El ministro de Justicia, Iván Lima, anunció que en los siguientes días se reunirá con la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo (Cainco) y otros gremios empresariales para analizar los alcances y mejoras a la ley anticorrupción presentada el lunes por el presidente Luis Arce.
La mañana de este martes, el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Pablo Camacho, dijo que están analizando el proyecto de ley presentado y que solicitarían una reunión al Gobierno para que les aclare el tema.
Lima aseguró que el Gobierno está dispuesto a reunirse con los empresarios y anunció que lo harán en los próximos días. El objetivo es brindar una explicación más amplia sobre los alcances de la ley y “mejorarla” con apoyo de la sociedad.
“Esta es una ley moderna que prevé que levantan el secreto bancario todos los funcionarios y les da a las empresas garantías. Tenemos ya pedidos de los empresarios, nos vamos a reunir los próximos días con la Cainco y todos los gremios empresariales. Han manifestado su interés en mejorar la norma, es el espíritu constructivo de los bolivianos, vamos a trabajar para perfeccionar la ley y que tengamos reglas de transparencia en todos los procesos de contratación”, explicó.
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Obligación
Lima reiteró que el artículo sobre levantar el secreto bancario no es obligatorio para los empresarios que trabajen con el Estado; sin embargo, se publicará la lista de las empresas que se nieguen a aceptar esas “reglas de transparencia”.
“Todas las empresas que lo deseen, cuando la ley esté vigente, van a poderse acoger a abrir una cuenta única donde se depositen los recursos y verificar el dinero. Lo que para nosotros es obligatorio es publicar la lista de integridad de las empresas. Los bolivianos sabrán qué empresas aceptan estas reglas de transparencia y cuáles no”, remarcó.
Lo que sí no es opcional, explicó, será la cláusula anticorrupción que se incluirá en todos los contratos de las empresas que realicen obras, servicios o bienes con el Estado. Ésta permitirá acelerar los procesos para rescindir el documento en caso de detectarse algún ilícito y recuperar los recursos invertidos.
“Si alguna empresa a lo largo de su procedimiento en la vigencia de su contrato comete un acto ilícito se aplicará la cláusula. Terminaremos el contrato y recuperamos inmediatamente los recursos públicos que se hubieran destinado a esa obra”, acotó.
Explicó que estas cláusulas ya se manejan con instancias internacionales y se trabaja con reglas claras.