En una de sus primeras declaraciones a los medios de comunicación como presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, diputado del MAS, dijo este miércoles que el 22 comenzará el receso en el Legislativo. No obstante, hasta ese día espera que haya acuerdo entre las tres fuerzas políticas tanto para el Presupuesto General del Estado 2024 (PGE) como para las elecciones judiciales y no dejar al poder judicial sin cabezas y sin funcionamiento.

“Vamos a entrar a un receso desde el 22 (de diciembre) para regresar el 5 o el 6 (de enero), entonces quedará un vacío de poder (si no se eligen magistrados). Que tengamos un vacío de poder, cuál puede ser el efecto, entonces tenemos que juntar las presidencias de las dos cámaras”, dijo.

Añadió que ahora también están enfocados en el debate sobre el PGE, caso que también debería estar definido hasta antes del 22.

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“Estos días estamos más enfocados en el tema del Presupuesto General del Estado, después de eso tendríamos que ver el tema de los magistrados”, añadió.

Ambos proyectos de ley son importantes para el país, más las elecciones judiciales, pues el presupuesto si no se logra apoyarlo tendrá el rango de ley a partir del 1 de enero de 2024 de forma automática.

Pero en el caso de las judiciales es más complicado. Pues si no se encuentra una salida hasta el 30 de este año, el 2024 puede comenzar para el país sin autoridades judiciales, lo que puede traer serias repercusiones.

Hace un par de días, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, envió una carta al presidente de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca, en la que le pide convocar de urgencia a una cumbre entre las fuerzas políticas precisamente para buscar una salida para el poder judicial.

Los exministros Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán recibieron hoy una sentencia de dos años de cárcel tras declararse culpables en el caso Golpe I, que involucra también a la expresidenta transitoria Jeanine Áñez, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

Ambos están detenidos más de dos años en la cárcel de San Pedro de La Paz por tanto ya cumplieron la sentencia recibida.

El caso Golpe I gestiona todos los actos que precedieron a la caída de Evo Morales del poder en 2019, entre ellos las gestiones realizadas por Camacho y su padre, José Luis Camacho, con militares y policías. Así como los movimientos realizados desde el Comité Pro Santa Cruz por más de un millón de dólares.

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“Admitimos la comisión del delito de encubrimiento (art. 171) en relación al delito de asociación delictuosa (art. 132), tipificado en el Código Penal, renunciando al juicio oral público y contradictorio”, dice la parte sustancial del memorial presentado por ambos al Ministerio Público.

Al mismo tiempo, solicitan “la pena mínima” como sanción, según el memorial dirigido al fiscal Omar Mejillones, al que accedió La Razón.

Hace dos semanas cuatro exjefes militares fueron sentenciados: el excomandante del Ejército general Pastor Mendieta; el excomandante de la Armada almirante Palmiro Jarjury; el excomandante de la Fuerza Aérea Jorge Terceros y el exjefe del Estado Mayor almirante Flavio Arce San Martín.

En el caso foliado como “Luis Fernando Camacho y otros”, la primera en caer fue Áñez, aprehendida entre 13 y 14 de marzo de 2021 en Trinidad. La defensa de la exmandataria reclama juicio de responsabilidades.

Después de conocida la noticia de una acusación formal de parte de la Fiscalía peruana en contra de la actual presidente del Perú, Dina Boluarte, por las 50 muertes ocurridas tras su llegada al poder, periodistas peruanos esperan que este proceso avance.

“Es la primera vez que se presenta una denuncia desde las instancias mismas del Estado”, dijo este lunes en Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, el periodista Carlos Caldaz, desde Lima, Perú.

Explicó que todas las anteriores denuncias sobre la represión de la Policía y los militares contra las movilizaciones de la población entre diciembre de 2022 y principios de este año, fueron presentadas por organismos internacionales.

Sin embargo, dijo que la denuncia de la Fiscalía hasta ahora no ha generado ningún efecto en lo político, pues en otros países se producen destituciones y cambios, pero en el Gobierno peruano no pasa nada y hasta la misma noticia pasó rápidamente.

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“Hay grupos políticos y mediáticos que tratan de lavarle la cara a la actual presidenta”, dijo, porque en el fondo se están detectando casos de corrupción. “Hasta ahora la corrupción se ha llevado 23.297 millones de soles”, afirmó.

Entre tanto, los familiares de las víctimas esperan que se haga justicia, pero todo hace ver “que la vida de estas personas no vale nada”, añadió.

Cuando muchos países, incluido Bolivia, hacen esfuerzos por tratar de reducir la pobreza y cerrar la brecha de la desigualdad, la realidad y las cifras juegan en contra. La concentración de la riqueza sigue en pocas manos, hoy más que nunca.

En América Latina, el grupo de mayores ingresos, llamado multimillonarios o milmillonarios, se lleva entre 29% y el 44% de los ingresos que generan al año cada uno de los países de la región. En Bolivia, esta cifra llega al 30%, según el estudio Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023 de la CEPAL, elaborado sobre cifras de Forbes y Credit Suisse Research Institute.

“La región presenta niveles extremos de concentración del patrimonio. En ediciones anteriores del Panorama Social se ha documentado que la desigualdad de los ingresos es más grande de lo que muestran habitualmente las encuestas de hogares y cuando se ha obtenido información sobre la distribución personal de la riqueza, se ha establecido que esta alcanza niveles de concentración bastante mayores”, dice.

Según el trabajo presentado por la CEPAL, esta brecha es más amplia en Colombia, donde el grupo de mayores ingresos (milmillonarios) capta el 44,5% del ingreso total. Le sigue Brasil, donde los más ricos toman el 40,6%. Luego viene Honduras con el 39,9% de los ingresos totales concentrados por los más ricos.

En otros países como Panamá, los más ricos concentran el 36,8% de los ingresos, mientras que en Costa Rica es el 36,3%, en Paraguay el 36,2%, en Chile el 35,4%, en México 34,6%, en Ecuador 34,5% y en Perú 31,5%. La brecha se acorta un poco en Bolivia, con 30,6%, Uruguay 30,4%, El Salvador 29,5%, República Dominicana y Argentina, ambos con el 29,3%.

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Riqueza

Entre otros datos que marcan huella y dejan cicatrices en la desigualdad de ingresos en la población de América Latina y en la concentración de la riqueza, el informe de CEPAL destaca que el patrimonio de los milmillonarios llegó a los $us 453.000 millones en 2022, $us 4.600 millones más que en 2021 y $us 56.300 millones más que en 2019.

Al igual que todo el mundo, durante la pandemia, los milmillonarios también sufrieron una caída en sus ingresos y en su patrimonio, pero luego se recuperaron rápidamente, mientras los pobres siguen en la lucha. Por eso, otra vez se puede repetir esa vieja frase de que “los ricos son cada vez más ricos y los pobres están cada vez más pobres”.

“En cuanto a los años más recientes, en 2020 la riqueza de los milmillonarios se contrajo en gran medida debido a la crisis asociada a la pandemia, después se recuperó vigorosamente en 2021 en línea con la reactivación económica derivada de políticas monetarias y fiscales expansivas, y en 2022 cayó en términos reales a causa de la inflación”, señala el reporte de CEPAL.

Otro dato que llama la atención, según las cifras de Credit Suisse Research Institute (2022), citadas en el reporte de CEPAL, es que en 2021 el patrimonio de 105 ciudadanos de ocho países de la región representaba un 3,6% de la riqueza total de la población de América Latina y el Caribe. La CEPAL indica que la participación del patrimonio de los milmillonarios en la riqueza de la población total del país es más alta en Brasil, con 6,4%, Chile 5,4%, Argentina 4,7% y Colombia 4,3%. Los demás países están por debajo del 3%, Bolivia no figura en el gráfico, pero se entiende que esta en este nivel.

“La evolución del patrimonio de los superricos de América Latina y el Caribe ha sido muy congruente con el comportamiento de la economía agregada: la correlación entre el PIB regional y el patrimonio de los milmillonarios fue de 0,65 entre 2012 y 2022″.

Realidad

“La extrema concentración del patrimonio es una de las expresiones más evidentes de la desigualdad. A diferencia del ingreso, la riqueza es menos susceptible a las fluctuaciones del mercado laboral, y tiende a perdurar de una manera más sólida a lo largo del tiempo”, dice el estudio.

“Entre 2020 y 2021, la riqueza total de los milmillonarios latinoamericanos creció con una intensidad relativa muchísimo mayor que la del patrimonio del resto de la población de sus países respectivos”. Al contrario, la pobreza está prácticamente estancada, peor aún, en muchos países se hizo más profunda producto de la pandemia. Las desigualdades en la región también alcanzan niveles extremos y a muchos países les cuesta cerrar esta brecha.

Las mayores diferencias entre ricos y pobres se aprecian en Colombia y en Chile, donde la tasa de crecimiento del patrimonio de los superricos fue 29 y 28 veces, respectivamente, superior a la tasa de incremento de la riqueza del resto de la población.

El reporte sobre el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023 indica que, en los países de la región, en promedio, los hogares más ricos reciben un 34,9% del ingreso total, 21 veces más que los más pobres, que reciben el 1,7%. En países como Bolivia, las cifras pueden ser más duras, pero la aplicación de políticas sociales, como los bonos, hacen que las diferencias entre ricos y pobres se acorten un poco, aunque aún así, la brecha es grande.

Pero en la distribución de la riqueza entre los mismos milmillionarios de la región, también se observa una gran concentración.

“En 2022, siete latinoamericanos cuyas fortunas personales eran iguales o superiores a 10.000 millones de dólares acaparaban el 41% del patrimonio total de los milmillonarios de la región, y sus fortunas representaban alrededor del 3,2% del PIB de toda América Latina”, dice el informe.

Análisis

Ya en el análisis, CEPAL considera que una concentración excesiva de la riqueza puede tener “efectos negativos en el crecimiento económico y aumentar la desconfianza de la ciudadanía hacia las élites y las instituciones”. Estos efectos, más la posible vinculación de la riqueza con la política o actos de corrupción generan problemas sociales y políticos como la polarización.

“Esos problemas se agravan cuando el origen o el aumento de la riqueza de los multimillonarios se explica por sus conexiones políticas o por sus vínculos con el aparato estatal, lo que puede llevar a cuestionar la legitimidad de su patrimonio y fomentar las tensiones sociales”, dice el informe.

El viceministro de Presupuesto y Contabilidad Fiscal, Zenón Mamani, informó este domingo que del total de la inversión pública programada para 2024 en el proyecto de Presupuesto General del Estado (PGE), el 56% estará dirigió a la inversión en el sector productivo.

Para la siguiente gestión, la inversión pública esta calculada en 4.274 millones de dólares, de los cuales más de 2.300 millones estarán dirigidos al sector productivo. De esta forma, Mamani explicó el soporte que recibirán las plantas industriales que se construyen en el país, más de 150 según los últimos datos ofrecidos por el Gobierno.

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Inversión pública

Al margen de los datos macroeconómicos ya conocidos, que tienen el fin de mantener la estabilidad en el país, y del soporte a los bonos sociales y la subvención a los carburantes y alimentos, Mamani dijo que otro de los objetivos del PGE 2024 es apuntalar el plan de industrialización con sustitución de importaciones.

“Los recursos para el plan de industrialización con sustitución de importaciones y la construcción de las plantas están garantizados”, dijo Mamani este domingo en BTV.

Por otro lado, ratificó que tanto los sectores de salud y educación recibirán cada uno el 10% del presupuesto programado, tal cual lo establecen los acuerdos alcanzados hace algunos años.

Reiteró que entre las metas más importantes están el crecimiento de 3,7%, la inflación en 3,6% y un déficit fiscal de 7,8%.

(03/12/2023)