La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) detectó una “alta latencia” (tiempo de demora en transmitir los paquetes de información mediante una red) en las operadoras Viva y Tigo en la ciudad de Tarija, por lo que instruyó acciones inmediatas.

Mediante una nota de prensa, la estatal informó que verificó durante tres días la cobertura, capacidad y calidad de la red móvil en la urbe tarijeña; específicamente en las zonas San Jorge, la nueva Terminal de Buses y Los Chapacos.

“Mediante ‘drive test’, una metodología de evaluación en campo que se utiliza para probar la red móvil, se ha podido identificar mayor latencia en estos lugares. Significa que existe un retraso más de lo habitual en la transmisión de datos; lo que ocasiona demoras en la comunicación o la ejecución del uso de los mismos”, informó el director de Fiscalización, Félix Pinto.

Asimismo, indicó que se reconoció un posible “hueco” de cobertura en la zona del Mercado Campesino; “debido a factores topográficos que generan lo que se conoce como ‘zonas negras’ (malas) para la conectividad”.

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ATT

Sin embargo, dijo que en general se obtuvieron valores adecuados en la mayoría de las zonas medidas, comparados con las mediciones de abril del año pasado.

La entidad, según la nota, ya comunicó los reportes a las operadoras, exhortándolas a ejecutar planes de acción con cronogramas claros para mejorar los problemas.

“La ATT tomará medidas inmediatas para abordar y corregir las deficiencias identificadas en la red de internet móvil en Tarija. Además, también estará a cargo de supervisar que los operadores proporcionen un cronograma detallado; que abarque todas las actividades necesarias para mejorar los parámetros observados”, explicó Pinto.

En cuanto a las sanciones por incumplimiento, Pinto dijo que se tomará medidas de acuerdo con la normativa vigente; las cuales pueden iniciarse con una fiscalización para evaluar la diligencia de las operadoras en la atención de estas demandas de mejora.

Asimismo, Pinto afirmó que las mediciones en Tarija se realizan anualmente; “siguiendo una planificación basada en resultados previos y enfocándose en las zonas donde se han observado indicadores inadecuados para una prestación de servicio con calidad”.

Tres bancos privados, FIE, Ganadero y Bisa, se suman a la emisión del ‘Bono BCB en Dólares’ a nivel nacional con el objetivo de facilitar el acceso de la población a este instrumento financiero.

Según informe del Banco Central de Bolivia (BCB) la incorporación de las tres entidades financieras privadas a la emisión del bono es parte del punto tres del “Acuerdo Económico, Productivo y Empresarial entre el Gobierno y el empresariado boliviano” del 19 de febrero.

Los bancos FIE, Ganadero y Bisa ofertarán el bono en todas sus sucursales y agencias a nivel nacional. También puede ser adquirido en el BCB y el Banco Unión.

“La incorporación de estas entidades financieras ampliará y facilitará el acceso de las personas naturales y jurídicas interesadas en adquirir este instrumento financiero seguro y rentable, en sus días y horarios habituales de atención al público. Así como coadyuvará al objetivo del BCB de canalizar recursos en la moneda estadounidense hacia el sistema financiero”, indica un reporte del ente emisor.

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Bono

El BCB prevé que en los próximos días más entidades financieras se incorporen a la venta del instrumento, facilitando la accesibilidad de los interesados.

El viernes, el BCB dio la bienvenida en sus redes sociales a los bancos FIE y Ganadero y este lunes anunció la incorporación del Bisa.

El “Bono BCB en Dólares” fue lanzado en febrero con la siguiente escala de intereses: Por tres meses 4,5%, por seis meses 5%, por un año 6%, por dos años 6,25% y por tres años se pagará un interés de 6,50%.

Asimismo, el BCB destaca que la incorporación de las entidades financieras es parte del trabajo conjunto con la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) para potenciar la adquisición del bono.

Según informe del BCB, al 10 de abril (a mes y medio de su emisión) ya superó los $us 53 millones.

El presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP), Rolando Kempff, prevé que el crecimiento económico de Bolivia este 2023 será entre 2% y 2,5%, que —en su criterio— es “una media” en relación al crecimiento regional y mundial.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, indicó que América Latina crecerá en un 2,1% y los países que presentarán mayor crecimiento son Paraguay y Panamá. Mientras, los países desarrollados crecerán en un 3,5%; China, 6%; e India, 8%.

“Los demás países (de la región) no crecen mucho por el contexto internacional y nacional de menos exportaciones”, explicó con base en estudios de analistas económicos de la organización.

Kempff aseguró que varios factores evitan que el país pueda crecer más, entre ellos, la guerra Rusia-Ucrania y la guerra en Medio Oriente, en el contexto internacional. Y, en el ámbito nacional, aseguró que una de las causas es el déficit fiscal del 7%, el incremento de costo del petróleo y la caída de exportaciones.

“En ese contexto, creemos que no deberíamos incrementar los sueldos”, justificó.

La dirigencia del Central Obrera Boliviana (COB), en reunión con el presidente Luis Arce, presentó el pliego petitorio de los trabajadores en el que planteó un incremento salarial para esta gestión del 8% al mínimo nacional y un 7% al haber básico.

Al respecto, Kempff aseguró que no es una medida viable, debido a la ralentización de la economía en el mundo. Apoyó el pedido de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), cuya institución solicitó al Gobierno que la convoque para hacer conocer su posición sobre el incremento salarial y considera que la demanda de la COB es insostenible.

“Nos sumamos a la Confederación, creemos que podemos seguir en el diálogo para buscar una solución”, añadió.

Asimismo, propuso una reunión tripartita, entre la COB, Gobierno y empresariado, para que un acuerdo que no afecte a la empresa privada.

Según Kempff, en el país solo el 20% está en el mercado laboral formal, mientras que el 80% es informal, por lo que pidió formalizar ese sector para impulsar la economía sostenible. Sin embargo, destacó la «apertura» del presidente Luis Arce al sector empresarial.

«Debemos trabajar juntos y desarrollar acuerdos público-privados”, dijo.

Recomendó al Gobierno trabajar en la exportación de la agroindustria, minería, hierro, economía naranja y avanzar en las plantas de litio.

El miércoles, el Banco Mundial informó que proyecta un crecimiento económico de 1,4% para Bolivia en la gestión 2024, cifra inferior a la estimada en el Presupuesto General del Estado de 3,71%.

Al respecto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, cuestionó el domingo que la entidad financiera internacional subestime el crecimiento del país y plantee una proyección sesgada.

Al contrario, garantizó que, una vez más, las cifras del crecimiento económico en Bolivia superarán las proyecciones de los organismos internacionales y estarán por encima del 3%.

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A las 15.00 de este lunes, los médicos asistirán a la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados para hacer conocer su rechazo al Proyecto de Ley 035, de Incremento a los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez, y pedirán su anulación.

El secretario ejecutivo de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes), Daniel Cazas, afirmó que, en caso de no tener una respuesta a sus demandas, el jueves se analizarás las medidas de presión que se asumirán en todo el país. 

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“El único punto que hemos pedido es que se elimine la disposición adicional única (del proyecto de ley) y empecemos a trabajar en una nueva ley que vaya a beneficiar a todos los trabajadores de Bolivia. Hoy a las 15.00 vamos a estar presentes”, dijo el dirigente.

Afirmó que, de no tener respuesta positiva a sus demandas, el jueves se realizará una asamblea en la que se definirán las medidas a seguir, considerando que la semana pasada se cumplió un paro de 72 horas en todo el país.

El presidente de la Comisión de Planificación, Omar Yujra, dijo que por quinta vez se los convoca a los profesionales en salud para explicarles sobre los beneficios del proyecto de ley y que no se busca afectar a los trabajadores.

“Tienen una interpretación un poco sesgada; en un caso nos piden la abrogación y otros piden que se elimine el proyecto; otros dirigentes piden que se elimine la disposición final única y otros piden que se modifiquen unas palabras de la disposición”, informó Yujra.

El pedido del sector salud es la eliminación de la disposición adicional única, que ellos consideran que es una “amenaza” ya que los obligaría a jubilarse a los 65 años.

Ante la demora en la aprobación de financiamiento externo por parte de la Asamblea Legislativa, el Gobierno advirtió que el país pagará mayores recursos por concepto de interés, toda vez que estos proyectos ya fueron aprobados por los organismos internacionales.

El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, sostuvo que, por ejemplo, el proyecto de ley de electrificación rural enviado a la Asamblea Legislativa hace más de cinco meses fue aprobado por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una tasa de interés del 4,8% y a marzo subió a 5,4%.

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“Los datos de los indicadores financieros del crédito van subiendo día a día. Cuando comenzamos el año pasado con el componente, que es uno de los principales indicadores, la tasa SOFR estaba en 4,8%, aproximadamente la tasa de interés, finalizando el mes de marzo está alrededor de 5,4% y cada día que pasa los intereses suban”, explicó la autoridad.

La SOFR (tasa de financiación garantizada a un día, por su sigla en inglés) es una tasa basada en acuerdos de recompra, que son transacciones para préstamos a un día, garantizados por valores del Tesoro de Estados Unidos.

Molina afirmó que, por esos retrasos en la aprobación de los créditos externos, “los costos financieros que erogará el país para cubrir estos financiamientos serán elevados”.

Este lunes, la Comisión de Planificación de Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores aprobó en grande y en detalle el proyecto de ley que autoriza créditos por $us 325 millones destinados al Programa de Electrificación Rural III.

Son dos financiamientos: el Contrato de Préstamo 5801/OC-BOY 5802/KI-BO para el Programa de Electrificación Rural III, por un monto de hasta $us 200 millones otorgados por el BID y el Convenio de Préstamo 9611-BO para el Proyecto Mejora del Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia IDTR III, por hasta $us 125 millones provenientes del BM.

El 1 de marzo, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en su estación en grande y detalle los créditos y fue remitido a la Cámara de Senadores. Un mes y medio después, recién fue considerado por la Comisión de Senadores.

El 12 de marzo, el Gobierno informó que se logró ampliar hasta el 6 de junio el plazo del Banco Mundial a Bolivia para que responda sobre la aprobación del crédito de $us 125 millones destinado al Proyecto Mejora de Acceso Sostenible a la Electricidad en Bolivia-IDTR II.

Paralizados

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, indicó que en la Asamblea Legislativa están parados nueve proyectos de ley por un monto de $us 970 millones, tres en Senadores y seis en Diputados.

“Esperamos que puedan ser tratados a la brevedad posible. Confiamos a que se pueda agilizar el tratamiento en las comisiones y en el plenario y de esta manera cumplir con el pueblo boliviano”, auguró.

Este lunes, los ministros Cusicanqui, Molina y de Economía, Marcelo Montenegro, se presentaron a la comisión de Senado para explicar los objetivos de los créditos externos.

Se trata del proyecto de ley para la electrificación rural por $us 325 millones (BID y BM) y el préstamo de apoyo de emergencia para la respuesta a la situación del COVID, por $us 112 millones, financiados por la Cooperación Japonesa.

Para este martes se postergó el tratamiento del proyecto del Programa de Ampliación de la Red de Mi Teleférico de la Línea Café, por $us 62 millones provenientes del BID. La mañana de este lunes, vecinos de las zonas Pampahasi y Villa Salomé, de La Paz, se movilizaron con ese propósito en la Asamblea Legislativa.