Luego de la decisión del Gobierno de suspender temporalmente las exportaciones de aceite comestible, la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) advirtió este viernes que esta medida amenaza con causar la quiebra inminente de más de 14.000 productores de soya en el país, de los cuales el 80% son pequeños agricultores.

Asimismo, alerta que la medida también pone en peligro los ingresos de $us 2.000 millones anuales y más de 120.000 empleos directos e indirectos; que genera la cadena productiva oleaginosa, considerada la más importante para la economía nacional.

El gerente de la entidad, Fernando Romero, dijo que la prohibición de exportación genera incertidumbre en los productores; exportadores e industriales. Alertó que se está dejando sin una fuente de financiamiento al sector para afrontar los altos costos de producción; y deudas por insumos y semillas.

“Esto amenaza no solo su sustento, sino la estabilidad de toda la cadena productiva; desde los transportistas hasta los proveedores de insumos y maquinarias”, complementó.

Asimismo, explicó que la medida repercutirá en la planificación y siembra de cultivos de rotación como maíz, sorgo; trigo y girasol, esenciales para la seguridad alimentaria; y el suministro insumos de cadenas alimenticias como la avícola, porcina, lechera y ganadera.

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Aceite

Romero dijo que esta decisión se suma a la crisis previa provocada por la sequía, escasez de dólares, incremento en el costo de los insumos y falta de diésel.

Anapo alerta que, de mantenerse la medida durante los próximos meses, puede significar la quiebra de la más importante cadena productiva del país.

“Instamos al Gobierno a reconsiderar esta medida y a trabajar en soluciones estructurales que combatan el contrabando a la inversa y la especulación. Los productores estamos demostrando que a pesar de todas las dificultades vamos a producir alimentos para el país, pero necesitamos tener certidumbre y seguridad de acceso a los mercados interno y para las exportaciones”.

Según cifras de la Anapo, la exportación de aceite y harina le genera al país $us 2.000 anuales. El sector produce, aproximadamente, 6.000 toneladas de granos de soya, maíz, trigo, sorgo y girasol.

Ante el desabastecimiento y precio elevado, el jueves el Gobierno anunció la suspensión temporal de la exportación de aceite comestible hasta que se garantice el normal abastecimiento y precio en el mercado interno.

Molestos tras la intervención de la Fiscalía y la Policía en Montero, los propietarios de los ingenios arroceros anuncian medidas de presión por el “abuso y atentando a la propiedad privada”.

Los productores y arroceros amenazan con un bloqueo de caminos en la vía hacia Cochabamba y rechazaron la “arbitraria” intervención del Gobierno. En tanto se mantienen en vigilia hasta que las autoridades desprecinten los ingenios.

El presidente de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor), Jimmy Prado, dijo que lo ocurrido este viernes fue un atropello a la institución privada “que da empleo, somos más de 50 ingenios, más de 1.000 trabajadores y les están quitando el pan de cada día”.

“Es arbitrario y vamos a luchar y tomar decisiones drásticas como ingenios arroceros. Nuestras instituciones alimentan a nivel nacional, lo que está ocasionando el Gobierno es que se produzca menos. Hay falta de arroz por el diésel y por el dólar y el Gobierno empeora el abastecimiento”, dijo.

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Asimismo, explicó que el sector está tratando de sostener la baja producción debido a factores climatológicos y advirtió que la nueva cosecha está saliendo con mayor costo por la falta de combustible.

Asimismo, hizo un llamado a otros sectores productivos a sumarse a su protesta en contra de los sectores productivos de Santa Cruz.

“Los fiscales han visto que estamos trabajando, estamos respetando los acuerdos; nosotros trabajamos para Bolivia, somos una institución legal. Convocó a todos los ingenios a sumarse porque nunca nos vamos a rendir”.

La mañana de este viernes, una comisión de fiscales intervino cinco empresas e incautó varios quintales de grano pelado y sin pelar después de recibir una denuncia relacionada a un supuesto ocultamiento de arroz.

Luego de recibir denuncias por «ocultamiento», un operativo policial intervino este viernes cinco ingenios arroceros en la localidad de Montero, en Santa Cruz, y secuestró arroz pelado y sin pelar que será entregado a la Empresa de Producción de Alimentos (Emapa).

El fiscal Alberto La Fuente, explicó que el operativo se concentró en el Norte Integrado cruceño, donde se requisaron los almacenes de varios ingenios en el marco de la lucha contra el agio y la especulación.

“Esto emerge de una denuncia que ha sido formalizada de manera escrita por la presunta comisión del delito de agio”, informó a los medios de comunicación.

Los policías y autoridades del Ministerio Público requerían ingresar a los almacenes y verificar la cantidad de arroz que guardaban. En uno se precintó los ambientes y se secuestró arroz pelado y sin pelar que será entregado a Emapa.

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Arroz

Los propietarios y trabajadores de varios de los ingenios protestaron por la intervención y reclamaron que se trata de un abuso.

“Nos sentimos mellados por el Gobierno, somos empresas privadas que dan trabajo, alimento a nivel nacional”, se quejó un trabajador.

Reclamaron que no están cometiendo ningún delito; e incluso pedían la presencia de abogados.

Sin embargo, las autoridades indicaron que hallaron importantes cantidades de arroz almacenados en los ingenios; mientras que en los comercios el producto escaseaba, lo que dio origen a una investigación por el delito de agio.

A medida que la protesta crecía, algunos funcionarios de Emapa y de la Policía se vieron obligados a abandonar el lugar debido a la creciente violencia de la manifestación.

Desde hace varias semanas, el precio del arroz se disparó en los mercados, pese a los controles e intentos del Gobierno por normalizar el abastecimiento a precio justo. Incluso se dispuso la venta de bolsas de arroba en Emapa a Bs 50,50; pero éstas de agotan rápidamente y en el mercado duplica ese precio.

En octubre, el Gobierno dispuso arancel cero para la importación de arroz ante la baja producción en las campañas de este año por factores climáticos; y para “combatir” la especulación que se realiza con este grano.

Con la medida, que se aplicará durante los meses de noviembre, diciembre de este año y enero de 2025, el Gobierno prevé importar cerca de 60.000 toneladas.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, invitó este viernes a la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob) y otros sectores a participar de la reglamentación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025; para obtener un documento consensuado.

“Se ha ofrecido la reglamentación a la CAO, a Caniob; y a todas las entidades que están ligadas con la producción de alimentos (…). Se justifica el artículo; y se ofrece la reglamentación consensuada con los sectores de interés”; explicó a los medios de comunicación.

El miércoles, las cámaras agropecuarias, industriales; y exportadoras descartaron participar en la reglamentación del PGE 2025; particularmente de la disposición adicional séptima del proyecto; y solicitan la eliminación total de ese texto.

La disposición en cuestión establece: “Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales”; las entidades competentes podrán activar acciones de control, fiscalización; confiscación y/o decomiso de productos; “a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer; los precios de los mismos”.

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PGE

Asimismo, Montenegro invitó también a la Cámara Nacional de Industrias (CNI); a ser parte de la explicación que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; ofrece sobre la disposición del Presupuesto 2025.

En pasados días, indicó que la inclusión de esa disposición responde a una demanda ciudadana; que exige un esquema de control contra el agio y la especulación de precios; en los productos de la canasta familiar.

El Proyecto de Ley del PGE 2025, actualmente, se encuentra en la comisión de Economía de la Cámara de Diputados; para su tratamiento y aprobación; y luego será remitido a Senadores. En caso de no ser analizado y aprobado hasta el 31 de diciembre; el Gobierno lo aprobará mediante un decreto; y entrará en vigencia en enero de 2025.

La Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados aprobó en grande y en detalle el Proyecto de Ley N°003/2024-2025 del Presupuesto General del Estado (PGE) para la Gestión 2025; y excluye la disposición séptima, observada por sectores productivos e industriales del país.

El proyecto será remitido a la Presidencia de dicho órgano camaral para su tratamiento; y su eventual sanción en el pleno.

La eliminación de la disposición séptima del documento es un pedido de los sectores empresarial e industrial; que observaron que esa propuesta amenazaba al sector con decomisos.

La disposición adicional séptima del PGE 2025 establecía: “Con la finalidad de garantizar la disponibilidad; y abastecimiento de alimentos esenciales; se faculta a las entidades competentes; activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos; a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan; y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”.

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Comisión

Asimismo, la comisión determinó incorporar correcciones al artículo 14; que “facilita el uso de garantías multilaterales para cubrir deudas”.

Según la oposición, ese artículo fue eliminado; sin embargo, el presidente de la comisión, el diputado Andrés Flores explicó que solo fue modificado.

El proyecto será remitido de inmediato a presidencia de Diputados; para que sea tratado por el pleno. Posteriormente debe ser remitido a la Cámara de Senadores; para su análisis y eventual sanción.

El Gobierno presentó el documento el 31 de octubre y por norma, la Asamblea Legislativa tiene 90 días para su tratamiento; en caso de no hacerlo, éste será aprobado por decreto supremo; como ocurrió en esta gestión.