Felipe Sandy Rivero, quien era el “testigo clave” del supuesto caso de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), denunció que era víctima de persecución política desde el Ministerio de Justicia, por develar irregularidades en la adjudicación de obras de la vía Sucre-Yamparáez.

A través de un video difundido por medios de información, dijo que tras la denuncia del caso difundida por el diputado Héctor Arce (MAS), esa cartera de Estado confirmó la adjudicación irregular a la empresa China Harbour Engineering Company (Chec) en enero de 2022.

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No obstante, aseguró que ese ministerio cambió de postura y pretendió “dejar en impunidad a los verdaderos autores de los delitos y sacrificar a los peones y a los más débiles, dando ilegal continuidad a una obra que se adjudicó y firmó en base a hechos aceptados y comprobados de corrupción”.

También afirmó que “el ministro (Iván) Lima, con el objetivo de distraer la atención de la población, se dedicó a hostigar y dar persecución al testigo protegido, solicitando en dos ocasiones levantar la identidad y la protección del mismo”.

Video

A horas de la publicación del video, el Ministerio de Justicia no emitió criterio alguno sobre el hombre, que, según informó el lunes Lima, falleció en un accidente vial en Estados Unidos.

En el video, Sandy Rivero lamentó que desde esa oficia se haya incurrido en “chicanerías” para involucrarlo, perseguirlo, revelar su identidad y atacarlo, “argumentando que un testigo ve los hechos de lejos, como si fuera un accidente de auto”.

“La vida y seguridad del testigo protegido se han visto seriamente amenazadas ante la injusta, ilegal y cobarde decisión del Ministerio de Justicia de darle persecución judicial, inviabilizando y desvirtuando el mismo espíritu de la Ley 458”, denunció.

Sandy Rivero contó que, ante ese hostigamiento, decidió salir del país. Pese a ello, en su criterio, la persecución continuaba.

Denuncia

Así, dijo que determinó denunciar el caso de supuesta corrupción ante el Comité de Prevención de Prácticas Prohibidas de la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, porque los recursos para la construcción de la vía fueron financiados por ese organismo internacional.

Además, afirmó que presentó la denuncia ante ONG como ser Transparencia Internacional. Por último, dijo que acudió ante el FBI de Estados Unidos para que investigue el caso y la persecución judicial.

“El Ministro de Justicia dijo, de manera acertada, que estas empresas chinas tienen presencia a nivel mundial y participan en los principales mercados financieros, incluido el norteamericano, por lo que la ley de prácticas corruptas en Estados Unidos le da plena competencia al FBI y al Departamento de Justicia de Estados Unidos de investigar y castigar el presente caso”, comentó.

El testigo clave recordó que el 16 de septiembre de 2022 Lima afirmó que “la hipótesis que tenemos es que el testigo protegido es una persona que no ha recibido su parte de la torta de corrupción que se estaba repartiendo’.

No obstante, Sandy Rivero dijo que el ministro se contradijo un mes después “diciendo que al final no se había pagado la coima a la ABC y que milagrosamente los chinos hicieron aparecer la plata, un insulto a la inteligencia del pueblo boliviano”.

“Esa afirmación en sí contradice su propia hipótesis”, remató.

En un duro mensaje en el video, Sandy Rivero consideró que “detrás de todo este caso, no se puede negar que ha habido y habrá una gran tragedia humana”.

El supuesto “testigo clave” del presunto hecho de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) en la adjudicación de la empresa china Chec dejó grabado un video en el que cuenta cómo se concretó el hecho en 2021.

La pasada semana, el ministro de Justicia, Iván Lima, develó que el testigo había fallecido en un accidente de tránsito en Miami, Estados Unidos. Además, pidió al diputado Héctor Arce (MAS), denunciante del, “decir toda la verdad” al respecto.

Felipe Sandy Rivero, como se presenta en el video, residía en Estados Unidos y grabó el video en enero de este año. Develó que él denunció el hecho en junio del año pasado ante la empresa China Harbour Engineering Company (Chec), filial de China Communications Construction Company (CCCC), del cual era representante Jin Zhengyuan.

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“El 10 de junio de 2022 me comuniqué con los superiores jerárquicos del Jin Zhengyuan en la China informando de la situación, sin haber recibido respuesta alguna. He enviado un correo el 10 de junio, viernes, de 2022, a las 16.41”, dijo en el video revelado por varios medios.

Al no contar con una respuesta positiva, dijo que entre junio y julio de 2022 acudió a las autoridades del Gobierno nacional “llegando hasta altas autoridades de la Vicepresidencia y la Presidencia, a efectos de que el caso se pueda resolver con discreción y sin escándalo público”. Tampoco tuvo eco a sus denuncias.

Dijo que luego acudió al diputado Arce, quien, en agosto del año pasado, presentó la denuncia ante el Ministerio Público, para el inicio de las investigaciones sobre ese supuesto caso de corrupción.

La denuncia del legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS) señalaba que Jin Zhengyuan otorgó una coima de Bs 18,6 millones a personal de la ABC para adjudicarse la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, en Chuquisaca.

Protección

Tras la denuncia, el 30 de agosto de 2022, la Fiscalía determinó otorgarle a Sandy Rivero el estatus de “testigo protegido”, de acuerdo con la Ley 458.

“Dicha ley se aplica específicamente para testigos y denunciantes en casos de crimen organizado, terrorismo, corrupción, narcotráfico, violencia contra la mujer, trata y tráfico y violación de derechos fundamentales. Ésta iba a ser mi sentencia de muerte”, aseguró el hombre.  

Relató que él fue contactado por Jin en 2021 por su experiencia previa en distintas instituciones en el campo de las hidrovías. Dijo que el ejecutivo le pidió asistencia en reuniones y negociaciones con autoridades y empresas nacionales y locales de Sucre, “excepto con la ABC”.

Afirmó que conoció que la alteración y el cambio de documentación en las carpetas de la licitación para la adjudicación de la obra fue realizado por el jefe administrativo nacional de la ABC, que —en su criterio— era de conocimiento de la comisión evaluadora del proyecto.

“Este extremo se confirmó, aparte de mi testimonio y pruebas aportadas, con la declaración del miembro de la comisión calificadora que apellida Chura Hidalgo”, dijo.

Corrupción

Sandy Rivero leyó una declaración de Chura Hidalgo, cuyo texto el siguiente: El “6 de enero de 2022, el licenciado William Mamani, jefe administrativo financiero nacional de la ABC, me llama por la mañana desde un celular desconocido para que nos reunamos en el residencial Bolivia; me da una contraseña para que ingrese a la habitación: la contraseña era hoy”.

Y Chura Hidalgo continúa: “Le dije a los chinos que en la propuesta técnica había un error en dos páginas y, antes de retirarme, les dije que si no cambiaban esas hojas de la propuesta técnica, no ganarían. Ellos dejaron en un sobre cerrado las dos hojas; voy por la tarde, lo recibo y lo llevo a la comisión para poder reubicarlo y tenerlo listo ya el informe de la comisión y pasarlo al responsable del proceso de contratación. Todo con consentimiento de toda la comisión”.

Ese hecho, según el testigo clave, fue confirmado por el ministro de Justicia, Iván Lima, de quien recordó que el 15 de septiembre de 2022 indicó que la documentación que ha sido evaluada por la comisión de la ABC, a cargo de la adjudicación de esta obra, ha sido adulterada.

“Hay una evidencia contundente de que el poder de representación que pueden ver, el formulario notarial N 68, 34, 183 187 y 189, todas estas hojas que supuestamente tenían que haber tenido una fecha posterior al 26 de enero que es la fecha en la que se venden al público, tienen fecha anterior”, dijo entonces Lima.

El testigo clave también contó que el representante de Chec suscribió un contrato de prestación de servicios “ficticio” con una empresa unipersonal. La empresa era de “propiedad de Jesús Esteban Aguilar Suxo, sobre un supuesto alquiler de maquinarias pesadas y otras, contrato que tenía por objeto justificar el retiro total de más de 9 millones de bolivianos, mediante la emisión de cheques firmados por el representante legal de Chec y CCCC, desconociéndose el destino de dicho monto retirado de forma irregular”, sostuvo.

Pese a este hecho, denunció Sandy Rivero, la Fiscalía no investigó la coima del caso.

El martes se conoció que el empresario chino Jin Zhengyuan devolvió un monto de casi Bs 9 millones a la empresa china Chec.

Se supo que el dinero se encontraba en fajos de billetes en un inmueble de la ciudad de Sucre. Al lugar llegaron los representantes de Jin Zhengyuan y de la empresa para la operación de devolución.

A partir del 15 de mayo, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo empezará a recabar los trámites de los nuevos aportantes. Además, desde esa fecha comenzará la recaudación para el pago de rentas correspondiente a abril.

A partir del 1 de mayo la Gestora Pública iniciará la administración del Sistema Integral de Pensiones (SIP) en su totalidad. Así lo recordó el gerente general de la entidad estatal, Jaime Durán, recordó ayer que

“El 15 de mayo vamos a empezar a recibir los trámites, las carpetas de los nuevos jubilados y la planilla de mayo; se paga a inicios de junio; ya la vamos a pagar’, afirmó Durán en entrevista con LA RAZÓN Radio.

El funcionario informó que, con datos a noviembre del año pasado, la cantidad de jubilados en el país asciende a más de 206.000.

El Decreto Supremo 4585, del 15 de septiembre de 2021, establece los plazos para el inicio de actividades de la Gestora Pública en los regímenes contributivo y semicontributivo del SIP, que comenzó a partir del 9 de septiembre de la gestión pasada.

Y el inicio total de actividades será a partir de mayo de 2023; plazo máximo en el cual la Gestora debe contar con la capacidad tecnológica, operativa y de infraestructura en el ámbito nacional.

Durán dijo que la migración de datos de los trabajadores afiliados a las AFP Futuro de Bolivia y BBVA Previsión AFP cursa el 85%.

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“Estamos cumpliendo nuestro cronograma porque ha sido elaborado desde el punto de vista técnico y nos hemos encargado de informar a la población”.

Durán dijo que a mediados de mayo también comenzará “el traspaso de títulos valores de las inversiones realizadas por las dos Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)” que operan todavía y que serán regentadas en adelante por la Gestora Pública.

Recordó que al momento los asegurados en las AFP y la Gestora Pública superan los 2,5 millones. No obstante, solo cerca de 800.000 son cotizantes, entre ellos los jubilados, que son, aproximadamente, 206.000.

Desvirtuó algunos temores de la población aportante en sentido de que los recursos que son administrados todavía por las AFP y por la Gestora Pública sean utilizados para préstamos. Al contrario, Durán aseguró que esos recursos son reinvertidos para la generación de intereses y rentabilidad para mejorar las pensiones de los jubilados del país.

INVERSIÓN.

Durán aclaró que el 95% de los recursos que administran las dos AFP, Futuro de Bolivia y BBVA Previsión, y la propia Gestora Pública está invertido en títulos valores tanto en el sistema financiero como en el Estado.

Dijo que, actualmente, los recursos administrados por las tres entidades, en transición, ascienden a $us 23.500 millones, que, en su criterio, están garantizados.

“La gente dice que esos 23.500 millones de dólares están en plata. No; yo les digo que más del 95% de esos recursos ya se encuentran invertidos en títulos valores del sistema financiero y en títulos del Estado”, explicó Durán.

La Gestora ya registra 26.714 aportantes

Desde que inició operaciones, el 9 de septiembre de 2022, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ya registró a 9.033 empresas y a 26.714 trabajadores hasta el 19 de marzo del presente año.

El gerente general de la entidad estatal, Jaime Durán, afirmó que los aportes de esa cantidad de trabajadores son invertidos en las bolsas de valores del sistema financiero y del Estado para la generación de rendimientos.

“Estas más de 26.000 personas ya aportan con la Gestora. La Gestora ya invierte sus recursos y genera rendimientos y estamos trabajando con 9.033 empleadores, empresas que realizan sus aportes”, dijo en contacto con LA RAZÓN Radio.

El 9 de septiembre de 2022, la Gestora Pública inició la administración de los aportes de las y los trabajadores del país. Cuando opere en su totalidad, se reducirá de cuatro a uno el pago de comisiones que se realiza con las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Futuro de Bolivia y BBVA Previsión.

Durán ratificó que la entidad estatal administrará desde la totalidad de los aportes de los trabajadores y jubilados del país en reemplazo de las AFP, cuya operación, no obstante, continuará.

Recordó que una de las garantías es el crecimiento de sus utilidades y rendimientos.

En 2021 generó una utilidad de Bs 7,81 millones y en 2022 creció un 128%, hasta situarse en Bs 17,93 millones.

Respecto a la rentabilidad, entre septiembre y diciembre del año pasado, la Gestora Pública logró en promedio un 4,51% de rendimiento, superando el límite planteado que era del 4%.

El Gobierno realiza un mapeo en todo el país para identificar los puntos donde se revenden los dólares que son adquiridos en el Banco Central de Bolivia (BCB) y son comercializados a un precio mayor al oficial.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, informó que este trabajo no solo se realizará en las ciudades capitales, sino también en las regiones fronterizas, principalmente con Chile y Argentina, de donde — según denuncias— salen las divisas hacia el exterior del país.

“Se estaría sacando el dólar a un precio mayor de gente que viene a hacer filas acá (Banco Central y que) se está dedicando a ese tipo de tráfico de esta moneda”, dijo Silva a la prensa.

Afirmó que ese mapeo se entregará a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) y al Banco Central de Bolivia (BCB) para que asuman los recaudos necesarios ante la venta irregular de la divisa estadounidense en el mercado informal.

De acuerdo con reportes de la televisión, el dólar en las zonas fronterizas, sobre todo con Argentina, se comercializa por encima de los Bs 7,00, cuando el tipo de cambio oficial es de Bs 6,96 para la compra.

Una persona que se dedica a la compraventa de dólares en el mercado informal fue aprehendida y encarcelada por cuatro meses en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes en la ciudad de La Paz. Fue acusada por los delitos de agio y especulación.

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Con ese antecedente, el viceministro Silva afirmó que continuarán los controles para evitar que estas personas conocidas como ‘librecambistas’ afecten la economía del país y de las familias que requieren dólares para cumplir sus obligaciones, como el pago de deudas o devolución de anticréticos.

Si encontramos a “otra persona en las mismas condiciones, vamos a presentar la denuncia por agio y especulación y vamos a exigir que se procese de acuerdo con lo que establece la normativa”, advirtió el viceministro.

Luego del acuerdo entre el BCB y el Banco Unión de venta de dólares a un tipo de cambio competitivo de Bs 6,95 la unidad a los exportadores privados del país, una inusual demanda de la divisa por parte de la ciudadanía genera filas y especulación.

Las denuncias contra librecambistas o casas de cambio que especulan con la venta de dólares suman día a día. Hasta el lunes se registraron más de un centenar de denuncias. 

Tras una inspección a cargo de la Fiscalía y la Policía, este martes se ordenó la paralización de la actividad minera de la empresa Gran Poder Korihuayco, ubicada en la cuenca del río Yolosa, en Coroico.

Según la página La Voz de la Naturaleza, varias comunidades como Coroico Viejo, Santo Domingo y Yolosa, denunciaron actividad minera ilegal en la cuenca del río de esta zona de La Paz.

Los denunciantes presentaron los documentos correspondientes a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) y a la Policía Forestal y Preservación del Medio Ambiente.

Este martes, el fiscal Ramiro Cadena y efectivos de la Policía llegaron hasta el municipio de Coroico para verificar la denuncia.

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Intervinieron la empresa Gran Poder Korihuayco y detuvieron a tres personas que llevaban dinamitas.

Asimismo, el fiscal ordenó precintar el área para evitar que la empresa continúe con la actividad ilegal.

Los pobladores de las comunidades se quejaron de la constante aparición de la minería ilegal en el sector y agradecieron la pronta intervención de las autoridades.

La minería ilegal en los Yungas se incrementó en los últimos años, pese a la oposición de los pobladores. El Gobierno atendió varios conflictos producto de la minería ilegal que genera enfrentamientos por áreas de trabajo y con la población.