A octubre de 2022, la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) de Santa Cruz recibió 22% más de recursos por coparticipación tributaria e IDH en comparación con el mismo periodo de 2021, informó el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
Mediante un comunicado, ese despacho desmintió la “caída en los recursos” que argumentaban las autoridades de esa casa de estudios.
Según, indicaron existe un retraso en el pago de salarios a los trabajadores por esa supuesta disminución.
“Autoridades de la UAGRM encabezaron el paro en Santa Cruz, provocando pérdidas económicas, menor transferencia de recursos y perjuicio en atención de servicios para la población”, dice parte del comunicado.
Según ese informe, hasta octubre de 2022 la UAGRM recibió 22% más de recursos en comparación al 19% que había percibido en el mismo periodo de 2021 por coparticipación tributaria.
Asimismo, indica que por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) recibió el 31%, “superando las transferencias percibidas en 2020 y 2021”.
“A lo largo de 2022, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas atendió los requerimientos de la UAGRM para los desembolsos del Tesoro General de la Nación por subvención ordinaria para el pago de sueldos y salarios; sin embargo, la misma se encontraba en paro”.
Paro
El ministerio también aclara que las reuniones se están realizando desde el 27 de septiembre y concluirán el 9 de diciembre, como se estableció con el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana.
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“Cada vez que se detiene la actividad económica, como el paro en Santa Cruz, se generan pérdidas económicas provocando menor transferencia a los municipios y universidades. Así como la atención de servicios en beneficio de la población”.
Santa Cruz protagonizó un paro indefinido de 36 días, generando grandes pérdidas económicas al Estado y a la región, que superan los $us 1.000 millones.
El gobernador Luis Fernando Camacho, el rector de la universidad cruceña, Vicente Cuéllar, y el Comité pro Santa Cruz fueron los impulsores de la medida.
Pidiendo primero Censo en 2023 y luego una ley que garantice la transferencia de recursos y escaños.