El presidente de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Danilo Velasco, dijo este jueves que las cámaras de los gremios empresariales afectados por el conflicto tarifario en el puerto de Arica, enviaron una nota al Gobierno pidiendo que la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas intervengan para evitar mayores perjuicios al comercio exterior boliviano.
“Nosotros nos hemos ido reuniendo con las diferentes cámaras y ya hemos mandado una nota, me imagino que ellos han recibido, las autoridades de ASP-B., Pedimos que Cancillería intervenga, el Ministerio de Economía intervenga, porque esto tiende a agrandarse”, indicó Velasco, en entrevista con La Razón Radio.
En criterio del representante de los exportadores, el concesionario Terminal Puerto Arica (TPA) realizó de “manera unilateral” el incremento de tarifas sin un previo acuerdo, por lo que pidió a la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) reunirse nuevamente con la Empresa Portuaria Arica (EPA) para buscar una salida.
“Al final, Bolivia y Chile tienen un acuerdo bilateral, el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) 22, es importante buscar los mecanismos de diálogo para que esto se solucione en el corto plazo”, añadió.
El martes, el gerente de la ASP-B, Dante Justiniano, planteó a los empresarios optar por otros puertos hasta que se tenga una solución a esta problemática. Al respecto, Velasco dijo que son alternativas que se deben potenciar, no obstante, afirmó que Bolivia, por naturaleza, utiliza el atracadero de Chile. Además, remarcó que hay acuerdos suscritos y tratados, como el de 1904, por lo que se debe continuar con el uso de ese puerto.
Desde el lunes 20 de septiembre, la TPA realiza el cobro anticipado por el servicio de movimiento de carga en el puerto de Arica, debido a que entre ASP-B y EPA no hay un nuevo acuerdo tarifario.
Esa medida fue rechazada por la ASP-B, que afirmó que se canceló lo adeudado por el servicio prestado durante la primera quincena de agosto. Justiniano indicó que se pagó un total de $us 704.046, monto que es superior a lo que demanda la concesionaria.
No obstante, desde la TPA se informó que la deuda supera los $us 900.000 ya que se aplica la tarifa pública del puerto y no así los montos fijados en el acuerdo de 2019 porque finalizó el 5 de agosto.