el Órgano Legislativo ayude al Ejecutivo para cumplir especialmente el voto en el exterior y esta falta de divisas que estamos atravesando, aprobando el crédito convenio de préstamo número BV-C3 para el fin antes señalado”, indicó el ministro de Justicia, César Siles.

Actualmente, hay 16 proyectos de créditos pendientes de aprobación en la Asamblea. El rechazo a los préstamos es, justamente, que se destinen a un rubro diferente al que estaban originalmente previstos.

Un nuevo estudio Delphi, de la fundación alemana Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), revela que al 88% de los encuestados por esta institución le preocupa el aumento de precios de los alimentos y bienes básicos.

Los entrevistados tenían dos opciones para elegir de 10 problemas planteados. La pregunta era: De los siguientes problemas, ¿cuáles considera que afectan más a las familias en el país?

Después de mencionar el alza de precios, el otro problema que preocupa a los entrevistados es la reducción de sus ingresos, con el 27,1%. A esta le siguen el desempleo o empleo precario (27,1%), falta de dólares (20,3%) y escasez de combustibles (15,8%), entre los principales.

La FES hizo el estudio Delphi con base en 135 entrevistados de “un grupo selecto y plural de actores políticos, analistas, periodistas y especialistas en distintos ámbitos”.

La investigación se realizó vía online mediante la plataforma especializada SurveyMonkey, del 3 al 17 de febrero de 2025.

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INFLACIÓN GALOPANTE

Bolivia cerró 2024 con una inflación acumulada de 9,9%, la mayor en los últimos 16 años.

Los datos del año pasado superan la proyección que había hecho el gobierno del presidente Luis Arce de un 3,6% para toda la gestión.

Desde que a mediados de 2024 los índices del Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzaron a superar la expectativa anual, la administración de Arce argumentó que esto se debía a factores “internos y externos”.

El Ministerio de Economía, en una nota de evaluación de diciembre pasado, señaló a los bloqueos políticos de caminos que campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019), exaliado de Arce, impulsaron por 40 días.

Los cortes de vías se registraron, primero entre enero y febrero, y luego entre octubre y noviembre.

Además, el Órgano Ejecutivo también identificó al contrabando de productos alimenticios hacia países vecinos y a factores climáticos.

El ministro de Desarrollo Rural y Tierra, Yamil Flores, denunció este martes que tiene datos de que hay empresas que no tienen nada que ver con el rubro soyero, pero se dedican a exportar soya, por lo que convocará al sector para hablar sobre el extremo.

Asimismo, dijo que se emitirán los certificados para habilitar la exportación cuando se garantice el abastecimiento en el mercado interno y el precio justo de subproductos y el aceite.

Flores aclaró que, antes de emitir el Certificado de Abastecimiento Interno, para habilitar las exportaciones, se debe entregar un certificado de avance de consumo interno; y están en ese proceso. Anunció que convocará a los soyeros para aclarar estos temas.

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Soya

“Todos los años antes de emitir los certificados se hace el certificado de avance de consumo interno, es definitivo para que los exportadores puedan sacar la soya; no tenemos problema que exporten el grano los productores, pero hay datos que lo hacen otras empresas que no tienen que ver en el rubro que se han dedicado a exportar grano de soya; hay que hablar con ellos, que lo hagan los productores no otras empresas”, dijo a los periodistas.

Además, aseguró que la siembra de granos en esta gestión superó a la del año pasado, por lo que existe “buena producción”; pero primero se debe garantizar el abastecimiento interno.

Se refirió, además, al precio del aceite y de subproductos de la soya, principalmente para alimentar al ganado, y aseguró que, si los productores garantizan que éstos tendrán precios justos, el Gobierno “no tiene ningún problema en autorizar la exportación”.

“Tenemos que tener compromiso de que van a garantizar el consumo interno de los derivados de la soya tanto para animales como para el aceite; que nos garanticen que se va cuidar el bolsillo del pueblo, que el aceite va a bajar, no hay problema; hay volúmenes que han superado. No podemos solamente exportar por exportar sin garantizar el consumo interno”.

El lunes, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) denunció que el Gobierno no entrega los certificados de abastecimiento para permitir las exportaciones del grano, lo que genera incertidumbre en el sector.