En 2022 se cerraron 3.339 empresas, 40% menos que en 2021
Impuestos y una norma obsoleta son algunas de las causas.
La crisis económica mundial pospandemia de COVID-19 y el alza de precios en varios productos e insumos continúan incidiendo en la economía boliviana y sobre todo en las empresas e industrias, que aún batallan para seguir adelante.
Sin embargo, y pese al desalentador panorama que se pinta en otros países, en Bolivia en 2022 hubo un 40% menos de empresas cerradas en comparación a 2021.
Según datos oficiales de Fundación para el Desarrollo Empresarial (Fundempresa), que operó hasta marzo de 2022, y el Servicio Plurinacional de Registro de Comercio (Seprec), que inició actividades en abril de ese año, 3.339 empresas cancelaron sus matrículas durante esa gestión.
En 2021, la cifra alcanzó a 5.542 empresas cerradas.
La cifra crece si se contabiliza la cantidad de unidades empresariales cerradas desde 2020 hasta febrero de 2023. Según los datos de Fundemprensa y el Seprec, son 14.717 empresas que en dos años y dos meses cerraron sus puertas por diversos motivos.
Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, considera que esa cifra no es real. Advierte que el número de empresas cerradas en Bolivia durante los últimos años es mayor; sin embargo, afirma que ya hablar de más de 3.000 entidades privadas que cancelaron sus matrículas en un año es preocupante.
“El registro no es real, el cierre de empresas yo creo que es mayor porque cuesta abrir una empresa y también cuesta cerrarla. Es un porcentaje que preocupa, en 2022 son más de 3.000 empresas que cerraron su matrícula de comercio”, dijo a LA RAZÓN.
Al respecto, Carlos Eduardo Bolaños Zapata, presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), coincide con el economista y asegura que la cifra es mayor.
“Esa cantidad es falsa, solo con el bloqueo (de 36 días en 2022) en Santa Cruz hemos alertado que se han cerrado más de 7.000 microempresas. Imagínese lo que tenemos que pasar con el cierre en la frontera con Perú, no ha habido ingresos de materia prima, han elevado los costos. Yo estimo que en 2022 han cerrado por lo menos 8.500 microempresas”, explica.
Para Akamine, cuando el número de cierres va en aumento, es señal de que en el país no hay condiciones para hacer empresa.
Cuestiona que en Bolivia exista un Código de Comercio obsoleto, antiguo y que genere más problemas que soluciones para los emprendedores.
“Tenemos una normativa que data de 1977, un Código de Comercio obsoleto, con algunos parches. Es necesario con otras leyes una actualización, tenemos que definir qué es lo que vamos a entender como empresa y cómo las vamos a clasificar”.
“Una clasificación va a permitir que los emprendimientos tengan una normativa más llevadera hasta que puedan convertirse en empresas o por tamaño. Actualmente, se mide a las empresas nuevas con las antiguas, con los mismos requisitos, responsabilidades, deberes formales. Esa reingeniería es necesaria por el bien de lo que es el cuerpo empresarial del país”, explica el profesional.
Akamine acota que es imprescindible que se realice una actualización en el tema; la era digital ha irrumpido en todos los ámbitos y a nivel comercial no puede ser la excepción.
“El Código de Comercio continúa hablando de libros notariados, apertura de libros, muchas cosas que ya en la actualidad fueron reemplazadas por la era digital. Necesitamos entrar a la modernidad”, afirma.
SANCIONES.
El economista considera, además, que una de las principales razones que empujan al cierre de las empresas en Bolivia tiene que ver con las sanciones que impone la normativa.
El tema impositivo es muchas veces un factor clave a la hora de analizar si seguir adelante o no. Genera desconfianza y desanima a quienes quieren invertir.
“El tema de las sanciones es una locura, hay que repensar la normativa, dar un impulso y devolver cierta confianza a las personas para que puedan invertir, crear empresas”, asegura.
El presidente de la Conamype coincide. Las sanciones y exigencias para los microempresarios son demasiado y muchas veces les hace retroceder en sus intenciones de invertir en Bolivia.
Explica que un emprendimiento no se hace de la noche a la mañana. Toma al menos ocho meses para poder afianzarse y comenzar a hacerse conocer en busca de un mercado. Durante todo ese tiempo, el empresario debe poner de su bolsillo, pues aún no genera ninguna ganancia.
“En el mejor de los casos para empezar a salir al mercado y mostrar la unidad productiva en unos seis a ocho meses y ese tiempo tenemos que bancárnosla con el tema económico, materia prima, insumos, gastos de luz, agua, alquileres, es una fuerte inversión. Una vez que se conoce recién empieza a abrirse el mercado y eso toma otro tiempo. El Gobierno no piensa en eso, nos caen con impuestos y en vez de apostar a seguir invirtiendo, tenemos que gastar en contadores, en pagar patentes, licencias, una cosa y otra”. Todo eso desanima”, lamenta.
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Bolaños cuestiona y considera que el Gobierno tiene un trato discriminatorio con las micro, pequeñas y medianas empresas, a las que les caen con todo; mientras que a las grandes empresas les facilitan la obtención de créditos y otros beneficios.
“A las grandes empresas les dan créditos y más ventajas, el que tiene más dinero es el más beneficiado”, sostiene.
INVERSIÓN.
Akamine explica que, según sus datos, el año pasado, el registro de comercio tenía registradas “más de 2000.000 empresas unipersonales”, que en el país son la mayoría.
Asegura, además, que la inversión privada es altamente significativa en Bolivia y que no solo la inversión pública genera ingresos.
“La inversión privada estuvo fluctuando en los $us 2.500 millones en los últimos 15 años. Yo tengo que ver si tengo un cuerpo importante de empresas privadas, entonces, como gobernante debo darles condiciones para que generen más ganancias y paguen más impuestos. El tema impositivo te da un pantallazo de cómo está la economía. Estamos estancados hace cuatro o cinco años en la recaudación impositiva, no podemos pasar de los Bs 40.000 millones. Tenemos que analizar estos puntos para poder entender que no hay un buen ambiente para poder consolidar empresa”.
El economista considera también que otra causa que lleva al cierre de una empresa es la competencia desleal que hay con la economía informal.
“La base de muchos países latinoamericanos son la pequeña y mediana empresa.
El tema empresarial es el que te va a generar recursos para el estado, si se cierran disminuyen los recursos y si las empresas públicas no generan para el Estado, nos vamos a debilitar”.
Sugiere, además, incentivar a las empresas y trabajar con el modelo mixto (parte de su capital privado y la otra parte de capital público) como se usa en otros países pues es el que mejores resultados está dando.
“Obviamente, hay que saber cuándo intervenir como Estado, si el Estado quiere hacerte competencia va a desalentar mucho más las inversiones”, indica.
Otro factor que Akamine considera importante es el asesoramiento que debería venir desde la autoridad de empresa. “No solo debe ser un ente sancionador, sino que luche contra la competencia desleal y ayude a formar a los nuevos emprendedores con capacitaciones”.
La Paz y Santa Cruz llevan la delantera
Según los datos de Fundempresa y el Seprec, entre 2020 y febrero de 2023, en el país cancelaron sus matrículas o cerraron 14.717 empresas.
A nivel departamental, La Paz tiene la mayor cantidad de cierres con 4.665; seguida de Santa Cruz con 3.830. Luego está Cochabamba, donde se cerraron 3.460; en Tarija, 797; Oruro, 739; Chuquisaca, 560; Potosí, 358; Beni, 242 y Pando, 66.
De las 14.717 empresas cerradas, 1.068 corresponde a microempresas catalogadas como tipo I, II y III. Luego están 48 pequeñas empresas, 15 medianas empresas y una gran empresa.
Los datos revelan que 13.585 empresas que cerraron en todo el país están sin información sobre el tamaño.
En contrapartida, en 2022 Fundempresa y el Seprec registraron 17.117 empresas, 2.709 menos que en 2021 cuando la cifra alcanzó a 19.826.
La base empresarial vigente que maneja el Seprec, que es el actual administrador del registro empresarial, llegó a 365.047 empresas. hasta la gestión 2022.
