La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) decomisó este miércoles 56 máquina de juegos de azar que funcionaban de manera ilegal en un local especialmente acondicionada para esta actividad. El operativo se realizó en la avenida Alemana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

El lugar intervenido contaba con un sofisticado sistema de seguridad, incluyendo cámaras de vigilancia, lo que evidencia la organización detrás de esta operación ilícita.

“Los dueños de estos sitios captan a los jugadores mediante grupos de WhatsApp, utilizan cámaras de seguridad para advertir nuestra presencia y evitar la intervención; sin embargo, con el apoyo de la Policía y Ministerio Público logramos la intervención”, informó el director regional de la AJ, Cristian Alvarado.

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Este último decomiso se suma a los 226 medios de juego incautados en 42 operativos realizados en lo que va del año en la capital cruceña.

“La AJ reafirma su compromiso de combatir el juego ilegal, que genera problemáticas sociales como la ludopatía”, complementa un informe institucional.

Durante la gestión pasada, la AJ comisó 414 medios de juego ilegales, lo que representa un 49% menos de lo secuestrado en 2022. Ese año se incautó 809 máquinas.

La Autoridad de Fiscalización del Juego, regula, controla y fiscaliza las actividades como juegos de lotería, azar y sorteos; además entrega licencias de operaciones y fiscalizan la explotación de juegos y sorteos.

Decomisa máquinas de juegos en salas ilegales y además controla promociones empresariales.

Dos policías fueron enviados este miércoles a la cárcel con detención preventiva por cuatro meses luego de ser encontrados “escoltando” dos camiones que llevaban mercadería de contrabando. La decisión fue asumida por el juzgado Octavo de Instrucción Penal de La Paz.

Los uniformados pertenecen a la Policía Caminera y fueron aprehendidos en el municipio de Patacamaya el lunes; cuando iban al frente de un convoy de camiones con contrabando.

El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Luis Amilcar Velásquez, explicó este miércoles que el lunes los militares identificaron cuatro camiones que “eran escoltados por dos funcionarios policiales”. Se detuvo a los camiones y se aprehendió a los policías; sin embargo, un grupo de pobladores atacó a los efectivos.

“Es población afín al contrabando que amedrentó con dinamitas; y piedras a los militares para recuperar los camiones. Los policías fueron denunciados y hoy (miércoles) enviados a prisión por cuatro meses”, informó.

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Contrabando

Velásquez informó, además, que este miércoles en El Alto se reportó otro incidente similar. Los militares interceptaron en Achica Arriba dos camiones; que presuntamente llevaban mercadería de contrabando.

Cuando llevaban los camiones, presuntamente con mercadería de línea blanca; unas 50 personas atacaron a los militares y a punta de dinamitazos lograron recuperar la mercadería.

“La patrulla abandonó el lugar para evitar más incidentes; son delincuentes que no escatiman violencia en su accionar”, lamentó.

La autoridad indicó que la lucha contra el contrabando dejó hasta la fecha más de 18 militares fallecidos. Pese a ello, aseguró que seguirán con su labor; y se reforzó el control en fronteras, tal como instruyó el lunes el presidente Luis Arce.

Según explicó la autoridad, en los últimos controles; se identificó que existen más de 150 pasos clandestinos; en la parte occidental de Bolivia.

En el marco del Decreto Supremo 5245, aprobado este miércoles por el Gobierno para sancionar el contrabando a la inversa, el viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, detalló que quienes quieran llevar legalmente alimentos a las fronteras del país deberán cumplir al menos tres requisitos.

La autoridad explicó que se trata de “mecanismos para evitar el tránsito irrestricto y libre de alimentos hacia zonas fronterizas” que muchas veces están destinados al contrabando a la inversa. Con la norma “extraer, intentar extraer; almacenar mercancías” que no cuenten con permisos, es un delito que se sanciona con hasta 14 años de cárcel.

Lacoa aclaró que no se trata de ninguna prohibición para llevar alimentos para consumo propio en zonas fronterizas como Desaguadero, Puerto Suárez; Yacuiba, Bermejo y otras, que seguirán siendo abastecidas de forma regular en la cantidad que necesite su población.

“Lo que no se va permitir es el tránsito de grandes cantidades de alimentos para que desde esas áreas se contrabandeen a otros países”, complementó.

El primer requisito es que habrá una lista de proveedores únicos; y solo ellos podrán llevar y comercializar los productos en mayores cantidades. “Va existir, ya existe, una lista de proveedores. Gente nueva, aventurera; contrabandistas no podrán ser inscritos”.

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Fronteras

Otra condición tiene que ver con la cuantía de alimentos que se llevará a esas regiones. El viceministro explicó los ciudadanos que lleven alimentos para su consumo no serán alcanzados por la ley; pero los que lo hagan en grandes cantidades deberán presentar un Certificado de Abastecimiento Interno en zonas fronterizas; emitido por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, que cuantificará el consumo del producto y regulará su tránsito.

“Por ejemplo, una población de 7.000 habitantes de un poblado tiene un consumo per cápita de cierta cantidad de productos, se va cuantificar esa cantidad más un margen de seguridad y para zonas aledañas, y más allá de ese volumen no se permitirá transitar”.

“Los cupos mínimos y máximos destinados al abastecimiento de las poblaciones en la zona de seguridad fronteriza, serán determinados por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y/o el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, para lo cual coordinarán con los Gobiernos Autónomos Municipales”, dice el decreto.

Asimismo, explicó que otro requisito será una factura especial para fronteras, que será diferente a la que hoy en día presentan los ciudadanos que llevan alimentos a esas regiones. Además, se mantendrá la guía de movimiento para productos agropecuarios entregado por autoridades del área.

“Vamos a evitar que estos malos bolivianos, estos delincuentes sigan sangrando en beneficio de otros países”.

Este miércoles, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5245 que regula la Ley 100, de Seguridad en Frontera, cuyo fin es el control de productos llevados hacia las zonas fronterizas y luego sacados del país de manera ilegal.

Con una inversión de más Bs 94,8 millones, el Gobierno inició este miércoles la construcción de los puentes Río Seque y Río Seco en la ciudad de El Alto, que facilitarán la conexión con los Yungas y consolidarán la vinculación rumbo a la Marcha al Norte.

La Marcha al Norte forma parte de la estrategia de desarrollo del departamento de La Paz para desarrollar industria e integrar al norte paceño a la economía departamental y nacional.

Durante el acto, el presidente Luis Arce aseguró que se trata de una obra añorada por más de una década en la ciudad de El Alto y el departamento.

“Hermanos, los hemos escuchado, 11 años han esperado estos puentes, y con mucho cariño, el Gobierno nacional viene a iniciar la construcción de estas obras anhelados en la ciudad de El Alto”, dijo Arce.

De acuerdo con el presidente, con estos puentes los transportistas podrán trasladarse desde el Norte paceño hasta la ciudad de El Alto “directamente, sin tener que ir a dar toda una vuelta (por la ciudad de La Paz), para llegar y abastecer y abastecerse de productos”.

“Las carreteras están hechas y los puentes son de unidad entre la ciudad de El Alto y los hermanos de los Yungas. Muy importante el inicio de esta obra que va a consolidar algo tan anhelado, no solamente por nuestros hermanos alteños, sino también por nuestros hermanos yungueños”, aseguró.

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Puentes

Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, dijo que la inversión alcanza a Bs 94,8 millones con financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); y que consolidará la vinculación con los Yungas, parte del proyecto de la Marcha al Norte.

Se trata de la edificación de dos puentes paralelos de doble carril que contará con una longitud de 6,64 kilómetros, accesos de más de 320 metros con pavimento rígido y un área de circulación para peatones y bicicletas de 1,2 metros.

Además, Montaño dijo que para completar la construcción de la carretera Río Seque – La Cumbre, elaboró el proyecto y demandará una inversión de Bs 125,6 millones. El Órgano Ejecutivo inició las gestiones para lograr el financiamiento externo.

Será la segunda vía de acceso al norte del departamento de La Paz. La primera, que va de Escoma a Pacobamba, Charazani, Apolo y llega hasta Ixiamas, está en ejecución.

Asimismo, el ministro destacó que el 5 de abril de este año se contrató el estudio de diseño técnico de pre inversión para la construcción de la avenida Periférica tramos 1, 2 y 3, que tiene un monto de Bs 6,4 millones.

Durante la inauguración de obras de la construcción del Tramo II Cruce Río Seque-La Cumbre y puente Río Seque-Río Seco, el presidente Luis Arce criticó este miércoles a los diputados paceños por “mezquinarse” y no aprobar los créditos a favor del departamento y del pueblo boliviano.

El mandatario dijo que los legisladores de la “derecha y la nueva derecha” bloquean créditos destinado a obras para el pueblo, argumentando que no llegan a la gente.

“Lamentamos esas actitudes mezquinas de algunos diputados, cuando vemos que nuestros diputados paceños levantan la mano siempre para apoyar a otros departamentos; y no tenemos la misma recepción”, cuestionó.

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Créditos

Puso como ejemplo el rechazo a un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de $us 62 millones para la ampliación de la línea café de Mi Teleférico, que en abril recibió la aprobación en Diputados; empero fue rechazado en la Cámara de Senadores.

“Se nos rechazó el teleférico para la línea café y esperamos que los recursos que necesitamos para construir nuestro país se aprueben porque ellos tienen que entender que están allá; en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, gracias al voto del pueblo boliviano (…) para trabajar por el pueblo; no para mezquinarse de los créditos que son para financiar los proyectos que necesita el pueblo alteño, paceño y boliviano”, dijo en su alocución.

Asimismo, Arce dijo que usan “excusas” para no aprobar los créditos cuando saben que están destinado a la construcción de obras; no solo en El Alto sino en todo el país.

En varias ocasiones, Arce demandó la aprobación de créditos por más de $us 1.000 millones.

El mes pasado, el Gobierno remitió otros dos créditos, uno por $us 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para ayudar a la emergencia de desastres naturales y salud pública. El otro del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) de $us 75 millones; para el programa de apoyo y gestión de eventos adversos del clima.