El pasado lunes 10 de febrero diversos sectores realizaron una marcha contra la disposición séptima sobre confiscaciones y decomisos. Para el analista político Reymi Ferreira y el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, la medida fue “esporádica”.

“No había bloqueo, si ha habido, han sido esporádicos. Relativamente, ha pasado desapercibida, no ha tenido la fuerza ni la contundencia”, dijo Ferreira en entrevista con La Razón Radio.

Mientras que, Siles destacó que a nivel nacional se registraron marchas. Sin embargo “esporádicas más bien, que no han perjudicado el continuo trabajo.” 

Ferreira dijo que le sorprendió la normalidad con la que trabajaron los transportistas y los gremiales “que son uno de los sectores más afectados”. Además, que la banca, empresarios y que prácticamente todas las actividades privadas “estuvieron también abiertas”.

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Marcha

Para el pasado lunes, un sector de gremiales y empresarios convocaron a una marcha contra la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) sobre decomisos. La medida, según el Gobierno, pretende luchar contra el agio y la especulación. Mientras que, el sector productor, empresarial, industrial y gremial considera que la norma atenta contra la propiedad privada; y se puede aplicar de manera arbitraria.

La movilización se concretó, principalmente, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En Oruro, Tarija, Sucre y Cochabamba hubo algunas marchas. Sin embargo, la medida no se sintió en La Paz.

En criterio de Ferreira, la poca contundencia en la medida se debe a la falta de “claridad” de la norma en cuanto a la afección a “algún derecho”. “cuando eso no se lo ve, la gente no lo siente como una amenaza”.

Mientras tanto, Siles, remarcó que la medida no atinge al aparato industrial, ni a los gremiales minoristas.

“Estamos apuntando hacia los mayoristas, donde hemos detectado que existe desviación, donde hemos detectado que hay ocultamiento e incluso ventas masivas hacia el exterior del país”, añadió.

Este martes, desde las 09:30, el Gobierno se reúne con la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para “llegar a acuerdos” y busca dialogar con otros sectores.

El Ministerio de Hidrocarburos, en conjunto con Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), invitó a la sociedad y a actores del sector a participar en una sesión de socialización sobre la Ley de Litio y el contrato firmado con la empresa china Hong Kong CBC.

El evento se llevará a cabo el miércoles en la Cámara Departamental de Minería de Potosí, a partir de las 11.00.

La sesión pretende esclarecer los términos del contrato, que fue suscrito en noviembre de 2024 para la instalación de dos plantas de producción de carbonato de litio en el salar de Uyuni, utilizando tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) y con capacidades de producción de 10.000 y 25.000 toneladas anuales, respectivamente, con una inversión de $us 1.030 millones.

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Contrato

Además, se recuerda que otro contrato similar, suscrito con la empresa rusa Uranium One Group, también fue remitido a la Asamblea Legislativa para su tratamiento. Según los datos oficiales, Bolivia cuenta con 23 millones de toneladas de litio cuantificadas en sus salares, lo que la posiciona como el mayor reservorio de este recurso estratégico a nivel mundial.

Sin embargo, esta medida generó un clima de controversia y protestas en la región. El Comité Cívico Potosinista (Comcipo) y otras instituciones de Potosí han anunciado movilizaciones en contra de los contratos, argumentando que estos acuerdos podrían perjudicar la economía local y favorecer intereses extranjeros en detrimento de la soberanía nacional.

Dichos sectores sostienen que la transparencia y la rentabilidad de los proyectos aún no quedan suficientemente claras y exigen mayor información y diálogo antes de dar su aprobación definitiva.

En respuesta a estas inquietudes, el Gobierno enfatizó en la importancia de estos proyectos para el desarrollo del sector hidrocarburífero y la atracción de inversiones que generen empleo y fortalezcan la economía del país.

Por ello, la socialización tiene como objetivo ofrecer un espacio para el debate y la presentación de datos técnicos que respalden la viabilidad del contrato, buscando disipar las dudas de la sociedad y de los actores críticos que se oponen a los acuerdos.

El empresario boliviano Marcelo Claure expresó su confianza en que Bolivia elegirá a un nuevo líder en las elecciones del 17 de agosto y dijo que hará “todo lo posible” para ayudar al país “a salir de su peor crisis financiera”.

También ratificó su intención de irse del país “si el MAS es reelegido”. “Mi posición es firma: si el MAS es reelegido, me voy de Bolivia y no haré nada más en mi país”, publicó en X.

“No quiero ser parte de un sistema sin libertad ni justicia”, añadió.

El post fue en respuesta a una dura crítica que recibió por parte de un usuario de X.

En una entrevista con la Red Uno, el 3 de febrero, Claure dijo que si el Movimiento Al Socialismo (MAS) gana las elecciones generales, previstas para agosto de este año, retirará sus inversiones en Bolivia y no volverá al país.

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ENCUESTAS

“Si el MAS continúa gobernando a Bolivia, ahí sí, yo Marcelo Claure me retiro de Bolivia y de Bolívar y termino mi vida con Bolivia”, afirmó.

El empresario boliviano ya presentó dos encuestas de intención de voto para “conocer cómo piensa” la población boliviana. Desde que salió la primera, en diciembre del año pasado, lanzó críticas contra el Gobierno, debido al manejo económico del país.

Incluso, conocidos los resultados, Claure afirmó que el gobierno del presidente Luis Arce “es el peor” y que es necesario un “cambio de visión”.

“Bolivia, para ser totalmente claro, estoy en contra del Movimiento Al Socialismo y voy a trabajar para que no vuelvan al poder. ¿Soy claro?”, escribió el 2 de febrero en sus redes sociales.

Este martes, la Cámara de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) se reunirá con autoridades del Gobierno para dialogar sobre la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza el decomiso y confiscación de productos y alimentos por parte de las autoridades competentes.

“Estamos viniendo a escuchar (…), hay diferentes interpretaciones a la norma, estamos en un periodo de análisis legal sobre la misma”, señaló Giovanni Ortuño, presidente de la CEPB, antes de entrar a la reunión.

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CEPB

La reunión debía realizarse la semana pasada, pero la CEPB pidió que se postergue para este martes.

El Gobierno extendió su invitación a la institución luego del rechazo de otras cámaras, como la Cámara Nacional de Industrias (CNI), la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb) y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).

Esas instituciones acordaron no participar en ninguna reunión con el Gobierno hasta que se logre la derogación de la disposición confiscatoria, debido a que consideran que es una norma que viola varios derechos constitucionales.

Por ello, realizaron un “paro multisectorial” en varios departamentos del territorio nacional. Empero, la CEPB no se sumó a la medida de presión. Asimismo, el Gobierno dijo que se evidenció que la marcha no tuvo convocatoria y no se logró los resultados que los sectores productores esperaban.

En la reunión de este martes, el Gobierno espera tratar la reglamentación de la disposición para que comience a aplicarse lo antes posible. Ya se logró un acuerdo con una parte del sector gremial, debido a que se elaborará un decreto supremo en el que se establece explícitamente que la norma no alcanzará al comercio minorista.

El viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo, que participará de la reunión con la CEPB, aseguró que la disposición no afecta al sector privado formal, por lo que no hay nada que preocuparse. Insistió en que se trata de una demanda que exige la población para evitar el agio, la especulación y el contrabando.

El nuevo gerente de Boliviana de Aviación (BoA), Mario Borda, apunta a incrementar la cantidad de vuelos a Estados Unidos, y en un horario más estratégico, para generar mayor ingreso de divisas.  

“No podemos suspender las operaciones a los Estados Unidos a cinco vuelos por semana, como estaba proyectado, porque ese es el destino que genera las divisas, tenemos que operar todos los días, de forma regular”, explicó en el programa No Mentirás.

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Vuelos

Además, señaló que se cambiará el itinerario de los vuelos hacia el país estadounidense, pues en la actualidad, todos los vuelos diarios son en la mañana, lo que, en su criterio, representa una pérdida para la empresa estatal.

Explicó que la mayoría de pasajeros llega a Miami, la parada de BoA en Estados Unidos, para poder conectarse a otros destinos. Sin embargo, en la mañana se pierde esa posibilidad, por lo que los vuelos nocturnos apuntan a que las aeronaves utilicen el 100% de su capacidad.

El gerente hizo hincapié en la importancia de “llenar los aviones”, pues actualmente BoA solo opera con 14 y algunos vuelan con 80 pasajeros de una capacidad de 130.

Para ello, anunció que se “cambiará el itinerario” en algunos destinos. Por ejemplo, señaló que no es rentable para la estatal un vuelo directo a La Habana, en Cuba, por lo que analiza cambiar el destino hacia Panamá, “donde hay una demanda grande”, y de ahí continuar a Cuba.

Descartó eliminar esta ruta, pues considera que hay importantes oportunidades para BoA por parte de aquellos que están interesados en conectar con otras islas del Caribe.

Asimismo, Borda dijo que pidió la revisión de convenios bilaterales, debido a que algunas aerolíneas, como Copa Airlines, tienen las rutas totalmente abiertas al país, con hasta dos vuelos por día. Sin embargo, BoA no cuenta con el mismo trato.

“He pedido a la Cancillería revisar los convenios bilaterales para ver que le toca a BoA, porque Bolivia no ha sido compensado de ninguna forma”, indicó.

De esta manera, considera que BoA necesita incrementar la cantidad de vuelos hacia nuevos destinos para generar mayores ingresos.