Tras la conclusión del paro cívico en Santa Cruz, el Comité pro Santa Cruz señaló este viernes que se buscará unificar las demandas del censo con otros departamentos y municipios.

“A partir de ahora, el Comité pro Santa cruz se dedica a trabajar los puntos establecidos en la Asamblea de la cruceñidad, vale decir, los estudios técnicos (del censo) junto a la comisión conformada, el impulso de leyes que están señaladas en la misma resolución, además de buscar la coordinación con alcaldes y gobernadores de otros departamentos a afectos de lograr sinergia para unificar la demanda”, dijo Fernando Larch, presidente cívico cruceño.

Este viernes Santa Cruz cumplió con un paro cívico en protesta por los resultados preliminares del Censo Nacional de Población y Vivienda 2024, que compartió el Instituto Nacional de Estadística (INE) el pasado jueves.

Datos

El jueves 29 de agosto, el Institucional Nacional de Estadísticia (INE) presentó los resultados del Censo, el cual reveló que Bolivia tiene 11.312.620 habitantes, de los cuales 3.115.386 se encuentran en Santa Cruz, siendo éste el departamento más poblado del país.

Sin embargo, de acuerdo a las estimaciones del propio INE, Santa Cruz tendría una población de aproximadamente 3.500.000 habitantes. Más aún, en base a una encuesta del Instituto Cruceño de Estadística (ICE), actores cruceños insisten en que superan los 4 millones de habitantes.

Cerca al mediodía, el primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, aseguró que la medida se cumple en la ciudad y en las provincias.

“El acatamiento que está teniendo la gente es bastante responsable y a conciencia, ya que el que no está en la calle está en su casa”, sostuvo.

La medida se inició a la medianoche con la entonación del himno a Santa Cruz a los pies del Cristo Redentor, en el segundo anillo de la capital. 

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Larach agradeció el compromiso de la población y sus diferentes sectores por acatar la determinación de la Asamblea de la Cruceñidad.

El cívico calificó el paro de «contundente», esto en razón de que la gente se quedó en su casa y los que salieron a bloquear, “llevaron adelante (su medida) sin conflicto y confrontación”.

“El pueblo cruceño ha mostrado su voluntad y dedicación, en protestar cuando sus derechos (y) sus libertades se ven vulneradas, y hoy ante el robo a mano armada que el INE está pretendiendo realizar a la ciudadanía boliviana no fue la excepción y los cruceños hemos levantado la voz con el paro cívico”.

Positiva

El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, calificó de positiva la jornada del paro e indicó que el reclamo por el Censo no es solo de una región, sino que debe ser de todo el país.

“Acatamos esta jornada de paro, reclamando un derecho que tenemos, porque mañana va a faltar los recursos económicos (porque) siguen creciendo los habientes y vamos a necesitar más hospitales, escuelas y servicios, de aquí a 10 años recién nos van a contar otra vez”, dijo el burgomaestre.

El director de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, señaló este viernes que aún no se notificó a la institución sobre la sentencia a 11 años de cárcel que recibió el expolicía y exboxeador Franklin “Matador” Mamani dentro el caso Pedregal.

“Esta es una sentencia en primera instancia, hay pasos que hay que seguir, y la Justicia va a determinar, respecto a si vuelve a la privación de libertad. Todavía no hemos sido notificados ni con la sentencia en primera instancia ni con ninguna revocatoria”, dijo Limpias.

El 31 de julio, la Justicia determinó la detención domiciliaria para Mamani, luego de permanecer con detención preventiva en la cárcel de San Pedro por un año y medio. Entonces, el expolicía fue trasladado a su domicilio para continuar con su arresto.

Detención domiciliaria

Limpias indicó que el privado de libertad se benefició con detención domiciliaria, pero que “seguramente” por temas del Órgano Judicial se revocará esta determinación.

Edwin Tapia, abogado del expolicía, calificó de “aberrante” la sentencia contra Mamani. Sin embargo, señaló que el voto no fue de forma unánime, sino que hubo un voto disidente.

“El voto en disidencia es de la juez presidenta de este tribunal, y los otros dos votos son de los otros dos jueces. No sabemos qué es lo que han visto a lo largo del juicio, porque hacíamos cálculos de que merecía una sentencia absolutoria”, dijo Tapia.

Indicó que presentarán una apelación por esta determinación e indicó que se espera que el caso vaya a una sala judicial donde se lleve adelante “una valoración de las pruebas que no fueron valoradas correctamente”.

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En febrero de 2023, el exteniente fue envidado a prisión por los hechos que ocurrieron el 11 de noviembre de 2019, en medio de la crisis que derivó en la proclamación de Jeanine Áñez como presidenta transitoria, cuando fallecieron tres personas. El delito por el cual se acusa a Mamani es homicidio.

El Pedregal y Los Rosales, en la zona Sur paceña, fueron los escenarios de la muerte de civiles por impactos de bala, hubo heridos e incluso detenciones indebidas, tras el derrocamiento del entonces mandatario Evo Morales.

En esas zonas resultaron asesinados Percy Rómer Conde Noguera, Beltrán Paulino Condori Aruni, Juan Marín Félix Taco y Silverio Condori Tapia, según una publicación de ATB.

Renuncia

El exboxeador reveló el año pasado que tenía la orden de proteger a los cívicos Luis Fernando Camacho y Marco Pumari cuando llegaron a La Paz.

El 10 de noviembre de 2019, Morales renunció agobiado por las denuncias de fraude electoral, protestas cívicas lideradas por Camacho (hoy gobernador de Santa Cruz y detenido en el penal de Chonchocoro de La Paz) y Pumari; igualmente detenido preventivo en la cárcel de Cantumarca, en Potosí.

Además, se desencadenó un motín policial y los militares presionaron para la dimisión. Un día después ocurrieron los hechos de El Pedregal y Los Rosales. El 12 de noviembre asumía el poder la entonces senadora Jeanine Áñez.

La Justicia sentenció este viernes al capitán Marco Caviares a tres años de cárcel por la asonada militar del pasado 26 de junio. Caviares fungía entonces como ayudante del general y excomandante de Ejército, Juan José Zúñiga.

El militar se acogió al proceso abreviado y decidió aceptar la comisión de un delito a cambio de una condena reducida que le permitirá salir de presión. El uniformado se encuentra detenido en el penal de San Pedro.

Mandamiento de libertad

Eusebio Vera, defensa de Caviares, informó a Erbol que se emitió el mandamiento de libertad para su defendido y estima que se ejecutará la próxima semana tras cumplir los trámites.

El 26 de junio, un grupo de militares, a la cabeza de Zúñiga, irrumpió en la plaza Murillo y golpeó la puerta del Palacio Quemado con una tanqueta. El militar anunció a los medios que su intención era la “toma” de la Casa Grande del Pueblo.

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El militar se insubordinó ante el presidente Luis Arce, en el ingreso al Palacio Quemado. Al final, Zúñiga se retiró de la plaza Murillo y, a las 19.02, fue aprehendido, no sin antes denunciar que Arce le ordenó sacar los “blindados” para “levantar” su popularidad.

Hoy está detenido en la cárcel de El Abra en Cochabamba y este hecho es calificado por el Gobierno como un “intento fallido de golpe de Estado”.

El jueves, Vera informó que el militar tomó la decisión de acogerse a un procedimiento abreviado, toda vez que su familia “atraviesa” por una crisis.

“Ese ha sido el motivo por el que el mismo capitán ha decidido someterse a este procedimiento abreviado para atender problemas familiares muy delicados”, dijo Vera.

Indicó que de acuerdo a las tratativas que se realizó, la pena es “por tres años por el delito de alzamiento armado en grado de complicidad”.

Sentencia

“La sindicación de la pena significa que se baje al mínimo de tres años. La pena del alzamiento armado es de cinco años, pero como está en calidad de cómplice se ha bajado a tres años”

La Procuraduría también informó el martes que el Ministerio Público imputó a 27 personas por los delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado y otros, relacionados con los hechos ocurrido el 26 de junio.

Efectivos antinarcóticos de Umopar-Chimoré destruyeron este viernes un megalaboratorio de cristalización de cocaína que producía entre 120 a 150 kilos de droga por día.

El viceministro de Defensa Social y Sustancia Controladas, Jaime Mamani, indicó que agentes de la FELCN, después de realizar un patrullaje y rastrillaje por el río Muleto del municipio de Villa Tunari, Cochabamba, lograron encontrar este centro de producción de droga, el cual contaba con todas sus áreas para cristalizar la cocaína.

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“En el lugar operaban de 15 a 20 personas, con una capacidad de elaborar de 120 a 150 kilogramos diarios. Con la destrucción e incineración, se ha afectado al narcotráfico en más de 350.000 dólares”, señaló la autoridad.

Además, explicó que en los diferentes laboratorios que se identifican para su destrucción, “siempre” se encuentra algún sticker que es la marca con la que producen el clorhidrato de cocaína. “También se ha encontrado algunos nombres como MA, que caracterizaba la purificación de esa droga”.

Mamani también indicó que en lo que va de esta gestión ya se superó las 33 toneladas de droga secuestrada. Dijo que es la cifra “más alta” registrada en el país en cuanto a decomisos.

“La lucha contra el narcotráfico, que sabe el pueblo y la comunidad internacional, es prioridad de Estado y lo hemos demostrado durante nuestra gestión”.

Ante la posibilidad de designar al Fiscal General por decreto supremo, en caso de no alcanzar consensos en la Asamblea Legislativa, los dimes y diretes entre el ministro de Justicia, Iván Lima, y el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, continúan.

Quien respondió a los cuestionamientos de Lima ahora fue Rodríguez. Señaló que en el Ejecutivo “ya tienen todo un plan para sabotear este proceso de selección y designación” del Fiscal General.

«Lamentamos las declaraciones del ministro, porque él, como autoridad designada, anticipa y prácticamente desahucia el trabajo de las comisiones y de la Asamblea. Lo que significa es que ya tienen todo un plan para sabotear este proceso de selección y designación», afirmó el senador.

Rodríguez señaló que el titular de Justicia “hizo los mismo con las elecciones judiciales”, por lo que se tuvo “un sinfín de problemas” por la “intromisión” desde el Ministerio de Justicia y de los magistrados “autoprorrogados”.

Constitución

“Ahora el ministro con toda franqueza y con toda normalidad anticipa a la Asamblea (que) no va a ponerse de acuerdo, por tanto, (dice) vamos a designar por decreto. En qué parte de la Constitución o norma lo abala al ministro para designar por decreto”, cuestionó.

Dijo también que la designación y elección del Fiscal General es una atribución constitucional de la Asamblea Legislativa, por lo que se hará los máximos esfuerzos para que las tres fuerzas lleguen a un consenso y se designe a esa máxima autoridad.

Rodríguez pidió también a Lima cumplir sus funciones y que se dedique al trabajo que se le encomendó la Constitución y las normas como ministro de Estado y “no inmiscuirse en temas de las Asamblea”.

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La polémica entre Lima y Rodríguez surgió el jueves, luego de que el titular de Justica considerara una remota posibilidad de designación del máximo representante del Ministerio Público por decreto, ante la división de las tres fuerzas políticas en la Asamblea, quienes deben alcanzar los dos tercios para designar a esa autoridad.

“El MAS, Creemos están divididos y Comunidad Ciudadana tiene personas que no le siguen la línea de Carlos Mesa, es muy difícil esa coyuntura. Por lo tanto, la posibilidad de que tengamos un nuevo fiscal es remota”, dijo Lima.

Atribución de la Asamblea

Tras esas declaraciones, el presidente del Senado recordó a Lima que “la elección y designación del nuevo Fiscal General del Estado es una atribución constitucional de la ALP, y no del Órgano Ejecutivo. Por lo tanto, le pedimos al ministro Lima no entrometerse y que se abstenga de cualquier intento de manipulación o injerencia en el proceso de selección, para garantizar su transparencia e independencia” (sic).

La reacción de Lima no se dejó esperar y recordó a Rodríguez que él “es selectivo a la hora de hablar de las atribuciones del Senado” y no menciona “el retraso que tiene en la designación del Contralor” General del Estado.

“(Andrónico) habla de transparencia, pero no dice nada sobre las trampas que se descubrieron en el examen para elegir a los candidatos a magistrados y menos sobre la elección de aplazados o sus amigos en ese proceso. Y menos explica hasta ahora a qué se refirió cuando dijo que en Bolivia hay presos políticos”, escribió el ministro Lima desde su cuenta de X.

El Ministro de Justicia añadió también que el Gobierno “reitera” su respeto absoluto a la independencia de los órganos del Estado.