El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, indicó que se buscarán mecanismos para que los exportadores puedan ingresar dólares al país provenientes de sus actividades comerciales en el exterior.

Sostuvo que eso permitirá fortalecer la economía nacional tras la inusual demanda de la divisa estadounidense que se originó hace un mes.

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“Hay que encontrar los mecanismos para fortalecer la economía boliviana a través de que las empresas privadas y los exportadores puedan traer esas divisas al país y, de esa manera, generar un proceso de retorno a la normalidad dentro de la economía boliviana”, dijo a la red DTV.

En entrevista con ese medio, el martes, el exvicepresidente Álvaro García Linera atribuyó la escasez de dólares en la economía boliviana el desvío de la moneda a otros destinos por parte de los exportadores. 

“Un empresario, no todos, pero una parte importante exporta, por ejemplo, soya, ¿dónde van sus dólares? Se quedan en Miami (Estados Unidos). Exporta madera, ¿dónde van sus dólares? A Panamá”, cuestionó.

Récord

Durante el año pasado, Bolivia logró un récord histórico en exportaciones, que llegó a los $us 13.653 millones, según los datos presentados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Destacaron las ventas de productos no tradicionales, como los derivados de soya, la urea y el carbonato de litio. De acuerdo con los datos, las exportaciones de soya y sus derivados alcanzaron un total de $us 2.200 millones.

Cusicanqui prefirió no señalar si el Gobierno asumirá medidas como la propuesta por García Linera para que las divisas de los exportadores pasen por el Banco Central de Bolivia (BCB) con el fin de fortalecer las Reservas Internacionales.

No obstante, dijo que se realizan evaluaciones para resolver los problemas económicos del país a través de las políticas como la industrialización y la sustitución de las importaciones. “El Gobierno siempre va evaluando una serie de medidas para atender los temas coyunturales, pero fundamentalmente los temas estructurales de mediano y largo plazo”, dijo.

Por eso, damos “énfasis en las soluciones definitivas a los problemas de la economía y viene por el proceso de la industrialización de los recursos naturales y la sustitución de importaciones”, insistió.

Observaciones

El lunes, en respuesta a cuestionamientos del expresidente Evo Morales a la gestión económica del Gobierno, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, dijo que en la administración del exmandatario hubo poca inversión en la exploración de hidrocarburos.

“No se han hecho las inversiones adecuadas, inversiones necesarias para ir mantenido este nivel de producción”, insistió el funcionario.

Dijo que por es “la economía boliviana está pagando las facturas de no haber hecho esa inversión en la manera agresiva”.

Este viernes 31 de marzo se realizará la feria ‘Del campo de a la olla’ en la ciudad de La Paz, en la que se ofertarán papa, choclo, haba, arveja y frutas, entre otros productos, a precios accesibles.

El director nacional del Programa Tubérculo y Raíces de la Institución Pública Desconcentrada Soberanía Alimentaria, Marcelino Rodríguez, informó que la feria se realizará en la plaza Alonso de Mendoza, con la participación de más de 40 productores de la provincia Camacho, La Paz.

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“El precio de la papa va a estar económico, en Bs 50 la arroba; el durazno, 25 (unidades) a Bs 8; haba, la arroba a Bs 40; choclo, la unidad a 80 centavos; arveja, arroba Bs 40; maíz, la arroba Bs 40; cebolla, arroba Bs 40; locoto, cuarta Bs 5, y zanahoria, cuarta arroba Bs 9”, informó Rodríguez a La Razón.

El funcionario invitó a ciudadanos y ciudadanas de La Paz a que visiten la feria, coincidente con la época de cosechas en el país.

Explicó que la producción de papa que se ofertará en la feria corresponde a la cosecha de la campaña 2022-2023, a la que el programa apoyó con fertilizantes para un mejor rendimiento efectivo.

Una de las productoras de la comunidad Matilata, del municipio de Carabuco, de la tercera sección de la provincia Camacho, dijo que en la feria ofrecerán una producción variada, desde frutas, verduras, tubérculos e incluso carne de pescado.

El evento es organizado por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en coordinación con los pequeños y medianos productores de los diferentes sectores del territorio.

Este tipo de actividades se desarrolla en diferentes regiones del país. En enero se efectuó en la ciudad de Cochabamba.

Con el propósito de identificar zonas que presenten condiciones óptimas para emplazar nuevos parques eólicos en Bolivia, ENDE Corporación inició cuatro nuevas campañas de medidor eólico en los municipios de Warnes, Montero y Cabezas, en el departamento de Santa Cruz.

Las zonas identificadas albergan áreas donde la fuerza del viento brinda ambientes adecuados para generar la energía renovable.

Según ENDE, cada campaña tiene una duración mínima de dos años, En ese tiempo se instalan torres de medición eólica que incluye la operación y mantenimiento de equipos.

Al finalizar las campañas se emiten informes con datos que establecen el potencial eólico de las zonas de estudio y sobre esa base se inicia el estudio de factibilidad para el posible emplazamiento de un parque eólico.

Luego de instalar las torres en municipios de Warnes, Montero y Cabezas, el primer trimestre de este año se comenzó a ejecutar mediciones de viento.

De manera previa se evaluaron datos satelitales del Atlas Eólico de Bolivia, que contiene información sobre el análisis de 13 estaciones meteorológicas de referencia distribuidas en todo el país.

Además de estas cuatro campañas de medición eólica, la empresa estatal planea implementar otras similares en distintas regiones de Santa Cruz.

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El ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina, anunció que en los siguientes días habrá anuncios sobre más inversiones en el litio, principalmente relacionadas a la tecnología de Extracción Directa del Litio (EDL).

Sostuvo que se prevé nuevos acuerdos con las empresas que fueron parte del proceso de aplicación de la tecnología EDL en los salares del país, así como fue el consorcio chino CATL BRUNP & CMOC (CBC), que invertirá aproximadamente $us 1.000 millones para desarrollar esa tecnología.

“No van a ser solamente estos 1.000 millones, en los próximos días vamos a hacer anuncios importantes, porque no se olviden que dentro del proceso de selección para EDL fueron como seis empresas que llegaron a esta parte y estamos en ese proceso en este momento”.

El 20 de enero, la estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó un convenio con el consorcio chino CBC para el desarrollo de la tecnología EDL en los salares de Coipasa (Oruro) y Uyuni (Potosí).

PROCESO.

CBC fue una de las empresas que participó del proceso de aplicación de la tecnología EDL en los salares del país junto a otras cinco empresas: CITIC GUOAN/CRIG, TBEA Group y Fusion Enertech (empresas chinas); Lilac Solutions (Estados Unidos) y Uranium One Group (Rusia).

Molina informó que, tras la firma de ese primer convenio se iniciaron estudios de microlocalización, que significa ubicación específica para el desarrollo de trabajos de geología, geotecnia y aspectos ambientales para el emplazamiento y construcción de dos plantas industriales.

Con la selección de otras empresas, Bolivia prevé incrementar la producción de carbonato de litio a partir de 2024 y llegar a las 65.000 toneladas.

YLB negocia con otras cuatro compañías que forman parte de este proceso de selección. “Hay resultados importantes”, agregó el titular de Hidrocarburos y Energías.

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La planta industrial que aún se construye en Llipi, Potosí, y se prevé su conclusión este año, tiene una capacidad de 15.000 toneladas.

En tanto, con la CBC se identificarán los sitios para el emplazamiento de dos plantas con tecnología EDL, las cuales tendrán una capacidad de producción de 25.000 toneladas cada una.

“Durante la gestión 2024 vamos a llegar a producir carbonato de litio superando las 65.000 en el área de producción”, sostuvo.

Bolivia es el país con las mayores reservas de litio del mundo, tiene 21 millones de toneladas en el salar de Uyuni y forma parte del “triángulo del litio” junto con Argentina y Chile.

El juicio oral contra cuatro exautoridades del gobierno transitorio de Jeanine Áñez, acusados de la paralización de la planta de urea y amoniaco en el trópico de Cochabamba, se postergó hasta el 12 de abril debido a la alta carga laboral del juez.

Están acusados en el caso el exministro de Hidrocarburos Víctor Hugo Zamora, y otros cinco exaltos cargos de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Antonio Terceros, presidente del Colegio de Petroleros de Cochabamba, confirmó la postergación del proceso hasta el próximo mes.

“Hay seis personas implicadas y dos no se han presentado, Zamora y el expresidente de YPFB Herland Soliz. Los otros cuatro acusados estaban presentes. Fue suspendido por un tema de carga laboral del juez”, explicó.

Indicó que otros procesos estaban previamente programados, por lo que este fue diferido hasta el 12 de abril. El juicio se realizará en Ivirgarzama.

El Ministerio de Hidrocarburos anunció en su momento que pedirá ocho años de cárcel para los implicados en los graves daños económicos causados a la planta de Bulo Bulo entre 2019 y 2020.

Zamora y Soliz fueron declarados en rebeldía y se presume que estarían fuera del país. Los otros acusados están con medidas cautelares.

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Daños en la planta

Esas personas están acusadas por la paralización del complejo industrial. Esto generó pérdidas económicas para el Estado debido a la falta de producción y comercialización del fertilizante. También se los responsabiliza de daños a equipos de alto valor como turbinas y calderos.

De acuerdo con Terceros, en este caso se ha ocasionado un daño económico de más de $us 400 millones.

Remarcó que la paralización provocó un daño de 243 millones de dólares. Se suman las pérdidas acumuladas hasta el día de la reactivación de la planta.

La Fiscalía sustentará la acusación formal con 11 pruebas testificales, 73 documentales, requeridas y secuestradas de las instituciones involucradas.

Además, ofreció una prueba pericial de auditoría forense a desarrollarse por el Instituto de Investigaciones Forenses para cuantificar el total de daño económico generado al Estado.