El Comité pro Santa Cruz, en directorio ampliado, determinó pedir al gobernador Luis Fernando Camacho dejar sin efecto el convenio intergubernativo firmado con la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en abril de 2022, para evitar mayores conflictos por la construcción de la carretera Las Cruces-Buena Vista.
En un segundo punto, propuso convocar a una Asamblea de la Cruceñidad para que en ese encuentro se determine medidas en caso de que no se revierta el conflicto por la construcción de esa vía, indicó el presidente de la organización, Fernando Larach.
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“Solicitar al gobernador Luis Fernando Camacho dejar sin efecto el convenio intergubernativo firmado con la ABC, porque entendemos que ese convenio es el que da pie al problema de la construcción de la carretera”, sostuvo en conferencia de prensa.
El convenio intergubernativo establece que, para construir la carretera Buena Vista-Las Cruces, la Gobernación de Santa Cruz debe disponer de $us 70 millones (30%) y el Gobierno nacional $us 142 millones (70%), lo que hace la suma de $us 212 millones que demanda el proyecto.
Además, Larach dijo que la convocatoria a la Asamblea de la Cruceñidad será en el momento oportuno, midiendo los tiempos y con la responsabilidad antes de que el conflicto empeore.
Notas
Indicó que desde el 23 de agosto el Comité pro Santa Cruz envió misivas a los representantes de la CAF-Banco de desarrollo para América Latina, y que hasta la fecha no se tiene respuesta.
“Ayer (miércoles) el Comité pro Santa Cruz envió una carta a Florentino Fernández, representante de la CAF en Bolivia, pidiendo una reunión para conocer de manera formal y de primera mano el criterio de la CAF sobre la carretera en cuestión”, contó el dirigente.
También dijo que envió una carta al presidente Luis Arce en la que pidió el respeto a los convenios internacionales sobre el agua y que no se afecten los acuíferos existentes en esa región de Santa Cruz, porque, en su criterio, afectará el abastecimiento del líquido elemento para la población metropolitana cruceña.
“El 4 de septiembre se envió al presidente Luis Arce una carta solicitando o pidiendo que se respete la UCPN Güendá-Urubó y además recordándole los compromisos por su persona y expresados en la Conferencia sobre el Agua 2023 de las NNUU, realizado el 22 de marzo de este año”, explicó.
Trazo
La Gobernación de Santa Cruz pidió el miércoles un “nuevo trazo total” de la carretera y argumentó que el Gobierno sabía desde 2017 sobre la afectación a los acuíferos de la Unidad de Conservación Patrimonial y Natural (UCPN) Güendá-Urubó.
El lunes, el gobernador Luis Fernando Camacho, recluido en el penal de Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I, aseguró que mientras sea la primera autoridad de ese departamento no permitirá que la construcción de carreteras afecte a los acuíferos de esa región.
El ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, recordó el domingo que el gobernador Camacho firmó el convenio intergubernativo en abril de 2022, pero que ahora los asambleístas de Creemos y funcionarios de la Gobernación no quieren ratificar ese acuerdo.
El viernes, en una reunión de coordinación sobre la viabilidad del proyecto carretero Las Cruces-Buena Vista entre pobladores del sector, el Gobierno central y la Gobernación de Santa Cruz, quienes abandonaron la cita, se determinó dar un plazo de 10 días, que vence el 11 de este mes, para que la Asamblea Legislativa Departamental ratifique dicho convenio.
El proyecto consta de 80 kilómetros (km) de recorrido y pasa por Buena Vista, Espejitos, San Miguel, Santa Fe de Amboró, Las Cruces, Pozo Colorado, Porongo y Km 13. El primer tramo comprende cuatro km, el segundo 42 km y el tercero 34 km.
El financiamiento para la obra fue otorgado por la CAF-Banco de Desarrollo para América Latina que comprende $us 212 millones.