Según un estudio realizado por la empresa de capitales inmobiliarios Citrino, entre el 60 y el 80% de los bienes inmuebles se pagan al contado en Santa Cruz, lo que evidencia un crecimiento en las inversiones del sector en esa capital.

Julio César Valenzuela, fundador y director ejecutivo de Citrino, sostiene que este factor genera gran demanda de alquileres y una plusvalía para inversión inmobiliaria.

“Del 60 al 80% de las ventas son al contado, es decir el boliviano que hoy día tiene sus ahorros en dólares o en bolivianos busca dónde resguardar su capital y los bienes raíces se han vuelto ese resguardo”, señaló Valenzuela en conferencia de prensa. 

También resalta que más de la mitad de esos compradores no radican en Santa Cruz.

“Tenemos una dinámica en Santa Cruz, se construyen inmuebles pequeños que generan alquiler. En los últimos 20 años su población creció a un 4% anual, eso es importante porque nos sitúa en el puesto número 14 en crecimiento de población mundial”, continuó el empresario.

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Venta de inmuebles

De acuerdo con datos oficiales, la tasa de ocupación en edificios en esa capital llega al 96,7% y la de vacancia al 3,3%.

Resalta el distrito 5 en Santa Cruz, que emerge como el de mayor crecimiento en este ámbito, ya que el municipio otorgó 1.073 licencias de construcción en esa zona.

Entre 2020 y 2023, se construyeron 51 edificios con más de 10 pisos, lo que constituye que en la actualidad suman 261 con esas características.

Entretanto, la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz informó que 2023 fue un año con similar comportamiento al de 2022, a pesar de la compleja coyuntura económica del país, marcada por la intervención de una entidad financiera en marzo de 2023 y por la escasez de dólares a causa de la caída de Reservas Internacionales Netas en el Banco Central de Bolivia.

“A pesar de ello, el 2023 acabó como un año de resiliencia y de fortaleza”, dijo Franz Rivero Arce, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Santa Cruz (Caincruz).

Valenzuela recalcó que el principal protagonista de esta tendencia en la ciudad oriental fue el crédito de vivienda social.

“El principal activador del crédito inmobiliario fue el crédito de vivienda social que además ha sido muy efectivo desde 2013 hasta el 2020”, acotó.

De hecho, el 31% de la cartera financiera del país corresponde a los micro y pequeños empresarios. En 2023 ese segmento requirió $us 9.519,4 millones. Por detrás de los microcréditos, se situó el crédito para vivienda social con el 26%, según la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban).

(19/04/2024)

Con el objetivo de apoyar a la población que asistirá a la Feria Exposición Cochabamba (Fexco) 2024 que se inaugura el 25 de abril, Boliviana de Aviación (BoA) lanzó los “Vuelos azules feriales” con boletos desde Bs 208 en el eje central del país.

La estatal publicó en sus redes sociales la oferta para viajes entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, con disponibilidad de varios horarios.

Según la oferta, los vuelos entre La Paz y Cochabamba tendrán un costo promocional de Bs 208 y tres horarios disponibles: 8.00, 15.40 y 20.00.

Los viajes entre Santa Cruz y Cochabamba y viceversa costarán Bs 267 con los varios horarios a elección desde las 5.50 hasta las 21.35.

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Mientras que los vuelos de La Paz a Santa Cruz tendrán un costo de Bs 358 con cuatro alternativas en horas: 5.45; 9.30; 14.40 y 22.00. De Santa Cruz a La Paz el costo es similar; sin embargo, la estatal ofrece varios horarios desde las 9.10 hasta las 22.15.

La oferta indica que los vuelos están sujetos a disposición de espacios, el equipaje está incluido en la promoción y se pueden adquirir online, en oficinas de BoA o en agencias de viaje.

El 30 de marzo, la estatal cumplió 15 años trasladando un total de 40,3 millones de viajeros en 393.351 vuelos a nivel nacional e internacional.

La Fexco se inaugurará el 25 de abril en Cochabamba con la oferta de 2×1 para el primer día de feria.

Ante la ausencia de una respuesta del Legislativo para suspender el tratamiento del proyecto de Ley 035, los médicos del país anunciaron este jueves un paro de cuatro días para la próxima semana en rechazo a la “jubilación forzosa” que, según ellos, pretende imponer el Gobierno.

Los profesionales en salud exigen la paralización del tratamiento de proyecto en la Asamblea Legislativa, mientras trabajen en mesas de trabajo para analizarlo.

“Ya podemos anunciar que, al no tener respuesta, (iremos a) un paro de cuatro días para la próxima semana, jueves, viernes, y lunes y martes de la subsiguiente semana”, adelantó el vicepresidente del Colegio de Médicos, Róger Pereyra.

El lunes, representantes de los médicos y la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados anunciaron un preacuerdo para trabajar en una mesa de trabajo; que analizará los alcances del proyecto. Los médicos, además de otros sectores como docentes universitarios y el magisterio, denuncian que la norma les obliga a una “jubilación forzosa” a los 65 años.

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Jubilación

El dirigente dijo que este jueves esperaron toda la tarde la respuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari (MAS), para suspender el tratamiento de la ley; sin embargo, la nota no llegó.

“Hasta el momento no tenemos la respuesta de la Cámara de Diputados. Al no obtener una respuesta positiva de levantar el tratamiento del proyecto de Ley 035 de la Cámara de Diputados tomaremos nuevas medidas”.

Adelantó que si hasta mañana reciben el compromiso de suspender el tratamiento del documento, el sector suspenderá todas las medidas de presión.

El proyecto de Ley 035 prevé modificar los límites solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, se encuentra en la Asamblea Legislativa desde junio de 2023.

Según los sectores movilizados, la norma pretende jubilar de manera obligatoria a los trabajadores. No obstante, el Gobierno informó que lo que busca el proyecto es proteger la seguridad de los trabajadores; y que a esa edad se realicen un examen médico para establecer su condición de salud.

En el acto por el 133 aniversario del Colegio Militar del Ejército, el presidente Luis Arce denunció este jueves que potencias mundiales y un “país vecino” buscan controlar los recursos naturales del país, especialmente el litio, bloqueando las exportaciones y excluyendo a Bolivia en procesos estratégicos de comunicación.

Asimismo, aseguró que esa estrategia apunta a «balcanizarnos, federalizarnos o mostrarnos como un Estado fallido»; y llamó a los cadetes a formarse en la defensa de la soberanía y la integridad territorial.

«Bolivia se ha convertido en un punto de interés para las potencias mundiales; así como para un país vecino que busca controlar nuestros recursos estratégicos a través de operaciones especiales, bloqueo de nuestras exportaciones, incumpliendo el Tratado de 1904 o la promoción de consejos empresariales para el control del litio».

Sin dar nombres, pero en alusión a Chile por el Tratado de 1904, el mandatario recordó que Bolivia se encuentra en una posición geopolítica estratégica y posee recursos naturales como el litio, tierras raras y agua dulce; “esenciales para el desarrollo tecnológico y económico del mundo”.

“Los afanes de las potencias por controlar el litio boliviano son cada vez más evidentes; se han producido intentos de desestabilización política, campañas de desinformación y presiones económicas para que Bolivia entregue su control sobre este recurso. Es nuestro deber, como bolivianos, defender nuestros recursos naturales y nuestra soberanía; debemos estar preparados para enfrentar cualquier amenaza que ponga en riesgo nuestro futuro”.

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Litio

Asimismo, remarcó que se quiere subordinar a Bolivia a «planes geopolíticos como el Plan Capricornio, pretendiendo que Bolivia sea excluido de procesos estratégicos de comunicaciones para lo cual buscan balcanizarnos, federalizarnos o mostrarnos como un Estado fallido».

El Plan Capricornio o Eje de Capricornio consiste en un corredor bioceánico que atraviesa Brasil, Paraguay, Chile y Argentina, con una longitud transversal de aproximadamente 2.500 kilómetros; y que incluye las instalaciones portuarias tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico. En un inicio, Bolivia fue incluida del proyecto.

El corredor comienza en los puertos de Brasil, atraviesa Paraguay y el noroeste de Argentina, y llega a los puertos del norte de Chile a través de la Región de Antofagasta; conectando con los mercados del Asia Pacífico y la costa oeste de los Estados Unidos. El proyecto tiene el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que en diciembre de 2023 presentó el Plan Maestro Regional de Integración y Desarrollo del Corredor Bioceánico de Capricornio (PM-CBC).

Justamente este jueves, el ministro chileno de Hacienda, Mario Marcel, dijo que la alianza público-privada diseñada para ampliar la explotación del litio en Chile volverá a convertirlo en el mayor productor de este metal clave para la transición energética.

“Chile va a retomar exactamente el lugar que tenía en términos de producción” hasta 2016; cuando Australia le arrebató el liderazgo mundial en la producción de litio, dijo Marcel.

Bolivia cuenta con reservas de litio cifradas en 21 millones de toneladas en los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes.

El Gobierno boliviano encara la industrialización del litio bajo un modelo soberano. En julio de 2023 firmó acuerdos con firmas rusas y chinas para su industrialización bajo la Tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL); con una inversión de $us 1.400 millones.

La empresa Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la Procuraduría General del Estado presentaron una denuncia ante el Ministerio Público contra 10 exfuncionarios de la estatal por daños a las piscinas industriales del complejo de litio, ubicado en Potosí, que ascienden a más de Bs 425 millones.

El ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina; la presidenta ejecutiva de YLB, Karla Calderón, y el procurador César Siles anunciaron este jueves la demanda por los delitos de contratos lesivos al Estado, incumplimiento de deberes; conducta antieconómica e incumplimiento de contrato.

Según una auditoría, el daño económico causado por incumplimiento de contratos asciende a Bs 212.991.00; además, el daño procesal alcanza a Bs 239.995.489, haciendo un total de Bs 425.297.717.

Calderón explicó que se realizó una investigación técnica durante dos años y se elaboró un amplio informe como base para presentar la denuncia e identificar la responsabilidad de los extrabajadores y una empresa adjudicada, por contratos irregulares.

Añadió que los daños van desde la construcción, la impermeabilización, hasta la puesta en marcha de las piscinas entre las gestiones 2013 y 2017.

“Sin todas las correcciones que se hicieron no se hubiera consolidado la construcción de la planta. A la fecha las dos plantas, de Cloruro de Potasio y de Carbonato de Litio, están en operaciones y se recuperaron cinco piscinas. Pero tenemos deficiencias en las piscinas de materia prima”, indicó Calderón.

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YLB

La autoridad afirmó que el complejo tiene 20 líneas, cada una cuenta con ocho piscinas y de acuerdo con el informe 004/2024, “se establece la inoperabilidad de 18 de las piscinas industriales”.

Complementó que se identificó tres factores que provocaron el “irreparable daño”: incumplimiento de las especificaciones técnicas del grosor de membranas, deterioro de las geomembranas que fueron instaladas, y mal uso de las piscinas industriales de producción de sales.

Detalló que en el caso de geomembrana de PVC, que se utiliza para impermeabilización, no cumple con el espesor estándar; pues según contrato debía ser de 0,75 milímetros y se adquirió una de 0,55 milímetros.

Asimismo, se detectó que el proceso de impermeabilización no funcionó debido a la ausencia de los sistemas de bombeo, que debían ser construidos de manera paralela. Esto provocó que las piscinas queden sin agua, secándose al sol; y ocasionando daños y retrasos en la producción de salmuera, que es la materia prima para la Planta Industrial de Carbonato de Litio.

Otro factor de deterioro fue el uso incorrecto de la normativa para la soldadura de las membranas; “se hizo hasta cinco veces la aplicación de pruebas de aire y eso genera un desgaste y no se mantuvieron unidas”.

Al respecto, el procurador Siles dijo que la demanda presentada contiene 4.020 hojas con el informe técnico.  Entre los presuntos implicados se encuentra Luis Alberto Echazú, exgerente nacional de Recursos Evaporíticos, además de exdirectores y exsupervisores.