Economía

lunes 6 dic 2021 | Actualizado a 22:46

El Gobierno y cooperativistas auríferos llegan a un acuerdo y se levantan los bloqueos

En el Legislativo fue suspendido el tratamiento de los proyectos de ley de la Madre Tierra y Producción de Oro hasta socializar su contenido con actores como el minero

Grupos de mineros protestan en la ciudad de La Paz durante esta jornada. Foto: Álvaro Valero

/ 26 de agosto de 2021 / 17:25

La dirigencia de los mineros de las cooperativistas auríferas llegó este jueves a un acuerdo con el ministro de Minería, Ramiro Villavicencio, y levantaron el bloqueo que mantenían en el centro de la ciudad de La Paz.

Paralelamente, el Legislativo informó del aplazamiento del tratamiento de las leyes de la Madre Tierra y Producción de Oro para iniciar un proceso de socialización con diferentes actores, entre ellos el minero.

Entre los acuerdos está el respeto a la minería legal. “La Paz es un departamento muy rico en el tema del oro por eso tenemos que tener contratos mineros claros, muy legales, entonces es un desafío. Vamos a defender la minería legal, es o lo más importante”, explicó Villavicencio.

También se acordó trabajar en el tema del cuidado del medio ambiente y en aspectos comerciales del oro. “Hay que pensar hacia adelante en una fundidora y refinadora de oro para que permita r quedarnos con el valor agregado”, sostuvo.

Cientos de mineros cooperativizados iniciaron el miércoles un bloqueo del centro paceño en demanda de atención a sus demandas. En la madrugada de este jueves llegaron a un acuerdo con el gobierno, pero sus bases decidieron permanecer en la extrema medida hasta la concreción de un acuerdo formal.

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Parada revela que fue contratado por el exalcalde Rómulo Calvo en 2004 y rechaza denuncias

Antonio Parada informó que entró a trabajar a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por influencia de su exsuegra, en ese entonces concejal

Rómulo Calvo en una conferencia de prensa.

/ 6 de diciembre de 2021 / 20:07

El exalcalde y hoy cívico Rómulo Calvo contrató a Antonio Parada, ahora principal vinculado al caso de ítems fantasmas y un millonario daño económico a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Parada reconoció que entró a trabajar al gobierno edil por influencia de su exsuegra, quien en ese entonces era concejal, y negó las denuncias en su contra.

“Mi memorándum de ingreso es del 20 de mayo de 2004, lo firma el doctor Rómulo Calvo que ejercía como alcalde interino en ese entonces. En ese entonces mi exsuegra (Romy Paz) era concejal municipal, admito que ella me dio una mano y entré con el memorándum que firmó Rómulo Calvo”, reveló en una entrevista con Detrás de la Verdad.

Parada fue director de Recursos Humanos y desde ese puesto, según la denuncia, emitió los memorándums de contratación de personas que en los hechos no existían como funcionarios ediles. Él, siempre según la denuncia, cobraba los sueldos con tarjetas de débitos.

El 22 de noviembre, Valeria Rodríguez, exesposa de Parada, denunció ante el Ministerio Público a su expareja por los contratos irregulares. Presentó un legajo con documentos que respaldan sus acusaciones, entre ellas transferencias de fondos y compra de propiedades en Estados Unidos.

Según la denuncia, 800 ítems fantasmas fueron creados, aunque otros hablan de un mayor número, y de un daño a más de Bs 60 millones.

“Lanzan un número (800 ítems) sin pies ni cabeza, por hacer polémica, por hacer política, por hacer todo mediático. Y quieren involucrar a las autoridades de la Gobernación, a la exalcaldesa (Angélica Sosa), hace esto por despecho, porque hace tiempo que dejé de hablar con esta persona”, afirmó en su defensa Parada, quien no quiso revelar su ubicación.

Una comisión de fiscales investiga el hecho y emitió una orden de aprehensión en contra de Parada y su hermano.

Calvo ahora dirige el Comité pro Santa Cruz, una de las instancias que lidera la oposición al gobierno de Luis Arce.

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Crean fideicomiso de cerca de Bs 8 MM para víctimas de masacres de Sacaba y Senkata

La representación de las víctimas espera un fallo del Tribunal Constitucional sobre la constitucionalidad o no del gobierno de Jeanine Áñez, para definir el curso de una demanda

El representante de las víctimas de Senkata, David Inca, y el ministro Iván Lima, durante la firma de acuerdos. Foto: Min Justicia.

/ 6 de diciembre de 2021 / 19:32

Las víctimas de las masacres de Senkata, Sacaba y Pedregal de 2019 accederán a un fideicomiso de cerca de Bs 8 millones, para financiar proyectos productivos, como parte de las acciones destinadas a apoyarlos. En materia de justicia, esperan un fallo constitucional sobre el mandato de Jeanine Áñez, para optar por un juicio de responsabilidades o una demanda penal.

El ministro de Justicia, Iván Lima, y el representante de las víctimas David Inca informaron en una conferencia de prensa sobre los temas abordados y los acuerdos alcanzados.

Uno de los acuerdos es la creación de un fideicomiso, para facilitar recursos económicos a los familiares de las víctimas. El objetivo es “lograr que todas las victimas tengan derecho al trabajo y emprendan procesos productivos, estamos hablando de un fondo de cerca de Bs 8 millones”, explicó el ministro.

Mientras que Inca, destacó los avances y recordó que están a la espera de un fallo del Tribunal Constitucional sobre una demanda presentada para que se establezca si Áñez asumió el poder por la vía constitucional o no.

“Si los actos de la señora Áñez fueron acorde a un mandato de sucesión constitucional y si dice que fue así, corresponde hacer un juicio de responsabilidades o si el Tribunal responde que no hubo acto de sucesión constitucional corresponderá un proceso ordinario”, explicó.

También acordaron ampliar a dos años la entrega del bono alimenticio, acceso a becas de estudio y acelerar el trabajo de una ley sobre el censo de víctimas y reparación integral.

Una vez dimitió el expresidente Evo Morales, tomó el poder Áñez como resultado de una reunión de cívicos y políticos en la que se trazó la sucesión. El 15 y 19 de noviembre de ese año, fuerzas militares y policiales intervinieron protestas a favor de Morales con el saldo de una veintena de muertos y decenas de heridas de bala.

Áñez se encuentra en la cárcel por el caso Golpe de Estado I y II. También está en trámite un juicio de responsabilidades en su contra por las masacres de Sacaba y Senkata.

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Arce amplía mando del comandante de las FFAA y de otros mandos por 60 días

Mediante decreto presidencial, el presidente Luis Arce decidió “ampliar la vigencia de las designaciones” realizadas el 4 de agosto y 4 de octubre

El presidente Luis Arce, esta mañana, en un acto en la Escuela Naval de La Paz.

/ 6 de diciembre de 2021 / 18:53

El presidente Luis Arce amplió por 60 días calendario el mando del comandante de las Fuerzas Armadas, Augusto García; del comandante del Ejército, Hugo Arandia, y de otras mandos de la institución armada.

También están contemplados en este decreto presidencial 4633 de ampliación de designación, el jefe de Estado Mayor del Comando de las Fuerzas Armadas, Teófila Medina; y el capitán de navío Francis Franck, quien fuera nombrado Comandante de la Armada.

Arandia fue designado en el cargo en agosto de 2021, mientras que García, Medina y Franck en octubre, también de este año.

En el acto de su posesión, García comprometió apoyo institucional en las investigaciones destinadas a esclarecer lo que pasó en la crisis de 2019.

“He aquí mi compromiso luego de que se presentó el informe final de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre la investigación de los actos de violencia y las violaciones de los derechos humanos ocurridas en Bolivia entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, identificando plenamente a los miembros de las Fuerzas Armadas que participaron en hechos que enlutaron a las familias bolivianas. Las FFAA colaborarán con la justicia de acuerdo con nuestras leyes, reglamentos y normas ya que estas acciones quebrantaron la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas al asumir acciones de carácter intuitu personae”, comprometió.

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Gobierno revela que gobierno de Áñez pidió ‘equipos y armamento’ a embajadas Británica y de EEUU

El viceministro Roberto Ríos informó que está solicitando información a las representaciones diplomáticas, para conocer cuál fue la respuesta al requerimiento del exviceministro Wilson Santamaría

El exviceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría

/ 6 de diciembre de 2021 / 18:45

Antes de las elecciones de octubre de 2020, el gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez solicitó, a través del entonces viceministro de Seguridad Ciudadana Wilson Santamaría, “equipos y armamento” a las embajadas Británica y de Estados Unidos, para, presumimos, “reprimir al pueblo boliviano”, reveló el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos.

Según la documentación, la primera nota es del mayo de 2020 y está dirigida al representante diplomático de Washington Bruce Williamson. El documento remitido está incompleto, porque no se encontró en archivos la parte en la que se menciona está “la asignación del equipo, descripción y justificación del mismo”.

En la primera hoja se lee: “Le pido atender el requerimiento que en referencia menciono con la finalidad de defender la integridad del pueblo boliviano y su territorio”.

Bajo similar tenor se remitió en septiembre otra nota oficial, firmada por Santamaría, a la embajada Británica, pero en ella se detalla el siguiente requerimiento: “Pistolas, cartuchos, granadas de gas, uniformes completos, máscaras antigas, visores nocturnos, térmicos, binoculares, cascos, trajes de protección y equipos que considere importantes destinados a la Policía Boliviana con la finalidad de defender la integridad del pueblo, su territorio y seguridad”.

Ríos informó que se está cursando requerimiento a ambas legaciones, para conocer si atendieron los requerimientos planteados en el gobierno de Áñez, a través de Santamaría.

“Esto nos da claros indicios de que todo este armamento y equipos que solicitaban otras instancias iban a ser empleados, presumiblemente, para reprimir al pueblo boliviano, y lo que más llama la atención es que se generan semanas antes a las elecciones de 2020”, sostuvo.

Las elecciones generales fueron en octubre de 2020. En el gobierno de Áñez también se gestionaron y lograron envío de gases lacrimógenos desde Argentina y Ecuador.

Otro aspecto que llamó la atención de Ríos, es que Santamaría haya hecho esas solicitudes cuando no está dentro de sus funciones.
También se hizo una serie de denuncias de irregularidades en la gestión de Santamaría que comprometerían Bs 2,2 millones.

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El CAT de la ONU llama a agilizar sanciones por la crisis de 2019-2020 y expresa preocupación por falta de independencia judicial

El Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU emitió sus conclusiones y consideró que hay avances insuficientes sobre los hechos de violencia de 2019 y 2020

Represión en Sacaba, 15 de noviembre de 2019. Foto: APG

/ 3 de diciembre de 2021 / 19:42

El Comité Contra la Tortura (CAT) de la ONU llamó a Bolivia a agilizar la investigación y sanción a los responsables de los hechos de violencia ocurridos en la crisis de 2019-2020 e instó a encarar de forma “urgente” una reforma judicial ante la “preocupante” falta de independencia del Órgano Judicial y de la Fiscalía.

El Comité publicó sus conclusiones sobre las audiencias en el que examinó el estado de situación de la lucha contra la tortura en Bolivia, centrada principalmente en los hechos de violencia que se dieron antes, durante y después de la dimisión del expresidente Evo Morales, en noviembre de 2019, en medio de una crisis política y social.

“El Comité expresó su preocupación por el avance insuficiente en la investigación de las presuntas torturas, malos tratos y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante la crisis sociopolítica de 2019-2020. El Comité hizo un llamado a Bolivia para que investigue sin demora todos estos hechos y procese y castigue a todos los responsables”, establece en sus conclusiones en inglés y que fueron traducidas de forma no oficial.

En la sesión del CAT, el relator Claude Heller aseguró el 29 de noviembre que en la crisis de 2019 en Bolivia se dio acciones de racismo y discriminación, quema de la wiphala en “un acto de venganza e incitación al odio” y financiamiento de los “pititas” a grupos paramilitares que actuaron en “cooperación de elementos de las fuerzas de seguridad”.

Una protesta cívica liderada por el hoy gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dio inicio a la crisis de ese año. Denuncias de fraude electoral, respaldadas por un informe de la Organización de Estados Americanos (OEA), que posteriormente fueron puestas en duda, alentaron las protestas violentas, a las que se sumaron un motín policial y la “sugerencia” militar de dimisión a Morales.

La exsenadora Jeanine Áñez tomó el poder, tras una reunión de cívicos y políticos que trazaron la línea de sucesión. Áñez se autoproclamó presidenta el 12 de noviembre y el 15 se dio la masacre de Sacaba y el 19 la de Senkata, en ambos hechos intervinieron fuerzas militares-policiales y dejaron más de una veintena de muertos por impactos de bala.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) que investigó lo sucedido entre septiembre y diciembre de 2019 calificó lo de Sacaba y Senkata de masacres.

El CAT expresó su “preocupación” por el estado de situación de la Justicia y de la Fiscalía en Bolivia, que es acusada desde sectores de oposición de estar del lado de los gobiernos de turno.

“El Comité también expresó su profunda preocupación por la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público.

El Comité instó al Estado parte a que llevara a cabo una reforma urgente del sistema judicial para garantizar la profesionalidad y la independencia de todos los jueces y fiscales”, establece el CAT en su traducción no oficial de su informe en conclusiones.

El Gobierno niega injerencia en el Órgano Judicial y encamina una reforma.

En septiembre presentó un plan estratégico de seis ejes que contemplan acciones como distribución uniforme y estratégica de jueces en el país; acceso a la justicia; y “buscar consolidar la independencia judicial a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos, transparentes, descolonizadores, despatriarcalizadores y plurales para la designación, capacitación permanente, evaluación de desempeño y aplicación del régimen disciplinario para autoridades del Órgano Judicial y el Ministerio Público”.

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