El sector agropecuario cruceño registra una pérdida aproximada de $us 400 millones debido al contrabando de alimentos, por lo que demandó a las autoridades nacionales endurecer las sanciones contra quienes cometen este ilícito que atenta contra la producción agrícola.
Así lo hizo conocer este martes el presidente de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Óscar Mario Justiniano, quien pidió que se endurezcan los controles para frenar este ilícito ya que de no actuar de manera oportuna se pone en riesgo miles de empleos dignos y estables que genera este sector, y que repercute en la economía de las familias bolivianas.
“En un momento tan duro ocasionado por la crisis económica causado por la pandemia, la CAO y sus instituciones afiliadas demandan atención inmediata de los diferentes niveles de gobierno para frenar esta competencia desleal que ocasiona el contrabando y que genera la pérdida de aproximadamente $us 400 millones para este sector”, señala Justiniano en una nota de prensa.
Justiniano afirmo que todos los sectores que componen esta institución, van a generar propuestas para coadyuvar y frenar el contrabando que “está matando a miles de unidades productivas”, principalmente a los pequeños productores que son el 75% de los asociados a la CAO.
Ante ello, este sector plantea: <mpliar las facultades de interdicción contra el contrabando, adecuando la normativa para que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Aduana Nacional puedan ingresar en cualquier momento a los mercados y centros de expendio de productos en las zonas urbanas. Estas acciones deben ser de forma independiente y con apoyo de la fuerza pública.
Además, propone modificar la cuantía sancionadora de tributos omitidos para calificación del ilícito y establecer como delito de contrabando a partir de un monto de 5.000 Unidades de Fomento de Vivienda (UFV).
También plantea que los gobiernos municipales y departamentales realicen controles estrictos y permanentes en lugares de expendio para que no se comercialicen productos de contrabando que ponen en riesgo la salud de la población y que el delito sea tratado como atentado a la salud pública. Estas acciones deben incluir facultades de incautar bienes utilizados para almacenar y transportar productos de contrabando.
Este proceso debe ser acompañado por la Oficina de Defensa del Consumidor para que verifique de forma permanente y evite que los consumidores sean engañados con productos de dudosa procedencia.
“Nuestro sector es el principal generador de fuentes de empleo en todo el país con 1,6 millones de personas que trabajan de forma directa y gran parte de ellos están desapareciendo por el contrabando. Lo más afectados en esta situación son los pequeños productores que se ven obligados a cerrar sus unidades productivas y quedarse sin trabajo y sin sustento familiar”, se lee en el comunicado.