El viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, llamó a los empresarios de transporte internacional a asistir a sus trabajadores varados en Perú desde principios de enero.
“La mayor parte de los hermanos que están ahí son choferes asalariados; los dueños de las empresas de transporte tienen que garantizar los viáticos y todo lo que significa tenerlos en Perú y bajo esas condiciones.”, dijo Blanco a La Razón Radio.
Recordó que esos camiones y sus mercancías “cuentan con un seguro” y que los trabajadores se quedan en esos lugares por resguardar el motorizado y su contenido.
Desde el 4 d enero, cuando se reactivaron los conflictos en Perú, que demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, al menos 350 vehículos bolivianos quedaron varados al otro lado de la frontera.
Blanco dijo que 150 de ellos lograron avanzar más hacia Bolivia y 200 se mantienen a 60 kilómetros dentro el territorio peruano, al otro lado de Desaguadero.
“Las personas podrían caminar, son ocho horas de caminata y podrían retornar a sus casas, el tema es que los dueños de las movilidades los tienen ahí, cuidando (los motorizados y sus mercancías)”, apuntó Blanco.
“Lo que corresponde es, mínimamente, que se hagan cargo de sus obligaciones como empleadores”, agregó el viceministro.
Bloqueo en Perú
Recordó que el 4 de enero “se advirtió que el bloqueo se iba a retomar”, pese a eso, “estas empresas han hecho caso omiso han mandado a las unidades de transporte que ahora están impedidas de volver a nuestro territorio”.
“Ahora se tienen que hacer cargo de los viáticos y de lo que cuesta tener a estas personas en Perú”, insistió.
Incluso, Blanco dijo que hay denuncias por despidos de transportistas, pero llamó la atención a los dueños de los camiones para que puedan “garantizar los derechos de las personas que están allá”.
El conflicto en Perú comenzó el 7 de diciembre, cuando el entonces presidente Pedro Castillo decidió, primero, cerrar el Congreso y “gobernar mediante decretos”.
Inmediatamente, los miembros del Congreso se reunieron y decidieron destituir a Castillo, envuelto en acusaciones por supuesta corrupción, por “falta de moral para gobernar”.
En consecuencia, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió la Presidencia de Perú.
Desde entonces, varias organizaciones ciudadanas se movilizaron para exigir la renuncia de Boluarte y el adelanto de las elecciones generales.
Las protestas en varias regiones peruanas no cesaron, incluso, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron a los manifestantes, acción que derivó en una represión violenta que mató a más de medio centenar de personas e hirió a centenares.