El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este domingo que en los operativos realizados entre el 10 y 18 de abril se afectó al narcotráfico en $us 3,1 millones.

Señaló que, en ese tiempo, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizaron nueve operativos “exitosos” que permitieron el secuestro de 264 kilos de clorhidrato de cocaína y 787,2 kilos de pasta base de cocaína.

“En una semana se ha secuestrado 1,05 toneladas de cocaína, 726 celulares, cuatro refrigeradores y 32 armas de fuego”, dijo Mamani.

Explicó que se realizó la destrucción e incineración de 43 fábricas de pasta base de cocaína, un laboratorio de cristalización y se aprehendió a 14 personas vinculadas a actividades ilícitas con el narcotráfico.

“Este trabajo ha sido en diferentes en lugares del país, y las 43 fábricas han sido en su mayoría distribuidas en la provincia Chapare del municipio de Villa Tunari, de Cochabamba”.

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Además, mencionó que desde el 1 de enero al 20 de abril se ejecutaron 3.236 operativos que permitieron secuestrar 20,02 toneladas de droga.

Indicó que en cuatro meses se superó la cantidad de droga decomisada respecto a gestiones anteriores, e incluso los resultados de un año de gestión. “Este dato demuestra que la lucha contra el narcotráfico para nuestro gobierno es prioridad de Estado”.

También dijo que se intensificaron los patrullajes antinarcóticos, esto con el fin de identificar plantíos de marihuana. “Como resultado se tiene el secuestro y la incineración de 119,17 toneladas”

En lo que va del daño, añadió que se secuestró 114,91 toneladas de hoja de coca, se destruyeron 24 laboratorios de cristalización, 500 fábricas de droga y se aprehendió a 1.048 personas dedicadas a la elaboración y movimiento de las sustancias contraladas.

El Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce, pidió este domingo reflexionar al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ante su inasistencia a la invitación para limar asperezas y buscar salvar la personería jurídica del partido. Además, ratificó el congreso nacional del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

El jueves, la dirigencia de campesinos, interculturales y Bartolinas invitó para este domingo a Morales, para buscar la unidad del partido y asumir una solo postura para el cónclave, tras el rechazo para una supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Lucio Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), indicó que se convocó a Morales desde el año pasado para dialogar e intentar la unidad, por lo que le pidió “recapacitar” para no perder la personaría.

Señaló que el Pacto de Unidad, “sí o sí” tendrá que subsanar las observaciones del TSE y ratificó la realización del congreso, toda vez que “ya está programado” en El Alto. “Ahí vamos a decidir, no hay otra, por algo también está este directorio”.

“Hoy hemos convocado a Evo Morales, presidente del instrumento del MAS-IPSP. Ya le hemos invitado cinco veces, tengo la documentación. Las invitaciones vienen desde el año pasado. Ahí está su silla vacía. Creo que este instrumento nos ha costado, a veces sigue hablando el hermano (Evo) que somos ilegales, ilegítimos, pero quiero demostrar que soy el ejecutivo legalmente de la CSUSTCB, Guillermina Kuno (de las bartolinas) y (Esteban) Alavi (de los interculturales)”.

Agregó también que se cuenta con el reconocimiento de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Viceministerio de Autonomías.

Kuno, ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, dijo que desde su organización se invitó a Morales para una reunión, pero “nunca ha venido”. Señaló que el MAS es de las organizaciones sociales y no de “unos cuantos”

“Nosotros buscamos la unidad y el partido ha nacido de tres organizaciones, no es posible que pretendamos adueñarnos. Nadie es dueño, las organizaciones son dueñas, el cargo es pasajero, y siempre vamos a respetar a nuestros fundadores del instrumento político y su directorio que está aquí”.

También solicitó a Morales que reflexiona, también a sus principales colaboradores que lo rodean, y remarcó que “hay intereses personales” en ese bloque. “No buscaremos intereses personales, porque la abuela Bartolina Sisa ha buscado la unidad”.

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Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), pidió el jefe del MAS reflexionar y buscar la unidad de partido.

“Con todo respeto se ha invitado para que pueda asistir, para dialogar como dijo el Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, no vamos a dar un paso atrás. Ayer hemos tenido un ampliado nacional y hemos elegido a nuestro representante para el congreso nacional del 3, 4, y 5 de mayo. No se puede postergar y dar un paso adelante para que se dé el congreso nacional”.

El Pacto de Unidad realiza este domingo una reunión de emergencia, ya que este lunes vence el plazo del TSE para que el MAS convoque a su congreso, bajo la advertencia de una amonestación. Las organizaciones políticas tienen hasta el 5 de mayo para renovar sus directivas, si no pueden perder su personería jurídica.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Defensoría del Pueblo, registra 129 casos de tortura y tratos crueles ante el Ministerio Público en los últimos cinco años, empero, no hay ninguna sentencia condenatoria.

En entrevista con LA RAZÓN, el coordinador de esta instancia, Juan Ledezma, dice que del total, el 64%, o sea 82 casos, implica a efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía envió un reporte de los dos últimos años al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el 12 de marzo, sobre los procesos por el delito de vejaciones y torturas, del artículo 295 del Código Penal Indica que en 2022 hubo 12 denuncias en La Paz (4) Tarija (4), Chuquisaca (1), Cochabamba (1), Oruro (1) y Potosí (1), de las cuales solamente tres pasaron a las etapas preliminar y preparatoria, todas en La Paz; las restantes nueve llevan el rótulo de “cerradas”.

Mientras que el año pasado se registraron 19 casos en Chuquisaca (6), La Paz (4), Tarija (4), Cochabamba (3), Oruro (1) y Santa Cruz (1), de los cuales solo cuatro están en las etapas preliminar y preparatoria en La Paz (1), Chuquisaca (1), Cochabamba (1) y Tarija (1); el resto resultó “cerrado”.

SANCIONES. A la par, el informe de la gestión 2022 de la Defensoría, para la Asamblea Legislativa, señala que entre 2019 y 2022 se presentaron 1.463 denuncias de tortura y tratos crueles ante instancias disciplinarias de la Policía, con 19 sanciones ejecutoriadas.

“En la vía judicial no existe ninguna sentencia ejecutoriada por el delito de vejámenes y tortura. Se puede afirmar que en Bolivia existe un problema de impunidad”, advierte el documento.

Y la situación no cambió. De acuerdo con el oficio del Ministerio Público para Callisaya, entregado a LA RAZÓN, “en los casos registrados por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas… en las gestiones 2022 y 2023 no se cuenta aún con sentencia condenatoria”.

Al respecto, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI) informa que desde 1952 hasta 2022 se atendieron 1.591 casos de personas torturadas en el territorio nacional. De esa cantidad, el 55% corresponde a hombres y el 45%, a mujeres.

El coordinador Ledezma explica que de las 129 denuncias de tortura y tratos crueles ante la Fiscalía en los últimos cinco años, el 50%, o sea 64, apuntan a efectivos policiales al momento de detenciones y en celdas policiales.

Mientras que el 20%, es decir 26 casos, involucra a las prisiones del país. “Ahí ya vemos otro tipo de métodos de tortura, el más común es la tortura física, producto también de extorsiones de grupos de poder”. Y por último, Ledezma asevera que el 14% de las denuncias (18) se dieron en centros de formación militar como cuarteles, y el resto se refiere a una variedad de casos, entre ellos acciones asumidas por guardias municipales.

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Emma Bravo, directora del ITEI, coincide con el MNP. Sostiene que “los que más torturan y maltratan” son miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Añade que este delito se presenta al momento de la aprehensión como factor de “investigación y confesión”, durante el traslado del detenido a un recinto penitenciario como factor de “amedrentamiento”, y en los centros carcelarios, como factor “punitivo”.

MUNDIAL. Ledezma indica que la tortura es una práctica mundial, puesto que se la tiene presente en países de Europa, Asia, Latinoamérica, África… Asimismo, subraya que los métodos para aplicarla han ido mutando y las convenciones internacionales hablan de tortura física y psicológica, e incluso de métodos que no producen dolor físico directo.

Respecto a esta problemática, el funcionario de la Defensoría del Pueblo señala que en Bolivia se identificaron algunos escenarios preocupantes, como el “retraso total” en la normativa, esto en razón de que “no se cumplen las obligaciones internacionales contra la tortura, como el tipo penal”.

Dice que el segundo factor tiene que ver con el desconocimiento, lo cual está enlazado con el “problema de impunidad en esta temática”, pese a que se concretan denuncias. “Hay un desconocimiento sobre el tema de qué es tortura y qué son los malos tratos, tanto de las fuerzas del orden, me refiero concretamente a la Policía y las Fuerzas Armadas, y también de la población en general”.

Afirma que por ello, cuando se reciben denuncias hay un porcentaje que no corresponden a torturas. “La gente se confunde y piensa que si un vecino le ha hecho una serie de lesiones, es tortura, pero en la tortura debe necesariamente estar involucrado un agente estatal.

No significa que la tortura sea realizada solo por policías o militares, puede ser realizada por particulares, pero siempre y cuando existe algún tipo de intervención estatal”.

ITEI indica que denuncias son ‘invisibilizadas’ en la Justicia

Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), señala que cuando existe una denuncia por tortura, trata de ser ignorada, “no se la toma en cuenta o se la invisibiliza”.

La activista recuerda el caso de una joven que, el año pasado, estuvo detenida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). “Una noche la sacaron y la llevaron al dormitorio de los policías. Y ahí la pegaron, la patearon, le aplicaron corriente eléctrica y le decían ‘confiesa tu crimen’, porque estaba acusada de haber participado en un crimen. Y ella decía ‘mátenme primero porque yo no voy a confesar algo que no he hecho’”.

Agrega que cuando ella contó lo sucedido al ITEI y después “estuvo delante del juez, le dijo ‘quiero mostrarle las marcas que me han dejado de la tortura’. El juez la miró y le dijo ‘no pasa nada’. Eso es una constante, los jueces no hacen nada”. Indica que en esos casos, lo que el juez tiene que pedir es que se muestren los efectos de la tortura. “Se anota, se sacan fotos y se documenta este caso de tortura, (pero) no invisibilizarlo”.

Señala también que, en noviembre de 2019, en la crisis social y política de entonces, se tenía documentación de torturas, con registros de fotos de marcas de los detenidos. “Pudimos entrar en las celdas y hablar con ellos, y uno de los jóvenes dijo ‘me voy a bajar el pantalón para que vean lo que me han hecho’. Se bajó el pantalón y tenía las piernas completamente moradas. Los detenidos se organizaron y empezaron a mostrar lo que les habían hecho y fuimos sacando fotos con un celular”.

Bravo añade que cuando se los volvió a ver en las celdas de las prisiones de San Pedro y Obrajes, “se comenzó a documentar, esto en razón a que se trabaja bajo el protocolo de Estambul”. “En una de las sesiones con el juez, estaban también los de Naciones Unidas, yo denuncié la tortura y le dije al juez: el ITEI puede presentar casos que ha documentado con fotos, (pero) nunca nos pidieron”.

Menciona que “hay un silencio de policías, jueces, fiscales y abogados sobre la tortura y eso contribuye a la impunidad. También contribuye a que las víctimas no se atrevan a denunciar y sean muy pocas las que denuncien”.

TORTURA Y TRATOS CRUELES

• Tortura. Es todo acto por el cual se inflige intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión por un acto que se haya cometido, o se sospeche que se ha cometido, o para intimidar a esa persona cuando dichos dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario público.
• Tratos crueles. Comprenden otros actos que constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.

El presidente Luis Arce pidió ayer a las organizaciones sociales preservar la unidad ante “intereses externos e internos que buscan dividirlos y formar paralelas”. Reiteró que nadie “puede creerse” dueño del instrumento político y el único dueño es el pueblo boliviano.

“Esa unidad hay que preservarla porque hay muchos intereses para dividir a nuestras organizaciones sociales. Hay intereses externos e internos que quieren dividirlos y formar paralelas. Ese no es el camino”, advirtió el mandatario en el Ampliado Extraordinario Departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), en Potosí.

El jefe de Estado reiteró que la derecha quiere posicionar “la pelea” y la “división”, por lo que pidió demostrar que el MAS es un partido que tiene que defender los intereses del pueblo.

La crisis interna del MAS generó el resquebrajamiento de su estructura interna en las organizaciones sociales, donde afines al expresidente Evo Morales se atribuyen en control de las confederaciones de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Interculturales y Bartolina Sisa, organizaciones matrices y fundadoras del instrumento político.

También organizaciones sociales afines al mandatario se atribuyen el control de estas instituciones, pero éstas últimas tienen el reconocimiento de la Central Obrera Boliviana (COB). 

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“No nos vamos a cansar, este instrumento político ha sido parido por las organizaciones sociales y no existe ningún dueño. Si alguien puede subrogarse la propiedad, son las organizaciones fundadoras del instrumento político que son nuestras organizaciones matrices (CSUTCB, Bartolinas e interculturales)”, indicó.

Arce resaltó que el pueblo boliviano recuperó la democracia “de la derecha” en las elecciones presidenciales de octubre de 2020, con más del 55%. Consideró a las organizaciones sociales como “un pilar fundamental” de este logro.

“Hay un requisito para seguir en esa unidad y continuar con el triunfo electoral y ese requisito es la unidad en las organizaciones sociales”.

Desde el Ampliado Ordinario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, en Beni, el Presidente también dijo que dada la coyuntura política que se está atravesando “las organizaciones sociales y especialmente los de la familia intercultural tienen una gran responsabilidad de recuperar el instrumento político para las organizaciones sociales”.

Reiteró que “nadie puede creerse dueño del instrumento político” y aconsejó que se vaya discutiendo en los ampliados que “nadie puede adueñarse de algo que es ajeno”.

“Es muy importante esa condición porque en función de ese elemento vamos a seguir avanzando, hoy hemos logrado en ese objetivo y tras varios pasos importantes, a la cabeza del Pacto de Unidad, hoy tenemos un Tribunal Supremo Electoral que ha reconocido cuales son las organizaciones fundadoras, dueñas del instrumento político del MAS-IPSP”.

El vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Francisco Vargas, informó este sábado que hay 16 solicitudes de nuevos partidos políticos de alcance nacional.

“Hay algunos que ya tienen un trámite anterior, (como) Bolivia Somos Todos, Pueblo Somos Todos, Partido del Pueblo Boliviano, Partido S-1. Hay nuevas solicitudes (como) Nueva Generación Patriótica, Poder Ciudadano Total, otro que se denominan Equidad, MOP, Frente Amplio Soberano para Bolivia, Partido del Pueblo Boliviano, Partido del Pueblo para el Pueblo, Comunidad Política, Trabajadores al Poder, La Patria Primero y Patriotas Unidos”, dijo Vargas, en el programa “Qué semana” de El Deber Radio.

Según los requisitos, el vocal del TSE señaló que el primer paso es expresar su voluntad para la conformación del partido, hacer una solicitud formal junto a un acta de constitución, y un proyecto estatutario.

Además, tienen que presentar en el documento de solicitud a los miembros del directorio y los promotores. “Una vez cumplida esta primera etapa, el Tribunal Supremo Electoral les autoriza la recolección de aproximadamente el 2% de firmas del padrón electoral de militantes. Entonces ellos tienen que recurrir a inscribir los militantes por primera vez. Y una vez cumplida esta formalidad, se hace una verificación de que sean ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral. Cumplidos estos requisitos, se otorga la personería jurídica”.

Agregó que, si se cumple con los requisitos y se obtiene la personería jurídica, las organizaciones políticas pueden postular a las candidaturas para el siguiente proceso electoral.

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Vargas dijo también que, a nivel nacional, 11 partidos políticos tienen personería jurídica vigente. De ellos, entre tres y cuatro no tienen problemas en cuatro aspectos que el Órgano Lectoral definió que deben sanear.

“Prevemos y esperamos que para el próximo proceso electoral tengamos organizaciones políticas con cuatro temas saneados”.

Dijo que estos aspectos tienen que ver con la adecuación de sus estatutos, su dirigencia vigente, la actualización de su militancia y lo referido a la rendición de cuentas públicas, tal como establece la Ley de Régimen Electoral.

“El MAS, Creemos, Comunidad Ciudadana… entiendo que no tienen hasta el momento ninguna amonestación o llamada de atención por parte del Tribunal Supremo Electoral, en lo referido a la presentación del estado financiero. Pero sí hay otras organizaciones que tienen una o dos amonestaciones”.

Añadió que es el caso del Partido Demócrata Cristiana (PDC) y Acción Democrática Nacionalista (ADN), que ya tiene dos amonestaciones, y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) con una amonestación. “Podríamos decir que son partidos que ya tienen dos llamadas de atención y con una tercera son pasibles a perder su personería jurídica”.