El Gobierno pidió a los comunarios de Colchani y hoteleros en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí, cumplir con los acuerdos suscritos entre ambas partes sobre el pago de recursos convenidos. Reprochó los bloqueos instalados para el cumplimiento de convenios.
La viceministra de Turismo, Eliana Ampuero, dijo que el acuerdo entre las partes data de 2019 y que ante su incumplimiento por una de las partes, ésta puede acudir a las instancias competentes.
“Exhortamos a que den cumplimiento a estos acuerdos que habrían suscrito en 2019 y que si alguna de las partes no está de acuerdo con aquello vayan por la vía ordinaria”, explicó en contacto con La Razón Radio.
Pobladores de Colchani, en Potosí, “tomaron” desde el jueves los hoteles ubicados cerca del salar de Uyuni e impidieron el ingreso y salida de los turistas. Exigían que los dueños el pago de al menos $us 15.000 anuales como “regalías”, pues las infraestructuras están en terrenos de la comunidad.
Tras una reunión entre los dueños de los hoteles Luna Salada, Cristal Samaña y Hotel Colque, que están a la orilla del salar de Uyuni, se estableció el pago de $us 90.000 ($us 30.000 por cada hotel) para dejar de lado sus medidas de presión.
Ampuero dijo que ese tipo de conflictos ocasiona una mala imagen del país ante el mundo. Recordó que el salar de Uyuni es una de las principales ventanas para la atracción de visitantes extranjeros al sitio turístico.
Afirmó que el Estado garantiza el libre desplazamiento de turistas nacionales y extranjeros en la zona. En ese marco, anunció que se realiza una investigación del hecho para establecer las razones precisas del bloqueo a turistas y de los acuerdos entre ambas partes.
Uyuni
El lunes, autoridades de la comunidad de Colchani negaron que el conflicto haya implicado una extorsión a los hoteleros y que se haya exigido el pago de regalías por el asentamiento en ese territorio. Dijeron, al contrario, que son acuerdos mutuos.
Dijeron que los empresarios llegaron a la comunidad para edificar hoteles y que se acordó desde 2002 a entregar un monto. Inicialmente de $us 1.500, como aporte para la comunidad. No obstante, el acuerdo se cumplió solo hasta 2018.
“A partir de 2019 a 2022 nada de los compromisos se estaba cumpliendo, como comunidad se ha invitado a los empresarios hoteleros que cumplan con los compromisos de las actividades que no estaban cumpliendo”, dijo un dirigente en conferencia de prensa, según reportó radio Felicidad FM Uyuni.
Aclaró que los recursos recabados de los hoteleros son administrados por un comité económico de la comunidad de Colchani para proyectos locales.
La viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Jessica Saravia, explicó que el Decreto Supremo 5143 apunta a la desburocratización de los trámites en las oficinas de Derechos Reales (DDRR) a través del uso de la tecnología.
“Al poder hacer uso de la tecnología, este decreto pretende la desburocratización (de Derechos Reales). El momento en que este sistema empiece a funcionar, le va a dar muchas posibilidades a la gente de tener un trámite certero, que tenga información correcta, que los plazos se reduzcan”, dijo en entrevista con Bolivia Tv.
El decreto en cuestión plantea la creación del Sistema Único de Derechos Reales y fue promulgado el 10 de abril por el presidente Luis Arce.
La norma pretende crear una base de datos única, y con “estándares internacionales”, para que usuarios accedan a información “cruzada” entre varias instituciones, entre ellas, la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) y hasta los gobiernos municipales y departamentales.
Trámites
“Va a haber seguridad jurídica, porque los datos son inalterables y se va a poder evidenciar quién ha sido la persona que ha generado los registros. Eso, por supuesto, va a generar mayor transparencia” explicó Saravia.
Explicó que la norma “es una respuesta” a varias quejas y reclamos por casos de corrupción y de trámites que, según contó, tardaban hasta tres años en concluir.
Planteó, además, una serie de beneficios, aparte de la “rapidez” de los trámites; por ejemplo, el pago que ahora podrá realizarse con tarjeta de débito o crédito y también a través del uso de QR.
Otro de los puntos que explicó la funcionaria es la “institucionalización de Derechos reales” y explicó que eso implica una evaluación meritocrática del personal de esa institución.
Registro
“Al ser un registro tan importante, es necesario que el personal tenga conocimiento suficiente. Se va a realizar una convocatoria que valore la meritocracia (…). También cuando hablamos de servidores con conocimiento pleno de la norma; van a tener una mayor y mejor información y evitar los trámites de dos o hasta tres años”, complementó.
Los datos de los usuarios, indicó, migrarán del formato tradicional al digital de manera “automática”; esa tarea está a cargo de la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic).
Varios sectores reclamaron que el contenido de esta norma no fue socializada, por lo que pidieron a las autoridades informar sobre sus alcances.
Desde 1983, Bolivia no ha dejado de cumplir con el pago de bonos y préstamos que tiene con organismos multilaterales o con otros países, señala una parte del informe de la agencia calificadora Moody’s informó este domingo la viceministra de Tesoro y Crédito Público, Juana Jiménez.
El viernes, Moody’s rebajó la calificación de Bolivia de “Caa1” a “Caa3” y advirtió que hay riesgo de que no cumpla con sus obligaciones de deuda externa y no cuente con divisas para el pago de sus importaciones.
Sin embargo, el Gobierno asegura que, en el mismo informe, en el historial de pago de Bolivia, ubicado en una parte “casi imperceptible”, también señala que el país no incumple con sus obligaciones de pago de deudas desde hace 41 años.
“Como cualquier persona que contrae deudas con el banco, el país también contrae deudas con organismos multilaterales, con gobiernos bilaterales. (…) El informe señala un aspecto fundamental, aunque está en una letra pequeñita y en una parte casi imperceptible; que el historial de pagos del país no ha registrado ningún incumplimiento de pagos por préstamos desde 1983”, dijo Jiménez mostrando un cuadro.
La autoridad explicó que el país trabaja con tres calificadoras de riesgo: Fitch Ratings, Moody’s y Standard & Poor’s.
Jiménez garantizó que el país no ha dejado de cumplir con el pago de sus obligaciones por préstamos y por ellos Moody’s cambió la calificación del país de “negativo” a “estable”, lo que quiere decir “que no está ni en alza ni en baja y dependerá de las condiciones”.
“Les pedimos a Moody’s y las otras calificadoras que equilibren sus análisis, no solo vean efectos transitorios. El Gobierno está trabajando con políticas; que se irán reflejando en indicadores positivos”, destacó la viceministra.
Asimismo, recordó las cifras del Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación del país, que muestran dinamismo económico y ubican a Bolivia entre las naciones de mayor crecimiento de la región.
Lamentó que ese tipo de informes sean aprovechados por analistas y opositores para “deteriorar” la imagen del Gobierno y exacerbar a la población.
“La repercusión principal de estos informes es que analistas de oposición que exacerban una mala noticia; y gente radical en el MAS (Movimiento Al Socialismo) que usa este tipo de indicadores y opiniones para exacerbar muchos más aspectos”.
La viceministra llamó a la calma a la población y pidió que se valor la actividad económica y las cifras del país.
“Hay crecimiento económico positio para el país que se muestra a nivel mundial. Hay variables de actividad económica que muestran ese dinamismo; pedimos a la población serenidad y cautela que no tome esas opiniones que quieren deteriorar la imagen del país”.
El sábado tras conocer el informe de Moody’s, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas rechazó la calificación de “Caa3” para Bolivia; y ratificó las políticas económicas del país que permiten mantener estabilidad y crecimiento. Asegura que el Gobierno cumple puntualmente con sus obligaciones de servicio de deuda.
De 6,72 millones de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) del país, solo el 15,7% recibirá el incremento salarial dispuesto por el Gobierno para este año, debido a que cuenta con un empleo formal (asalariados).
Según un análisis realizado por el analista económico Jimmy Osorio, con base a las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre la última Encuesta Continua de Empleo (ECE) para el tercer trimestre de 2023, la Población Económicamente Activa (PEA) llega a 6,91 millones de personas.
De este universo de personas, no todas realizaban o tenían una actividad laboral al momento de la encuesta. Los que sí tenían un ingreso sumaban 6,72 millones de trabajadores, de los que el 84,3% (5,66 millones) estaban en el sector informal y solo el 15,7% (1,05 millones) en el sector formal.
“En términos absolutos, 5.660.192 de trabajadores tiene actividad laboral informal y 1.051.884 forman parte de la masa laboral formal”, explica Osorio.
INFORMALIDAD.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), un empleo informal es aquella relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumple con el pago de impuestos, no tiene cobertura de protección social, y carece de prestaciones relacionadas con el empleo.
El sector informal incorpora a los trabajadores por cuenta propia (excluyendo a profesionales y técnicos), familiares no renumerados, empleados y empleadores en establecimientos de menos de cinco trabajadores (dependiendo de la información de los países) y servicio doméstico.
En Bolivia, afirma Osorio, “basta con salir a la calle, tomar el transporte público y comprar o comer algo al paso, para darse cuenta que el sector informal es el que campea en todo lado, sobre todo en lugares donde la burocracia estatal y el desarrollo productivo son pequeños y no se ha podido desarrollar el empleo estable y formal”.
El martes 23 de abril, el Gobierno —luego de reunirse con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana (COB)— determinó un incremento de 5,85% al Salario Mínimo Nacional (SMN) y 3% al haber básico, con el objetivo —se informó— de preservar el poder adquisitivo de la clase trabajadora.
“Se ha acordado con la Central Obrera Boliviana un incremento al Salario Mínimo Nacional del 5,85%, lo que equivale que en esta gestión 2024 el Salario Mínimo Nacional a partir del primero de enero de esta gestión —porque será retroactivo al mes de enero— será de 2.500 bolivianos. Adicionalmente se acordó también el incremento del 3% al haber básico”, informó el presidente Luis Arce en conferencia de prensa.
El anuncio del Gobierno fue rechazado inmediatamente por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), que agrupa a la mayoría de los gremios empresariales del país.
La patronal boliviana expresó en un comunicado público su “alarma” y “preocupación extrema” por la decisión tomada por el Gobierno y la Central Obrera. Advirtió que esta determinación tendrá “consecuencias muy graves” para la estabilidad de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, y agravará la situación de los “cientos de miles de familias cuyos ingresos dependen de la actividad privada formal”.
EMPLEO.
Asimismo, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) señaló que el aumento al sueldo “es anecdótico” porque “cada día son menos las fuentes de empleo” que hay en el país. “Las cifras muestran que después de la pandemia, la recuperación total de las fuentes laborales no ha sido posible”, remarcó la entidad de la mayor región y motor económico del país.
En tanto, la Federación de Empresarios Privados de La Paz (FEPLP) recordó que, cuando hay incremento salarial, este solo llega a los trabajadores formales (asalariados) y no así a los trabajadores informales, los que son afectados por un aumento en los precios de los bienes y servicios, lo que a su vez genera un efecto inflacionario.
“En países en desarrollo o pobres como el caso de Bolivia, las TDA (Tasa de Desempleo Abierta) son muy bajas, porque las personas económicamente activas necesitan generar recursos para su subsistencia”, añade Osorio.
El 78% de los empleados gana hasta Bs 5.000
De un poco más del millón de asalariados que había en el país hasta 2023, el 78% tenía un ingreso que llegaba hasta los Bs 5.000, según los datos procesados por el analista económico Jimmy Osorio.
El profesional toma como base para su análisis la Encuesta Continua de Empleo (ECE), del Instituto Nacional de Estadística (INE). La muestra es al tercer trimestre de la gestión pasada.
Osorio reitera que los trabajadores formales de la Población Económicamente Activa Ocupada (PEAO) llega a 1.051.884 personas a nivel nacional, lo que representa el 15,7% del total. Mientras que los trabajadores informales suman 5,66 millones, el 84,3% restante.
SEGMENTOS.
La información da cuenta de que 81.905 personas (7,8% del total) tenían un ingreso menor a Bs 2.362, monto menor al Salario Mínimo Nacional (SMN) fijado por el Gobierno para la gestión pasada. El promedio salarial para este segmento de la población era de Bs 1.636.
Luego están los segmentos con niveles salariales de entre Bs 2.362 y Bs 3.000 (promedio salarial de Bs 2.602), y de Bs 3.001 a Bs 5.000 (promedio salarial de Bs 4.095). Los tres niveles salariales suman el 78% del total de trabajadores del sector formal. (Ver infografía).
El restante 22% están en los niveles salariales de Bs 5.001 a Bs 7.500, de Bs 7.501 a Bs 10.000, de Bs 10.001 a Bs 15.000 y los que ganan por encima de los Bs 15.000.
El Gobierno, en acuerdo con la Central Obrera Boliviana (COB), dispuso el martes un incremento salarial del 5,85% al salario mínimo y de 3% al haber básico. El aumento salarial es retroactivo al 1 de enero de este año.
Con este ajuste, el Salario Mínimo Nacional (SMN) subió de Bs 2.362 a Bs 2.500. El SMN es el monto que fija el Gobierno cada año, por el cual ninguna trabajadora ni trabajador puede percibir un salario inferior a éste. El objetivo, según la actual administración, es el de preservar la economía de la clase trabajadora.
RÁNKING.
La Razón publicó el 8 de enero de este año que, de 17 países latinoamericanos, Bolivia ocupaba la posición nueve en el ranking de los sueldos mínimos, de acuerdo con datos oficiales recopilados por Bloomberg Línea.
Costa Rica es el país latinoamericano donde el salario mínimo mensual es el equivalente a $us 687. Le siguen Uruguay ($us 570), Chile ($us 521), Ecuador ($us 460), México ($us 440), Guatemala ($us 417), Paraguay ($us 367), El Salvador ($us 365), Bolivia ($us 360 con el nuevo ajuste dispuesto por el Gobierno), Colombia ($us 335), Honduras ($us 329), Panamá ($us 326), Brasil ($us 291), Perú ($us 277), República Dominicana ($us 245), Argentina ($us 152) y Venezuela ($us 3,61).
En los últimos años, Bolivia ha implementado una serie de políticas y reformas que han tenido impacto en la reducción de la pobreza y promoción de la equidad.
Una de las políticas más controversiales ha sido el incremento del salario mínimo, mismo que pasó de Bs 440 ($us 63) en 2005 a Bs 2.362 ($us 342) en 2023. Ahora, con la nueva disposición, el salario mínimo ha subido para la presente gestión a Bs 2.500 ($us 360).
Alza salarial tendrá un costo de Bs 1.461 MM
Para el analista económico Jimmy Osorio, el incremento salarial del 3% al haber básico y del 5,85% al Salario Mínimo Nacional (SMN) tendrá un costo de Bs 1.461,25 millones, tanto para la administración pública como para el sector privado.
Desagregado, el gasto adicional para cubrir el 3% de aumento al haber básico será de Bs 776,38 millones en la administración pública y de Bs 491,19 millones en el sector privado, además de otros Bs 52,26 millones (en ambos sectores) para el incremento del 5,85% al mínimo nacional.
“De la Población Económicamente Activa Ocupada formal a nivel nacional, y de acuerdo a la Encuesta Continua de Empleo 2023 (del Instituto Nacional de Estadística), 552.471 personas trabajan en el sector público y 447.508 en el sector privado y 81.905 trabajadores, tanto del sector privado como público, perciben el Salario Mínimo Nacional o menor a éste. En esa línea, y en términos generales, el incremento del 3% costaría aproximadamente Bs 1.461 millones”, detalla Osorio.
En la gestión 2021 el Salario Mínimo Nacional alcanzó el monto de Bs 2.164, en 2022 llegó a Bs 2.250 y para 2023 subió a Bs 2.362, mientras que, con el reciente acuerdo entre el Gobierno y la Central Obrera Boiviana (COB), el sueldo mínimo será de Bs 2.500.
El presidente Luis Arce y la dirigencia de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz se reunieron el viernes y coincidieron en mejorar la productividad y apuntalar la industrialización con sustitución de importaciones.
Mediante sus redes sociales, el Presidente compartió fotografías del encuentro y destacó que se analizaron varios temas y se escuchó las propuestas del sector privado.
“Escuchamos sus análisis y propuestas referidas a varios sectores que aglutina esta instancia, coincidimos en oportunidades que se abren para mejorar la productividad en Bolivia, avanzar en la seguridad con soberanía alimentaria, potenciar la industrialización con sustitución de importaciones y seguir creciendo como país”, escribió Arce.
En el encuentro participaron también los ministros de la Presidencia, María Nela Prada, y de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Los empresarios acudieron con su directorio, encabezado por Óscar Mario Justiniano.
No es la primera vez que autoridades de Gobierno sostienen una reunión con los empresarios cruceños. En diciembre de 2023 sostuvieron similar encuentro, cuando se habló, principalmente, del ingreso de Bolivia al Mercado Común del Sur (Mercosur).
Asimismo, se determinó conformar mesas de trabajo para encarar los desafíos y ventajas del ingreso del país al bloque compuesto además por Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.
Antes, en julio de 2023, también se encontraron y acordaron una amplia agenda de trabajo y coordinación para la reconstrucción económica del país.
Hace unos días, Justiniano protestó contra el incremento salarial aprobado por el Gobierno junto a la Central Obrera Boliviana (COB) para esta gestión de 5,85% al mínimo nacional y 3% al haber básico.
CAO y Confeagro se reúnen con representantes brasileños para evaluar la innovación agrícola
Participaron del encuentro autoridades de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria y de los ministerios de Comercio Exterior y Agricultura del país vecino.
Autoridades de la CAO y Confeagro con representantes de Brasil. Foto: CAO
Representantes de las asociaciones de agricultores, ganaderos y agroindustriales de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y ejecutivos de la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se reunieron este sábado con representantes del gobierno brasileño para evaluar temas del comercio y la innovación en agricultura en la región.
En el encuentro, propiciado por la Embajada de Bolivia en Brasil, participaron autoridades de la Empresa Brasileña de Investigación Agropecuaria; y de los ministerios de Comercio Exterior y Agricultura del país vecino.
Según la CAO, se discutieron estrategias para fortalecer la cooperación entre los diferentes actores del sector agropecuario; así como la búsqueda de oportunidades de desarrollo conjunto en beneficio del sector.
“Se resaltó la importancia de mantener un diálogo constante que fomente el crecimiento sostenible de la industria agropecuaria en la región”, resaltó la entidad cruceña.
El vicepresidente de la CAO, Klaus Frerking Adad, destacó que el sector productivo requiere mejorar su eficiencia para ser más competitivo.
Asimismo, urgió el uso de la biotecnología, una práctica ya común en países vecinos como Brasil, Uruguay; Paraguay y Argentina, para apuntalar la producción agropecuaria.
En enero, Bolivia y Brasil firmaron un memorándum para cooperación en el tema agropecuario por lo que los participantes coincidieron en la necesidad de promover un marco de trabajo conjunto que impulse la innovación; la productividad y el desarrollo sostenible de este sector.
El sector agropecuario manifestó en varias ocasiones la necesidad de aplicar la biotecnología para mejor la producción en el país y subir las exportaciones. El Gobierno aún analiza el tema siguiendo un protocolo para la aprobación del uso de semillas mejoradas.
