La dirigencia de la Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia y la directiva de la Gestora Pública acordaron socializar el trabajo que realiza la nueva entidad y el manejo que hará de los aportes de los trabajadores para su jubilación a partir de mayo de 2023.
El ejecutivo de los maestros rurales del país, Andrés Huayta, explicó que la próxima semana empezará la socialización del trabajo de la Gestora en los nueve departamentos y se prevé explicar a los más de 70.000 maestros que existen en el país.
“Hemos llegado a un acuerdo con la administración para que podamos bajar a los nueve departamentos, ya hemos presentado la propuesta, la vamos a hacer la semana siguiente”, indicó el dirigente del magisterio rural.
“En un día estar en los nueve departamentos (es difícil) en el mejor de los casos tal vez en dos días podamos bajar y socializar con nuestros compañeros”, añadió.
También puede leer: Gestora busca evitar protestas; llama al diálogo
La dirigencia de los maestros rurales del país se reunió el lunes con la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo donde también se les explicó el trabajo que realiza desde el pasado mes con el registro de nuevos aportantes.
Además, que desde mayo de 2023 tendrá un control al 100% de los aportes de los trabajadores para su jubilación siendo que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) Futuro de Bolivia y BBVA Previsión dejarán de operar.
También sobre las inversiones que se harán con los recursos que serán administrados por la Gestora, con la finalidad de mejorar la rentabilidad de los aportes de los trabajadores que al momento llegan a los $us 23.000 millones.
“Ellos han indicado que las ganancias y las utilidades van a servir para incrementar la renta de los jubilados”, dijo.
No obstante, existen observaciones al funcionamiento de la Gestora por parte de los maestros urbanos. En La Paz, este sector determinó realizar hoy una marcha y bloqueo de las ‘mil esquinas’ en la sede de gobierno en demanda de la abrogación de los Decretos Supremos 4716 y 4783.
“Nuestro objetivo es claro, la abrogación del Decreto Supremo 4783 y 4716, porque el espíritu, la esencia de esos decretos es utilizar nuestras utilidades que tenemos en el fondo de jubilación para que el Estado cubra sus obligaciones”, indicó el dirigente del magisterio paceño, José Luis Álvarez.
La primera norma establece que “las utilidades que genere la Gestora por las actividades de administración, serán destinadas conforme a reglamentación emitida por el Directorio, debiendo considerar previamente las reinversiones necesarias e inversiones tanto en infraestructura, en la operativa administrativa, en sistemas u otra necesaria para su desenvolvimiento, cumplir las obligaciones con el Tesoro General de la Nación – TGN y constituir la Reserva Legal; asimismo, podrán ser transferidas al Fondo Solidario y/o al Fondo de la Renta Universal de Vejez”.
Mientras que el segundo Decreto señala, en su artículo 2, que “se dispone que las Empresas Públicas del nivel central del Estado y las empresas en las cuales el Estado tenga mayoría accionaria, transfieran al TGN parte de sus utilidades netas o dividendos de cada gestión, para financiar proyectos de inversión y/o programas de interés social; exceptuando a las Empresas que, en el marco de las disposiciones legales vigentes, realizan transferencias de recursos al FRUV”.