El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, confirmó este domingo que el lunes la representación de Bolivia se reunirá con más de 15 autoridades de Brasil, Paraguay y Perú, para conformar mesas técnicas y evaluar los avances del Corredor Bioceánico.

En ese marco, la autoridad ratificó, durante una entrevista en el canal estatal, que el país está incluido en este proyecto y que ya cuenta con varias obras ejecutadas, financiamiento y una amplia gama de opciones respecto a puertos marítimos para la carga y descarga de mercadería.

En estas mesas de trabajo, “se analizarán las condiciones preliminares para el desarrollo del proyecto de integración ferroviaria”, afirmó.

Montaño agregó que también se abordará la temática financiera para identificar las “estrategias de financiación” de algunos tramos que faltan todavía por construir. “Vamos a identificar también la fuentes y recursos para financiarlos”, detalló.    

En el aspecto normativo, se analizarán las leyes y procedimientos que se tienen que aplicar para encarar el transporte y la carga, desde Puerto Santos hacia el océano Pacífico.

En cuanto a la construcción, se analizará también “las especificaciones técnicas para la construcción de la vías férreas”, precisó Montaño.

El encuentro se desarrollará este lunes, a las 14.00, de manera virtual, para hacer un diagnóstico de los avance de este proyecto que –según el Ministro–  es considerado como un “segundo Canal de Panamá”, por las facilidades y ventajas que ofrece a los países de la región, en cuanto  importaciones y exportaciones.

Montaño afirmó que Bolivia no puede quedar excluida del proyecto, pues es el único país que ofrece una amplia gama de opciones para acceder a puertos de atraque. 

“El exportador puede sacar la carga por Ilo, Matarani, en Perú; y si decide sacar su carga por Chile, está Antofagasta, Arica, e Iquique. Si viene la carga del Pacífico, no solo ofrecemos el Puerto de Santos, también está el Puerto del Río Madera y del Río Amazonas”.

El ministro precisó que hasta 2025, el Gobierno central invertirá más de Bs 3.200 millones en este proyecto y demandó que la Gobernación de Santa Cruz también se manifieste sobre el monto que destinará para coadyuvar en la ejecución de obras que forman parte del Corredor Bioceánico.

El empresario boliviano José Luis Camacho Miserendino fue elegido Presidente de la Cámara Binacional Boliviano Paraguaya para la gestión 2022-2024. Este organismo tiene como misión fortalecer el desarrollo de las relaciones económicas y empresariales a través de inversiones y el intercambio comercial.

“Deseo felicitar a cada uno de ustedes por el espíritu democrático y el entusiasmo que demostraron al participar en las elecciones de la Cámara Binacional Boliviano Paraguaya. Estoy seguro de que haremos un gran equipo por el bien de la institución y de sus asociados”, destacó Camacho, quien preside el Grupo Nacional de Inversiones Nacional Vida con presencia en Bolivia y en Paraguay.

Camacho estará acompañado por Karen Roca Coca, gerente general de Ferroviaria Oriental como Vicepresidenta; Claudia Maldonado Roca, gerente de Negocios de Insertec, como Secretaria General; y Pablo Moscoso, Director de la empresa Arreglos Express, como Tesorero.

“Agradezco a cada uno de los miembros que me brindaron su apoyo para alcanzar la presidencia de nuestra Cámara y ratifico mi compromiso con todos ustedes para ejecutar el plan de Fortalecimiento y Sostenibilidad Institucional 2022-2024 que he propuesto”, sostuvo.

Como un hito fueron calificadas las elecciones por ser las primeras en llevarse a cabo en los tres años de vida institucional y por tener una participación del 94% de los asociados de ambos países.

Camacho agradeció especialmente a la embajadora de Paraguay en Bolivia, Terumi Matsuo, por su atento seguimiento al proceso electoral. La diplomática, por su parte, ratificó al nuevo líder gremial su compromiso, ánimo y espíritu de continuar apoyando y colaborando con la Cámara Binacional Boliviano Paraguaya.

La Cámara Binacional Boliviano Paraguaya es una institución cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo de las relaciones económicas y empresariales entre Bolivia y Paraguay, fomentando las inversiones y el intercambio comercial.

“Fue creada hace tres años, con el objetivo de promover el entendimiento y cooperación entre ambos países, así como aquellas medidas que contribuyan al desarrollo mutuo, reconociendo que el sector privado es sólido, dinámico y esencial para el desarrollo sostenible, el bienestar económico y social”, se recuerda en una nota de prensa

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) anunció este viernes que la línea aérea Ecojet será sancionada con una multa de 30.000 UFV (unidad de fomento de vivienda), que equivale a Bs 71.507, por cancelar nuevamente sus vuelos por mantenimiento de sus aviones.

“En el caso particular de esta última cancelación, que es de conocimiento público, nosotros les vamos a iniciar un proceso a Ecojet y derivaría en una multa de 30.000 UFV por precisamente cancelar la cantidad de vuelos que está cancelando”, dijo Juan Manuel Chevarría, director de Transportes de la ATT.

El funcionario precisó que, de acuerdo a lo que les comunicaron, la nueva cancelación de vuelos fue programada desde el 19 al 28 de junio.

El director ejecutivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), Celier Arispe, agregó que esta institución hace un seguimiento constante a Ecojet desde 2021 porque en octubre de ese año ya había parado sus operaciones por tres semanas “debido a mantenimientos no programados en la única aeronave que tenía” entonces.

Frente a esa situación, la DGAC ha requerido a la línea aérea un plan de contingencia porque no puede parar operaciones de manera repentina y Ecojet, según Arispe, respondió que, dentro de su plan, está previsto el traspaso de sus pasajeros a otra línea aérea, en este caso, Boliviana de Aviación (BoA).

Pero “la Dirección General de Aeronáutica Civil no estaba satisfecha con esa respuesta y le hemos pedido que debe tener otra aeronave, no puede operar solo con una aeronave”, recordó.

El Director indicó que el 30 de diciembre Ecojet respondió que está adquiriendo una nueva aeronave que llegaría a Bolivia en enero de 2022.

“Esa aeronave llegó, pero no en enero, (sino) a mediados de mayo y en este momento (también) tiene algunos pequeños problemas (…) y estimamos de que esté volando la primera quincena de julio”, señaló.

Sin embargo, recordó de manera enfática que, de acuerdo a las normativas vigentes, una línea aérea no puede suspender sus operaciones regulares por más de 60 días.

Entonces, “esto quiere decir que a finales de agosto si (Ecojet) no vuelve a operar, la Dirección General de Aeronáutica Civil le va a retirar su certificado de operador aéreo”, advirtió.

Además, precisó que Ecojet tiene tres aeronaves, entre ellas el avión que llegó recién, pero “en este momento las tres no vuelan (porque) están cancelados por mantenimiento y han presentado una nota indicando que del 19 al 28 (de junio) no van a operar”.

“Y este es un problema porque el Estado boliviano, a esta línea aérea, le ha encomendado la ruta al norte, es decir, Cochabamba, Trinidad, Riberalta, Guayaramerín, y en este momento no hay operaciones”, lamentó.

El dirigente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas (Cofecay), Carlos Choque, anunció este viernes que el lunes se recibirán las resoluciones de las diferentes federaciones que aglutina la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) La Paz, los cuales rechazan el funcionamiento de un tercer mercado de la coca.

Choque afirmó que la Constitución Política del Estado (CPE) solo establece dos mercados para la comercialización de la coca, uno en Sacaba Cochabamba y otro en Villa Fátima, en La Paz.

“Estamos tomando nuestras opciones. El lunes vamos a ver, mediante resoluciones, ahí las bases van a tomar las determinaciones a lo que compete: si vamos a salir a una marcha a paralizar la ciudad de La Paz o vamos a estar en las calles nuevamente como Yungas de las tres provincias”, dijo el dirigente cocalero en contacto con La Razón Radio.

El lunes, este sector se declaró en emergencia y dio 48 horas al Gobierno para cerrar el mercado paralelo de la coca, que se abrió en la calle 1 de la zona de Villa El Carmen, en La Paz, por el dirigente Arnold Alanes, supuestamente afín al Movimiento Al Socialismo (MAS).

Ante la no atención de las autoridades de Gobierno, el lunes 27 de este mes, se definirá las futuras medidas de presión en rechazo ante el funcionamiento del tercer mercado.

Choque lamentó que, debido a la alta oferta de coca, el precio de la hoja sagrada se redujo de Bs 35 a Bs 10 y en algunos casos hasta Bs 8 la libra.

Ante ello, demandó al Gobierno a realizar la erradicación de cultivos excedentarios en zonas denominadas rojas donde se produce la coca, la cual se pretende comercializar en el “mercado ilegal” de Villa El Carmen.

“Vemos una sobreproducción de la hoja de coca, nosotros en su momento hemos indicado al Gobierno central lo que está mal, está mal y si se tiene que erradicar las zonas rojas no vamos a defender lo indefendible, yo creo que mediante esa situación el Gobierno tiene que cumplir y las zonas amarillas y verdes tienen que ser respetadas como dice la Constitución”, añadió.

Las empresas de telefonía móvil Entel, Tigo y Viva tienen un mes y tres semanas más para adecuar sus sistemas informáticos, para que, a partir del 16 de agosto, ya no descuenten el crédito de sus clientes si ya no compraron un nuevo paquete de datos.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, recordó ayer que, a partir del 16 de agosto, rige el Decreto 4669 del 16 de febrero. Afirmó que el plazo para la actualización de sus sistemas fue planteado por las compañías por lo que, a través de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), se hará cumplir la normativa vigente.

“Estamos nosotros insistiendo, enviando las notas correspondientes, porque ellos (telefónicas móviles) fueron los que pidieron este plazo de seis meses, ellos exigiendo este plazo (…) para que el software y el tema técnico pueda ser readecuado y no estén cobrándoles en demasía y redondeando además de eso los megas”, dijo la autoridad en rueda de prensa.

Actualmente, cuando un usuario de internet móvil navega con un paquete de datos adquirido o asignado, el costo por Megabyte (MB) es accesible. Sin embargo, cuando el paquete de datos se agota, el operador automáticamente empieza a utilizar el saldo o crédito disponible del usuario.

Las principales operadoras de telefonía móvil en el país son la estatal Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel SA), Tigo Bolivia – Telefónica Celular de Bolivia SA (Telecel SA) y Nuevatel PCS de Bolivia SA (Viva).

El decreto también establece que, en las modalidades de prepago y pospago, el operador deberá emitir alertas de consumo de datos durante el uso del volumen de datos adquirido o asignado.

Además, el volumen de datos no consumido se sumará al del mes siguiente, excepto en paquetes de datos ilimitados con determinado tiempo de vigencia. Los datos no consumidos se acumularán mínimamente por el lapso de dos meses, refiere la norma.

Las operadoras tienen unos 50 días para adecuar sus redes y plataformas e implementar las mejoras en los mecanismos de notificación para requerir el consentimiento de los usuarios.