Economía

viernes 20 may 2022 | Actualizado a 18:56

El presidente de YPFB Wilson Zelaya habla de dejar el cargo por problemas de salud

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya, informó que atraviesa por un problema de hipertensión que hace complejo que trabaje en La Paz

/ 16 de diciembre de 2021 / 23:33

Por problemas de salud, el presidente de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya, habría la posibilidad de dejar el cargo y que está en conversaciones con autoridades del Gobierno para hacerlo oficial.

“Yo creo que debería dejar (el cargo) y dedicarme a apoyar al equipo desde cualquier otro lugar”, confirmó en una entrevista en PAT y explicó que por un problema de hipertensión se le hace complejo trabajar en La Paz, sede de la estatal petrolera.

Zelaya asumió el cargo en noviembre de 2020 con la misión de poner en marcha la Planta de Amoniaco y Urea, reimpulsar la industrialización del gas natural, la exploración y explotación de hidrocarburos.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, posesionó al que ahora habla de renunciar al cargo por problemas de salud.

Zelaya es titulado como ingeniero industrial mecánico por la Universidad Metodista de Piracicaba, Brasil en 1990. Cursó una maestría en ingeniería mecánica por la UMSS y la CUJAE de La Habana-Cuba, cuenta con diplomado en alta gerencia en la UPSA, una especialización en gerenciamiento de proyectos en McKenna School of Business, Saint Vicent College.

Tiene una trayectoria profesional de más de 29 años al servicio de YPFB.

Zelaya evitó hablar de la fecha de dimisión y consideró que se lo hará oportunamente.

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Un conscripto pierde una pierna por la explosión de una granada, se inicia una investigación

El hecho ocurrió en un regimiento en el municipio de Colomi, Cochabamba. A investigadores de la Policía no se les permitió entrar a indagar en la escena de los hechos

Foto: RRSS

/ 20 de mayo de 2022 / 18:56

Un conscripto perdió una pierna y corre el riesgo de perder la otra por la gravedad de las heridas como consecuencia de la explosión de una granada de guerra en el Regimiento Mariscal Juana Azurduy de Cochabamba. Personal de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) y de la Fiscalía iniciaron una investigación de oficio.

El hecho ocurrió el jueves. La víctima fue identificada como Jhoswar Ruiz Cruz, un joven de 18 años, que prestaba su Servicio Militar Obligatorio. Actualmente se encuentra internado en una clínica con un diagnóstico reservado por su delicado estado de salud.

El director de la FELCC, coronel Ronald Tapia, informó que se inició una investigación de oficio y que los investigadores no pudieron ingresar al cuartel para inspeccionar el lugar de los hechos, ya que el Comandante del Regimiento no lo autorizó aduciendo que requería órdenes superiores.

“Se habría producido por la explosión de un artefacto, aparentemente la víctima indicó que se trataba de una granada de guerra. Según el parte médico habría perdido el miembro inferior izquierdo”, informó el jefe policial.

El cuartel se encuentra en Colomi, en el departamento de Cochabamba.

“El acto preliminar es posterior a la revista que estaban realizando en su unidad militar, estarían recogiendo todo lo que son los armamentos y en ese ínterin, el soldado (Jhoswar) estaría transportando las granadas fusil, y en un descuido se habría caído una de ellas y había explotado”, contó el abogado de la familia a la red Unitel.

Durante la mañana de este viernes, miembros del Alto Mando Militar se reunieron con los padres de Jhoswar y sus abogados, donde se comprometieron a brindar un apoyo para el joven y su familia.

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Suman 23 las empresas públicas autorizadas para contrataciones directas en el extranjero

Mediante decreto, el gobierno del presidente Luis Arce autorizó ahora que seis empresas y cuatro instituciones puedan hacer contrataciones directas en el extranjero

Se sumó a este tipo de contrataciones a la Agencia Boliviana Espacial (ABE)

/ 20 de mayo de 2022 / 17:47

Al menos seis empresas estatales y cuatro instituciones públicas fueron sumadas a la posibilidad de realizar contrataciones directas o por comparación de ofertas en el extranjero de bienes, obras y servicios especializados. Ya suman 23 las firmas estatales que tienen la autorización de realizar este tipo de contrataciones.

Mediante decreto 4720 se sumó a este tipo de contrataciones a las firmas Agencia Boliviana Espacial (ABE); Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (NAABOL); Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC); Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria; Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM); y a la Empresa Metalúrgica Vinto.

También están contempladas el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras para las actividades de la Unidad Ejecutora de Pozos – UE-Pozos; el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF); el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización para las actividades del Viceministerio de Interculturalidad; y la Aduana Nacional.

El artículo 1 establece que están autorizadas a “la contratación directa o por comparación de ofertas en territorio extranjero de bienes, obras y servicios especializados, pudiendo adherirse a los contratos elaborados por los proveedores y contratistas”.

Ya contaban con esta posibilidad las estatales Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB); Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH); Servicio Nacional Textil (SENATEX); Empresa Azucarera San Buenaventura (EASBA); Empresa Estatal «YACANA»; la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y sus empresas filiales y subsidiarias; la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B); el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (SEDEM); la Empresa Nacional de Electricidad Matriz (ENDE); la Empresa estatal de Televisión denominada «BOLIVIA TV»; la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN); la Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB); la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA); y la Boliviana de Aviación (BOA).

Según la justificación, las entidades estatales “requieren la adquisición de equipamiento, insumos y servicios que, por sus características, no pueden ser contratados en el mercado boliviano”.

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El dirigente universitario Max Mendoza reaparece, acusa y rechaza congreso en Potosí

Rodeado por dirigentes, Mendoza aseguro que “no hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y legal”.

Max Mendoza y el Consejo Nacional de Dirigentes de la Confederación Universitaria Boliviana.

/ 20 de mayo de 2022 / 00:03

Tras una avalancha de denuncias y al menos cuatro procesos penales en su contra, el dirigente de la Confederación Universitaria de Bolivia (CUB), Max Mendoza, reapareció la noche de este jueves en un video sin responder a las denuncias de los años de permanencia en la universidad y su sueldo superior a los Bs 21.000, aunque afirmó: “No hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y legal”.

También anunciaron que no acudirán al XIII Congreso de Universidades que fue convocado para la próxima semana en Potosí, por falta de garantías y observaciones al presídium del rector de la Tomás Frías, Pedro López. En ese encuentro se elegirá a dirigentes del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y se perfilan hacer ajustes en el andamiaje universitario.

Rodeado por dirigentes identificados de la Federación Universitaria Local (FUL) de diferentes universidades públicas, Mendoza se encargó de contra-denunciar a exdirigentes que lo acusan de irregularidades en su gestión y permanencia en la dirigencia de la máxima instancia de representación universitaria nacional.

A los exdirigentes y denunciantes Jonás Ariel Flores y a Ismael Peralta se los vinculó con exautoridades del gobierno de la expresidenta Jeanine Áñez. Mendoza no habló de los cuestionamientos a los 33 años de permanencia en la universidad, a los más de 10 años como dirigente, a sus viajes al exterior y al sueldo que recibió desde 2018 por más de Bs 21.000 como dirigente de los estudiantes universitarios.

“Todo este tipo de denuncias que se han venido presentando son en su gran mayoría calumnias a la Confederación Universitaria de Bolivia y a las federaciones Universitarias Locales. Nosotros nos vamos a defender de todas la denuncias que nos están planteando porque mi persona y los ejecutivos de la FUL no hemos recibido ni un centavo que no sea de manera correcta y legal, y tenemos las instancias para descargos”, explicó sin dar mayores detalles.

Ante los hechos denunciados se activaron al menos cuatro denuncias contra el universitario de 52 años por delitos de enriquecimiento ilícito, conducta antieconómica, peculado, uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, uso indebido de influencias, usurpación de funciones, contratos lesivos al Estado, contribuciones y ventajas ilegítimas del servidor público, además de uso indebido de bienes y servicios públicos.

Desde el Legislativo se puso atención a este caso. El diputado del MAS Héctor Arce reveló que Mendoza se aplazó en 200 materias y obtuvo una calificación de 0 en otras 100, además denunció de viajes al exterior, cobros de viáticos y el cobro del sueldo de más de Bs 21.000, que le fue retirado.

“Estamos tranquilos porque no hemos cometido ningún delito, menos penal. En ese sentido, una vez que se esclarezca este tema hemos tomado la determinación de tomar acciones legales contra aquellas personas que están difamando el honor de la dirigencia nacional”, advirtió el cuestionado dirigente.

Para la próxima semana, está convocado el XIII Congreso de Universidades que fue avalado por el propio Mendoza. Sin embargo, ahora decidió no acudir y propuso que se desarrolle en un plazo de 30 días.

No obstante, el Congreso, por lo menos hasta el momento, está confirmado.

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UMSA: Consejo Universitario anula resolución para sancionar por memes contra dirigente Quelali

La resolución 144/2022 instruía la contratación de un perito para investigar y sancionar a los autores de memes contra el dirigente de la FUL Álvaro Quelali

Israel Centellas.

/ 19 de mayo de 2022 / 22:03

El Honorable Consejo Universitario (HCU) dejó sin efecto la Resolución 144/2022 que establecía la contratación de un perito para investigar y sancionar a los autores de memes en contra del cuestionado dirigente estudiantil de la Federación Universitaria Local (FUL) de la UMSA Álvaro Quelali.

“La contratación como perito informático de la Universidad Mayor de San Andrés; dependiente de Secretaría General, (…), cuya función específica será resguardar y preservar la inviolabilidad de las plataformas, sistemas, páginas y redes sociales institucionales, además de identificar a aquellos posibles agresores, a fin de iniciar las acciones disciplinarias o jurisdiccionales correspondientes”, establecía parte de la resolución anulada.

Según un boletín de prensa de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), el secretario general de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Israel Centellas, explicó que hubo una mala interpretación por parte de las personas que elaboraron el documento ahora anulado.

“Lastimosamente, al momento de redactar la resolución cometimos un error, que lo asumimos desde la Secretaría General. Eso da a entender que el rector Oscar Heredia estaría resguardando o protegiendo la imagen de Quelali, algo totalmente falso, ese no es el sentido de la resolución, porque el Rector habla de lo que se puede hacer para defender el honor y la honra de toda la comunidad universitaria, no de una persona”, aclaró Centellas.

El primer párrafo de la resolución anulada, donde se menciona a Quelali, hace referencia al contenido de un meme que fue leído durante una sesión del HCU y aclarada como tal en el acta que dio paso a la Resolución 144/2022. El extracto de esa lectura fue incluido erróneamente en dicho documento, lo que generó malas interpretaciones y tergiversación del objetivo de la resolución.

“Es hidalgo reconocer que han existido errores, pero no del Rector, sino de la unidad que ha construido la resolución”, aclaró Centellas.

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Áñez exige al TCP ‘ratificar’ constitucionalidad de la sucesión presidencial de 2019

La expresidenta Jeanine Áñez tomó el poder en noviembre de 2019, tras la dimisión del expresidente Evo Morales y una reunión de líderes de la oposición y de cívicos

La expresidenta Jeanine Áñez en una de sus pasadas audiencias. Foto: APG.

/ 19 de mayo de 2022 / 20:06

La expresidenta Jeanine Áñez demandó al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) “ratifique la constitucionalidad de la sucesión presidencial” de 2019, cuando como consecuencia de la crisis política de ese entonces tomó el poder a la renuncia del expresidente Evo Morales y de las autoridades en la línea de sucesión.

Acompañada de tres abogados, Carolina Ribera, hija de la exmandataria, estuvo en Sucre, sede del control constitucional. “Presentaron esta mañana en Sucre una petición firmada por Jeanine Áñez al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia para que ratifique la constitucionalidad de la sucesión presidencial”, establece un mensaje compartido en su muro de Facebook.

La posición hace alusión a un comunicado que emitió el TCP en 2019 y sobre el que Áñez se apoya para asegurar que la toma del poder fue parte de una sucesión constitucional. No obstante, en agosto de 2021 el control constitucional, en respuesta a la Fiscalía, aclaró que no emitió ningún fallo sobre la constitucionalidad de la sucesión presidencial de Áñez.

“De la revisión del Sistema de Gestión Procesal y el informe de 16 de julio de la presente gestión por parte del Gestor Procesal Tutelar, se concluye que no se encuentra sentencia, declaración o auto constitucional por el cual se hubiese emitido pronunciamiento sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la sucesión presidencial de la entonces senadora ciudadana Jeanine Áñez Chávez, producidas el mes de noviembre de 2019”, señala uno de los puntos de respuesta a la Fiscalía que indaga al caso.

El TCP aclaró que en ese entonces emitió solo un “comunicado”, en el que toca aspectos como vacío de poder y de la sucesión constitucional “ipso facto” que alcanza al Vicepresidente, como parte de la línea de sucesión.

La expresidenta enfrenta un juicio penal por la forma cómo se hizo de la Presidencia del Senado, que luego le permitió llegar al poder, sin cumplir la norma legal ni el Reglamento de Debates. No hubo quórum en la sesión y no podía hacerse de la Presidencia de Senado, porque era de la minoría, según la investigación fiscal. Una reunión extralegislativa con líderes de oposición y cívicos trazó la línea de sucesión.

El juicio fue suspendido en puertas de una sentencia, porque la defensa demandó de inconstitucionalidad los delitos por los que es juzgada: Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, e incumplimiento de deberes.

El Tribunal que juzga a Áñez excluyó de la prueba de los acusados el “comunicado” del TCP.

Morales dimitió el 10 de noviembre de 2019 acorralado por las protestas cívicas que denunciaban un fraude electoral, un motín policial t la “sugerencia” militar de dejar el cargo. Álvaro García también dimitió, al igual que los presidentes del Senado y de Diputados presionados por los movilizados. Víctor Borda, expresidente de Diputados, reveló que renunció porque su hermano fue tomado como rehén y su casa era incendiada.

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