La Defensoría del Pueblo informó este jueves los resultados del segundo verificativo realizado a 88 estaciones de servicio en todo el país hasta el 19 de marzo, en el marco de la crisis por la escasez de combustible.

Según la institución, aunque las medidas adoptadas por el Gobierno han mostrado ciertos avances, todavía se advierte que la venta de diésel y gasolina sigue siendo insuficiente para satisfacer la demanda.

El informe señala que en el primer verificativo (realizado hasta el 16 de marzo) se detectó que el 66% de las estaciones monitoreadas carecía de diésel, cifra que se redujo al 43,8% en esta segunda evaluación.

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Combustible

En cuanto a las filas para la carga de diésel, se observó que las estaciones con más de 100 vehículos en cola pasaron de un 13,1% a un 11,1%, mientras que aquellas con 51 a 100 automóviles disminuyeron de 30,4% a 25%.

No obstante, las filas de entre 11 y 50 vehículos aumentaron de 39,1% a 47,2%. En lo que respecta a los tiempos de espera, el porcentaje de personas que tuvo que esperar entre una y tres horas se incrementó de 26,1% a 38,9%, a la vez que se redujeron significativamente las esperas de cuatro a 10 horas (de 30,4% a 25%) y de 11 a 24 horas (de 26,1% a 11,1%).

En el caso de la gasolina, el estudio reveló que las estaciones sin disponibilidad de este combustible bajaron del 37,5% al 29,5%.

En cuanto a la aplicación móvil de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) diseñada para ofrecer información en tiempo real sobre la disponibilidad de combustible en las estaciones, el estudio de la Defensoría destacó que su funcionamiento pleno aumentó del 3,4% al 67,5%. Sin embargo, un 32,5% de los usuarios reportaron que la información mostrada no coincidía con el estado real de las estaciones.

La Defensoría del Pueblo concluyó que, a pesar de las mejoras evidenciadas, “la venta de diésel y gasolina no es suficiente” para enfrentar la crisis de combustible; por lo que resalta la necesidad de continuar implementando medidas efectivas.

Durante 2024, se realizaron importantes trabajos de exploración en el país que permitieron identificar estructuras mineralizadas en sectores estratégicos ubicados en Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz y Cochabamba.

Estos hallazgos se plasmaron en seis cartas geológicas y tres mapas temáticos, herramientas que facilitarán la localización de áreas con alto potencial en recursos como oro, polimetálicos, hierro y caliza, y que podrán potenciar el desarrollo del sector minero en el país.

El director ejecutivo del Servicio Geológico Minero (Sergeomin), Gilberto Borja, destacó la relevancia de estos descubrimientos.

“En estos sectores hemos determinado importantes estructuras mineralizadas con contenidos de oro y también polimetálicos, que bien pueden servir para encarar posteriormente trabajos de prospección y exploración a detalle, por los distintos operadores mineros, ya sean cooperativas, empresas privadas o estatales”, señaló.

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Exploración

En el departamento de Santa Cruz se confeccionaron tres cartas geológicas, cada una con una cobertura de 2.000 kilómetros cuadrados, en áreas del precámbrico como la serranía Las Conchas, el río Correreca y Santo Corazón, donde se han detectado ocurrencias de oro, plata, cobre y vetas de cuarzo.

En Chuquisaca, las cartas elaboradas en El Palmar y Huacaya revelaron la presencia de minerales no metálicos como caliza y yeso, junto con rocas industriales.

Mientras tanto, en Cochabamba y La Paz se desarrolló la hoja geológica Cotacajes en la Cordillera Real, señalando áreas prospectivas con depósitos de oro, plata, plomo y zinc en estructuras vetiformes, así como depósitos de oro aluvial.

De acuerdo con el Sergeomin, se crearon tres mapas temáticos en Santa Cruz que incluyen 20 planos especializados, abarcando aspectos como la estructura geomorfológica, los depósitos minerales, las áreas prospectivas y los áridos.

Entre estos mapas destacan el temático de Puerto Suárez, la hoja Mutún, que documenta hallazgos de minerales de hierro y caliza para la futura expansión de la Empresa Siderúrgica del Mutún, y la hoja Hito Chovoreca.

Estos avances, que representan una cobertura nacional del 59% en la elaboración de mapas temáticos, se presentan como una herramienta fundamental para que las empresas y cooperativas del sector minero puedan maximizar sus inversiones y gestionar sus recursos de forma más eficaz.

Siete gobernaciones, de Cochabamba, Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, se declararon este jueves en emergencia por una iliquidez que afecta en el cumplimiento de sus obligaciones financieras.

Los gobernadores de Cochabamba, Humberto Sánchez; de Oruro, Johnny Vedia; de Santa Cruz, Mario Aguilera y el gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, se reunieron en Cochabamba donde firmaron un acta de pronunciamiento sobre la falta de recursos económicos que afecta a las gobernaciones.

Participaron de la reunión de manera virtual el gobernador de Tarija, Óscar Montes y representantes de las gobernaciones de Beni y Pando.

En conferencia de prensa, el gobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, expresó su preocupación y la de sus similares por la situación económica que afecta la liquidez de las instituciones departamentales.

“Venimos enfrentando problemas financieros por la falta de liquidez y la imposibilidad financiera para atender necesidades locales y las obligaciones transferidas por el nivel central”, señaló.

ANÁLISIS

Tras un análisis técnico y exposición de la situación actual; los gobernadores de los cuatro departamentos presentes firmaron un acta de nueve puntos; donde pidieron la atención inmediata del Gobierno a sus demandas y requerimientos a través de una reunión con el presidente Luis Arce.

“Sobre el fidecomiso de 1.500 millones, propuesto por el nivel central, solicitamos la mejora de condiciones financieras en cuanto a la tasa de interés; descuento y plazo, manifestando una urgencia de acceder a estos recursos en un plazo máximo de un mes; emitiéndose la normativa y reglamentación correspondiente”, señaló Aguilera.

Entre los puntos principales del acta, los gobernadores piden: la flexibilización de los criterios técnicos para el cálculo de la capacidad de endeudamiento del nuevo fideicomiso; que se garanticen los recursos que perciben por concepto del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus Derivados (IEHD); suspendiendo la emisión de papeles, o compensándolos con recursos del Tesoro General de la Nación (TGN).

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Por otra parte, los gobernadores piden la devolución del 12% de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH); confiscados para el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera.

COMBUSTIBLES

Asimismo, piden la provisión de combustibles para programas y proyectos de inversión de los gobiernos departamentales; la instalación inmediata de mesas técnicas para priorizar las reuniones anteriores realizadas en Santa Cruz y La Paz, en 2024.

Por otra parte, demandan también la reversión de las obligaciones financieras transferidas a las gobernaciones; que son de competencia del Gobierno central, como el pago de prediarios, ítems para salud, refrigerios del Servicio Departamental de Salud Sedes, hospitales y otros.

Finalmente, piden la condonación de saldos a favor del Tesoro General de la Nación (TGN) de los recursos del Fondo de Compensación Departamental (FCD); y que se considere la totalidad de los puntos acordados en la Agenda de Trabajo de Gobernadores de Bolivia; en el inicio de las celebraciones del Bicentenario, suscrita el 24 de mayo de 2024.

Este jueves, tras la sesión frustrada en la Asamblea Legislativa para tratar el Convenio de Préstamo 156/2023-2024 por un monto de $us 100 millones con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA), el ministro de Planificación de Desarrollo, Sergio Cusicanqui, explicó que una de las ventajas del crédito es que tiene una tasa de interés de casi el 0%.

“La tasa de interés, que es un factor fundamental en un financiamiento, es de solamente 0,01% anual; esto quiere decir que es prácticamente 0% el interés al cual Japón ha brindado este financiamiento externo”, señaló en conferencia de prensa.

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Crédito

De esta manera, el ministro exhortó a los asambleístas, particularmente de la Cámara de Senadores, a aprobar el proyecto que no es perjudicial ni establece tasas de interés exageradas, como denunciaron algunos sectores.

Asimismo, Cusicanqui explicó que se trata de un crédito de “reposición”, pues el Gobierno lo gestionó desde 2020 para atender la pandemia de COVID-19. Sin embargo, el proyecto se aprobó recién en 2023, cuando la crisis sanitaria ya había sido controlada.

El Gobierno destinó recursos de otros rubros para la compra de medicamentos, vacunas, pruebas, etcétera, por lo que ahora el monto de $us 100 millones servirá para reponer esos gastos. El objetivo del Órgano Ejecutivo es destinar ese monto para el voto en el exterior en las próximas elecciones generales del 17 de agosto.

El pasado 17 de febrero, en el Tercer Encuentro Multipartidario del Tribunal Supremo Electoral (TSE) los presentes acordaron utilizar esos recursos para los votos en el exterior; en la firma del acuerdo figuran los nombres de Andrónico Rodríguez, presidente de la Cámara de Senadores, y Omar Yujra, presidente de la Cámara de Diputados.

“Se está incumpliendo uno de los acuerdos”, protestó Cusicanqui, luego de que 18 senadores no asistieran a la sesión, dando como resultado su suspensión.

Se espera que el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, convoque a sesión nuevamente para el fin de semana o el lunes a más tardar.

“Confiamos plenamente en que la madurez política y el compromiso por la patria se van a imponer en la próxima sesión”, señaló el ministro.

El Gobierno acusó este jueves a legisladores de la Cámara de Senadores de incumplir un acuerdo multipartidario que obligaba a aprobar recursos para garantizar las elecciones generales de agosto y reponer gastos sanitarios por la pandemia.

La falta de quórum en la Cámara Alta, con ausencias como la del presidente Andrónico Rodríguez, impidió tratar un crédito de $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Japonesa (JICA), pese a que el Tercer Encuentro Multipartidario por la Democracia, respaldado por oficialistas y opositores, estableció que se “garantizará recursos económicos” para los comicios de agosto.

«Este incumplimiento afecta directamente al pueblo; firmamos un acuerdo para asegurar el voto en el exterior y la transmisión de resultados, pero algunos prefieren anteponer intereses particulares», protestó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.

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Acuerdo

El crédito, con una tasa de interés del 0,01% y un plazo de 15 años, busca cubrir deudas por insumos médicos durante la pandemia y financiar el voto exterior en el próximo proceso electoral.

El documento multipartidario, firmado en febrero con aval del Tribunal Supremo Electoral (TSE), exigía al Legislativo aprobar el préstamo para «organización y ejecución de elecciones nacionales».

El incumplimiento ocurre cuando el TSE requiere urgentemente los fondos para implementar el voto en el exterior, mecanismo que requiere de divisas.

David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa, advirtió que se revisarán las licencias de los senadores ausentes y se aplicarán sanciones si no se ajustan al reglamento.

Cusicanqui, por su parte, exigió «madurez política» para destrabar el crédito en una próxima sesión que deberá realizarse en los siguientes días.

De los 36 senadores, se requería la presencia de 19 para instalar la sesión, pero solo 18 legisladores asistieron, por lo que la sesión fue pospuesta.