Desde noviembre del año pasado hasta la fecha, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) realizó seis operativos contra la minería ilegal en las áreas protegidas que explota recursos mineralógicos, principalmente el oro.
El director de la AJAM, Erick Ariñez, sostuvo que esos operativos se realizaron en las áreas protegidas de Pilón Lajas (La Paz), parque Madidi, río Orthon, (Pando), río Madre de Dios (Beni) Entre Ríos (Tarija), entre otras, donde no había la autorización para la explotación minera.
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“Desde noviembre del año pasado, desde que asumí la dirección de la AJAM, hemos hecho seis operativos, básicamente más en el Norte de La Paz, Beni, Pando, pero también hemos hecho operativos en otras regiones del territorio nacional”, dijo en entrevista con La Razón Radio.
Sostuvo que desde la AJAM se realiza inspecciones periódicas en todo el territorio nacional
Ariñez aseguró que desde su despacho se trabaja contra la minería ilegal y se otorgan concesiones mineras a empresas, personas o cooperativas que cumplen con las normas establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley 535 de Minería. En ese marco, desde 2016 se emitieron 455 contratos administrativos mineros que dan el derecho para realizar las actividades mineras.
Procedimiento
No obstante, antes de la vigencia de la Constitución Política del Estado, desde el 7 de febrero 2009, el Gobierno otorgaba concesiones, denominadas pre constituidas en diferentes áreas incluidas las áreas protegidas.
“Hay otros derechos mineros que son los derechos preconstituidos, estamos hablando de 3.000 y más derechos mineros”, informó.
En algunos casos, como en el área de Apolobamba, no existen restricciones en la explotación como en el Madidi y otras áreas protegidas. Esa prohibición la determina el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap).
Además, explicó que el proceso para obtener una concesión minera no es tan fácil, ya que no solo se requiere el contrato con AJAM, sino se la licencia ambiental, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Agua; la aprobación del Servicio Geológico Minero de Bolivia (Sergeomin), la consulta previa con las comunidades campesinas e indígenas del área donde se explotará los minerales y, por último, la Asamblea Legislativa.
“El proceso es largo, posiblemente el proceso dentro de la institución, tenemos abogados que llevan el proceso y no puede ser largo, pero dependemos de otras instancias: El actor productivo minero tiene que presentar un plan de trabajo, explique el proyecto, diga que mineral va explotar, metálico no metálico; cómo va ser la explotación, cuánto va a invertir”, añadió.
El viernes, un megaoperativo desarrollado por el Ministerio de Gobierno y el Ministerio Público en el río Madre de Dios, Beni, permitió la destrucción de 27 dragas de la minería ilegal y la aprehensión de 57 personas. El martes, 19 de ellos fueron trasladados a cárceles de Pando y Beni, y el resto fue beneficiado con medidas sustitutivas a la detención.