El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que, en audiencia de medidas cautelares, el Juzgado Público Mixto de Huachacalla determinó la detención preventiva para José D. F., militar del Comando Estratégico Operacional (CEO), acusado de homicidio tras la muerte de un joven de 24 años en un operativo contra el contrabando.

Otros cuatro militares implicados recibieron medidas de carácter personal mientras continúa la investigación. 

“Se colectaron indicios importantes como el registro del lugar del hecho, colección de pruebas materiales, declaraciones de comunarios y el informe forense que confirma que la víctima falleció por impacto de arma de fuego”, explicó el fiscal Morales. 

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Militar

El incidente ocurrió el pasado 15 de enero en la comunidad de Huachacalla, sector puente Lauca, cuando personal del CEO interceptó un vehículo presuntamente indocumentado.

Según las primeras pesquisas, en el enfrentamiento, uno de los ocupantes del motorizado perdió la vida. 

Los fiscales asignados al caso, Gabriel Fuentes y Luis Fernando Antezana, indicaron que en el lugar del hecho se encontraron dos proyectiles percutidos, además de rastros de la persona fallecida.

Posteriormente, el equipo de investigación se trasladó al comando del CEO, ubicado junto al Regimiento Mejillones 22 de Infantería, donde se requisó el arma de fuego presuntamente utilizada en el hecho, un fusil FAL calibre 7.62, asignado al sargento primero Díaz, principal sospechoso. 

El vehículo afectado, una camioneta Hilux, fue trasladado a la ciudad de Oruro en calidad de secuestrado para su peritaje, mientras que el cuerpo del fallecido fue llevado a la morgue del Cementerio General. 

El Ministerio Público presentó una denuncia formal por el delito de homicidio y continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Cochabamba, Wendy Villarroel, aseguró que la desinformación difundida en redes sociales sobre una supuesta escasez de combustible y un presunto incremento de precios está generando susceptibilidad en la población, lo que provoca aglomeraciones y desabastecimiento temporal en los surtidores durante los fines de semana en todo el territorio nacional. 

“A raíz de esta especulación que se está haciendo en las redes sociales, donde dan a conocer que no darán combustible o que va a subir el producto, está generando susceptibilidad hacia la población”, afirmó Villarroel en contacto con los medios de comunicación. 

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ANH

La autoridad aclaró que no existe ningún cambio en el precio de la gasolina o el diésel, y reiteró que los carburantes están garantizados para los distribuidores de todo el país.

“Queremos desmentir ese tema porque no existe ninguna variación en el precio. El combustible está garantizado. Se está despachando los volúmenes correspondientes”, enfatizó. 

Villarroel detalló que los días sábados se despachan más de 1,5 millones de litros de combustible, cuando la demanda habitual es de 1 millón de litros, lo que debería garantizar el abastecimiento durante el domingo en el departamento de Cochabamba.

De igual manera, en los otros departamentos se despachan volúmenes adicionales. Sin embargo, las largas filas de vehículos persisten en los surtidores debido a la compra excesiva generada por la incertidumbre. 

Un escenario similar se registró en Santa Cruz, donde varios surtidores ubicados en avenidas principales se vieron saturados por conductores que exigían el abastecimiento de gasolina y diésel, mientras esperaban la llegada de los camiones cisterna. 

Inclusive, este lunes un grupo de interculturales bloqueó la carretera que conecta con Beni, en protesta por el desabastecimiento de combustibles.

Por su parte, la ANH exhortó a la población a informarse por canales oficiales y evitar la propagación de rumores infundados que solo “generan caos innecesario” en la provisión de carburantes.

El precio del arroz en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ha experimentado un incremento, de Bs 50,50 a Bs 70 desde este lunes.

El gerente regional de Cochabamba de la empresa estatal, Manuel Mamani, señaló que la decisión es para evitar la especulación y reventa del producto.

Además, justificó el incremento por la falta de controles de parte de los gobiernos municipales en los centros de abasto y del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.

“El año pasado hemos tenido el precio a 50,50 bolivianos, la arroba de arroz. Ahora ya hay un nuevo precio que es 70 bolivianos. Lamentablemente, no se ha podido controlar. Las alcaldías no controlan. ¿Dónde está el Viceministro de Defensa del Consumidor? Por eso nosotros lamentamos esta subida de precio”, dijo el funcionario a la red Uno, luego de anunciar su renuncia de la regional de Emapa Cochabamba por «problemas internos» que no fueron solucionados por sus superiores.

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REUNIÓN

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, anunció la semana pasada una reunión con los representantes de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor).

“Acordamos que el próximo lunes continuaremos haciendo un análisis más profundo en lo que se refiere los costos de producción y la implementación de guías en movimiento”, dijo Siles.

La autoridad destacó que tras concluir la reunión se obtuvieron dos importantes conclusiones como son el trabajo en conjunto entre Ingenor y el Gobierno para la realización de las ferias del Campo a la Olla con la provisión de arroz. 

Además, señaló que se hará cumplir la seguridad jurídica en el país, en cuanto a los procesos que se lleva a cabo en contra de los propietarios de algunos ingenios arroceros.

Un grupo de presuntos contrabandistas emboscó a personal de la Aduana Nacional y destrozó tres vehículos oficiales en la doble vía La Guardia, en el departamento de Santa Cruz, durante un operativo de control realizado el último fin de semana. 

“Lamentablemente hemos sido atacados cuando, gracias a un trabajo de inteligencia, se pudo identificar un camión en la zona; sin embargo, cuando el personal realizaba el control ha sido emboscado. Estos ya son grupos de choque armados”, denunció en conferencia de prensa el gerente regional de la Aduana Santa Cruz, José Luis Mollinedo. 

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Aduana

Explicó que el ataque se produjo cuando los funcionarios intervenían un camión con presunto contrabando. Los agresores utilizaron piedras y petardos, logrando que el camión se diera a la fuga.

Posteriormente, en otro intento de rastrillaje en la avenida Moscú, el personal aduanero interceptó otro vehículo. Sin embargo, pese a los intentos para detenerlo, el camión aceleró y el personal de la Aduana nuevamente fue atacado por los mismos grupos. 

Ante esta situación, Mollinedo advirtió que la Aduana no permitirá que estos grupos impidan su labor.

“Lo único que estamos haciendo es proteger la producción nacional y la economía del Estado. Tenemos imágenes y estamos seguros de que el Ministerio Público realizará todas las investigaciones”, enfatizó. 

En respuesta a estos hechos, la Aduana Nacional presentó dos denuncias ante la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por la presunta comisión de los delitos de favorecimiento y facilitación al contrabando agravado, así como daños a bienes del Estado, en contra de los responsables del ataque. 

Las autoridades aduaneras reiteraron su compromiso en la lucha contra el contrabando y anunciaron que reforzarán los operativos en puntos estratégicos para evitar que estos actos ilegales afecten la economía del país.

Durante la temporada de vacación escolar, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) atendió cerca de 6.700 denuncias y emitió 57 actas de infracción al transporte terrestre, informó Silva Claros, directora de Transporte de la entidad estatal.

“En cumplimiento de la normativa del transporte terrestre, tenemos un reporte de nuestros últimos operativos realizados, desde el 28 de noviembre de 2024 hasta ayer (19 de enero de 2025), en los que se han levantado 57 actas infractoras; y se han realizado más de 6.700 acciones correctivas en las 14 terminales del país”, informó.

Durante la vacación escolar miles de familias se movilizaron por las diferentes terminales terrestres; y aeropuertos del país.

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Las principales infracciones son la venta de pasajes con tarifas más altas; venta de pasajes a menores sin la autorización de sus padres e incumplimiento de itinerarios, de estándares de calidad.

Asimismo, resaltó que el control se realizó en las nueve terminales departamentales y explicó que en caso de infracción; las sanciones pecuniarias dependen de la falta y del tamaño del bus y van desde las 1.000 a 5.000 unidades de fomento a la vivienda (UFV).

Claros recordó que existen tres canales autoridades para realizar la denuncia y tomar acciones de protección a los pasajes: la línea de WhatsApp 715 33 208; la línea gratuita 800 10 6000 y la página web www.mireclamo.bo.

Remarcó, además que las tarifas están normadas y hay máximas permitidas según el destino; por lo que cualquier exceso debe ser denunciado.

La ATT publica en sus páginas la banda tarifaria para los diferentes destinos del país.