Más de 900 camiones ingresaron al país por Desaguadero entre el 23 y 24 de diciembre
El viceministro de Comercio Exterior recomendó a los transportistas verificar el estado de las rutas antes de viajar a Perú, pues todavía hay puntos de bloqueo en el vecino país.
Camiones con carga varados en Perú lograron ingresar por Desaguadero.
Durante los dos últimos días, más de 900 camiones con carga lograron ingresar al país por la región fronteriza de Desaguadero, tras estar varados en el vecino país por varios días debido conflicto político social que existente en Perú.
El viceministro de Comercio Exterior e Integración de Bolivia, Benjamín Blanco, informó que el día 23 de diciembre pasaron a territorio nacional un total de 561 camiones y el día 24 otros 339 camiones de carga.
“Estamos hablando de más de 900 camiones, no solamente los que estaban viniendo desde Perú para retornar a Bolivia, sino también tenemos ya salidas de camiones de exportación. El día de ayer han pasado 144 camiones que han ingresado a territorio peruano”, dijo Blanco.
Agregó que se tuvo unos días complicados, pues son casi ocho días que los transportistas no han podido cruzar el paso fronterizo por lo que se tuvo que realizar gestiones consulares para repatriar a varios compatriotas.
Blanco explicó que se decidió una tregua por parte de Desaguadero y mediante el servicio Aduana Nacional se triplicó la cantidad de personal para poder atender la mayor cantidad de transportas ingresen al territorio nacional.
“Se reportan todavía algunos puntos de bloqueo, pese a las fiestas, nos dicen que en Puno Ilave y Juli están existiendo estos puntos de bloqueos. Sin embargo, los transportistas están buscando vías alternativas y la información que tenemos es que con algunas dificultades están logrando llegar a los destinos”, mencionó.
La autoridad recomendó a los transportistas verificar el estado las rutas a la hora de emprender el viaje debido, los puntos de bloqueos en el vecino país.
“Es información que se actualiza constantemente. Esta tregua se anunciado hasta el 4 o 7 de enero, la primera semana de enero y bueno esperemos que se pueda pacificar el hermano país vecino para poder utilizar territorio peruano y llegar a sus puertos”.
Desde el Viceministerio de Comercio Exterior se tiene el dato que alrededor del 12% de las exportaciones totales en términos de valor y en términos de volumen es el 14% pasaron por los puertos peruanos, sobre todo la producción no tradicional.
En tres años de embates sanitarios y económicos por la pandemia del COVID-19, Bolivia profundizó la digitalización en el sistema financiero y el comercio, entre otros sectores como la educación y salud.
El coronavirus ha conllevado un mayor uso de los servicios bancarios digitales y, en los centros urbanos, cada vez menos personas recurren al dinero en efectivo para efectuar sus transacciones, ya sea para el pago de servicios básicos, pensiones o para realizar transferencias de dinero.
Como resultado de estas acciones, entre 2012 y 2022, las operaciones procesadas en el sistema de pagos de bajo valor nacional se incrementaron en 2.605%, de 10,7 millones a 289,6 millones, según datos del Banco Central de Bolivia (BCB).
En cuanto al valor, el crecimiento durante este periodo (2012- 2022) fue de 341,9%, de Bs 171.721 millones a Bs 771.219 millones.
En ambos casos (operaciones y valor), el crecimiento fue exponencial, sobre todo, durante la pandemia y muestra una tendencia creciente en el uso de los Instrumentos Electrónicos de Pago (IEP), como las tarjetas plásticas (crédito, débito y prepagada), dispositivos o documentos electrónicos que permiten originar transferencias de fondos, billetera móvil y otras autorizadas por el BCB (tarjetas virtuales, cheques electrónicos o digitales).
En la Rendición de Cuentas Finales de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), en febrero de 2023, el ente regulador señaló que, según las cifras reportadas a esta entidad, en 2022 se tuvo Bs 663.000 millones en transacciones electrónicas, el cual ha producido un incremento del 14% con relación a la gestión 2021.
“Eso demuestra que la ciudadanía boliviana permanentemente va accediendo a estos medios para poder evitar su presencia en las entidades financieras, por lo tanto, creemos que esta cifra va a aumentar año tras año”, señaló el director ejecutivo de la Asfi, Reynaldo Yujra, en ese entonces.
En un reporte de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) y la Administradora de Cámaras de Compensación y Liquidación S.A (ACCL), en diciembre de 2022, ambas instituciones resaltaron el exponencial crecimiento que se tuvo, de enero a noviembre de 2022, en los cobros y pagos a través de ‘QR simple – Pago Móvil’ donde el número se incrementó en 555% y los montos transados en 540%, comparado con similar periodo de 2021.
En 2022, se realizaron 31,1 millones de pagos por un equivalente a $us 2.267 millones de dólares. A estos datos habría que sumar las transacciones que se realizan por este medio, en operaciones intrabanco, que son transacciones que no cursan por la Cámara de Compensación y Liquidación.
Entre los datos a resaltar, está en los periodos de 2020 y 2021, que se refleja en la Memoria 2021 de la ACCL, sobre el sistema bancario, donde señala que los volúmenes y montos transados mediante ‘QR simple – Pago Móvil’ creció en 1.263% en el número de transacciones y 1.181% en los montos transados, respecto a la gestión 2020.
En 2021, se realizaron 6.106.937 transacciones, frente a los 447.962 en 2020. Este cambio, además de las medidas de prevención y contención para la emergencia contra el brote de coronavirus, se debió a la preferencia de los usuarios de hacer uso de instrumentos de pago alternativos al efectivo, que permiten realizar operaciones de manera no presencial, con sus consecuentes beneficios en la reducción del uso de efectivo, inmediatez en los pagos, inclusión financiera y bancarización, entre otros.
Respecto a la digitalización del comercio, de acuerdo con el director de la Fundación InternetBolivia.org, Cristian León, el Banco Mundial señala a Bolivia como el segundo país en América Latina con mayor crecimiento del comercio electrónico.
“Es un crecimiento del 80% que se dará hasta el 2025. Es sin duda una oportunidad para desarrollar la economía y también para empezar a impulsar ciertas políticas de digitalización”, dijo.
También puede leer: 2022, el año de la inflación, los bancos centrales y las criptos
Acotó que en el tema de la digitalización, el país estaba rezagado, pero ahora se ha mejorado, debido a que hay un 70% de la población que está interconectada a través de algún dispositivo, el cual hace una mayor viabilidad al comercio electrónico, pero el problema aún radica en el “costo del internet”.
“Bolivia siempre está en los rankings de los países con mayor costo de internet. En ese sentido, estamos bastante rezagados”, dijo.
Para el experto en tecnología Mario Durán, la digitalización es un proceso por el cual, la tecnología digital se implanta en la dinámica económica, afectando a la producción, el consumo y a la propia organización, estructura y gestión de las empresas e incluso a las instituciones públicas.
Agregó que, en Bolivia, un reto pendiente es elaborar una “agenda digital”, donde la sociedad boliviana establezca acuerdos mínimos, planes de trabajo y metas para el desarrollo tecnológico y la economía con el avance tecnológico.
Los maestros urbanos que protestan contra la actualización de la malla curricular amenazaron con radicalizar las movilizaciones hasta que el ministro de Educación los convoque y atienda el pliego petitorio de más de 200 puntos.
El dirigente de la Confederación del Magisterio Urbano de Bolivia, Ludwig Salazar, luego de un ampliado, calificó ayer de exitosa la medida y aseguró que hoy seguirán con las movilizaciones hasta que “el ministro (Edgar Pary) los convoque” y “dé respuestas a sus demandas”.
Agregó que tras un balance de la jornada y “la movilización realizada (el lunes), (esta) fue un éxito total” y dijo que “no es una marcha de dirigentes como manifestó el ministro”. “Hemos tenido en la macha de La Paz a 10.000 maestros, además se han movilizado en los nueve departamentos y las provincias de todo el país”.
Los maestros que protestan contra la actualización de la malla curricular causaron ayer destrozos en el Ministerio de Educación y amedrentaron a los policías que resguardaban el edificio.
El magisterio urbano moviliza a sus sindicalizados contra la implementación de la malla curricular, la que —afirma— no responde a la realidad y tampoco fue socializada para su aplicación.
Tras la marcha del magisterio urbano, el ministro Pary lamentó que la dirigencia protagonice una marcha violenta en la que agredieron a efectivos policiales y causaron daños a la infraestructura de esta cartera de Estado, cuando —aseguró— nunca se cerró la modalidad del diálogo.
El domingo 5, delegaciones de 31 federaciones de maestros llegaron a La Paz en rechazo a la implementación de la actualización de la malla curricular. Además, exigen nuevos ítems, jubilación con el 100 % y piden construir una “nueva malla curricular, la cual responda a la realidad educativa del país”.
El pliego petitorio del magisterio urbano consigna más 200 puntos. Pary adelantó que su despacho atendió las demandas y que convocaron a reuniones para discutir el pliego, aunque no hubo acuerdo.
“Primero, les hemos planteado que hay que analizar y responder punto por punto las más de 200 exigencias, por tiempo y materia, pero tampoco han querido”, dijo.
TEMAS.
Pary atribuyó la actitud del sector a “otras intenciones que no están relacionadas a las exigencias del pliego petitorio” y detalló los cinco puntos abordados con el magisterio.
Explicó que esas demandas son el presupuesto, la currícula escolar, los ítems, el “déficit histórico de ítems” y el congreso educativo.
Ante las movilizaciones de los maestros urbanos, el director departamental de Educación de La Paz, Carmelo López, advirtió con descuentos a los profesores que no asistan a clases. “Hoy estamos haciendo el control necesario. Si en alguna unidad educativa falta (profesores), ni modo (… ). Y en consecuencia, el maestro que no trabajó ni vuelta que dar, no tendrá su salario”, advirtió en una entrevista con LA RAZÓN Radio.
En febrero, cinco privados de libertad murieron en distintas cárceles del país por hechos de violencia, según datos de la Dirección de Régimen Penitenciario. Cuatro decesos se registraron en La Paz y uno en Pando.
El director departamental de Régimen Penitenciario de La Paz, Franz Laura, informó que en las cárceles de La Paz hubo entre tres y cuatro decesos. Pero, además, cinco privados de libertad fallecieron producto de alguna enfermedad.
Eso, producto de riñas y peleas, asesinatos y suicidio.
“En La Paz, entre fallecidos tendríamos alrededor de tres y cuatro, pero también tenemos algunos privados de libertad que están internados de alguna patología en el Hospital de Clínicas, también hemos tenido fallecidos alrededor de cinco”, dijo el funcionario.
El último hecho se registró la madrugada de ayer en la cárcel de San Pedro, donde un privado de libertad de 32 años falleció en el área de internación.
“En el llamado de lista el privado de libertad se encontraba algo mareado e indica que no se encontraba bien y se lo lleva al área de sanidad (…). Se lo tienen en observación en el área de salud y en horas de la madrugada es que fallece”, dijo Laura, según la agencia ABI.
Además, agregó que otro privado de libertad fue agredido físicamente. Ambos hechos sucedieron de manera aislada.
El domingo, en el Centro Penitenciario de Villa Bush, del departamento de Pando, se registró un hecho con arma de fuego al interior del recinto carcelario, con el resultado de un privado de libertad fallecido y otro herido.
La Dirección General de Régimen Penitenciario informó ayer que activó una investigación para esclarecer cómo ingresó un arma de fuego al interior de aquel penal.
El lunes 20 de febrero, policías de la cárcel de máxima seguridad de San Pedro de Chonchocoro confirmaron la presencia de cadáveres de dos privados de libertad dentro del taller de hojalatería.
De acuerdo con el reporte de Régimen Penitenciario, los guardias se percataron del hecho cuando procedían al control y llamado de listas de los privados de libertad, después del cierre de puertas del establecimiento carcelario.
El domingo 12 febrero, se reportó la muerte de otro privado de libertad en la cárcel de Chonchocoro, luego de una pelea con otro recluso. El victimario resultó ser el sentenciado por el asesinato de Anakín Tancara.
El sindicado cumple su condena de 30 años, luego de matar y mutilar el cuerpo del estudiante.
Richter: cívicos buscan amnistía como chantaje de impunidad por los hechos de 2019
El 25 de enero, en el cabildo organizado por el Comité pro Santa Cruz, el entonces presidente de esa entidad, Rómulo Calvo, exigió al Gobierno una ley de amnistía para la liberación de los “presos políticos”.
El vocero presidencial Jorge Richter ratificó este domingo que la exigencia de amnistía de los cívicos de Santa Cruz, “en los hechos reales”, es la búsqueda de impunidad de la violencia registrada en 2019.
“Este pedido (de amnistía) estaba en el anterior directorio del Comité pro Santa Cruz y hoy (también) hace referencia la nueva directiva, pero en los hechos reales es una nueva fórmula que quieren presentarles a los bolivianos buscando, desde hace bastante tiempo, la impunidad”.
El 25 de enero, el entonces presidente del comité cívico, Rómulo Calvo, exigió al Gobierno que apruebe una ley de amnistía para la liberación de todos los “presos políticos”. Caso contrario, advirtió con impulsar un proceso revocatorio contra el presidente Luis Arce.
Calvo también peguntó: ¿Están ustedes de acuerdo con exigir al Gobierno de Luis Arce que instruya y viabilice la aprobación de una ley de amnistía que en un plazo no mayor de 30 días determine la liberación de los “presos políticos”?
Richter explicó que “hoy la llaman amnistía” pero lo que en realidad se busca es la impunidad para aquellos que con “sus decisiones y acciones políticas” desataron los hechos de violencia que fueron catalogados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como masacres.
“Las masacres en Sacaba y Senkata” fueron “ejecuciones sumarias”, dijo y acotó que este pedido de amnistía engloba “mucha violencia” y lo que quieren es eximirse de toda responsabilidad y, en caso de que no se pueda hacer, está el “chantaje”.
“Hace un tiempo atrás estaban las medidas de presión muy violentas y hoy (está) la amenaza y el chantaje toma forma de un revocatorio para tratar de que el presidente Luis Arce violente las normas y las leyes e interfiera en la independencia de poder jurídico”, dijo.
Richter se preguntó, en caso de que se acceda a este pedido, “cómo miraría el Gobierno a las familias que hoy están incompletas, a esas familias madres e hijos o hermanos que perdieron la vida por la violencia desatada por estos señores y señoras”.
Por este motivo, dijo que este pedido de amnistía no es posible y no tiene la posibilidad de ser “atendida”.
Comparte y opina:
En 2022 se registró 55 casos de negligencia médica y mala praxis
Al menos, en la gestión pasada, 15 denuncias corresponden a menores de edad.
PROCEDIMIENTO. Una imagen referencial de una operación en un centro médico.
Desde 2019, Marilena E. busca justicia para su pequeña hija que recibió un medicamento desconocido y a los pocos días le provocó la muerte. Fue víctima de negligencia médica y, de acuerdo con el historial clínico, la menor estaba internada por una faringitis.
“Mi niña estaba sana, solo ingresó por faringitis, pero lamentablemente, cuando me iba a mi casa, le inyectaron un medicamento desconocido, la cual provocó un ‘reventón’ de todos sus órganos (Sic). La mataron a mi hija”, relató la madre.
La Asociación de Víctimas de Negligencia Médica y Mala Praxis Bolivia recibió, el año pasado, 55 denuncias entre mala praxis y negligencia, de las cuales solo dos siguen procesos penales en marcha. El resto se quedó sólo en procesos administrativos.
La presidenta de esta asociación, Vilma Torres, manifestó que existen decenas de casos que no son denunciados, debido a que los procesos que se les sigue son “dilatorios y no llegan a buen puerto”. Por eso es que “no todos se animan a denunciar”.
En lo que va de este año, detalló que están haciendo el seguimiento a otros dos casos que fueron observados por esa institución.
De acuerdo con Torres, de las 55 denuncias que presentaron la gestión pasada, al menos 15 casos son de menores que quedaron en estado vegetativo o murieron, dejando a la familia en una situación “de total abandono por parte de las autoridades” y la “justicia”.
En septiembre de 2021, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, recordó que existen al menos 500 casos de negligencia médica que se produjeron en los últimos años en el país.
Dijo, en ese entonces, que es importante volver a tocar “el tema de la mala praxis”, debido a una realidad lacerante que viven muchas víctimas de negligencia.
LEGISLACIÓN.
Según el Código Penal boliviano, los delitos de la integridad corporal y la salud deben ser sancionados con privación de libertad de entre dos y ocho años.
RECLAMO. Un joven muestra su reclamo con una pancarta.
El artículo 270 (lesiones graves) tipifica que quien ocasione una lesión de la cual resulte alguna de las siguientes consecuencias: “una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la debilitación permanente de la salud o la pérdida o uso de un sentido, de un miembro o de una función, la incapacidad permanente para el trabajo o la que sobrepase de ciento ochenta días, la marca indeleble o la deformación permanente del rostro y el peligro inminente de perder la vida” será sancionado con “la pena de privación de libertad de dos a ocho años”.
A finales de 2017 se abrió el debate de incorporar un artículo en el nuevo Código Penal sobre la mala praxis, donde se establecía una sanción de prisión de libertad de entre dos y cuatro años, además de una reparación económica y la inhabilitación “si a consecuencia de la acción culposa se causa lesiones graves o gravísimas”.
Sin embargo, por presión de los actores involucrados en este problema (sector médico), en enero de 2018 se abolió el artículo que había sido incorporado en el Nuevo Código Penal boliviano.
LA RAZÓN buscó una posición respecto a este caso de mala praxis y negligencia médica del Ministerio de Salud y del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor. Sin embargo, no se atendió el requerimiento de esta casa periodística.
Desde la Defensoría del Pueblo, a través de su Unidad de Comunicación, se informó que esta entidad interviene sólo cuando los afectados se acercan a esta institución y hacen su denuncia.
“Es ahí cuando empieza el apoyo de la Defensoría”, se informó.
El de Marilena es uno de los casos penales que se sigue en Santa Cruz, pero, según la afectada, “son más de cuatro años que busca justicia” y no acepta que se cierre su caso, “pese a todas las pruebas presentadas”.
“Le pido a las autoridades que se haga justicia, a mi hija la han matado”, clamó la madre de la niña afectada, en 2019, por mala praxis médica.
“El médico que ha hecho inyectar a mi niña ni siquiera es especialista. El Ministerio de Salud ha certificado con requerimiento fiscal que no es especialista”, agregó.
Para Torres, en la mayoría de casos de denuncia que lleva la asociación, se constató que los médicos y personal denunciado ejercen una función sin tener la especialidad para ello.
Afirmó que esa institución ha constatado que algunos médicos ejercen como pedriatas sin ser especialistas. A modo de ejemplo, dijo que “oncólogos de adultos atienden a niños y no tienen esa especialidad”. “Entonces, vemos que el Ministerio de Salud, que es un ente regulador a nivel nacional, no lo hace, se pone la denuncia y ni así hace su trabajo”, lamentó.
QUEJA.
A esto, agregó Torres, no todos los casos denunciados llegan a concluir hasta el final, pues muchas veces los procesos son “mal formulados por la Fiscalía”, o las “audiencias se van postergando”.
“Sabemos que un proceso penal puede durar un año, pero por el trabajo, la carga procesal y la falta de personal, muchas veces estos procesos duran cuatro a cinco años y en ese lapso lo que buscan los médicos y sus abogados es dilatar y esperar que se cierre el caso, mientras ellos siguen trabajando”, dijo.
Es el caso de Nayra Ortega, madre de un joven de 22 años, perdió a su hijo en 2017 por un cáncer que no fue detectado a tiempo. A su hijo le practicaron un procedimiento bucodental y al encontrar un pequeño bulto en la encía, se le hizo una biopsia y un estudio determinó que era un tumor benigno.
“Este doctor nos asustó y nos dijo que tenía que operarse, me alarmó y se operó el 12 de enero de 2017, después de operarse, con el pasar el tiempo se constató que hubo varias falencias en el cumplimiento del protocolo. En su momento no me di cuenta”, relató.
Ortega agregó que al momento de una operación cuando a uno le retiran una masa tumoral, los médicos deben hacer una nueva biopsia, aunque se haya hecho antes.
“En la biopsia dice: ‘se sugiere hacer estudios y se recomiendan hacer más’. Pero este médico no hizo más estudios. Esa fue una de las cosas que después se observó cuando se realizó una auditoría”, dijo la madre.
“Para el juicio que realicé contra este galeno, solicité una auditoría externa por el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Cochabamba”, dijo. Se llegó a un juicio contra el médico, donde ya hubo una sentencia, aunque ésta fue apelada y ahora se espera continuar nuevamente con el proceso.
“Es injusto, pido y clamo justicia para mi hijo. No lo puedo dejar descansar, mientras el culpable no sea sancionado”.
