Economía

Friday 22 Sep 2023 | Actualizado a 14:42 PM

La Gestora Pública inicia operaciones plenas desde el 2 de mayo

Jaime Durán: La entidad tomará este martes 2 de mayo el control de los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP)

Por Boris Góngora

/ 1 de mayo de 2023 / 06:25

La Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo inicia desde mañana, 2 de mayo, el proceso de recaudación total del Sistema Integral de Pensiones (SIP). El gerente general de esta entidad, Jaime Durán, detalló que el inicio pleno de las actividades de la Gestora tiene tres fechas clave. El primero, el 2 de mayo, con el inicio del proceso de recaudación total. El segundo, el 15 de mayo, cuando se recepcionará los trámites relacionados a la jubilación y, finalmente, el 1 de junio, cuando se empezará a pagar a los más de 209.000 jubilados que hay en el país.

—¿Se tiene todo listo para el inicio del funcionamiento de la Gestora Pública?

—Sí, efectivamente, ya estamos listos para el mes más importante de este proceso de transición. Se debe recordar a la población que hay tres fechas importantes. La primera, el 2 de mayo, iniciamos el proceso de recaudación total. Eso quiere decir que todo lo que se aportaba, todos los aportes que hasta el mes de abril lo hacían a las administradoras de Fondo de Pensiones Futuro y Previsión, desde el 2 de mayo, deben hacerlo a través de la Gestora. Para ello, es importante recordar que deben actualizar su información a través de nuestra página web: www.gestora.gob y hacer clic en oficina virtual. ¿Por qué razón?, porque todo el proceso de recaudaciones se realiza en forma digital. Eso quiere decir que las planillas se cargan en Excel, también se pueden cargar mediante dicha página web y el pago se puede hacer a través de una red de 15 entidades financieras, si se lo quiere hacer mediante ventanilla, y también se lo puede hacer mediante transferencias electrónicas o (el sistema de pago) código QR.

La segunda fecha importante es el 15 de mayo, a partir de la cual nosotros vamos a recepcionar los trámites relacionados a la jubilación. La otra fecha importante es el primero de junio de 2023, fecha a partir de la cual nosotros vamos a empezar a pagar a los más de 209.000 jubilados que tenemos en todo el país.

Una funcionario de la Gestora Pública informa sobre el proces de aporte de las pensiones. Foto. GESTORA

—¿Qué dificultades han presentando en todo este proceso para el inicio de la Gestora?

En realidad, la principal dificultad que hemos tenido ha sido la desinformación que se ha generado en algunos sectores. Por ejemplo, les han indicado que éste sería un proceso de estatización, un proceso de confiscación de los aportes. Ahí nosotros hemos sido muy claros, aclarando a la población e indicando que se mantiene la figura del patrimonio autónomo. Es decir, se mantiene la autonomía e independencia de estos fondos que solo pueden utilizarse para ser invertidos y para generar pensiones. También hemos escuchado por ahí que les han indicado que las pensiones estarían en riesgo, supuestamente la Gestora no tiene experiencia en el tema. Sin embargo, les hemos recordado que nosotros mensualmente pagamos una planilla de 1,1 millones de asegurados beneficiarios de la Renta Dignidad, que es cinco veces más grande que la totalidad de las planillas (de los jubilados). Entonces, mediante más de 280 procesos de socialización hemos logrado que la gente poco a poco conozca cómo funciona. Ahora también han existido dificultades operativas, pero las mismas las hemos ido subsanando a medida que ha ido pasando el tiempo.

—¿Cómo están trabajando en la socialización, sobre todo en algunos sectores que han estado protestando?

—Efectivamente, el martes, por ejemplo, hemos tenido un proceso de socialización con más de 500 personas en forma virtual, miembros de la Confederación de Trabajadores en Educación Urbana de Bolivia, los cuales, al menos los que han estado en el seminario, han indicado que no están en contra de la Gestora. Aunque, sin embargo, ellos consideran que deberían ser parte del directorio. Lo propio hemos hecho con los maestros rurales y con personal de salud. Hoy día (el miércoles pasado), por ejemplo, estamos socializando en la Universidad Autónomo Juan Misael Saracho y los participantes han comprendido que la Gestora es una entidad especializada, es una entidad técnica que va a administrar eficientemente los aportes.

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Evidentemente, hay algunos sectores que tienen más intereses políticos; en ese sentido, por ejemplo, ellos han indicado, posiblemente se van a ver en la necesidad de defender a transnacionales que actualmente administran el tema de las pensiones, sin embargo lo que nosotros hemos notado es que en la medida que se pueda dialogar con las bases, dialogar con la gente, las mismas comprenden cuál es el funcionamiento que tiene la Gestora y pues nos manifiestan su apoyo, como es el caso de las principales organizaciones de jubilados.

—¿A cuánto se ha llegado en la transmisión de datos? ¿Este martes se va a tener al 100%?

Hasta el momento tenemos un avance del 95%. Nosotros calculamos que en mayo ya vamos a terminar todo esto; sin embargo, como se trata de fases, por ejemplo, todo el tema de empleadores ya tenemos prácticamente concluido. Lo propio con la base de datos de asegurados que es lo que nos permite arrancar precisamente desde el martes. Y bueno, como se trata de una transición, hay algunos elementos que en la medida en que las AFP efectúen sus cierres, eso va a tomar un poquito más de tiempo para que nos transfieran.

Sin embargo, lo que yo quiero garantizar a toda la población es que no vamos a detenernos un solo día, va a existir continuidad de los servicios. Para dar un ejemplo, las AFP van a recibir hasta el 12 de mayo los trámites de jubilación, que es viernes, y nosotros a partir del lunes 15 de mayo. Las AFP, por ejemplo, los primeros días de mayo van a pagar las pensiones correspondientes a abril y nosotros vamos a pagar los primeros días de junio las correspondientes pensiones a mayo. Es decir, tenemos un plan que garantiza precisamente la continuidad en la provisión de estos servicios.

—¿Se tiene el dato de cuántas empresas ya están registradas en la Gestora Pública?

Hasta el momento, para que podamos tener un orden de cifras, tenemos 14.340 empresas o empleadores que ya están trabajando con nosotros. Tenemos a 76 cooperativas mineras, 13.879 empleadores privados y tenemos 395 empleadores públicos. Para que también conozca la población, tenemos 36.138 asegurados, entre el 9 de septiembre de 2022 y el 25 de abril de 2023, del cual 26.141 son dependientes, 5.312 son independientes y 4.685 consultores. Eso quiere decir que en total se ha llegado a 50.478 registros, es decir ya hemos superado una meta que nos habíamos propuesto.

—¿El trabajador puede retirar sus recursos si no quiere seguir aportando?

Es importante aclarar que la Gestora lo que hace es cumplir la Ley 065, los decretos supremos y reglamentos relacionados. En ese sentido, la ley establece que una persona puede retirar sus recursos, por así decirlo, si cumple la edad de 58 años y tiene menos de 10 años de aporte, es decir menos de 120 cotizaciones mensuales. Mi recomendación es que no lo haga. Por qué razón, porque una pensión puede generarse a partir de los 58 años o menos en el caso de las mujeres o por ejemplo cuando una persona trabaja en condiciones de insalubridad. ¿Por qué es importante aportar hasta lograr una pensión? En primer lugar, porque cuando uno tiene una pensión, primer tema, es que es una pensión de por vida. En segundo lugar, esta pensión va a permitir el acceso a la Caja del Seguro Social o a la Caja Nacional de Salud o a la caja en la que uno está aportando, esto es muy importante para las personas de la tercera edad. Un segundo elemento tiene que ver con que no solo se asegura el trabajador aportante, sino la familia. En caso de fallecimiento, los derechohabientes: la esposa, el esposo, los hijos y las hijas tienen el derecho a la pensión y también en el caso de que ocurra alguna muerte repentina, se activa una modalidad de pensión que también beneficia a los asegurados.

—¿Qué pasa con aquellos trabajadores que por alguna razón no están aportando?

En realidad no tienen que realizar ningún proceso, toda esa información ya forma parte del proceso de migración (de datos). Ahora, por ejemplo, puede ocurrir que una persona ha dejado de aportar desde hace dos años, entonces qué es lo que yo recomiendo. En primer lugar, decirle lo que ha aportado hasta el momento. El capital más los rendimientos, más los intereses en su integridad se van a traspasar de los servidores (de las AFP) a la plataforma de la Gestora. Lo único que van a tener que hacer los asegurados es habilitar sus credenciales en nuestra oficina virtual, para lo cual estamos creando un proceso sencillo para tal efecto y lo que yo recomiendo es que pueda aportar como independiente. En mi opinión, hay que hacer el esfuerzo de aportar porque eso le permite aumentar la intensidad de cotizaciones. Esto a futuro es bueno por si necesita beneficiarse del Fondo Solidario, porque el Fondo Solidario toma en cuenta la cantidad de cotizaciones que hacen mucho a lo largo del tiempo. Entonces, aunque sea sobre el salario mínimo nacional continuar aportando.

—¿Qué va a pasar con la mora que tienen las AFP?

Conforme a datos de la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS), la mora supera los 860 millones de bolivianos y la ley establece dos temas importantes. El primero, todo lo que corresponde a la mora previa a la promulgación de la Ley 065, es decir, previa a 2010. Ésta tiene que ser cobrada por las AFP y lo que es posterior a 2010 se va a traspasar a la Gestora, previa revisión de lo que establece la APS para que todo esté en orden. En todo caso, para que la población se sienta segura, ya sea por la vía de las AFP o por vía de la Gestora, se va a continuar con el proceso de cobro de estos recursos porque es muy importante que los mismos sean acreditados en las cuentas personales previsionales de la población, de tal manera que a futuro permitan construir la pensión.

La Gestora Pública obtuvo una utilidad récord en 2022.

—¿Qué pasa si las AFP no cobran ese dinero?

Lo que manda la ley no es que las AFP a partir del 15 de mayo ya no tengan una tarea, en realidad el Decreto Supremo 2248 establece un plazo de hasta cinco años para que ellos puedan concluir los procesos correspondientes y hacer el proceso de cobro. Entonces ahí, en el caso de que no se pueda cobrar, lo que se tiene que hacer es agotar todas las instancias para realizar estos cobros y hacer el proceso de cobro. Para ello, las AFP deben hacer todos los esfuerzos para minimizar esta mora que se tiene hasta este momento, especialmente la que es antes de 2010 y de cualquier manera nosotros vamos a continuar con este proceso de cobro porque es muy importante continuar con el mismo.

—¿Con cuánto de capital va a empezar la Gestora? ¿A cuánto ascienden los recursos que serán traspasados de las AFP?

Conforme a los registros que se tiene en la Autoridad de Pensiones y Seguros, la cantidad de aportes o de fondos que se tiene a valor de mercado alcanza a 23.700 millones de dólares. Importante recordar que más del 95% de estos recursos se encuentran invertidos en instrumentos de oferta pública del mercado de valores. Entonces, lo que se va a hacer en este proceso de transición es que la administración y gestión de esos recursos, porque reitero la propiedad la tienen los fondos autónomos, va a pasar a la Gestora. Entonces, son los recursos que a partir de mayo ya nosotros tenemos que encargarnos en la gestión de inversiones, en la gestión de los aportes, de acreditación y el pago de pensiones.

—¿Con cuántos jubilados se cuenta hasta la fecha? La población de jubilados a enero de 2023 alcanza a 209.110 jubilados.

Si lo comparamos como un año de 2010, cuando se tenía 29.745 jubilados, eso nos muestra que desde hace más de 12 años se han incrementado en 180.000 los jubilados. Ahora para que tengamos un orden de referencia respecto a cuántas personas se jubilan por año, estamos hablando de una tasa anual de 15.000 jubilados cada año. Entonces, nosotros consideramos que hasta fin de año podríamos contar con 220.000 jubilados.

—¿Cuáles son las proyecciones con el inicio de la Gestora?

Las proyecciones que tenemos tienen que ver, por un lado, con llevar adelante el mandato del Decreto Supremo 4585, eso quiere decir que a partir del mes de junio nosotros dejamos de cobrar la comisión del 1,31% que estaban cobrando las Administradoras de Fondos de Pensiones. Eso significa que de una pensión de 3.500 bolivianos cada mes los jubilados les pagaban 46 bolivianos, eso significa que 73 millones de bolivianos anualmente los jubilados le transferían a las AFP. Esos 73 millones de bolivianos a partir de junio se quedan en manos de los jubilados, entonces, un primer hito importante. El segundo hito importante tiene que ver con el tema de la rentabilidad. Nosotros pensamos aumentar la rentabilidad de manera gradual, de tal manera que el rendimiento que tienen los aportes de los trabajadores crezca. Para ello, estamos poniendo toda nuestra experticia, lo hemos demostrado entre septiembre y diciembre, donde la Gestora ha tenido un rendimiento del 4,61%.

 Jaime Durán: El Gerente General de la Gestora Pública habló con La Razón sobre el inicio de sus operaciones en todas la áreas. La entidad tomará este martes 2 de mayo el control de los recursos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), que cuenta con un fondo de más de $us 23.700 millones. También habló sobre la mora de Bs 860 millones que deberán regularizar las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

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El TCP frena debate de otros proyectos en la Cámara de Diputados

Se debe esperar la decisión del TCP ante la consulta del presidente Arce

El reinicio de las sesiones de la Cámara de Diputados para el tratamiento de normas, ayer.

Por Boris Góngora

/ 22 de septiembre de 2023 / 07:25

El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) frenó cualquier debate de la Cámara de Diputados para otro proyecto de ley vinculado a la censura por la interpelación a autoridades, esto debido a la consulta previa del proyecto de Ley 350 enviada por el Ejecutivo. 

El presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, del Movimiento Al Socialismo (MAS), puso en conocimiento de esa instancia una nota remitida por el TCP en la que se indica que no es “posible iniciar o tramitar otro proyecto del que se encuentra en consulta”.

“Hacer (otra ley) implica incurrir en desobediencia y nosotros cumplimos en informarles a ustedes lo que está pasando. Más allá de nuestra voluntad, que felicito a los jefes de bancada que trabajamos juntamente con mi equipo y hemos propuesto un proyecto de Ley 304 con la esperanza de que no nos observen. Nos han observado”, dijo en el hemiciclo. 

Lea también: El TSJ rechaza el proyecto de ley de las judiciales aprobada por el Senado

TCP

Parte del documento del TCP señala que “es de conocimiento público que se tiene proyectos de ley referidos a la censura vinculados en el fondo con el proyecto en consulta, mismo que se había remitido para su tratamiento a comisión, en ese sentido, en estricto cumplimiento de la norma antes señalada del Código Procesal Constitucional, no es posible iniciar ni tramitar otro proyecto de ley que tenga el mismo objeto que el que se encuentra en consulta, pendiente de la decisión final del Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo intérprete de la Constitución”.

Agrega que “considerando existe la posibilidad de que se incumpla con lo dispuesto en el auto constitucional 0185/2023 de 2 de mayo que resuelve en su parte resolutiva que se notifique al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional a efecto de lo estipulado por el artículo 113 de la CPE, (…) a través del presente pongo en conocimiento se tenga presente en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales que proceda a efectos del cumplimiento a lo dispuesto por el auto constitucional”.

El 21 de abril, el presidente Luis Arce, mediante memorial, a través de su representante, se apersonó ante el TCP para formular la consulta sobre la constitucionalidad de los artículos 3.III y 4 del proyecto de ley que establece los efectos jurídicos de la censura. Esta medida fue admitida mediante auto constitucional 0185/2023-CA, el 2 de mayo. 

Mercado indicó que ni bien se enteraron del recurso interpuesto contra las interpelaciones, fueron los únicos que se apersonaron en la Sala Constitucional Primera de La Paz para defender la facultad del Legislativo para interpelar.

MEDIDA

“Me dicen por qué no interpusimos un recurso penal. Lo analizamos, íbamos a iniciarlo a los vocales de la Sala Constitucional Primera de La Paz, pero no se puede iniciar un proceso penal cuando está en consulta la medida adoptada por ellos. Nos las iban a rechazar inmediatamente”, aclaró, ante las críticas de legisladores.

El miércoles, la Comisión de Constitución de Diputados rechazó el tratamiento del proyecto de Ley 304 de aplicación normativa sobre la interpelación y los efectos de la censura, pese a que las tres fuerzas políticas acordaron tratar con prioridad este documento.

Juan José Jauregui (MAS), presidente de la comisión, señaló que se sugirió en esa instancia rechazar todos los proyectos respecto a este tema, exceptuando la Ley 350, debido a que se encuentra en proceso de consulta constitucional. 

(22/09/2023)

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Tras invitación del Pacto de Unidad, Dirección del MAS señala que no participará en ningún ‘evento inorgánico’

“EL MAS no asistirá a ninguna convocatoria, reunión o ampliado, entre tanto no se resuelva por vía orgánica y sin interferencia gubernamental este paralelismo causado por intereses sectarios”, señala el documento.

La Dirección Nacional del MAS brinda una conferencia de prensa.

Por Boris Góngora

/ 21 de septiembre de 2023 / 19:54

La Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) expresó este jueves que no participará en ningún “evento inorgánico”, tras la invitación a un ampliado por parte del Pacto de Unidad con el fin de buscar la unidad de las organizaciones sociales y pueblos originarios campesinos.

“Mediante la presente, acusamos recibo de la invitación a una reunión convocada a nombre del Pacto de Unidad, a realizarse en la ciudad de La Paz, el 25 de los corrientes. Sobre el particular, queremos expresarles que la Dirección Nacional del MAS-IPSP, no participará en ningún evento inorgánico” (sic), señala parte del documento de respuesta al Pacto de Unidad afín a la administración de Luis Arce.

Con el objetivo de la unidad en las organizaciones sociales, la dirigencia del Pacto de Unidad remitió cartas al presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y al expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, para que asistan a un ampliado.

Lucio Quispe, ejecutivo de la CSUTCB afín al Gobierno, indicó que las organizaciones sociales no pueden pelear entre sí. “Tenemos que unificarnos. Los invitaremos (y les preguntaremos) por qué estas divisiones. Por eso quiero que lleguen, ahí hablaremos, nos sentaremos y dialogaremos”.

Lea más: El Pacto de Unidad arcista convoca a Arce, Morales y Choquehuanca a un ampliado por la unidad

Entre los argumentos para la inasistencia al ampliado del lunes, la dirección del MAS lamenta la falta de representación “orgánica y legítima” dentro de algunas de las dirigencias de los campesinos, así como de los interculturales. “Resta autoridad a los que hoy presumen ser dirigentes del Pacto de Unidad”.

Tres de las cinco organizaciones que conforman el Pacto de Unidad están fracturadas. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) está dividida y tiene ahora dos dirigencias paralelas, una reconocida por Arce y otra por Morales, con Ponciano Quispe.

Similar situación ocurre con los Interculturales, que también tiene dos dirigencias. En el caso de las Bartolinas, antes de la elección de su nueva dirigencia, en marzo, se registraron acusaciones de divisionismo entre los bloques arcista y evista.

“EL MAS no asistirá a ninguna convocatoria, reunión o ampliado, entre tanto no se resuelva por vía orgánica y sin interferencia gubernamental, este paralelismo causado por intereses sectarios. Rechazamos la manera cómo los congresos ordinarios de interculturales y la única, fueron manipulados por el gobierno, produciendo como en las dictaduras militares y gobiernos neoliberales, dirigencias funcionales para su instrumentalización política”, indicó la Dirección Nacional del MAS.

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Los diputados del MAS Jauregui y Mendoza protagonizan bochorno en pasillos de la Asamblea

El diputado Juan José Jáuregui señaló que la dilación de las judiciales se dio a partir de que el Senado incorporó elementos inconstitucionales al proyecto de ley.

Los diputados Juan José Jáuregui y Patricio Mendoza, en su impase en la Asamblea.

Por Boris Góngora

/ 21 de septiembre de 2023 / 17:48

En las redes sociales se viralizó el enfrentamiento verbal en los pasillos de la Asamblea Legislativa entre el presidente de la Comisión de Constitución, diputado, Juan José Jáuregui, del ala ‘arcista’, y su colega Patricio Mendoza del ala ‘evista’.

Mendoza le encaró a Jáuregui sobre el tratamiento del proyecto de ley de las elecciones judiciales. “¿Por qué no debates? ¿por qué no dices la verdad? ¡qué me vas a hacer! vos tienes un proceso (acusado de pedir sexo a cambio de trabajo en el Gobierno)”, declaró Mendoza.

A lo que Jáuregui respondió “¿Por qué no se desenmascaran como Palmaflor? Empeza a razonar ¡Dejá de ser mentiroso! Andá a preguntar a tus senadores lo que han hecho”.

Minutos antes a este cruce verbal, Jáuregui afirmó que la dilación de las elecciones judiciales se dio a partir de que el Senado incorporara al proyecto de ley elementos contrarios a la Constitución Política del Estado y la Ley 025 del Órgano Judicial.

“La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha incorporado un punto o una coma dentro de este (proyecto de ley), No. Lo único que ha hecho fue enviar en consulta como debió obrar la Cámara de Senadores para resolver estos temas. Los que ‘dilataron’ este caso son aquellos que obraron de manera irresponsable incorporando estos elementos que son absolutamente inconstitucionales”, dijo Jáuregui.

El 6 de septiembre, se remitió a consultas el proyecto de ley de las judiciales que apunta a destrabar la realización de los comicios, tras su aprobación en la Cámara de Senadores. Se decidió ello debido a que el documento tiene “inconsistencias” que deben ser objeto de “explicación” y “ajuste” para comenzar su tratamiento.

Lea más: El TSJ rechaza el proyecto de ley de las judiciales aprobada por el Senado

Las consultas fueron enviadas a los ministerios de Justicia, de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, como parte del Órgano Ejecutivo; además del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TSJ y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Ayer se conoció la respuesta del Órgano Judicial en el que rechaza este proyecto de ley ante “una duda razonable” de inconstitucionalidad, sobre todo en cuanto a que subalternos asuman labores de magistrados.

“Existe duda razonable que el referido proyecto de Ley Nº 44/2023-2024, en cuanto hace especialmente a lo previsto en el artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del referido instrumento legal es contrario a lo previsto en los artículos 7, 9, 4, 12, 178 de la Constitución Política del Estado” (sic), señala el presidente del TSJ, Ricardo Torres, en la nota enviada al presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado (MAS), publicada por el diario Correo del Sur.

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El TSJ rechaza el proyecto de ley de las judiciales aprobada por el Senado

La disposición adicional y el artículo 2 del proyecto de ley de las judiciales fueron enviados por el TSJ a una consulta de control previo de constitucionalidad ante Tribunal Constitucional Plurinacional.

/ 20 de septiembre de 2023 / 23:26

Ante la consulta de la Cámara Diputados sobre el proyecto de ley para las judiciales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo rechazó ante “una duda razonable” de inconstitucionalidad, sobre todo en cuanto a que subalternos asuman labores de magistrados.

“Existe duda razonable que el referido proyecto de Ley Nº 44/2023-2024, en cuanto hace especialmente a lo previsto en el artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del referido instrumento legal es contrario a lo previsto en los artículos 7, 9, 4, 12, 178 de la Constitución Política del Estado” (sic), señala el presidente del TSJ, Ricardo Torres, en la nota enviada al presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado (MAS), publicada por el diario Correo del Sur.

El 6 de septiembre, Mercado remitió a consultas el proyecto que apunta a destrabar la realización de los comicios judiciales, tras su aprobación en la Cámara de Senadores. Se decidió ello debido a que el documento tiene “inconsistencias” que deben ser objeto de “explicación” y “ajuste” para comenzar su tratamiento.

Las consultas fueron enviadas a los ministerios de Justicia, de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, como parte del Órgano Ejecutivo; además del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TSJ y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Lea más: La situación se enreda en las judiciales, ahora el TSJ consulta al TCP la consulta de Diputados

La nota de Torres (PRES-TSJ Nº 269/2023) fue remitida el 18 de septiembre. Agrega que “de la lectura del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, concordado con el artículo 178.I del mismo cuerpo normativo se asume que la función que cumplen el Órgano Judicial, fue directamente delegada por el soberano, es inalienable e imprescriptible, lo que implica que estas funciones no pueden ser suspendidas por el Poder Constituido, siendo que estas tienen su origen en el Poder Constituyente” (sic), indica el punto 1. 

El proyecto de ley establece, en su disposición adicional sexta, que “desde el 2 de enero de 2024 hasta el día de posesión de las Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros electos por el voto popular, el personal subalterno de estas instituciones, en las diferentes áreas de trabajo, implementarán una transición eficiente y ordenada para que las nuevas autoridades elegidas asuman sus despachos en condiciones adecuadas” (sic).

Además, subraya que “de manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite, en los despachos de las Magistradas y Magistrados salientes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y despacho de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, hasta la posesión de las nuevas autoridades, por ser esta una Ley transitoria y excepcional” (sic).

Por ello, esta disposición adicional y el artículo 2 del proyecto de ley fueron enviados por el TSJ a una consulta de control previo de constitucionalidad ante TCP. En ese marco, el TSJ demanda que se notifique a la Asamblea Legislativa “la suspensión en el tratamiento de cualquier proyecto de ley que tenga por finalidad regular la preselección de altas autoridades”.

“El proyecto de ley carece de legitimidad material debido a la falta de un proceso de preselección de altas autoridades judiciales adecuado. En efecto, este proyecto de ley acorta el proceso de preselección y no valora el mérito de los candidatos, lo que va en contra de los argumentos presentados en la ratio decidendi de la sentencia constitucional 0060/2023”.

Independencia

En el punto 2 de su nota de respuesta, Torres hace notar que el artículo 12 de la CPE establece que “la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación y coordinación de estos órganos”, por lo que “las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

“Entiendo en consecuencia que no se pueden suspender el funcionamiento de ninguno de estos órganos del nivel central”, añade. Así, los vientos en contra vuelven a poner en vilo a los comicios judiciales.

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El Pacto de Unidad arcista convoca a Arce, Morales y Choquehuanca a un ampliado por la unidad

La invitación al encuentro es para el lunes 25 de septiembre en la sede de los fabriles en la ciudad de La Paz a horas 10.00.

La dirigencia del Pacto de Unidad brinda una conferencia de prensa en puertas del Tribunal Electoral.

Por Boris Góngora

/ 20 de septiembre de 2023 / 17:30

La dirigencia del Pacto de Unidad remitió cartas al presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y al expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, donde les piden asistir a un ampliado para mantener la unidad de las organizaciones sociales y pueblos originarios campesinos.

La invitación al encuentro es para el lunes 25 de septiembre en la sede de los fabriles en la ciudad de La Paz a horas 10.00.

El documento fue firmado por la secretaria ejecutiva de las Bartolinas, Guillermina Kuno; Esteban Alavi, ejecutivo de los Interculturales; Eddy Enríquez, secretario de recursos de la CIDOB y Lucio Quispe, ejecutivo de la CSUTCB.

El Pacto de Unidad está conformada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolinas Sisa’ y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y otras organizaciones sociales.

Tres de las cinco organizaciones que conforman el Pacto de Unidad están fracturadas. La CSUTCB está dividida y tiene ahora dos dirigencias paralelas, una reconocida por el presidente Luis Arce y la otra por Evo Morales.

Similar situación ocurre con los Interculturales que también tiene dos dirigencias. En el caso de las Bartolinas antes de la elección de su nueva dirigencia ―marzo― se registraron acusaciones entre la facción ‘arcista’ y ‘evista’ de “divisionistas”.

Lea más: La CSUTCB evista garantiza su presencia en el congreso del MAS

Lucio Quispe, ejecutivo de la CSUTCB afín al Gobierno, indicó que se ha invitado a los líderes nacionales del Movimiento Al Socialismo y del Gobierno en busca de la unidad.

“No podemos estar peleando como aymaras y quechuas. Tenemos que unificarnos y como padre de la organización matriz voy a invitarle (a Evo Morales) como Pacto de Unidad. Los invitaremos (y les preguntaremos) por qué estas divisiones. Por eso quiero que lleguen, ahí hablaremos, nos sentaremos y dialogaremos”, dijo Quispe.

El lunes, el Comité Ejecutivo Nacional de la CSUTCB ‘arcista’ determinó rechazar su asistencia al congreso del MAS en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, del 3 al 5 de octubre.

Esta medida se debe a la “irregular e ilegítima convocatoria del MAS”.

La CSUTCB ‘arcista’ anunció también la deliberación para la convocatoria a un cabildo nacional, con la participación de todas las organizaciones sociales, para determinar el “rumbo” del proceso de cambio y del instrumento político.

El martes, la CSUTCB ‘evista’ garantizó su participación en el congreso del MAS, luego de que el bloque vinculado al gobierno de Luis Arce anunciara que no participará en ese encuentro.

Ponciano Santos, ejecutivo del bloque paralelo de la CSUTCB indicó que como confederación estarán participando al menos 600 titulares en el congreso masista. A principios de mes, la dirigencia de los Interculturales denunció que se redujo la participación de los delegados de las organizaciones sociales de 200 a cinco.

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