El ministro de Economía y Finanzas, Marcelo Montenegro, volvió a rechazar este sábado el informe de Moody’s sobre el país y dijo que, entre otras cosas, hace cinco meses esta entidad subió la calificación al Deutsche Bank, que el viernes se fue a pique y arrastró a otras entidades en Europa en una nueva muestra de la crisis financiera mundial.

“Hace cinco meses Moody’s le daba una mejora en su calificación”, dijo Montenegro luego de hacer una rememoración de cómo el Deutsche Bank cayó el viernes en los principales mercados de capitales y arrastró en esa caída a otras entidades financieras de Europa.

«Hubo subida de tasas de interés por la alta inflación, mercados laborales que se deterioran y recesión en varios países, bancos que están quebrando en Estados Unidos, ayer el Deutsche Bank arrastró a muchos bancos europeos por la caída en la valoración de sus acciones, mientras que Bolivia tiene un contraste diferente», señaló.

Frente a este panorama, Montenegro lamentó que esta entidad no tome en cuenta los esfuerzos que hace Bolivia para enfrentar la crisis mundial ni valore los otros indicadores que le dan solvencia a la economía nacional.

«Queda desmentido y queda sin sustento los argumentos que tiene Moody’s para bajar la calificación a Bolivia”, afirmó.

Explicó que “la Asamblea Legislativa está aprobando varios créditos desde el Presupuesto, $us 705 millones y otros pendientes que van a ser aprobados por nuestra Asamblea».

También descartó problemas de ‘gobernabilidad’ en el país. Dijo que el informe de Moody’s no tiene un sustento en la realidad y economía de Bolivia que muestra gobernabilidad y un crecimiento en medio de un contexto externo adverso, como quedó claro el viernes con el caso de Deutsche Bank.

El viernes, la agencia de evaluación de riesgo Moody’s rebajó la calificación de Bolivia como emisor de deuda de B2 a Caa1, lo que implica que las operaciones de deuda están sujetas a un riesgo más alto.

Montenegro aseguró que el informe de la calificadora no contempló las fortalezas de la economía boliviana, en un contexto internacional de inestabilidad económica y de crisis como la quiebra de bancos.

Esta entidad, como otras similares, señalan que en el país se hace insostenible el tipo de cambio del dólar y cuestionan las subvenciones tanto a alimentos como a los combustibles y sugieren que se ponga fin a ambas medidas.

Pero el Gobierno reiteró una y otra vez que ambas medidas no se tocan, pues permiten la estabilidad de precios y la estabilidad económica en el país.

Sin embargo, los precios del diésel que el país importa crecieron de forma alarmante en el mercado internacional, lo que provocó que se tenga que erogar más del doble de lo que se tenía presupuestado.

Este hecho tuvo una repercusión negativa incluso en las reservas internacionales del país y en una demanda inusual y espiral especulativa del dólar en el mercado local.

El Gobierno espera que la Asamblea Legislativa Plurinacional viabilice una serie de créditos internacionales. A la fecha se aprobaron $us 705 millones y están pendientes otros $us 779 millones, mientras que están garantizados que $us 1.800 millones de diferentes organismos internacionales.

Montenegro aseguró que las cifras muestran que Bolivia no tiene problemas de solvencia y el problema transitorio de liquidez fue afrontado con la venta de dólares en forma directa por el Banco Central de Bolivia y el Banco Unión.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) arrancó este sábado, 25 de marzo, la prueba piloto del Censo Población y Vivienda de 2024.

Este operativo comenzó en cuatro municipios de los departamentos de Beni, Chuquisaca, Oruro y Potosí y se extenderá hasta el 27 de marzo.

“La realización de esta prueba es una muestra clara del avance y cumplimiento del cronograma diseñado para el Censo bajo los estándares técnicos establecidos para garantizar resultados de calidad que permitirán planificar el desarrollo del país, señala un reporte del INE.

El inicio de la prueba piloto se convierte en un nuevo hito para la organización del Censo de marzo de 2024, porque permitirá evaluar los procedimientos e instrumentos que se utilizarán el día censo para capturar la realidad del país en varias de sus dimensiones.

“El Instituto Nacional de Estadística se encuentra orgulloso por el avance que se viene realizando en el proyecto más importante de nuestro país”, dijo el director General Ejecutivo del INE, Humberto Arandia, citado en el mencionado reporte.

“Este proyecto que permitirá obtener una radiografía completa de la realidad económica, social, demográfica, habitacional y ocupacional de nuestro país. Juntos avanzamos por el censo, juntos defendemos al censo”, añadió.

Esta prueba piloto es parte de la etapa pre censal que se realiza de manera paralela a la Actualización Cartográfica Estadística que, al 23 de marzo de la presente gestión, tuvo a un avance general del 80%, y a un año del proceso estadístico técnico más importante del país.

Se llegó al 100% de la actualización cartográfica en tres departamentos y en ocho ciudades capitales más El Alto; Santa Cruz de la Sierra será la próxima en concluir el operativo de campo.

En todas estas regiones las brigadas técnicas del INE recorrieron los distritos, barrios, comunidades y calles con herramientas tecnológicas para georreferenciar digitalmente los lugares donde estuvieron.

La georreferenciación es la técnica de asignación de coordenadas geográficas a un objeto, que se utiliza en los procedimientos de cartografía informatizada y en la elaboración de bases de datos cartográficas digitales.

Mediante la georreferenciación, se ubica de forma precisa la posición de un determinado punto en la superficie de la Tierra, señala el reporte del INE.

El Censo se realizará el 23 de marzo de 2024 conforme al Decreto Supremo 4824, del 11 de noviembre de 2022, proporcionará datos estadísticos actualizados sobre las características demográficas, sociales, económicas, entre otros datos.

Esta información permitirá evaluar, ajustar y diseñar las políticas públicas y analizar los avances en el cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Económico Social (PDES), de los planes sectoriales y territoriales integrales de desarrollo y las de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Desde principios de marzo, cuando se habilitó la ruta alterna por Chile para eludir los bloqueos en la frontera con Perú, más de 1.000 empresas utilizan esa vía y continúan con la exportación por puertos peruanos.

“Son algunos kilómetros más, pero es la alternativa que tenemos, y es el problema de nuestra mediterraneidad”, dijo el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco.

Luego de gestiones con los gobiernos de Perú y Chile, el funcionario informó el 2 de marzo de la habilitación de esa ruta alterna para que la carga boliviana de las empresas cruce Chile para llegar a los puertos de Ilo y Matarani, en Perú.

Explicó que ahora trabajan en la ampliación de los plazos de uso de esa ruta, que pasa por Tambo Quemado (frontera con Chile) y llega hasta Tacna (Perú) antes de su destino final.

Hay que “recordar que Chile tiene el compromiso de Bolivia del más amplio libre tránsito a través de su territorio y estamos apelando a eso para que se nos permita circular vía Chile hacia Perú”, argumentó Blanco.

Respecto al conflicto en Perú, que comenzó el 7 de diciembre en protesta por la destitución del presidente Pedro Castillo y pidiendo la renuncia de Dina Boluarte, el viceministro sostuvo que en algunos momentos se permite la circulación del transporte boliviano por el paso fronterizo.

No obstante, recomendó a los transportistas de carga internacional evitar la ruta por Desaguadero, en Perú, para que no atraviesen problemas en el traslado de su mercancía. 

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El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, afirmó ayer que no desembolsará la contraparte que le corresponde a la Gobernación para la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez, mientras no se aclaren las denuncias de corrupción contra la ABC.

Condori dijo que tampoco le corresponde aún hacer el desembolso, pues el contrato especifica que se lo haga cuando la obra tenga el 80 % de avance físico. Y según él, hasta la fecha no pasa del 20 %.

El proyecto tiene un presupuesto de Bs 646,6 millones, de los cuales el 79,5 % debe ser cubierto con un crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), mientras que el 9,2 % con recursos de la Gobernación chuquisaqueña y el resto por el Gobierno nacional.

“No vamos a poner nada (de la contraparte) hasta que se esclarezcan todas las irregularidades. No estamos en condiciones de poner, tampoco nos toca porque según el convenio tenemos que poner cuando la obra esté en un 80 %”, dijo, en conferencia de prensa.

Remarcó que como Gobernación se reunirán con las organizaciones y la sociedad chuquisaqueñas para analizar la situación y tomar una decisión al respecto.

“Queremos una obra sin denuncias, un trabajo transparente, de calidad, responsable, porque los que se van a perjudicar somos los chuquisaqueños”, complementó.

Condori explicó que a la Gobernación le corresponde abonar $us 8,6 millones, un monto que considera demasiado alto y que él “heredó” de la anterior gestión.

“Nosotros tenemos una contraparte de 8,6 millones de dólares, no es poca plata para un departamento que recibe reducidos recursos del Estado”.

Aseguró que, si él hubiera sido gobernador en 2019 no hubiera firmado ese contrato porque el monto de la contraparte es muy alto.

“Esa plata me hubiera servido para concluir la diagonal Jaime Mendoza. La gente quiere que los caminos principales estén asfaltados. No era necesaria todavía esa doble vía. A nosotros nos han encajado el convenio firmado”.

Además, Condori se quejó de que la Gobernación no recibe ningún tipo de información respecto al avance de las investigaciones y sobre la supuesta paralización de la obra. Exigió a las autoridades que informen el estado del caso y hagan una auditoria, como se comprometieron cuando surgió el problema.

“No tenemos información oficial, el ministro de Obras Públicas es el que dijo que la CAF no estaría desembolsando, pero tampoco conocemos los motivos, nos tienen que informar”, reclamó.

El jueves 23, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo que las obras en la doble vía fueron paralizadas debido a las denuncias de corrupción en la adjudicación. Aseguró, además, que se debe Bs 42 millones por planillas.

VIDEO.

Un supuesto testigo protegido dejó un video antes de morir. En él reveló que se hizo conocer de las denuncias a la CAF, a lo que Montaño calificó como un boicot contra el Gobierno.

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El gobernador también reveló que la ABC (Administradora Boliviana de Carreteras) le solicitó adelantar un monto mediante una adenda al contrato. Sin embargo, reiteró que la Gobernación no entregará ni un solo dólar mientras las denuncias no sean aclaradas.

“La ABC nos está exigiendo antes para que podamos disponer unos 3 millones de dólares para los terrenos (por donde pasará la vía), nos hemos opuesto. No hemos desembolsado ni un solo centavo, no podemos ser manchados con actos de corrupción”, argumentó.

El caso de corrupción fue denunciado por el diputado Héctor Arce (MAS). Apuntó a la adjudicación irregular a la empresa China Harbour Engineering Company (Chec) para la construcción de la carretera Sucre- Yamparáez en 2022.

La denuncia señala que la firma asiática otorgó una coima de Bs 18,6 millones a funcionarios de la ABC para adjudicarse la construcción de la doble vía Sucre- Yamparáez, en Chuquisaca.

A partir de junio de este año, la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) habilitará el oleoducto Arica-Sica Sica-Santa Cruz para importar petróleo crudo y diésel oíl con el objetivo de refinarlos en el país y producir diésel y gasolina.

El presidente de la petrolera estatal, Armin Dorgathen, informó ayer que desde el año pasado YPFB trabaja en un plan para revertir el oleoducto y darle un mayor uso a la planta que se ubica en Arica, república de Chile, lo que permitirá reducir los costos de importación de combustibles.

“En junio ya vamos a tener el ducto operativo desde Sica Sica hasta Santa Cruz con lo cual el área, donde los precios son menores, a través de la única planta que tenemos como YPFB que es en Arica (Chile) y tratar de maximizar el uso de esta planta”, dijo en entrevista con el programa Piedra, Papel y Tinta de LA RAZÓN.

La construcción de la Estación Arica de YPFB data de febrero de 1961. En ese año se otorgó a YPFB en Arica, Barrio Industrial El Chinchorro, una concesión de un sector de terrenos de playa en el puerto de Arica, según establece el Decreto Supremo 180, fechado en Santiago de Chile el 8 de febrero de 1961. YPFB Transporte SA lo opera desde 1997.

La Estación Marítima cuenta con seis tanques de almacenamiento tipo techo flotante de los cuales uno es para petróleo reconstituido “CR-C”, dos para Diésel Oíl y tres de Gasolina. Adicionalmente tiene una isla de carga de Diésel Oíl y otra de Gasolina para despacho a camiones cisternas, de acuerdo con la ABI.

En la Terminal Arica finaliza el Oleoducto OSSA 2 Santa Cruz- Sica Sica-Arica, está ubicada al noreste de la ciudad de Arica, a 42 metros sobre el nivel del mar.

EXTENSIÓN.

El Sistema Occidente inicia en Cochabamba y se extiende hasta la Terminal Arica ubicada en la ciudad del mismo nombre en Chile. Transporta crudo reconstituido para exportación y tiene una longitud de 577 km, según datos de YPFB Transporte.

Dorgathen lamentó que en anteriores gestiones no se haya visualizado ese tema porque le permitirá a Bolivia importar petróleo y ya no así diésel y gasolina que desde febrero de 2022 registraron un incremento en el costo debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.

Afirmó que ese trabajo ya se lleva a cabo con el ducto Yacuiba- Santa Cruz, el cual permitió importar petróleo y diésel para su refinación en la planta Guillermo Elder Bell en la capital cruceña.

“Ya importamos más de 12.000 barriles por día de crudo y 6.000 barriles de diésel por ducto logrando ahorros bastante grandes en el tema logístico”, sostuvo el ejecutivo de la petrolera estatal.

Añadió que la importación de petróleo crudo por el ducto Yacuiba- Santa Cruz le permitió ahorrar a la petrolera estatal más de $us 13 millones en logística.

De acuerdo con datos de la petrolera estatal, el Sistema Sur se extiende de Yacuiba hasta Santa Cruz transportando principalmente petróleo crudo y Gas Licuado de Petróleo (GLP). Este sistema se extiende sobre el mismo derecho de vía del Sistema Sur de la Red de Gas y tiene una longitud de 1.160 kilómetros.

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Con este trabajo y otros proyectos que se tiene para reducir los costos en la importación de combustibles, se prevé un ahorro de más de $us 600 millones en el segundo semestre del año.

En diciembre de 2022, Dorgathen informó que el país ahorra $us 1 millón en la importación de combustibles gracias a un cambio logístico que aplica desde hace un par de meses. “Estamos trabajando con un cambio logístico que ya lo hemos implementado hace un par de meses donde ya tenemos una reducción de la importación”.

Por el lado de occidente se importa más combustible

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, dijo ayer que en los últimos meses se hizo un cambio en la importación de combustibles (diésel oíl y gasolina), ahora se lo hace en mayor cantidad por el occidente del país y en menor proporción por el sur oriente del territorio boliviano.

Según el ejecutivo, esto se lo hace porque el costo de importación, transporte, almacenaje es menor al establecido por el lado oriente del país.

“Hoy estamos utilizando más y llegamos al 60 % de la importación por occidente, lo cual es un dato muy importante, eso es un cambio logístico”, dijo Dorgathen en entrevista con Piedra, Papel y Tinta, de LA RAZÓN.

De acuerdo con los datos, la importación de combustibles por sur oriente en enero de 2023 llegó a 78 millones de metros cúbicos (MMm3), una disminución del 6 % respecto a igual periodo del año pasado cuando se compró 83 MMm3.

En tanto, por occidente, que incluye tres sectores: Occidente Buques, Occidente Chile y Occidente Perú, llegó a 120 MMm3 en enero de 2023. Eso representa un 20 % más con relación al mismo mes de 2022. En enero del año pasado se demandó 100 MMm3.

Dorgathen afirmó que ese cambió le permitió a Bolivia reducir en $us 1,7 millones por día el costo de importación de combustible por el cambio en la logística de internación, pese a que entre diciembre del año pasado y enero de esta gestión, los precios internacionales experimentaron un incremento por la crisis bélica.