Economía

lunes 27 sep 2021 | Actualizado a 14:51

Desde el lunes Arica inicia el cobro anticipado a la carga boliviana gestionada por ASP-B

El Gobierno anunció que no aceptará imposiciones en el incremento de costos para la carga boliviana en Arica y demandó un diálogo de hasta seis meses para definir tarifas.

Imagen ilustrativa. Foto: Empresa Portuaria de Arica.

/ 13 de septiembre de 2021 / 13:55

La Terminal Puerto Arica (TPA), concesionaria del puerto de Arica, anunció que a partir del lunes 20 de septiembre aplicará el cobro anticipado por cada servicio que solicite la agencia estatal boliviana para la carga de importación en el puerto chileno.

El gerente general de la TPA, Gabriel Tumani, explicó, mediante un comunicado de prensa, que la medida corresponde a una facultad del concesionario estipulada en el artículo 13 del Manual de Tarifas y Servicios del Puerto de Arica.

“A los usuarios que mantengan facturas impagas a la fecha de solicitud de nuevos servicios, se les exigirá el pago anticipado de estos servicios”, señala la normativa, recordó TPA.

El ejecutivo precisó que esta disposición “busca asegurar que los servicios solicitados a partir del 20 de septiembre sean pagados y no se acumulen deudas”.

“De allí que si no se produce el pago oportuno y completo de los servicios prestados en la primera quincena de agosto, los cuales fueron debidamente facturados el 20 de agosto, es decir en un plazo máximo de 30 días, nos veremos en la obligación de hacer efectiva esta medida”, advirtió Tumani.

Asimismo, instó a la ASP-B a retomar las negociaciones comerciales iniciadas en julio pasado en Arica, donde a través de una Comisión Técnica Comercial convenida con la Empresa Portuaria Arica y la ASP-B se consensuó una propuesta de descuentos tarifarios de largo plazo.

“Estamos muy contentos de ver que los clientes importadores en Bolivia están utilizando el servicio de despacho directo de buena manera, incluso alcanzando niveles sobre el 30%. Invitamos a nuestros clientes a seguir usando esta herramienta que tiene 0 costo para ellos; por el lado del Puerto de Arica y que les permitirá frente a esta contingencia, retirar sus cargas sin problema”, dijo Tumani, según el comunicado de prensa.

El jueves, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, afirmó que Bolivia, mediante la ASP-B, mantiene su propuesta de diálogo con la Empresa Portuaria Arica (EPA) en Chile, para que se llegue a un acuerdo en un plazo de tres a seis meses sobre las tarifas en el puerto chileno y así no perjudicar el comercio exterior.

“Nosotros estamos apelando a la racionalidad y a un criterio amplio que tenga la EPA para poder sentarnos a buscar un espacio de análisis entre tres a seis meses para que podamos establecer ahí un cabal y detallado examen de la estructura de la propuesta y de las tarifas como tal”, dijo Montenegro.

Además, señaló que al momento se registra un incremento del 246% en los costos de importación para la carga boliviana, por lo que —señaló— Bolivia no aceptará una imposición de manera unilateral y exhortó a la EPA a que revise sus intenciones y acepten los plazos que Bolivia pide para analizar partida por partida las tarifas para verificar si sus incrementos son justificados o no.

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Gremiales anuncian movilizaciones en rechazo a norma contra el lavado de dinero

El 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, norma que actualmente se encuentra en la Cámara de Senadores para su tratamiento.

Dólares estadounidenses. Foto: http://www.eluniversal.com

/ 27 de septiembre de 2021 / 13:20

La Confederación de Gremiales de Bolivia, tras un congreso el domingo en La Paz, se declaró en estado de emergencia y anunció movilizaciones y protestas si no se realizan modificaciones al proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales.

“La Confederación de Gremiales está en emergencia debido a que no estamos de acuerdo con la ley de ganancias ilícitas, tiene un nombre camuflado, tiene intención de sacarle dinero a toda la gente que nos dedicamos al comercio”, advirtió su dirigente Francisco Figueroa.

En la visión del dirigente gremial, esa norma pretendería sancionar y controlar directamente a los comerciantes, y “se les arrebatará su dinero y sus enseres”.

En esta semana se desarrollará un congreso que evaluará y definirá cuáles serían las medidas de presión que asumirá ese sector, agregó.

El 17 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, que fue derivada a la Cámara de Senadores para su tratamiento respectivo.

Además de los gremiales, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANP) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) rechazan el referido proyecto de ley porque aseguran que vulneraría sus derechos de reserva de información.

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Montenegro: Proyecto de ley de ganancias ilícitas no hace persecución a gremiales

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que la prensa también está excluida del alcance de la normativa

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro. Foto: Rodwy Cazón

/ 26 de septiembre de 2021 / 13:33

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró este domingo que el proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales no tiene el objetivo de hacer persecución a los gremiales que anunciaron movilizaciones.

“Eso es una mentira de la oposición que la han puesto en circulación en los ámbitos gremiales, nosotros cuando hemos hecho la defensa en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Diputados, hemos establecido que no había argumento por parte de la oposición para decir que esta era una persecución al sector gremial”, afirmó.

Explicó que lo que hace la ley es “simplemente poner en un cuerpo ordenado, coherente” distintas normativas referentes a la legitimación de ganancias ilícitas y que los sujetos obligados son quienes siempre han tenido esta responsabilidad como los bancos.

“Los gremiales siempre fueron sector de créditos hace varios años, y nunca ha habido un movimiento así, un aviso de movimiento irregular de algún gremial”, recordó.

Aseguró que los oficiales de crédito de los bancos ven el movimiento diario en función a lo que le van prestando y “les van ofreciendo nuevamente posibilidades de seguir prestándose”.

La Confederación Nacional de Trabajadores Gremiales de Bolivia se declaró en estado de emergencia y anunció movilizaciones contra el proyecto de ley argumentando que “tiene un nombre camuflado” ya que tiene la intención real de “sacarle plata” a quienes se dedican al comercio”.

Montenegro también ratificó que sucede similar situación en el caso de la prensa que no resultará afectada por la norma, ya que no es uno de los sujetos obligados a declarar la fuente y que, además, está protegido por la Ley de Imprenta. Aclaró que los sujetos obligados son los bancos, los notarios, abogados, entre otros.

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Fallece el economista Pablo Ramos, expresidente del BCB, exrector de la UMSA y exprefecto

De acuerdo con la información de medios estatales, murió por un infarto, durante la visita que realizaba a sus familiares en el Chaco.

/ 24 de septiembre de 2021 / 09:04

El economista Pablo Ramos Sánchez, expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB) y exrector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), falleció a los 84 años la madrugada de este viernes.

Ramos fue rector de la casa de estudios paceña durante cuatro gestiones, también fue prefecto de La Paz y escritor, informaron los medios estatales.

De acuerdo con la información, el economista falleció por un infarto, durante la visita que realizaba a sus familiares en Yacuiba, en el Chaco tarijeño.  

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Arce plantea en la ONU un ‘alivio de la deuda externa’ para enfrentar la crisis

El presidente Luis Arce aseguró que la pandemia causada por el coronavirus “ha expuesto las vulnerabilidades y desigualdades”.

Por Mauricio Diaz

/ 23 de septiembre de 2021 / 22:01

El presidente Luis Arce propuso este jueves en la asamblea de la Organización de Naciones Unidas (ONU) establecer acuerdos con organismos internacionales que permitan un alivio de la deuda externa y el desarrollo de políticas sociales.

“Bolivia propone avanzar en acuerdos con organismos financieros multilaterales, para el refinanciamiento o el alivio de la deuda externa a nivel global y para apoyar políticas sociales para poblaciones en situaciones de vulnerabilidad desde un enfoque de desarrollo integral y sostenible”, propuso.

Resaltó que los países de Europa destinaron “miles de millones de dólares para reactivar su economía”, caso similar al de Estados Unidos, donde según Arce, los políticos gestionaron recursos para reactivar el movimiento económico.

Denunció que no pasa lo mismo en países de América Latina, el Caribe y África donde, los países “no cuentan con organismos que piensen en la batalla por la vida”, sino que instituciones “como la Organización de Estados Americanos (OEA) promueven golpes de Estado y generan desestabilizaciones”.

Aseguró que la pandemia causada por el coronavirus “ha expuesto las vulnerabilidades y desigualdades” y calificó de injusto al orden económico mundial.

“Los Estados debemos priorizar la erradicación de la pobreza extrema y la desigualdad en todas sus dimensiones. El acceso a los servicios básicos para la población y debemos asumir con responsabilidad el reto de construir un futuro en base a la solidaridad, la complementariedad, la sostenibilidad y la cooperación entre los pueblos”, agregó.

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La Gobernación cruceña está en una ‘profunda crisis’ por deuda de Bs 1.200 millones

La administración de Rubén Costas ni siquiera reflejó esta situación en los estados financieros de la Gobernación, denunció el secretario Suárez.

El secretario Efraín Suárez en entrevista con La Razón Radio.

/ 23 de septiembre de 2021 / 16:06

La Gobernación de Santa Cruz “actualmente se encuentra en un estado de crisis económica profunda” porque la gestión de Rubén Costas se comprometió a realizar pagos por concepto de contraparte para la construcción de carreteras sin tener financiamiento seguro y eso ahora representa una deuda de más de Bs 1.200 millones, informó este jueves Efraín Suárez, secretario de Justicia de la administración departamental.  

Pero ni siquiera es “para la construcción de caminos de la red departamental, sino de la red nacional que no le correspondía a la Gobernación, pero la anterior administración se comprometió y es un tema muy delicado porque hay más de Bs 1.200 millones en deudas en este sentido”, lamentó el funcionario en una entrevista con La Razón Radio.

Precisó que los compromisos fueron asumidos legalmente mediante la firma de distintos documentos y en ese sentido, de acuerdo a los convenios suscritos, incluso “puede cobrarse por débito automático” la deuda.

“Es decir, la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras), dependiente del Gobierno nacional, puede ejecutar estos convenios en forma automática para retirarle el dinero a la Gobernación y pagar la contraparte”, alertó. 

Además, “lo preocupante y lo triste de esta situación es que estos compromisos se asumieron sin tener la fuente de financiamiento segura, se asumieron con préstamos ni siquiera consolidados, y estos préstamos finalmente no se han dado (…) y eso es lo que nos está generando una situación bastante crítica”, insistió.

Asimismo, según Suárez, esta situación “ni siquiera ha sido reflejada en los estados financieros de la Gobernación” por la administración pasada.

“Es decir, los estados financieros de la Gobernación cruceña al 2020 no reflejan esta deuda y si no refleja es como si esta deuda no existiera en los estados contables, pero en lo jurídico sí existe, porque los convenios están firmados”, reiteró.

Frente a esa situación, el actual gobierno departamental empezó a asumir varias acciones, entre ellas, la reducción del número de las secretarías –de 12 a ocho– generando, según Suárez, en “ahorro inmediato” de más de Bs 22 millones.

Pero esa cifra es “poquísima” a comparación de lo que la Gobernación tiene que pagar por concepto de contraparte para la construcción de caminos, reconoció el funcionario, quien incluso calificó de “negligente” la gestión de Costas por asumir compromisos sin tener financiamiento seguro.

Por otro lado, la administración de Luis Fernando Camacho está generando reuniones con el gobierno de Luis Arce “para ver la fuente de financiamiento” de los compromisos asumidos.

Se está buscando también esta solución “porque entendemos que, cuando el Gobierno nacional tiene una lógica de trabajar técnicamente por las regiones, lo hace bien, entonces estamos apelando a esa lógica (para que se) deje de lado todo el tema político para salvar la economía de la Gobernación de Santa Cruz”, puntualizó.

En agosto pasado, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, ya reclamó a la Gobernación del departamento de Santa Cruz por no pagar su deuda por concepto de contraparte para la construcción de tramos camineros y advirtió que ese hecho retrasa la ejecución de obras.

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