Según cálculos realizados por la Cámara Nacional de Industrias (CNI), el contrabando pone en riesgo a 37.000 industrias del país y a 600.000 fuentes de empleo formales. Por este motivo se plantea al Gobierno una lucha conjunta con el sector privado.
El presidente de la CNI, Pablo Camacho, destacó ayer el trabajo realizado por el Gobierno, a través de la Aduana Nacional y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando para subir los operativos de control en las diferentes zonas fronterizas del país.
“Esto tiene que alertarnos pues significa que el contrabando ha multiplicado sus canales y su forma de operación. Nos preocupa porque estamos hablando como Cámara Nacional de Industrias de 600.000 empleos de bolivianos, estamos hablando de 37.000 industrias que están en riesgo, éste es un esfuerzo común no solo de Gobierno, es de todos los bolivianos”, dijo Camacho.
Ayer, LA RAZÓN publicó que entre enero y lo que va de agosto, la Aduana Nacional, en coordinación con las Fuerzas Armadas y el Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, logró decomisar mercancía ilícita valuada en más de Bs 415 millones.
Camacho destacó ese trabajo, ya que permitió que la Aduana supere su meta prevista de este año que es de Bs 300 millones.
“Ponderamos el esfuerzo de autoridades nacionales que han logrado una importante cantidad de comisos. Es por eso que debemos actuar de inmediato y de manera conjunta para hacer frente al aumento significativo del contrabando, porque la tendencia muestra que este año volveremos a duplicar la proyección establecida en el Presupuesto General de la Nación”, dijo el empresario.
El presidente de la CNI también pidió a la población a consumir lo “Hecho en Bolivia” para incentivar a la producción nacional y dejar de lado el consumo de productos de contrabando.
No obstante, afirmó que cuando ingresan al país las mercancías ilegales por diferentes puntos ya no hay ningún tipo de control ni por las autoridades nacionales, ni mucho menos por las departamentales o municipales.
CONTROL.
Por tanto, demandó a estos gobiernos autónomos departamentales y municipales a mejorar estos controles, además de instancias gubernamentales como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed), Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), entre otras.
“Hemos visto en Desaguadero que se falsificaban facturas y con esas facturas falsificadas el producto se legalizaba. El contrabando y también la falsificación de productos farmacéuticos atentan contra la salud de todos nosotros”.
Camacho afirmó que los empresarios industriales se ponen a disposición de las autoridades nacionales para coordinar las acciones en contra del contrabando para proteger la industria nacional.
Se pide acelerar la modificación del Código
La Cámara Nacional de Industrias (CNI) demandó ayer a la Asamblea Legislativa Plurinacional acelerar el tratamiento de modificación del artículo 181 de la Ley 2492 del Código Tributario, del 2 de agosto de 2003, que sanciona penalmente a los contrabandistas con 200.000 UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda), que es equivalente a Bs 477.738 (cálculo al 12 de agosto) cuando pretenden ingresar mercancía de contrabando.
“Se han iniciado gestiones con el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico (Rodríguez), estamos esperando que esta modificación sea tratada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y luego sea promulgada por el presidente (Luis) Arce”, puntualizó el presidente de la CNI, Pablo Camacho.
Explicó que cuando el producto ilícito no supera las 200.000 UFV, la sanción al contrabandista es mínima, por lo que la modificación a la norma permitirá que se considere la penalidad desde 10.000 UFV (es decir desde los Bs 23.886,9).