Economía

Friday 17 Jan 2025 | Actualizado a 21:28 PM

Arce dice que las calificadoras de riesgo bajan la puntuación de Bolivia por temas políticos, no económicos

Explicó que la iliquidez del dólar es temporal y que es a nivel regional. El país apuesta a terminar con la subvención hasta 2025.

El presidente Luis Arce se reunió este miércoles con periodistas. Foto: LuchoxBolivia

/ 10 de mayo de 2023 / 23:22

El presidente Luis Arce aseguró este miércoles que las calificadoras de riesgo le bajaron, dos veces, la puntuación a Bolivia por temas políticos y no económicos, pues las cifras del país no muestran decrecimiento.

Una prueba de ello, dijo, es que Bolivia accede sin ningún problema a créditos internacionales; sin embargo, éstos no terminan de ser aprobados en la Asamblea Legislativa y esa es la excusa que usan para bajarle la puntuación al país.

“Como nunca en otro país nos bajan la calificación dos veces, qué es eso. Y cuál el argumento, es político, que no se estaba logrando aprobar las leyes en la Asamblea. Con ese criterio cuál debería ser ahora la calificación de Estados Unidos, donde no les están aprobando un mayor techo de endeudamiento. A nosotros por un tema político nos bajan dos grados. Cuando Estados Unidos está mal no le bajan, nunca dejó de ser triple A Estados Unidos, ni siquiera en crisis de 2007, 2008”, explicó en una reunión con periodistas.

El mes pasado, cuando la ley de compra de oro aún no estaba sancionada y promulgada, las calificadoras de riesgo Moody’s y Fitch Ratings bajaron la puntuación del país. El argumento fue la baja en las reservas internacionales.

Estados Unidos

El Mandatario tuvo una prolongada charla sobre temas económicos y matizó asegurando que cuando alguien solicita un préstamo a cualquier banco, éste “lo desnuda” para ver si puede o no pagar. “Y si puedes pagar te prestan y yo apuesto que si seguimos pidiendo préstamos nos seguirán dando porque saben perfectamente que lo que pasó es un tema absolutamente solucionable”.

Criticó que no se mida con la misma vara a otros países como Estados Unidos, que en 2007 y 2008 sufrió fuertes crisis económicas y siempre mantuvo calificación alta.

“No fue un tema económico el que decide a las calificadoras disminuirnos la calificación, fue un tema político por la Asamblea. Nunca dijeron está mal la economía del país, hay un mayor déficit, no porque no lo pueden decir. Lo único que podían decir era un tema político y de eso se han agarrado para bajarnos dos escaños como a ningún país”.

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Arce habla de iliquidez

Se refirió también a la iliquidez de la divisa estadounidense, asegurando que es «transitoria» y no solo es un problema de Bolivia sino de la región. Ante esa situación países como Brasil y Argentina avanzan en el uso del yuan en el comercio con China, lo que es una alternativa.

«En el tema de dólares es una iliquidez transitoria. ¿Qué ha pasado? Tenemos exportaciones que por lo que ha pasado en el planeta, en la región, no nos pagan. Exportamos, pero no nos pagan. Por otra parte, tenemos y debemos ser el único país en la región al menos con un fuerte componente de oro en las reservas internacionales respecto a las divisas».

Arce explicó que el problema de iliquidez de dólares no es solo de Bolivia sino de diferentes economías, a tal extremo que países de la región como Brasil y Argentina avanzan en usar el yuan en su comercio exterior con China.

“La tendencia de la región va a ser esa», aseguró.

Subvención

El presidente Arce también proyecto que hasta 2025 el objetivo es dejar de importar y acabar con la subvención a los hidrocarburos, a través de las distintas estrategias como las plantas de biodiésel. Asimismo, consolidando la industrialización con sustitución de importaciones que le representará al Estado un ahorro de hasta $us 3.000 millones.

«Llegar (al 2025) con un país que no esté subvencionando los hidrocarburos, con un país que tenga una industria, por lo menos, para el consumo interno», aseguró.

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En un año, crece en 19% el movimiento de carga en el puerto de Matarani

Un reporte de la ASP-B resalta que el movimiento de carga por ese puerto pasó de 193.928 toneladas métricas en 2023 a 239.550 toneladas métricas en 2024.

El puerto de Matarani, en Perú. Foto: RRSS

/ 17 de enero de 2025 / 19:23

El Sistema de Administración de Puertos (SIAP) de la Administración de Servicios Portuarios – Bolivia (ASP-B) reportó este viernes que el volumen de movimiento de carga en el puerto de Matarani (Perú) se incrementó en 19% entre 2023 y 2024.

Según el reporte, el movimiento de carga por ese puerto pasó de 193.928 toneladas métricas en 2023 a 239.550 toneladas métricas en 2024.

El informe destaca el crecimiento a pesar de los “desafíos globales que afectaron al comercio marítimo en los últimos años”.

“El puerto peruano ha mantenido un crecimiento sostenido en el movimiento de carga; debido a las mejoras en las operaciones de la empresa Terminal Internacional del Sur (TISUR) y la presencia estratégica de la ASP-B que viabilizaron el fortalecimiento del comercio internacional hacia nuestro país”, señala el informe.

Asimismo, se destaca que entre los principales productos importados por Matarani están el hierro y sus derivados, como bobinas, planchas, tubos y perfiles. Además, se paletas de cemento asfáltico.

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Matarani

El reporte indica, además, que las condiciones operativas y logísticas optimizadas en el puerto de Matarani y la labor de la ASP-B han sido claves para el incremento en el movimiento de carga.

Y remarca, que el personal de la ASP-B, que opera en el puerto de Matarani, trabaja las 24 horas, los siete días de la semana para realizar los despachos de toda esta carga de importación; con el objetivo de cumplir con los plazos establecidos para facilitar el comercio exterior.

“Este crecimiento sostenido en el movimiento de carga consolida al Puerto de Matarani como una pieza fundamental en el comercio internacional de Bolivia; ofreciendo una alternativa eficiente y segura para la importación de diversos productos que demandan las empresas estatales y privadas del país”.

El mayor flujo de comercio exterior de Bolivia se realiza por los puertos de Chile; sin embargo, el puerto de Matarani se convirtió en una alternativa para el manejo de diferentes cargas bolivianas y tiene las condiciones adecuadas para la recepción, transferencia, acopio, almacenamiento y despacho.

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Diputado Alarcón presenta proyecto de ley para eliminar la disposición sobre decomisos

El legislador de Comunidad Ciudadana entregó la propuesta en el despacho del presidente de la Cámara Baja. Varios sectores observan la disposición.

El diputado Carlos Alarcón.

/ 17 de enero de 2025 / 16:24

El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón presentó el jueves un proyecto de ley para la derogatoria de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, cuestionada por diversos sectores productivos, empresariales y gremiales.

“Ayer (jueves) presenté el proyecto de ley para la derogatoria de la disposición adicional 7 de la ley del presupuesto 2025. Ahora que el gobierno instruya a sus diputados aprobarla con dispensación de trámite”, escribió Alarcón en su cuenta de X.

La disposición séptima del PGE se ha convertido en centro de polémica entre el Gobierno y diversos sectores; que exigen su abrogación pues ésta da lugar al decomiso de productos.

Varios sectores ya se pronunciaron en contra y el Gobierno comenzó a socializar la norma en reuniones; sin embargo, aún no halla consenso para su reglamentación.

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Disposición

Ante los reclamos, el viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo el jueves que el Órgano Ejecutivo no puede modificar la ley del PGE 2025; y que está en manos de la Asamblea Legislativa hacerlo. Tras esas declaraciones, el diputado Alarcón respondió y presentó el proyecto de ley.

“No es que no queramos atender, el presidente Luis Arce no tiene atribuciones para derogar, eliminar una ley, esto es competencia exclusiva del Legislativo”, dijo Silva en Unitel.

Alarcón dijo que ya entregó la norma en el despacho del presidente de la Cámara Baja, Omar Yujra.

La disposición establece que las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos; a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos.

Asimismo, indica que todo actor de la cadena productiva de alimentos esenciales, debe declarar información de producción, transformación y comercialización, conforme a la reglamentación aprobada por Resolución Biministerial emitida por los ministerios de Desarrollo Rural y Tierras y de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

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‘Indiferencia del Gobierno’: CNC dice que disposición confiscatoria ‘violenta’ los derechos

La entidad afirma que el sector empresarial es el más afectado y vulnerable y no puede ser sindicado o calificado como sospechoso por ilícitos relacionados con el agio y la especulación

Los principales ejecutivos de la CNC. Foto: CNC

/ 17 de enero de 2025 / 15:28

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) manifestó su asombro por la indiferencia del Gobierno ante las demandas y pronunciamientos de los representantes de los sectores y gremios afectados por la aplicación de la disposición séptima del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025. La entidad asegura que esa norma “violenta” los derechos constitucionales.

“Reiteramos que las empresas que se dedican al comercio formal no podemos ser sindicadas o calificadas como sospechosas; por ilícitos relacionados con el agio y la especulación dolosa”, dice el comunicado enviado por la entidad.

Y asegura que esta disposición los expone a que funcionarios públicos secuestren “mercadería de manera arbitraria si consideran que el inventario almacenado puede ser vendido a precios mayores de los que ellos consideran justos”.

Asimismo, indican que la disposición séptima del PGE no fue consensuada previamente con el sector empresarial “que es el más afectado y vulnerable”; y que esa norma “violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe sostenerse en un Estado de Derecho”.

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Disposición séptima

Además, demandan al Gobierno a que responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la semana pasada con una inmediata modificación consensuada y en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados. “Ya que es, sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas; y a las que comprende con mayor sensibilidad el alcance del problema”.

La disposición séptima generó rechazo en varios sectores productivos que exigen al Gobierno su inmediata abrogación.

El jueves, el Gobierno y representantes de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) se reunieron para tratar justamente sobre esta disposición; sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

Al igual que la CNI y la CNC, existe rechazo en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO); la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), la Confederación Nacional de Agricultura de Bolivia (Confeagro); y las cámaras de transporte.

El Gobierno dijo que la disposición está en pausa; y no entrará en vigencia hasta que se realice la reglamentación consensuada.

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CNC pide al Gobierno una modificación ‘consensuada’ de la disposición confiscatoria

El sector expresó su asombro a la poca atención de las autoridades al reclamo generalizado de toda el área de productores privados.

Por Daniel Zenteno

/ 17 de enero de 2025 / 13:39

Este viernes, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) reiteró su rechazo a la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado (PGE), que permite el decomiso de productos y mercancías, y pidió al Gobierno realizar una modificación consensuada a la norma.

“Demandamos que el gobierno responda al pronunciamiento planteado por el presidente de la CNC la pasada semana con una inmediata modificación consensuada en coordinación con todos los representantes de los sectores afectados, ya que es sobre las empresas comerciales que pesan las amenazas y a las que comprende con mayor sensibilidad el alcance”, indicaron en un comunicado.

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Disposición

La CNC manifestó su “asombro” por la “indiferencia” del Gobierno hacia las demandas y pronunciamientos de diferentes sectores que mostraron su rechazo a la disposición confiscatoria.

Productores, exportadores, comerciantes, industriales, gremiales, transportistas y otros sectores pidieron la derogación de la normativa que, consideran, afectará sus actividades productivas.

“Reiteramos que las empresas que se dedican al comercio formal no podemos ser sindicadas o calificadas como sospechosas por ilícitos relacionados con el agio y la especulación dolosa”, protesta en su comunicado la CNC.

La disposición, según el Gobierno, tiene el objetivo de poner fin a las actividades ilícitas como el contrabando, la especulación y el agio, confiscando los productos que se almacenen con el objetivo de ser encarecidos más adelante.

Arbitraria

Sin embargo, la Cámara advirtió que se puede utilizar la norma de “manera arbitraria” para “secuestra mercadería” que se considere que se venderá a “precios mayores de los que ellos consideran justos”.

Por ello, considera que el sector productivo y comercial es el más afectado, ya que la disposición “violenta los derechos constitucionales a la libertad de empresa y a la propiedad privada y no puede, ni debe sostenerse en un Estado de Derecho”.

Asimismo, reclaman que la medida no se consensuó previamente con el sector, por lo que no debería entrar en aplicación.

El Gobierno, por su parte, señaló que mientras no se realice una reglamentación en conjunto a todos los sectores que se consideren afectados la disposición se mantendrá “en pausa”.

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Alertan que contrato de planta de litio favorece exclusivamente a empresa rusa

El Club de Ginebra advierte que el acuerdo con una firma rusa podría comprometer los recursos del país y dejar a Bolivia con tecnología obsoleta tras 20 años de operación.

El complejo industrial del litio en el salar de Uyuni, Potosí.

Por Daniel Zenteno

/ 17 de enero de 2025 / 13:16

El Club de Ginebra, organización suiza integrada por profesionales bolivianos, expresó su preocupación por los recientes contratos firmados para la industrialización del litio mediante una carta enviada a los presidentes de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, y de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.

En el documento, advierten que el contrato enviado por el Órgano Ejecutivo a la Asamblea Legislativa para la construcción de una planta de producción de carbonato de litio con tecnología extracción directa de litio (EDL) beneficiaría únicamente a la empresa rusa Uranium One Group.

Según la denuncia, de aprobarse este contrato, se abriría la puerta para firmar de manera automática otros tres acuerdos adicionales: operación y mantenimiento, comercialización y conciliación, sin la necesidad de revisión por parte de la Asamblea. Estos contratos entrarían en vigencia hasta doce meses antes de que concluya el acuerdo principal.

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Litio

Uno de los puntos críticos que observa el club es el contrato de comercialización, que otorgaría a la empresa rusa el derecho preferente de compra del carbonato de litio producido, a precios del mercado internacional, pero con ajustes sujetos a costos y gastos no claramente definidos. 

Además, denuncian que el contrato de conciliación obliga a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) a reembolsar a Uranium todos los costos y gastos de producción de la planta, clasificados como «costos recuperables».

De esta manera, según el documento, el país asumiría una deuda de al menos $us 976 millones, que deberá ser saldada según los ingresos netos generados por la venta de litio a la empresa rusa.

El Club de Ginebra también alertó que Uranium One tendría control exclusivo por 20 años, ampliables, sobre el yacimiento de litio, la planta de producción y el carbonato de litio a un precio fijado por la propia compañía.

YLB

Al finalizar este período, YLB solo recibiría una planta posiblemente obsoleta y con activos amortizados, sin capacidad técnica para operar o modernizar las instalaciones.

Esta situación genera preocupación sobre la pérdida de soberanía en el manejo de los recursos estratégicos del país y la posibilidad de que Bolivia quede marginada en el desarrollo tecnológico de la industria del litio, un recurso clave para la transición energética global. 

Sin embargo, YLB aseguró en reiteradas ocasiones que el contrato le permite quedarse con el 51% de las operaciones y mantener la soberanía del litio boliviano.

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