Economía

Friday 19 Apr 2024 | Actualizado a 22:36 PM

Nuevo decreto regirá la transferencia de recursos de las empresas estatales al TGN

Es uno de los acuerdos entre el Gobierno y los mineros de Huanuni. Los recursos se destinarán al pago de los bonos sociales.

La actividad minera es uno de los sectores que aportan recursos al TGN.

Por Yuri Flores

/ 14 de octubre de 2022 / 14:39

El Gobierno y los trabajadores mineros de Huanuni (Oruro) y Colquiri (La Paz) trabajarán en la redacción de un nuevo decreto para establecer la transferencia de una parte de las utilidades de todas las empresas estatales para el pago de los bonos sociales Juancito Pinto, Juana Azurduy y Renta Dignidad.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró que el acuerdo alcanzado la madrugada del jueves con los mineros de Huanuni establece abrogar varios artículos del Decreto 4783 referidos a la transferencia de parte de sus utilidades al pago de los bonos.

El acuerdo establece que se redactará una nueva norma de manera conjunta para que no haya observaciones posteriormente.

“Tenemos que hacer una coordinación, dependiendo del tipo de empresas y una vez que se derogue (el anterior decreto) nosotros ya vamos a empezar a trabajar en este nuevo decreto”, dijo la autoridad a La Razón Radio.

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Eso permitirá juntar “todos estos aspectos y establecerlos en el decreto mismo y no en otra instancia reglamentaria que eso también era lo que observaban nuestros compañeros”, añadió.

Explicó que el Decreto 4783 establecía la transferencia de parte de las utilidades de las empresas públicas al Tesoro General de la Nación (TGN) y daba a conocer la participación de cada una de ellas para el pago de los bonos en montos, porcentajes y dependiendo de sus ganancias.

La norma era más general, para todas las estatales, y no como a la fecha se lo hace, que es empresa por empresa para cada uno de los bonos.
“Esta norma, la que han pedido su derogación, ordenaba y permitía que las empresas conozcan anticipadamente cuál debería ser y cómo debería ser su participación en los diferentes bonos”, explicó Espinoza.

“Antes lo hacíamos de manera separada, esto es general, permite ordenar una forma de transferencia”, añadió.

A finales de septiembre, los mineros de Colquiri protagonizaron un bloque de camiones en La Paz en rechazo al Decreto 4783 y al funcionamiento de la Gestora. Ante esas demandas, el Gobierno se reunió con este sector y la pasada semana se llegó a un acuerdo, en el que se determinó la derogación de los artículos observados de la norma.

No obstante, esta semana, los mineros de Huanuni, con el mismo argumento, colapsaron el centro de la ciudad de La Paz, es así que la madrugada del jueves, tras varias horas de diálogo con el Gobierno, se llegó a un acuerdo que también establecía la derogación de los artículos observados del decreto 4783.

“Ellos decían, pensaban que, en una primera instancia, iba la totalidad de las utilidades (al pago de los bonos), que iba a hacer una transferencia automática, se iba a debitar automáticamente de sus cuentas, de ninguna manera es así, esa era una información errada, equivocada que se les ha aclarado”, indicó.

Dijo que una vez que salga el decreto de derogación de los artículos observados, en un plazo de 15, se elaborará de manera concertada otra normativa para que se haga la transferencia de una parte de sus utilidades para el pago de los bonos.

También aclaró que no se podía abrogar el Decreto 4783 porque había otros artículos que determinan que las multas que aplique la Autoridad del Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) serán destinadas al pago de los bonos sociales.

“No se podía abrogar porque ahí había artículos sobre las transferencias que se hace al Tesoro para el pago de estos bonos y, además, a lo que hace a las multas de la Asfi que van a ir también a ser utilizadas en el pago de los bonos”.

Por tanto, se trabajará de manera conjunta con los trabajadores la redacción de la nueva norma para que no haya malas interpretaciones, como ha ocurrido y no se afecte a sus utilidades para la reinversión.

“Ellos quieren que en el decreto supremo se establezcan todos esos aspectos para que no haya interpretaciones diferentes. Para que ellos no sientan que en algún momento puedan vulnerarse las tareas que desarrollar para el crecimiento de las empresas públicas de las que ellos forman parte”, apuntó.

El Gobierno emitió el miércoles el decreto 4807 que establece el pago del bono Juancito Pinto, norma que destina más de Bs 473 millones, con recursos aportados por 25 empresas públicas, entre ellas las mineras Huanuni y Colquiri con Bs 10 millones y Bs 5 millones respectivamente.
La principal empresa estatal que aporta para este beneficio social para los estudiantes de primaria y secundaria de las unidades públicas y de convenio del país es Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) con Bs 220 millones.

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Comisión del Senado avala 19 contratos mineros y los remite para su tratamiento en el pleno

La norma había sido devuelta a Diputados argumentando que venció el plazo para su debate; sin embargo, la Cámara Baja aclaró que recién inició su tratamiento en enero.

La Comisión de Economía Plural del Senado en plena sesión. Foto: Economía Plural

/ 19 de abril de 2024 / 20:44

La Comisión de Economía Plural del Senado avaló este viernes el informe del proyecto de Ley 036/2023-2024 que aprueba 19 contratos administrativos mineros entre la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) La Paz y cooperativas auríferas, y los remitió para su tratamiento en el pleno de esa Cámara.

Una vez sancionada por los senadores, la norma será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

El 9 de abril, la Cámara de Senadores había devuelto a Diputados el proyecto; argumentando que venció el plazo de 90 días para su tratamiento fijado por la ley minera.

Sin embargo, la Cámara de Diputados precisó, mediante una nota, que el plazo de 90 días se computa desde el tratamiento en la comisión, que comenzó el 25 de enero de este año.

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Contratos mineros

El 4 de abril, Diputados aprobó el proyecto de ley que establece la otorgación de 358 cuadrillas a 19 cooperativas; para que operen en las provincias Loayza, Larecaja e Inquisivi del departamento de La Paz.

La sesión de este viernes de la comisión fue presidida por el senador Miguel Pérez, del Movimiento Al Socialismo (MAS); y participó además la senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Cecilia Requena, de la Comisión de Tierra y Territorio.

Previo a la ejecución de cualquier actividad minera las cooperativas mineras deberán obtener la respectiva licencia ambiental. La senadora Requena (CC) dijo a La Razón que tras estos 19 contratos, hay otros 3.000 que ingresarán al Legislativo para su tratamiento.

Por mandato de la Constitución Política, la Ley 535 y la Ley 1333, los actores productivos mineros son responsables del cumplimiento de las normas ambientales; cuando realicen actividades mineras a su propio nombre, por lo cual están obligados a prevenir, controlar; reducir y mitigar los impactos ambientales negativos, y remediar y rehabilitar las áreas explotadas.

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Jubilados advierten que no permitirán la paralización del proyecto de Ley 035

Se declaran en emergencia y amenazan con movilizarse en La Paz la próxima semana. Piden a los médicos que no perjudiquen a la población.

Los jubilados advierten con movilizarse en La Paz. Foto: Archivo

/ 19 de abril de 2024 / 20:26

Contrariamente al pedido de los médicos de frenar el tratamiento del proyecto de Ley 035 que modifica los límites de la Pensión Solidaria, la Confederación Nacional de Jubilados advirtió este viernes con movilizarse para evitar la paralización de la norma.

El secretario general de la Confederación Nacional de Jubilados del Sistema Integral de Pensiones, Rodolfo Ayala, dijo que su sector se declaró en emergencia y no descartó movilizarse la próxima semana en La Paz.

El dirigente culpó a los diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) Jerges Mercado e Israel Huaytari por no acelerar el tratamiento del proyecto que está en esa Cámara desde 2023.

“No vamos a permitir que la ley se quede ahí. Vamos a tener un ampliado y creo que nos vamos a venir a la ciudad de La Paz y si hay enfrentamiento (con los médicos), el primer culpable va a ser (el diputado) Jerges Mercado porque estaba en sus manos. Después nosotros hemos hablado con Huaytari y se quedó en que esto ya debería haber salido”, dijo a los medios de comunicación.

Ayala indicó que su gremio espera hace mucho la aprobación de esta norma, pues los beneficiará con el incremento de los límites solidarios y remarcó que tras casi un año, no permitirán más retrasos.

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Proyecto de ley

Asimismo, aseguró que la ley fue socializada en más de 26 ocasiones con varios sectores sociales; sin embargo, los médicos nunca participaron. Les pidieron no perjudicar a la población con más paros y movilizaciones.

“Si de esta legislatura se suspende, ya sería para el año y nosotros no estamos para esperar solo porque los señores (médicos) dicen que no se ha socializado. Mentira, nosotros hemos socializado 26 veces en el país; no les ha dado la gana ni de venir, se les ha invitado al conversatorio y no vinieron, por lo tanto creo que la intención de ellos es política”.

El representante del sector invitó a los sectores movilizados a visitarlos en sus oficinas para explicarles el alcance de la norma. “Estamos perdiendo tiempo, en junio ya se cumplirá un año y eso no se puede hacer”.

El jueves y ante la ausencia de una respuesta del Legislativo para suspender el tratamiento del proyecto de Ley 035, los médicos del país anunciaron un paro de cuatro días desde la próxima semana en rechazo a la “jubilación forzosa” que, según ellos, pretende imponer el Gobierno.

Los profesionales en salud exigen la paralización del tratamiento de proyecto en la Asamblea Legislativa, mientras trabajen en mesas de trabajo para analizarlo, como señala un preacuerdo del martes.

El proyecto de Ley 035 prevé modificar los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario; y se encuentra en la Asamblea desde junio de 2023.

Según los sectores movilizados, la norma pretende jubilar de manera obligatoria a los trabajadores. No obstante, el Gobierno informó que lo que busca el proyecto es proteger la seguridad de los trabajadores, y que a esa edad se realicen un examen médico para establecer su condición de salud.

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Los vehículos ‘flex’ y los eléctricos tendrán placas diferenciadas en Bolivia

La dirección de Tránsito coordinará con los gobiernos municipales para que se cumplan con los requisitos.

Los vehículos flex fuel pueden usar diferentes tipos de combustible. Foto: RRSS

/ 19 de abril de 2024 / 18:26

Luego de la promulgación del decreto 5142 que incentiva la importación de vehículos Flex Fuel, la Dirección Nacional de Tránsito dijo que ese tipo de motorizados y los eléctricos circularán con placas de colores para diferenciarse del resto del parque automotor del país.

“Para los vehículos eléctricos las placas deben ser fabricadas con un fondo azul; además de sus letras, números y bordes deben ser estampadas de color blanco (…). En el caso de vehículos Flex Fuel las placas deben ser fabricadas con fondo de color verde y las letras, números y bordes deben ser estampadas de color blanco”, indicó el director nacional de Tránsito, Carlos Ponce.

La autoridad informó, también, que se coordinará con los gobiernos municipales; que son los encargados de entregar las placas a los vehículos para que se cumplan con los requisitos.

“Tránsito levantará la información a través de la División de Registro de Vehículos”, complementó.

Lea más: El Gobierno prevé que en tres meses se incorporen cargadores de venta de etanol para vehículos Flex

Flex Fuel

El Decreto Supremo 5142 incentiva la importación y ensamblaje de los vehículos Flex Fuel; para incentivar el uso de aditivos de origen vegetal.

Las personas o empresas que compren estos vehículos tendrán 0% de Gravamen Arancelario y 0% de Impuesto al Consumo Específico (ICE); que en números significa casi entre un 15% a 20% menos en valor del motorizado.

Asimismo, se informó que este tipo de motorizados pueden utilizar indistintamente combustibles con mezcla de aditivos de origen vegetal y combustibles de origen fósil, o una combinación de ambos en diferentes proporciones.

Para garantizar su llegada al país, el Gobierno prevé que en tres meses Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) incorporará cargadores de venta de etanol en las estaciones de servicios del país para los vehículos Flex Fuel que se irán importando.

La norma es parte de los 10 puntos que acordó el Gobierno con los empresarios privados en febrero pasado; con la finalidad de impulsar la productividad y fomentar la generación de divisas en el país.

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Impuestos prevé un 70% de digitalización de sus servicios hasta mediados de año

El presidente de la entidad dijo que para esta gestión se proyecta incorporar una cuenta corriente para el contribuyente.

El presidente de Impuestos, Mario Cazón. Foto: Archivo

/ 19 de abril de 2024 / 18:13

El Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) proyecta alcanzar hasta mediados de este año un avance del 70% en el proceso gradual de digitalización de sus servicios. Se prevé incorporar al Sistema Integrado de la Administración Tributaria (SIAT en Línea) el Padrón Nacional de Contribuyentes, el Régimen Agropecuario Unificado (RAU) y el lanzamiento de una “Cuenta Corriente” para el contribuyente, entre otros proyectos.

El presidente del SIN, Mario Cazón, especificó que en este momento tanto el padrón como el RAU existen, pero como sistemas aislados; por ello, “estamos renovando los antiguos sistemas, que eran islas, no estaban interrelacionados, porque la información no estaba integrada”.

“Este año vamos a desarrollar el Padrón de Contribuyentes y del Régimen Agropecuario Unificado (RAU), donde el contribuyente podrá solicitar un Número de Identificación Tributaria (NIT); o realizar modificaciones a cualquier trámite por Internet desde la comodidad de su oficina o domicilio particular”, anunció Cazón durante la Audiencia de Rendición Pública de Cuentas Inicial gestión 2024.

Impuestos

Asimismo, informó que, en 2023, la Administración Tributaria consolidó la implementación del SIAT en Línea, que se puso a disposición de los contribuyentes para que cumplan con sus deberes fiscales a través de internet en tiempo real y en línea.

Ya en 2001 Impuestos Nacionales inició la implementación gradual del Sistema de Facturación en Línea en sus tres nuevas modalidades: Electrónica en Línea, Computarizada en Línea y Portal Web en Línea; que evita la clonación y/o falsificación de facturas.

Las innovaciones tecnológicas incluirán la renovación de la Calculadora Tributaria del SIN, “totalmente gratuita, que va a estar integrada en todos los sistemas de Impuestos Nacionales”; para que cada contribuyente sepa con precisión cuánto adeuda a la Administración Tributaria; incluido el desglose del tributo omitido, la sanción, la multa, el interés y el mantenimiento de valor, por Internet, a través del SIAT en Línea.

Lea más: Impuestos recuerda que el pago del IUE vence el 29 de abril

Cuenta corriente

El proyecto de “Cuenta Corriente” será como la persona que tiene una cuenta corriente o una caja de ahorro en un banco para que mediante un celular Android o una computadora; con conexión a Internet, descargue su extracto.

“El contribuyente tendrá el detalle de qué impuestos pagó, qué impuestos no pagó, cuánto pagó, qué deuda tiene, es decir, absolutamente toda la información en tiempo real, en línea, desde el lugar dónde se encuentre, sin acudir a una oficina física de Impuestos Nacionales”.

En noviembre del año pasado la Administración Tributaria informó que en menos de tres años digitalizó casi el 50% de sus servicios; para facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus deberes fiscales.

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Doria Medina y Rodríguez Veltzé cuestionan al MAS y al Gobierno por retrasos en industria del litio

Ocurren un día después dedel presidente Luis Arce, quien denunció que potencias extranjeras y un país vecino buscan controlar el litio

Samuel Doria Medina (izq.) y Eduardo Rodríguez Veltzé

Por Rodolfo Aliaga

/ 19 de abril de 2024 / 10:18

Samuel Doria Medina y el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé se pronunciaron para reclamar al Movimiento al Socialismo (MAS), a Evo Morales y al presidente Luis Arce por los retrasos en la industria del litio.

Estas manifestaciones ocurren un día después del manifiesto del presidente Luis Arce, quien denunció que potencias extranjeras y un país vecino buscan controlar el litio y “balcanizar” al país. 

Doria Medina

Samuel Doria Medina, líder de Unidad Nacional, se refirió a las pérdidas en el sector y que así concluye el desborde ideológico del MAS.

“Así termina el desborde ideológico del MAS en el campo del litio. Prometieron baterías bolivianas, gastaron 1.000 millones de dólares, gozaron una década de aplausos, viajes y grandes sueldos, y terminaron procesados por no poder hacer bien unas piscinas. Bolivia tiene una planta de carbonato de litio sin materia prima, pese a ser el país con más recursos de litio del mundo”.

“Las pérdidas de este despropósito son mucho mayores de la que se han cuantificado; han perjudicado al país históricamente. Y las responsabilidades políticas llegan más allá, alcanzando a Evo Morales y sus ministros. La verdadera auditoría del litio se hará después de 2025”, escribió en la red social X.

Rodríguez

A su turno, Rodríguez Veltzé señaló que Luis Arce está en la obligación de transparentar los convenios y alianzas con extranjeros para la explotación del litio porque el pueblo merece estar informado.

“El pueblo, único titular de la soberanía, merece estar bien informado sobre la administración de sus recursos naturales por la gravedad de la denuncia del presidente”.

“Lo obliga a transparentar los convenios o alianzas con potencias extranjeras para su explotación. Como país pacifista que promueve la cultura de paz e integración de los pueblos, urge también conocer su política exterior con los países vecinos y la comunidad internacional”, posteó el letrado y político.

Lea: Arce denuncia que potencias y ‘un país vecino’ buscan controlar el litio y ‘balcanizar’ a Bolivia

Industria del litio

Estas posturas tuvieron reacciones inmediatas por las aseveraciones de Arce sobre el litio.

“Bolivia se ha convertido en un punto de interés para las potencias mundiales; así como para un país vecino que busca controlar nuestros recursos estratégicos a través de operaciones especiales, bloqueo de nuestras exportaciones, incumpliendo el Tratado de 1904 o la promoción de consejos empresariales para el control del litio”, sostuvo Arce.

Además, Yacimientos de Litio Bolivianos informó en las últimas horas que el Estado sufre un daño económico por Bs 425 millones causado por exfuncionarios. El viceministro de Explotación Energética, Raúl Mayta, aseveró también que 18 piscinas del complejo de Uyuni no operan por estar en deterioro.

(19/04/2024)

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