La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) identificó 22 puntos críticos en diversas vías del país debido a los daños que provocan las intensas lluvias, informó este martes el presidente de la estatal, Marcel Claure.

El funcionario explicó que las principales afectaciones que provocan las precipitaciones son mazamorras y caídas de piedras.

“Tenemos ubicados en toda la Red Vial Fundamental hay 22 sitios críticos, en Cochabamba, Tarija, La Paz, en varios departamentos”, indicó Claure en radio Fides.

Asimismo, indicó que la Red Vial Fundamental en el país alcanza a 16.700 kilómetros y es lógico que, en época de lluvias, algunos sectores sean afectados.

Claure explicó, por ejemplo, que hay afectación en el sector denominado 7 Curvas, carretera a Villa Tunari y en la ruta Bombeo-Confital, en Cochabamba. Similar panorama se reporta en otros departamentos.

Sin embargo, la autoridad garantizó que existe equipo técnico en cada sector para atender derrumbes, caídas de piedras y otras emergencias en las carreteras y “garantizar la transitabilidad”.

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Carreteras

Respecto a la Doble Vía El Sillar, Claure aseguró que existe un monitoreo constante; y hasta ahora no se ha producido ninguna emergencia, como ocurrió en años pasados.

“Está funcionando, lo bueno es que la empresa está monitoreando. Nosotros no hemos hecho la recepción definitiva y solo lo haremos cuando esté a nuestra completa satisfacción”, indicó Claure.

La carretera Doble Vía El Sillar se entregó provisionalmente en noviembre de 2023 y un mes más tarde se registró hundimientos en algunos tramos de la carpeta asfáltica. La empresa que ejecutó la obra, la china Sinohydro, realizó las refacciones. Se prevé que la entrega definitiva de la carretera será a mediados de este año.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, respaldó la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), argumentando que su propósito principal es proteger al sector productivo nacional, luchar contra el contrabando, que afecta gravemente a la economía del país, y la especulación que perjudica a la economía de la población.

“La medida busca brindar seguridad jurídica a los productores bolivianos y asegurar que la población acceda a productos nacionales a precios justos. También apunta a frenar a organizaciones criminales que almacenan grandes cantidades de productos para luego sacarlos del país de manera ilegal”, explicó Silva en entrevista con Unitel.

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Disposición

La disposición, cuestionada por sectores como los gremialistas, productores, industriales y transportistas autoriza a las entidades competentes a ejecutar acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos a comerciantes que almacenen, retengan productos con el objetivo de incrementar su costo.

Por ello, Silva aclaró que la norma no está dirigida a los comerciantes que realizan actividades legales, sino exclusivamente a quienes acaparan productos con fines de contrabando y especulación.

“Esta disposición no afecta a los comerciantes minoristas ni a quienes mantienen stock para abastecer el mercado interno. Está orientada a quienes almacenan productos para elevar precios o sacarlos ilegalmente del país”, enfatizó.

Gobierno

El viceministro reveló que durante operativos se detectaron viviendas en zonas fronterizas repletas de productos destinados al contrabando.

“Necesitamos un respaldo legal para realizar controles y ejecutar comisos contra estas organizaciones criminales que afectan el mercado interno”, sostuvo.

Los sectores que muestran su rechazo a la disposición consideran que la norma vulnera sus derechos y temen posibles abusos en los controles. Sin embargo, Silva insistió en que la norma busca proteger la economía nacional y el acceso de la población a productos esenciales.

Al no existir una normativa vigente para frenar la especulación, el Gobierno considera que la medida permitirá garantizar el abastecimiento de ciertos productos de primera necesidad a un precio justo.

Este martes, tras una reunión entre viceministros de Estado y representantes de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), el Gobierno se comprometió a no realizar más intervenciones al sector, siempre y cuando éstos mantengan la producción a precios justos y no especulen con el arroz.

“Ya no va a haber más intervenciones, siempre y cuando ellos se comprometan a hacer su trabajo de manera normal y regular y que se atienda la necesidad que es el arroz para nuestra población”, afirmó el viceministro de Desarrollo Agropecuario, Álvaro Mollinedo.

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Arroceros

Al concluir la reunión, el viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, destacó que se demostró que puede existir un trabajo coordinado entre el sector público y el sector privado.

Por su parte, Jimmy Prado, presidente de Ingenor, señaló que la principal demanda del sector era la seguridad jurídica, luego de que a fines del año pasado el Gobierno interviniera en algunos ingenios para decomisar arroz.

Desde entonces, los arroceros manifestaron su malestar, debido a que consideraban que las autoridades estatales controlaban en exceso su producto.

“La seguridad jurídica en el país está garantizada”, reiteró Siles y tranquilizó al sector.

Otro de los acuerdos de la reunión fue la realización de las ferias “del campo a la olla”, donde los productores podrán vender directamente su producto en las ciudades capitales, sin atravesar por los intermediarios que tienden a incrementar los precios.

Asimismo, el viceministro Siles señaló que el diálogo con los arroceros será constante y se prevé que la próxima semana se realice otra reunión para evaluar el tema de la producción de arroz prevista para 2025 y sus respectivos costos.  

Además, la autoridad reiteró que a partir de marzo de este año se implementarán las guías de movimiento, que, en su criterio, permitirán un mejor control sobre el arroz y evitar que se desvíe por medio del contrabando.

Este martes, un sector de gremiales y comerciantes de la ciudad de El Alto llegaron a La Paz para expresar su rechazo a la disposición ‘confiscatoria’ del Presupuesto General del Estado (PGE) y para exigir soluciones del Gobierno a la crisis económica que atraviesa el país.

“El Gobierno nacional debe atender con prontitud las peticiones del pueblo boliviano respecto al alza de la canasta familiar y otros productos, como material de construcción, material escolar, gasolina, diésel y escasez del dólar”, leyó el secretario de la Federación Única de Comerciantes del Sur de El Alto, Pedro Paco.

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Gobierno

Otros de los pedidos son la destitución del viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, y que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) “congele las deudas de la familia gremial”.

Por parte del Gobierno, el ministro de Trabajo, Erland Rodríguez, fue el encargado de recibir el pliego petitorio del sector.

“El hermano Paco está esperando que el pliego se responda en 24 horas, vamos a presentar al presidente Luis Arce para darnos el tiempo correspondiente porque hay algunos puntos que tal vez necesiten un poco más de tiempo”, afirmó la autoridad.

El ministro destacó que se debe buscar el diálogo y tratar de construir un mejor país, por lo que aseguró que las respuestas al sector se darán en su debido momento.

Gremiales

Los gremiales también exigieron al Gobierno aplicar una política de austeridad en este periodo de crisis económica, para reducir los sueldos de los funcionarios públicos y los gastos ministeriales.

En apenas dos días esta fue la segunda medida de presión del sector gremial, el cual también se movilizó el lunes en rechazo a la disposición ‘confiscatoria del PGE’.

Sin embargo, el Gobierno no retrocede en la medida y sostiene que les permitirá controlar mejor el contrabando y la especulación.

Ante el paro de 72 horas del sector panificador, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, señaló que en algunos departamentos la medida no está siendo acatada, pero en La Paz sí se observó que el pan desapareció este martes. Por ello, calificó a la medida de presión como un “castigo” a la población.

“Acá se siente el paro. Se siente como un castigo que le están propinando los dirigentes panificadores a la población que no tiene responsabilidad alguna en los intereses de los panificadores”, señaló en conferencia de prensa.

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Paro

La dirigencia del sector panificador decidió entrar a un paro de 72 horas desde este martes debido a que el Gobierno no aceptó el incremento del precio de la unidad de pan de Bs 0,50 a Bs 0,70.

Inclusive, los panificadores advirtieron que, si en ese lapso las autoridades no aceptan su demanda, encarecerán el precio del producto hasta Bs 1.

“El Gobierno ha puesto en la mesa todo lo que está a su alcance para evitar que el incremento del precio del pan sea una realidad”, afirmó Silva.

De acuerdo con el viceministro, en la reunión del lunes el Gobierno propuso incrementar la harina subvencionada y ampliar la subvención a otros insumos, como el azúcar, la levadura. Asimismo, se comprometieron a garantizar el abastecimiento de combustibles.

Sin embargo, el sector exige un incremento en el costo final del producto, debido a que consideran que el precio de Bs 0,50 actual no corresponde a la realidad económica del país.

Propuesta

Silva reconoció que el Gobierno “todavía no ha pensado qué hacer”, pero espera que el sector se apersone a las autoridades y restablezcan el diálogo.

“Esperemos que esa amenaza no sea una realidad”, se refirió respecto a la posibilidad de que la unidad de pan cueste Bs 1.

Asimismo, el viceministro explicó que el convenio con el sector panificador espiró el pasado 31 de diciembre. Por ello, no pueden controlar acciones como el precio irregular del producto.

Algunas personas denunciaron que, de manera arbitraria, en algunos centros de abasto el pan se comercializa ya a Bs 70, a falta de un acuerdo oficial.