El sector industrial de manera unánime reeligió a Pablo Camacho García como presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) para el período 2024-2025. También Gonzalo Morales continuará en el mando de la Cámara Departamental de Industrias de La Paz (Cadinpaz).

Camacho resaltó los logros alcanzados durante su mandato anterior, subrayando la importancia de la colaboración y unidad entre el sector industrial y la coordinación efectiva con el Estado.

“En estos dos años de gestión, hemos cumplido con nuestro compromiso de impulsar el desarrollo industrial, defendiendo los intereses de la Cámara Nacional de Industria mediante la unidad, la institucionalidad y el fomento de un diálogo constructivo con el Gobierno. En el futuro, redoblaremos nuestros esfuerzos para ampliar los espacios de diálogo con las autoridades gubernamentales”, afirmó Camacho.

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Añadió “reafirmamos nuestro compromiso de seguir fortaleciendo cada cámara departamental para asegurar su contribución efectiva al crecimiento del sector industrial. Es fundamental mantener una colaboración activa con el Gobierno en la definición y aplicación de políticas clave, como la nueva Ley de Inversiones y el Código Tributario, entre otros temas cruciales”.

En tanto, el titular de la Cadinpaz expresó su gratitud por presidir nuevamente esta cámara departamental que, en su criterio, es crucial para mantener la unidad como gremio empresarial ante los desafíos que se enfrentan, incluyendo crisis económicas y políticas.

“Estoy convencido de que, como industriales, podremos superar estas dificultades. Confío plenamente en la fortaleza de nuestras industrias para seguir avanzando», afirmó.

Las comisiones mixtas de Constitución y de Justicia Plural determinaron este martes asumir acciones legales contra los jueces y vocales que sacaron resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE) y paralizaron el proceso de la preselección para las elecciones judiciales. 

El presidente de la Comisión de Justicia Plural en la Cámara de Diputados, Froilán Mamani, informó que tras la reunión sostenida entre ambas comisiones se determinó activar acciones penales contra las autoridades judiciales que de “manera maliciosa y mal intencionada” suspendieron y paralizaron el proceso de preselección.

“No vamos a decir quiénes, pero (son) personas que han estado en contra de manera maliciosa y quieren que este trabajo quede ahí y culmine este proceso. (Esas) autoridades que serán denunciadas penalmente”, dijo el legislador.

El 16 de abril, el proceso de preselección fue paralizado tras dos amparos constitucionales presentados por dos postulantes inhabilitados. El primer amparo fue presentado por Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz y el segundo fue presentado por Herculiano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera de La Paz.

Ante estas acciones judiciales, la Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se resuelva la misma. La audiencia que estaba programada para lunes 22 fue reprogramada para el viernes 26. Esto en razón que se debe notificar a los 83 postulantes habilitados para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como terceros interesados.

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El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, antes del ingreso a reunión de ambas comisiones, señaló que estás acciones serán contra las autoridades judiciales que se “atribuyen a sacar resoluciones contrarias a la Constitución y también usurparon funciones”.

“Queremos presentar una acción legal por prevaricato para que los jueces respeten de manera disciplinada nuestra Constitución. Lo que queremos es que no nos quiten esa atribución de habilitar a los postulantes”, señaló Padilla.

El senador también informó que a las comisiones mixtas llegaron siete procesos judiciales, de los cuales seis son amparos constitucionales y una acción popular.

“De los seis amparos, hemos estado presentes en tres amparos, pero estos han sido suspendidos para este viernes. Nos faltaría una acción popular que (todavía) no estamos notificados. (Además) nos faltaría dos amparos constitucionales que están para el viernes, espero que no suspendan, porque la mayoría de los otros no se han desarrollado”.

Ayer la Sala Constitucional de Pando también dispuso la “paralización del cronograma que se encuentra en etapa de evaluación de méritos y examen… (en las comisiones mixtas) hasta que se resuelva la presente acción”.

La demanda judicial fue interpuesta a través de una acción popular contra el presidente nato de la Asamblea Legislativa y los senadores y diputados de las comisiones mixtas que se encargar del proceso de preselección para las judiciales.

Tras el acuerdo del incremento del salario de 5,85% al mínimo nacional y un 3% al haber básico, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) advirtió este martes con consecuencias “muy graves para la estabilidad de las empresas”, en especial para las pequeñas y medianas.

“Esta determinación, que se asume en un escenario de amenazas sobre la economía nacional, tendrá consecuencias muy graves para la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas en la mayoría de los departamentos del país, y agravará la situación de los cientos de miles de familias cuyos ingresos dependen de la actividad privada formal”, señala la CEPB en un comunicado de prensa.

El sector también indicó que “siempre” se cumplió con la ley y esta no será la excepción, empero, alertó que para muchas unidades productivas será muy difícil cumplir con un aumento que además de ser elevado, tiene la carga de retroactividad.

Cerca del mediodía de este martes, el Gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB) alcanzaron un acuerdo sobre el incremento salarial para este año. De la negociación no participó el sector empresarial, que pidió un incremento salarial de 2,11% igual a la inflación alcanzada en 2023.

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Desde el sector, reprocharon la intransigencia de la COB para atender las razones y advirtieron que no solo se tendrá efectos negativos sobre las empresas, sino que se “profundizará” la precarización del empleo.

La Confederación también expresó su alarma y “preocupación extrema” por la decisión tomada por el Gobierno Nacional y la Central Obrera Boliviana (COB), al considerar estos porcentajes por encima del índice de inflación del año 2023 y “que no guardan relación con la productividad ni con las perspectivas de crecimiento para la gestión 2024”.

Añadió que “lamentamos una vez más, como sucedió en los últimos años, se haya excluido al sector privado del análisis de los efectos que puede tener un incremento salarial desproporcionado sobre los costos que asumen las empresas”.

Además, demandaron que la responsabilidad por el impacto negativo de este incremento sea asumida por “quienes tomaron la decisión “y no “se pretenda trasladarla a quienes no participamos en este proceso”.

Desde la Cámara de Industria, Comercio, Servicio y Turismo de Santa Cruz (Cainco) también se rechazó el incremento salarial al cual se lo consideró de “agresivo con base en fundamentos políticos y no económicos”.

“Los riesgos de continuar bajo esta lógica agresiva, política y alejada de la realidad traerán efectos adversos, difíciles o y quizás imposibles de revertir, que ningún incremento salarial podrá solucionar sino nos sinceramos sobre aspectos estructurales”, señaló la Cainco.

Añadió que el incremento salarial es “anecdótico” si cada día son menos las fuentes de empleo, si se sigue desalentando y acorralando al que apuesta por la fuerza laboral y si sigue “haciendo política alejada de la realidad”.

El presidente de la Comisión Mixta de Constitución, Miguel Rejas, confirmó este martes que el proceso de evaluación de exámenes orales para los altos cargos del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y demás instancias del Órgano Judicial fue suspendido mientras se resuelvan los amparos constitucionales presentados por postulantes inhabilitados.

“Nosotros pasamos una notificación a los postulantes, pero también a través de nuestras redes y páginas de las cámaras de Senadores y Diputados, de que hasta que podamos subsanar el tema de los amparos, queda paralizado o queda en cuarto intermedio (la fase de los exámenes orales), por lo menos hasta el viernes”, dijo el legislador.

El proceso de preselección fue paralizado desde el martes 16, tras el conocimiento de dos amparos constitucionales presentados por dos personas inhabilitadas que consideraron que se vulneraron sus derechos constitucionales.

El primer amparo fue presentado por la inhabilitada Margarita Medrano en la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Supremo de Justicia de Santa Cruz. El segundo fue presentado por Hercuiliano Capusiri, en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.

La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz ordenó paralizar el proceso de preselección hasta que se realice la audiencia y se resuelva la misma. La audiencia estaba programada para lunes 22, pero esta fue diferida para el viernes 26, toda vez que se debía notificar a los terceros interesados, es decir los postulantes habilitados en esta fase de la preselección.

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El secretario técnico de la Comisión Mixta de Justicia Plural, Richard Fuertes, informó en sesión de esa comisión que lo que llama la atención “poderosamente” es el caso de la postulante inhabilitada Medrando, ya que es la única acción constitucional que dispuso como medida cautelar la paralización o suspensión del proceso de preselección en su totalidad.

“En las demás acciones tutelares que se han planteado en diferentes partes del país, las salas constitucionales solo han dispuesto como medida cautelar solo con relación a suspender o paralizar los efectos de las resoluciones que afectarían a los derechos o garantías del postulante que ha formulado su amparo constitucional”.

El presidente de la Comisión Mixta de Justicia Plural, senador Roberto Padilla, también informó que a las comisiones mixtas les llegó siete procesos, de los cuales seis son amparos constitucionales y una acción popular.

“De los seis amparos, hemos estado presentes en tres amparos, pero estos han sido suspendidos para este viernes. Nos faltaría una acción popular que (todavía) no estamos notificados. (Además) nos faltaría dos amparos constitucionales que están para el viernes, espero que no suspendan, porque la mayoría de los otros no se han desarrollado”.

También señaló que se reunirán con la directiva de la Comisión Mixta de Constitución para asumir acciones legales contra los jueces y vocales que se atribuyeron en sacar resoluciones contrarias a la Constitución y por la usurpación de funciones.

La Justicia determinó este martes la detención domiciliaria para el exministro de Minería, Luis Alberto Echazú, quien es investigado por presuntos hechos de corrupción en la implementación de la planta de litio en el Salar de Uyuni, Potosí.

La exautoridad es acusada por los delitos de incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Deberá pagar, además, una finanza de Bs 30.000. La medida cautelar dictada por el juez, responde al estado de salud del investigado.

“Se dispone el arraigo de la persona imputada. El imputado tiene la prohibición de constituirse al lugar de los hechos. Se impone una fianza de 35 mil bolivianos, misma que será utilizada en caso de fuga y es para gastos de recaptura”, dijo el juez Iván Córdova en audiencia, según la red Unitel.

El jueves, la empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

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En la imputación formal del Ministerio Público, se solicitó se disponga la detención preventiva para Echazú en el penal de San Pedro de La Paz por un periodo de seis meses, tiempo en el que se precederá a la investigación. 

El exministro y también exgerente nacional de Recursos Evaporíticos fue aprehendido el lunes al mediodía por presuntas irregularidades en la implementación de planta de litio en el salar de Uyuni.

Vladimir Ochoa, defensa legal de la exautoridad, denunció que la aprehensión de la exautoridad fue de “forma arbitraria”, esto en razón que no se notificó “debidamente”.

“Nos ha llamado bastante la atención, razón de que el Ministerio Público tiene todas las relaciones con el SEGIP (Servicio General de Identificación Personal) y otras instituciones que pueden acreditar su domicilio y proceder a llamarlo y no hacer un abuso arbitrario”, dijo Ochoa.

Añadió que “esta aprehensión ilegal e inmediata” dejó en estado de “indefensión a un adulto mayor de 74 años y que tiene tres enfermedades de base”, entre ellas, la diabetes.