Tras el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que da vía libre para continuar con el proceso de preselección, el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, del ala arcista del MAS, señaló que existe toda la predisposición para dar continuidad a las judiciales.

“Nosotros desde el principio habíamos indicado que tienen que proseguir las elecciones judiciales. Sin embargo, creo que ya hay un resultado del TCP, ya la comisión mixta debe analizar y proceder de acuerdo a procedimiento. Eso dejamos (en manos) de las comisiones mixtas para que puedan trabajar en este caso. No podemos quedar indiferentes. Este trabajo tiene que continuar”, remarcó Huaytari.

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Desde mediados de abril, la preselección en las comisiones mixtas fue paralizada, debido a más de 30 amparos constitucionales y una acción popular presentadas en Salas Constitucionales del país. El proceso se estancó en la fase de exámenes orales, con más 400 candidatos perjudicados.

La semana pasada, la Sala Segunda del TCP revocó el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando, que anuló el proceso hacia las judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

A través de un comunicado, la Presidencia de la Asamblea instó a las comisiones mixtas a seguir con el proceso hacia los comicios.

La canciller Celinda Sosa exigió este lunes el «cese inmediato al fuego» y expresó su profunda indignación por el ataque de un campamento de desplazados en Rafah, en el sur del territorio palestino, que dejó decenas de fallecidos y varios heridos.

“Esta acción es una grave violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Humanitario. Desde Bolivia exigimos a Israel el cese inmediato al fuego y al genocidio que está cometiendo en territorio palestino”, escribió Sosa en sus redes sociales.

La autoridad hizo un llamado a garantizar “una solución amplia, justa y duradera a este conflicto, que permita al pueblo palestino ejercer su derecho a la libre determinación”.

Además, ratificó su solidaridad y apoyo inquebrantable a la causa palestina.

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Israel se enfrenta a una ola de condenas internacionales por un bombardeo que, según las autoridades de Gaza, mató a 45 personas en un campo de desplazados en Rafah, según AFP.

El bombardeo se llevó a cabo en la noche del domingo en el marco de la ofensiva emprendida por Israel contra Hamás hace más de siete meses, a raíz del mortífero ataque de comandos islamistas de Hamás en territorio israelí el 7 de octubre.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza informó de que “la masacre” en Rafah había dejado “45 muertos” y “249 heridos”.

Según el ejército israelí, el bombardeo tenía como objetivo a milicianos de Hamás y los aviones lograron golpear “una instalación” del grupo islamista, matando a dos altos cargos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió a Israel llevar a cabo una investigación “exhaustiva y transparente” sobre el bombardeo y Estados Unidos urgió al país a “tomar todas las precauciones para proteger a los civiles”.

Los senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala evista Lucy Escobar y William Torrez presentaron una nueva acción de cumplimento contra el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, pero esta vez, en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba para que convoque a sesión del legislativo y se pueda tratar los proyectos de ley 073 y 075, referidos a la prórroga de mandato de los actuales magistrados del Tribunal Constitucional y del Órgano Judicial.

Además, los legisladores acompañados de dirigentes de organizaciones sociales de esa facción determinaron instalar un piquete de huelga en puertas de la Sala Constitucional en demanda de la admisión de acción constitucional. 

“Hemos presentado una nueva acción de cumplimiento contra del presidente nato de la Asamblea Legislativa (David Choquehuanca), quien incumplió el mandato del artículo 163, numeral 7 de la Constitución Política del Estado” dijo Torrez.

El senador explicó que la disposición establece que cuando la sala revisora (Cámara de Diputados) después de haber recibido el proyecto de ley deja transcurrir 30 días y dentro ella no ha tratado el proyecto de ley en forma automática pierde competencia. “Es el presidente nato de la Asamblea que tiene la obligación de convocar de forma inmediata al pleno para que ahí se defina el curso de ambos proyectos de ley”.

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El legislador también reprochó la “instrucción de manipular el sistema informático” que derivó la asignación de la acción de cumplimiento presentada en la Sala Constitucional Primera de La Paz, del “cuestionado vocal Israel Campero” y otro vocal, motivo por el cual retiraron el recurso presentado.

“Estamos en este Tribunal Departamental (de Cochabamba), convencidos de que acá los jueces y vocales son más éticos, y esperamos no llevarnos otro chasco, porque de hacerlo sería una nueva burla a todo el pueblo de Bolivia (…). Ellos tienen 24 horas para dictar el auto de admisión en la que ya tiene que ir señalado la hora y la fecha de la Audiencia del verificativo de la Acción de Cumplimiento y esta Audiencia tiene que estar dentro las siguientes 48 horas”.

En tanto, la senadora Escobar señaló que se entró a este primer piquete de huelga para que la Sala Constitucional “falle correctamente y de manera imparcial”.

“No estamos pidiendo que nos favorezcan, sino solamente que den cumplimiento al artículo 163, numeral 7 de la Constitución. Necesitamos que esto sea de la manera más rápida, estamos con nuestras organizaciones sociales, no nos vamos a mover hasta que salga la admisión y luego se pueda fijar la audiencia correspondiente”, declaró.

En el marco de la investigación por presunta estafa, la Policía Boliviana aprehendió la tarde de este lunes al empresario constructor Harold Lora, gerente de Las Loritas Edificios.

“Pesa una denuncia en contra de Harold Lora por el delito de estafa con múltiples víctimas. Desde la semana pasada la Policía Bolivia se encontraba realizando el trabajo de seguimiento e investigación respecto a la ubicación. En ese sentido la Policía ha dado cumplimiento a esa orden de aprehensión y ahora está siendo trasladado a la zona sur para que pueda responder a la Justicia por los delitos que se lo acusa”, dijo Roberto Ríos, viceministro de Seguridad Ciudadana.

De acuerdo con la autoridad, Lora presenta acusación por los delitos de estafa múltiple, estelionato, trata y tráfico de personas, violencia familiar, pero, además se lo relaciona con autoridades ediles, “en este caso el alcalde municipal de La Paz (Iván Arias), el secretario de Culturas y otros concejales que habrían facilitado que Lora pueda construir edificios e incluso sobrepasando la normativa municipal”.

Ríos pidió a los fiscales una investigación transparente a fin que se responda a las víctimas. “Llama la atención que más de 30 casos han sido cerrados o rechazados por el Ministerio Público, por lo cual en el marco de la transparencia sugerimos que en esa instancia se pueda conformar una comisión de fiscales a fin que se pueda responder a todas aquellas víctimas que han sido afectadas”.

En enero de este año, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, informó que existen 100 denuncias en contra del empresario de La Paz por la entrega de dinero para la adquisición de un departamento.

“Aproximadamente son 100 (denuncias) vamos a atender a todos en el marco de la normativa”, dijo entonces Silva.

Lora también es investigado por el delito de uso indebido de influencias, por lo que la Fiscalía Departamental de La Paz emitió la imputación formal el 2 de mayo. Por este delito también se le investiga al concejal de La Paz Pierre Chaín.

Ambos son acusados por la emisión de la Ordenanza Municipal 046/2022. Esta norma “presuntamente”, pretendía favorecer al empresario al permitirle la construcción del edificio Las Loritas 10, ubicado en Calacoto, en la zona Sur de la ciudad.

“Dentro de la investigación preliminar, se colectó más de 35 elementos de convicción. Entre ellos, los documentos de compra y venta del terreno del Club de Unión Árabe a favor del empresario Harold Lora. Se presume que esta venta habría sido irregular y por el que existe otro proceso abierto”, informó el fiscal anticorrupción Franklin Alborta.

El proceso de preselección para las judiciales continúa incierto en la Asamblea Legislativa pese al fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que dio vía libre de continuar con las elecciones.

El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Juan José Jáuregui, informó este viernes que tras el fallo del TCP aún no se conoce la fecha de convocatoria por parte de las comisiones mixtas para retomar el proceso de preselección.

“Es de conocimiento que ambos presidentes de las comisiones mixtas de Justicia Plural y Constitución (Roberto Padilla y Miguel Rejas) obedecen al radicalismo y penosamente, según datos de sus colegas senadores, recién se va a convocar a sesión a la comisión mixta la siguiente semana”, dijo el legislador.

La Sala Segunda del TCP revocó el jueves el fallo de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando que anuló el proceso hacia las elecciones judiciales, empero, exhortó a garantizar los derechos de las mujeres e indígenas en la preselección de candidatos.

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Jáuregui cuestionó que ambos legisladores esperen que pase “el Gran Poder, las efemérides departamentales de Chuquisaca y seguramente cumplir los festejos por el Día de la Madre” para convocar a las respectivas comisiones de la Asamblea.

El legislador señaló que existen varios elementos que se deben analizar, lo cual amerita de una urgente reinstalación de las sesiones de las comisiones mixtas.

En tanto, el presidente de la Comisión Mixta de Justicia, Roberto Padilla, afirmó que ya perdieron toda competencia, de acuerdo a la Ley 1549, de Elecciones Judiciales.

“Siempre hemos dicho que queremos continuar la etapa de preselección, pero ahorita nosotros ya no tenemos competencia. Hasta 5, 6 de mayo teníamos que remitir al Tribunal Electoral (la lista de candidatos preseleccionados), ¿ahora en qué fecha estamos? 24 (de mayo); ya no tenemos competencia”, señaló Padilla a radio Global Sucre.

Desde la oposición, el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, señaló que la resolución del TCP tiene un fin político y la decisión les es “indiferente” porque no reconocen a los magistrados del Constitucional, debido a que están “usurpando funciones”.

Sin embargo, señaló que está claro que se debe hacer un ajuste de los plazos y esa será la tarea de las comisiones mixtas con un informe previo de cuál es el tiempo “exacto” que garantice la conclusión de la etapa.

Además, indicó que se está consiente que el país necesidad de nuevas autoridades judiciales y si en el escenario del debate y las consideraciones se tiene que dejar de lado las elecciones primarias, “por supuesto se dejará de lado en la Asamblea y se priorizará las judiciales”.