Economía

Sunday 21 Apr 2024 | Actualizado a 22:06 PM

La Gestora Pública inicia operaciones plenas desde el 2 de mayo

Jaime Durán: La entidad tomará este martes 2 de mayo el control de los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP)

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2023 / 06:25

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inicia desde mañana, 2 de mayo, el proceso de recaudación total del Sistema Integral de Pensiones (SIP). El gerente general de esta entidad, Jaime Durán, detalló que el inicio pleno de las actividades de la Gestora tiene tres fechas clave. El primero, el 2 de mayo, con el inicio del proceso de recaudación total. El segundo, el 15 de mayo, cuando se recepcionará los trámites relacionados a la jubilación y, finalmente, el 1 de junio, cuando se empezará a pagar a los más de 209.000 jubilados que hay en el país.

—¿Se tiene todo listo para el inicio del funcionamiento de la Gestora Pública?

—Sí, efectivamente, ya estamos listos para el mes más importante de este proceso de transición. Se debe recordar a la población que hay tres fechas importantes. La primera, el 2 de mayo, iniciamos el proceso de recaudación total. Eso quiere decir que todo lo que se aportaba, todos los aportes que hasta el mes de abril lo hacían a las administradoras de Fondo de Pensiones Futuro y Previsión, desde el 2 de mayo, deben hacerlo a través de la Gestora. Para ello, es importante recordar que deben actualizar su información a través de nuestra página web: www.gestora.gob y hacer clic en oficina virtual. ¿Por qué razón?, porque todo el proceso de recaudaciones se realiza en forma digital. Eso quiere decir que las planillas se cargan en Excel, también se pueden cargar mediante dicha página web y el pago se puede hacer a través de una red de 15 entidades financieras, si se lo quiere hacer mediante ventanilla, y también se lo puede hacer mediante transferencias electrónicas o (el sistema de pago) código QR.

La segunda fecha importante es el 15 de mayo, a partir de la cual nosotros vamos a recepcionar los trámites relacionados a la jubilación. La otra fecha importante es el primero de junio de 2023, fecha a partir de la cual nosotros vamos a empezar a pagar a los más de 209.000 jubilados que tenemos en todo el país.

Una funcionario de la Gestora Pública informa sobre el proces de aporte de las pensiones. Foto. GESTORA

—¿Qué dificultades han presentando en todo este proceso para el inicio de la Gestora?

En realidad, la principal dificultad que hemos tenido ha sido la desinformación que se ha generado en algunos sectores. Por ejemplo, les han indicado que éste sería un proceso de estatización, un proceso de confiscación de los aportes. Ahí nosotros hemos sido muy claros, aclarando a la población e indicando que se mantiene la figura del patrimonio autónomo. Es decir, se mantiene la autonomía e independencia de estos fondos que solo pueden utilizarse para ser invertidos y para generar pensiones. También hemos escuchado por ahí que les han indicado que las pensiones estarían en riesgo, supuestamente la Gestora no tiene experiencia en el tema. Sin embargo, les hemos recordado que nosotros mensualmente pagamos una planilla de 1,1 millones de asegurados beneficiarios de la Renta Dignidad, que es cinco veces más grande que la totalidad de las planillas (de los jubilados). Entonces, mediante más de 280 procesos de socialización hemos logrado que la gente poco a poco conozca cómo funciona. Ahora también han existido dificultades operativas, pero las mismas las hemos ido subsanando a medida que ha ido pasando el tiempo.

—¿Cómo están trabajando en la socialización, sobre todo en algunos sectores que han estado protestando?

—Efectivamente, el martes, por ejemplo, hemos tenido un proceso de socialización con más de 500 personas en forma virtual, miembros de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia, los cuales, al menos los que han estado en el seminario, han indicado que no están en contra de la Gestora. Aunque, sin embargo, ellos consideran que deberían ser parte del directorio. Lo propio hemos hecho con los maestros rurales y con personal de salud. Hoy día (el miércoles pasado), por ejemplo, estamos socializando en la Universidad Autónomo Juan Misael Saracho y los participantes han comprendido que la Gestora es una entidad especializada, es una entidad técnica que va a administrar eficientemente los aportes.

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Evidentemente, hay algunos sectores que tienen más intereses políticos; en ese sentido, por ejemplo, ellos han indicado, posiblemente se van a ver en la necesidad de defender a transnacionales que actualmente administran el tema de las pensiones, sin embargo lo que nosotros hemos notado es que en la medida que se pueda dialogar con las bases, dialogar con la gente, las mismas comprenden cuál es el funcionamiento que tiene la Gestora y pues nos manifiestan su apoyo, como es el caso de las principales organizaciones de jubilados.

—¿A cuánto se ha llegado en la transmisión de datos? ¿Este martes se va a tener al 100%?

Hasta el momento tenemos un avance del 95%. Nosotros calculamos que en mayo ya vamos a terminar todo esto; sin embargo, como se trata de fases, por ejemplo, todo el tema de empleadores ya tenemos prácticamente concluido. Lo propio con la base de datos de asegurados que es lo que nos permite arrancar precisamente desde el martes. Y bueno, como se trata de una transición, hay algunos elementos que en la medida en que las AFP efectúen sus cierres, eso va a tomar un poquito más de tiempo para que nos transfieran.

Sin embargo, lo que yo quiero garantizar a toda la población es que no vamos a detenernos un solo día, va a existir continuidad de los servicios. Para dar un ejemplo, las AFP van a recibir hasta el 12 de mayo los trámites de jubilación, que es viernes, y nosotros a partir del lunes 15 de mayo. Las AFP, por ejemplo, los primeros días de mayo van a pagar las pensiones correspondientes a abril y nosotros vamos a pagar los primeros días de junio las correspondientes pensiones a mayo. Es decir, tenemos un plan que garantiza precisamente la continuidad en la provisión de estos servicios.

—¿Se tiene el dato de cuántas empresas ya están registradas en la Gestora Pública?

Hasta el momento, para que podamos tener un orden de cifras, tenemos 14.340 empresas o empleadores que ya están trabajando con nosotros. Tenemos a 76 cooperativas mineras, 13.879 empleadores privados y tenemos 395 empleadores públicos. Para que también conozca la población, tenemos 36.138 asegurados, entre el 9 de septiembre de 2022 y el 25 de abril de 2023, del cual 26.141 son dependientes, 5.312 son independientes y 4.685 consultores. Eso quiere decir que en total se ha llegado a 50.478 registros, es decir ya hemos superado una meta que nos habíamos propuesto.

—¿El trabajador puede retirar sus recursos si no quiere seguir aportando?

Es importante aclarar que la Gestora lo que hace es cumplir la Ley 065, los decretos supremos y reglamentos relacionados. En ese sentido, la ley establece que una persona puede retirar sus recursos, por así decirlo, si cumple la edad de 58 años y tiene menos de 10 años de aporte, es decir menos de 120 cotizaciones mensuales. Mi recomendación es que no lo haga. Por qué razón, porque una pensión puede generarse a partir de los 58 años o menos en el caso de las mujeres o por ejemplo cuando una persona trabaja en condiciones de insalubridad. ¿Por qué es importante aportar hasta lograr una pensión? En primer lugar, porque cuando uno tiene una pensión, primer tema, es que es una pensión de por vida. En segundo lugar, esta pensión va a permitir el acceso a la Caja del Seguro Social o a la Caja Nacional de Salud o a la caja en la que uno está aportando, esto es muy importante para las personas de la tercera edad. Un segundo elemento tiene que ver con que no solo se asegura el trabajador aportante, sino la familia. En caso de fallecimiento, los derechohabientes: la esposa, el esposo, los hijos y las hijas tienen el derecho a la pensión y también en el caso de que ocurra alguna muerte repentina, se activa una modalidad de pensión que también beneficia a los asegurados.

—¿Qué pasa con aquellos trabajadores que por alguna razón no están aportando?

En realidad no tienen que realizar ningún proceso, toda esa información ya forma parte del proceso de migración (de datos). Ahora, por ejemplo, puede ocurrir que una persona ha dejado de aportar desde hace dos años, entonces qué es lo que yo recomiendo. En primer lugar, decirle lo que ha aportado hasta el momento. El capital más los rendimientos, más los intereses en su integridad se van a traspasar de los servidores (de las AFP) a la plataforma de la Gestora. Lo único que van a tener que hacer los asegurados es habilitar sus credenciales en nuestra oficina virtual, para lo cual estamos creando un proceso sencillo para tal efecto y lo que yo recomiendo es que pueda aportar como independiente. En mi opinión, hay que hacer el esfuerzo de aportar porque eso le permite aumentar la intensidad de cotizaciones. Esto a futuro es bueno por si necesita beneficiarse del Fondo Solidario, porque el Fondo Solidario toma en cuenta la cantidad de cotizaciones que hacen mucho a lo largo del tiempo. Entonces, aunque sea sobre el salario mínimo nacional continuar aportando.

—¿Qué va a pasar con la mora que tienen las AFP?

Conforme a datos de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), la mora supera los 860 millones de bolivianos y la ley establece dos temas importantes. El primero, todo lo que corresponde a la mora previa a la promulgación de la Ley 065, es decir, previa a 2010. Ésta tiene que ser cobrada por las AFP y lo que es posterior a 2010 se va a traspasar a la Gestora, previa revisión de lo que establece la APS para que todo esté en orden. En todo caso, para que la población se sienta segura, ya sea por la vía de las AFP o por vía de la Gestora, se va a continuar con el proceso de cobro de estos recursos porque es muy importante que los mismos sean acreditados en las cuentas personales previsionales de la población, de tal manera que a futuro permitan construir la pensión.

La Gestora Pública obtuvo una utilidad récord en 2022.

—¿Qué pasa si las AFP no cobran ese dinero?

Lo que manda la ley no es que las AFP a partir del 15 de mayo ya no tengan una tarea, en realidad el Decreto Supremo 2248 establece un plazo de hasta cinco años para que ellos puedan concluir los procesos correspondientes y hacer el proceso de cobro. Entonces ahí, en el caso de que no se pueda cobrar, lo que se tiene que hacer es agotar todas las instancias para realizar estos cobros y hacer el proceso de cobro. Para ello, las AFP deben hacer todos los esfuerzos para minimizar esta mora que se tiene hasta este momento, especialmente la que es antes de 2010 y de cualquier manera nosotros vamos a continuar con este proceso de cobro porque es muy importante continuar con el mismo.

—¿Con cuánto de capital va a empezar la Gestora? ¿A cuánto ascienden los recursos que serán traspasados de las AFP?

Conforme a los registros que se tiene en la Autoridad de Pensiones y Seguros, la cantidad de aportes o de fondos que se tiene a valor de mercado alcanza a 23.700 millones de dólares. Importante recordar que más del 95% de estos recursos se encuentran invertidos en instrumentos de oferta pública del mercado de valores. Entonces, lo que se va a hacer en este proceso de transición es que la administración y gestión de esos recursos, porque reitero la propiedad la tienen los fondos autónomos, va a pasar a la Gestora. Entonces, son los recursos que a partir de mayo ya nosotros tenemos que encargarnos en la gestión de inversiones, en la gestión de los aportes, de acreditación y el pago de pensiones.

—¿Con cuántos jubilados se cuenta hasta la fecha? La población de jubilados a enero de 2023 alcanza a 209.110 jubilados.

Si lo comparamos como un año de 2010, cuando se tenía 29.745 jubilados, eso nos muestra que desde hace más de 12 años se han incrementado en 180.000 los jubilados. Ahora para que tengamos un orden de referencia respecto a cuántas personas se jubilan por año, estamos hablando de una tasa anual de 15.000 jubilados cada año. Entonces, nosotros consideramos que hasta fin de año podríamos contar con 220.000 jubilados.

—¿Cuáles son las proyecciones con el inicio de la Gestora?

Las proyecciones que tenemos tienen que ver, por un lado, con llevar adelante el mandato del Decreto Supremo 4585, eso quiere decir que a partir del mes de junio nosotros dejamos de cobrar la comisión del 1,31% que estaban cobrando las Administradoras de Fondos de Pensiones. Eso significa que de una pensión de 3.500 bolivianos cada mes los jubilados les pagaban 46 bolivianos, eso significa que 73 millones de bolivianos anualmente los jubilados le transferían a las AFP. Esos 73 millones de bolivianos a partir de junio se quedan en manos de los jubilados, entonces, un primer hito importante. El segundo hito importante tiene que ver con el tema de la rentabilidad. Nosotros pensamos aumentar la rentabilidad de manera gradual, de tal manera que el rendimiento que tienen los aportes de los trabajadores crezca. Para ello, estamos poniendo toda nuestra experticia, lo hemos demostrado entre septiembre y diciembre, donde la Gestora ha tenido un rendimiento del 4,61%.

 Jaime Durán: El Gerente General de la Gestora Pública habló con La Razón sobre el inicio de sus operaciones en todas la áreas. La entidad tomará este martes 2 de mayo el control de los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que cuenta con un fondo de más de $us 23.700 millones. También habló sobre la mora de Bs 860 millones que deberán regularizar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

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Ante desaire de Evo, Prada dice que la población se da cuenta quienes ‘no tienen la voluntad de coordinar’

La autoridad indicó que “incluso cartas notariadas se han ido a dejar a la Dirección Nacional del MAS-IPSP” con el registro de fotos porque "no querían ni recibirlas".

La ministra de Presidencia, María Nela Prada, en Bolivia TV.

/ 21 de abril de 2024 / 17:26

Tras el desaire del expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, a la reunión del Pacto de Unidad, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, señaló que la población se da cuenta quienes “no tienen voluntad de coordinar” y que en los hechos “se llenan la boca con palabras de unidad y de precautelar el instrumento” político.

El jueves, la dirigencia de campesinos, interculturales y Bartolinas invitó para este domingo a Morales, para buscar la unidad del partido y asumir una sola postura para el cónclave, tras el rechazo para una supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Queda claro quienes están precautelando nuestro instrumento político, quiénes están convocando estas reuniones a Evo (Morales), incluso en la convocatoria al congreso que sacan las organizaciones sociales se conmina la Dirección Nacional (del MAS) a poder asistir justamente… porque se realiza un congreso de manera consensuada con las organizaciones sociales”, indicó.

La autoridad señaló que las organizaciones fundadoras y legalmente reconocidas enviaron “muchas” notas, además “notariadas”, señalando una reunión para convocar al congreso, cumpliendo con lo que establece el artículo 13 del estatuto del MAS. “No las que ha creado Evo Morales para que (le) sean serviles a las ambiciones de poder, sino las que cuentan con todo lo legal y lo legítimo, y son las que están preocupadas por nuestro instrumento político”. “Por eso han remitido tantas notas y ninguna ha sido respondida por Evo”.

Lea más: Morales: Este lunes vamos a cumplir todas las observaciones del TSE, incluso con apoyo externo

Añadió que “incluso cartas notariadas se han ido a dejar a la Dirección Nacional del MAS-IPSP” con el registro de fotos porque «no querían ni recibirlas» y esto quede registrado “ante la historia” y cumplir con este consenso que establece el estatuto del MAS.

Prada incluso indicó que la última carta que mandaron las tres organizaciones sociales el 18 de abril, es a partir de la resolución que sacó TSE, Le piden a Morales “coordinar una convocatoria a un congreso que estable el artículo 13 del estatuto (ya) que son finalmente las que han dado vida al instrumento político”.

“Es importante tomar en cuenta que el instrumento no es un partido político tradicional, ha sido el hijo de las organizaciones sociales, quienes le han dado vida para que sea su brazo político. No es la Dirección Nacional del MAS la que define con qué organizaciones coordinar o qué organizaciones son legítimas o legales. Son las organizaciones sociales las que definen cuál es la dirección nacional del MAS y son ellas que están velando” por su futuro.

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En una semana, la FELCN afecta al narcotráfico en más de $us 3,1 millones

El viceministro Mamani mencionó que desde el 1 de enero al 20 de abril se ejecutaron 3.236 operativos que permitieron secuestrar 20,02 toneladas de droga.

La FELCN realizó el año pasado varias incautaciones de droga. Foto: APG

/ 21 de abril de 2024 / 13:10

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, informó este domingo que en los operativos realizados entre el 10 y 18 de abril se afectó al narcotráfico en $us 3,1 millones.

Señaló que, en ese tiempo, agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) realizaron nueve operativos “exitosos” que permitieron el secuestro de 264 kilos de clorhidrato de cocaína y 787,2 kilos de pasta base de cocaína.

“En una semana se ha secuestrado 1,05 toneladas de cocaína, 726 celulares, cuatro refrigeradores y 32 armas de fuego”, dijo Mamani.

Explicó que se realizó la destrucción e incineración de 43 fábricas de pasta base de cocaína, un laboratorio de cristalización y se aprehendió a 14 personas vinculadas a actividades ilícitas con el narcotráfico.

“Este trabajo ha sido en diferentes en lugares del país, y las 43 fábricas han sido en su mayoría distribuidas en la provincia Chapare del municipio de Villa Tunari, de Cochabamba”.

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Además, mencionó que desde el 1 de enero al 20 de abril se ejecutaron 3.236 operativos que permitieron secuestrar 20,02 toneladas de droga.

Indicó que en cuatro meses se superó la cantidad de droga decomisada respecto a gestiones anteriores, e incluso los resultados de un año de gestión. “Este dato demuestra que la lucha contra el narcotráfico para nuestro gobierno es prioridad de Estado”.

También dijo que se intensificaron los patrullajes antinarcóticos, esto con el fin de identificar plantíos de marihuana. “Como resultado se tiene el secuestro y la incineración de 119,17 toneladas”

En lo que va del daño, añadió que se secuestró 114,91 toneladas de hoja de coca, se destruyeron 24 laboratorios de cristalización, 500 fábricas de droga y se aprehendió a 1.048 personas dedicadas a la elaboración y movimiento de las sustancias contraladas.

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Ante ausencia de Evo, Pacto de Unidad le pide reflexionar y ratifica congreso en El Alto

El jueves, la dirigencia de campesinos, interculturales y Bartolinas invitó para este domingo a Morales, para buscar la unidad del partido y asumir una solo postura para el cónclave, tras el rechazo para una supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Conferencia del Pacto de Unidad arcista.

Por Boris Góngora

/ 21 de abril de 2024 / 12:18

El Pacto de Unidad que respalda al presidente Luis Arce, pidió este domingo reflexionar al expresidente y jefe del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, ante su inasistencia a la invitación para limar asperezas y buscar salvar la personería jurídica del partido. Además, ratificó el congreso nacional del 3 al 5 de mayo en la ciudad de El Alto.

El jueves, la dirigencia de campesinos, interculturales y Bartolinas invitó para este domingo a Morales, para buscar la unidad del partido y asumir una solo postura para el cónclave, tras el rechazo para una supervisión por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Lucio Quispe, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), indicó que se convocó a Morales desde el año pasado para dialogar e intentar la unidad, por lo que le pidió “recapacitar” para no perder la personaría.

Señaló que el Pacto de Unidad, “sí o sí” tendrá que subsanar las observaciones del TSE y ratificó la realización del congreso, toda vez que “ya está programado” en El Alto. “Ahí vamos a decidir, no hay otra, por algo también está este directorio”.

“Hoy hemos convocado a Evo Morales, presidente del instrumento del MAS-IPSP. Ya le hemos invitado cinco veces, tengo la documentación. Las invitaciones vienen desde el año pasado. Ahí está su silla vacía. Creo que este instrumento nos ha costado, a veces sigue hablando el hermano (Evo) que somos ilegales, ilegítimos, pero quiero demostrar que soy el ejecutivo legalmente de la CSUSTCB, Guillermina Kuno (de las bartolinas) y (Esteban) Alavi (de los interculturales)”.

Agregó también que se cuenta con el reconocimiento de la Central Obrera Boliviana (COB) y el Viceministerio de Autonomías.

Kuno, ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa”, dijo que desde su organización se invitó a Morales para una reunión, pero “nunca ha venido”. Señaló que el MAS es de las organizaciones sociales y no de “unos cuantos”

“Nosotros buscamos la unidad y el partido ha nacido de tres organizaciones, no es posible que pretendamos adueñarnos. Nadie es dueño, las organizaciones son dueñas, el cargo es pasajero, y siempre vamos a respetar a nuestros fundadores del instrumento político y su directorio que está aquí”.

También solicitó a Morales que reflexiona, también a sus principales colaboradores que lo rodean, y remarcó que “hay intereses personales” en ese bloque. “No buscaremos intereses personales, porque la abuela Bartolina Sisa ha buscado la unidad”.

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Alavi, secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), pidió el jefe del MAS reflexionar y buscar la unidad de partido.

“Con todo respeto se ha invitado para que pueda asistir, para dialogar como dijo el Tribunal Supremo Electoral, sin embargo, no vamos a dar un paso atrás. Ayer hemos tenido un ampliado nacional y hemos elegido a nuestro representante para el congreso nacional del 3, 4, y 5 de mayo. No se puede postergar y dar un paso adelante para que se dé el congreso nacional”.

El Pacto de Unidad realiza este domingo una reunión de emergencia, ya que este lunes vence el plazo del TSE para que el MAS convoque a su congreso, bajo la advertencia de una amonestación. Las organizaciones políticas tienen hasta el 5 de mayo para renovar sus directivas, si no pueden perder su personería jurídica.

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El 64% de casos por tortura implica a la Policía y las FFAA

En cinco años, la Defensoría registra 129 denuncias ante la Fiscalía.

/ 21 de abril de 2024 / 06:45

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), dependiente de la Defensoría del Pueblo, registra 129 casos de tortura y tratos crueles ante el Ministerio Público en los últimos cinco años, empero, no hay ninguna sentencia condenatoria.

En entrevista con LA RAZÓN, el coordinador de esta instancia, Juan Ledezma, dice que del total, el 64%, o sea 82 casos, implica a efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía envió un reporte de los dos últimos años al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, el 12 de marzo, sobre los procesos por el delito de vejaciones y torturas, del artículo 295 del Código Penal Indica que en 2022 hubo 12 denuncias en La Paz (4) Tarija (4), Chuquisaca (1), Cochabamba (1), Oruro (1) y Potosí (1), de las cuales solamente tres pasaron a las etapas preliminar y preparatoria, todas en La Paz; las restantes nueve llevan el rótulo de “cerradas”.

Mientras que el año pasado se registraron 19 casos en Chuquisaca (6), La Paz (4), Tarija (4), Cochabamba (3), Oruro (1) y Santa Cruz (1), de los cuales solo cuatro están en las etapas preliminar y preparatoria en La Paz (1), Chuquisaca (1), Cochabamba (1) y Tarija (1); el resto resultó “cerrado”.

SANCIONES. A la par, el informe de la gestión 2022 de la Defensoría, para la Asamblea Legislativa, señala que entre 2019 y 2022 se presentaron 1.463 denuncias de tortura y tratos crueles ante instancias disciplinarias de la Policía, con 19 sanciones ejecutoriadas.

“En la vía judicial no existe ninguna sentencia ejecutoriada por el delito de vejámenes y tortura. Se puede afirmar que en Bolivia existe un problema de impunidad”, advierte el documento.

Y la situación no cambió. De acuerdo con el oficio del Ministerio Público para Callisaya, entregado a LA RAZÓN, “en los casos registrados por la presunta comisión del delito de vejaciones y torturas… en las gestiones 2022 y 2023 no se cuenta aún con sentencia condenatoria”.

Al respecto, el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI) informa que desde 1952 hasta 2022 se atendieron 1.591 casos de personas torturadas en el territorio nacional. De esa cantidad, el 55% corresponde a hombres y el 45%, a mujeres.

El coordinador Ledezma explica que de las 129 denuncias de tortura y tratos crueles ante la Fiscalía en los últimos cinco años, el 50%, o sea 64, apuntan a efectivos policiales al momento de detenciones y en celdas policiales.

Mientras que el 20%, es decir 26 casos, involucra a las prisiones del país. “Ahí ya vemos otro tipo de métodos de tortura, el más común es la tortura física, producto también de extorsiones de grupos de poder”. Y por último, Ledezma asevera que el 14% de las denuncias (18) se dieron en centros de formación militar como cuarteles, y el resto se refiere a una variedad de casos, entre ellos acciones asumidas por guardias municipales.

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Emma Bravo, directora del ITEI, coincide con el MNP. Sostiene que “los que más torturan y maltratan” son miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas. Añade que este delito se presenta al momento de la aprehensión como factor de “investigación y confesión”, durante el traslado del detenido a un recinto penitenciario como factor de “amedrentamiento”, y en los centros carcelarios, como factor “punitivo”.

MUNDIAL. Ledezma indica que la tortura es una práctica mundial, puesto que se la tiene presente en países de Europa, Asia, Latinoamérica, África… Asimismo, subraya que los métodos para aplicarla han ido mutando y las convenciones internacionales hablan de tortura física y psicológica, e incluso de métodos que no producen dolor físico directo.

Respecto a esta problemática, el funcionario de la Defensoría del Pueblo señala que en Bolivia se identificaron algunos escenarios preocupantes, como el “retraso total” en la normativa, esto en razón de que “no se cumplen las obligaciones internacionales contra la tortura, como el tipo penal”.

Dice que el segundo factor tiene que ver con el desconocimiento, lo cual está enlazado con el “problema de impunidad en esta temática”, pese a que se concretan denuncias. “Hay un desconocimiento sobre el tema de qué es tortura y qué son los malos tratos, tanto de las fuerzas del orden, me refiero concretamente a la Policía y las Fuerzas Armadas, y también de la población en general”.

Afirma que por ello, cuando se reciben denuncias hay un porcentaje que no corresponden a torturas. “La gente se confunde y piensa que si un vecino le ha hecho una serie de lesiones, es tortura, pero en la tortura debe necesariamente estar involucrado un agente estatal.

No significa que la tortura sea realizada solo por policías o militares, puede ser realizada por particulares, pero siempre y cuando existe algún tipo de intervención estatal”.

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ITEI indica que denuncias son ‘invisibilizadas’ en la Justicia

Emma Bravo, directora del Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura (ITEI), señala que cuando existe una denuncia por tortura, trata de ser ignorada, “no se la toma en cuenta o se la invisibiliza”.

La activista recuerda el caso de una joven que, el año pasado, estuvo detenida en celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC). “Una noche la sacaron y la llevaron al dormitorio de los policías. Y ahí la pegaron, la patearon, le aplicaron corriente eléctrica y le decían ‘confiesa tu crimen’, porque estaba acusada de haber participado en un crimen. Y ella decía ‘mátenme primero porque yo no voy a confesar algo que no he hecho’”.

Agrega que cuando ella contó lo sucedido al ITEI y después “estuvo delante del juez, le dijo ‘quiero mostrarle las marcas que me han dejado de la tortura’. El juez la miró y le dijo ‘no pasa nada’. Eso es una constante, los jueces no hacen nada”. Indica que en esos casos, lo que el juez tiene que pedir es que se muestren los efectos de la tortura. “Se anota, se sacan fotos y se documenta este caso de tortura, (pero) no invisibilizarlo”.

Señala también que, en noviembre de 2019, en la crisis social y política de entonces, se tenía documentación de torturas, con registros de fotos de marcas de los detenidos. “Pudimos entrar en las celdas y hablar con ellos, y uno de los jóvenes dijo ‘me voy a bajar el pantalón para que vean lo que me han hecho’. Se bajó el pantalón y tenía las piernas completamente moradas. Los detenidos se organizaron y empezaron a mostrar lo que les habían hecho y fuimos sacando fotos con un celular”.

Bravo añade que cuando se los volvió a ver en las celdas de las prisiones de San Pedro y Obrajes, “se comenzó a documentar, esto en razón a que se trabaja bajo el protocolo de Estambul”. “En una de las sesiones con el juez, estaban también los de Naciones Unidas, yo denuncié la tortura y le dije al juez: el ITEI puede presentar casos que ha documentado con fotos, (pero) nunca nos pidieron”.

Menciona que “hay un silencio de policías, jueces, fiscales y abogados sobre la tortura y eso contribuye a la impunidad. También contribuye a que las víctimas no se atrevan a denunciar y sean muy pocas las que denuncien”.

TORTURA Y TRATOS CRUELES

  • Tortura. Es todo acto por el cual se inflige intencionadamente dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener información o una confesión por un acto que se haya cometido, o se sospeche que se ha cometido, o para intimidar a esa persona cuando dichos dolores o sufrimientos son infligidos por un funcionario público.
  • Tratos crueles. Comprenden otros actos que constituyen tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que no lleguen a ser tortura, cuando esos actos sean cometidos por un funcionario público u otra persona que actúe en el ejercicio de funciones oficiales, o por instigación o con el consentimiento o la aquiescencia de tal funcionario o persona.

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Presidente Luis Arce pide preservar la unidad ante intereses externos e internos

El jefe de Estado reiteró que la derecha quiere posicionar “la pelea” y la “división”, por lo que pidió demostrar que el MAS es un partido que tiene que defender los intereses del pueblo.

El presidente Luis Arce participa del ampliado departamental ordinario del MAS, en Potosí.

Por Boris Góngora

/ 20 de abril de 2024 / 20:07

El presidente Luis Arce pidió ayer a las organizaciones sociales preservar la unidad ante “intereses externos e internos que buscan dividirlos y formar paralelas”. Reiteró que nadie “puede creerse” dueño del instrumento político y el único dueño es el pueblo boliviano.

“Esa unidad hay que preservarla porque hay muchos intereses para dividir a nuestras organizaciones sociales. Hay intereses externos e internos que quieren dividirlos y formar paralelas. Ese no es el camino”, advirtió el mandatario en el Ampliado Extraordinario Departamental del Movimiento Al Socialismo (MAS), en Potosí.

El jefe de Estado reiteró que la derecha quiere posicionar “la pelea” y la “división”, por lo que pidió demostrar que el MAS es un partido que tiene que defender los intereses del pueblo.

La crisis interna del MAS generó el resquebrajamiento de su estructura interna en las organizaciones sociales, donde afines al expresidente Evo Morales se atribuyen en control de las confederaciones de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Interculturales y Bartolina Sisa, organizaciones matrices y fundadoras del instrumento político.

También organizaciones sociales afines al mandatario se atribuyen el control de estas instituciones, pero éstas últimas tienen el reconocimiento de la Central Obrera Boliviana (COB). 

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“No nos vamos a cansar, este instrumento político ha sido parido por las organizaciones sociales y no existe ningún dueño. Si alguien puede subrogarse la propiedad, son las organizaciones fundadoras del instrumento político que son nuestras organizaciones matrices (CSUTCB, Bartolinas e interculturales)”, indicó.

Arce resaltó que el pueblo boliviano recuperó la democracia “de la derecha” en las elecciones presidenciales de octubre de 2020, con más del 55%. Consideró a las organizaciones sociales como “un pilar fundamental” de este logro.

“Hay un requisito para seguir en esa unidad y continuar con el triunfo electoral y ese requisito es la unidad en las organizaciones sociales”.

Desde el Ampliado Ordinario de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, en Beni, el Presidente también dijo que dada la coyuntura política que se está atravesando “las organizaciones sociales y especialmente los de la familia intercultural tienen una gran responsabilidad de recuperar el instrumento político para las organizaciones sociales”.

Reiteró que “nadie puede creerse dueño del instrumento político” y aconsejó que se vaya discutiendo en los ampliados que “nadie puede adueñarse de algo que es ajeno”.

“Es muy importante esa condición porque en función de ese elemento vamos a seguir avanzando, hoy hemos logrado en ese objetivo y tras varios pasos importantes, a la cabeza del Pacto de Unidad, hoy tenemos un Tribunal Supremo Electoral que ha reconocido cuales son las organizaciones fundadoras, dueñas del instrumento político del MAS-IPSP”.

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