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Fallo ordena a Bolivia pagar $us 253,5 millones a Glencore por la nacionalización de Vinto y Colquiri

Glencore

El procurador del Estado, César Siles. Foto: APG

Bolivia debe pagar $us 253.591.796 a la minera Glencore Financie por la nacionalización del Complejo Metalúrgido de Vinto y la mina Colquiri, informó este viernes el Procurador del Estado, César Siles. El Gobierno anuncia que apelará el fallo y buscará la anulación del laudo arbitral.

Siles informó que el fallo, emitido por la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, fue notificado la mañana de este viernes al Estado boliviano. El proceso data de 2017.

Explicó que el tribunal estuvo conformado por tres árbitros, uno nombrado por Bolivia, otro por el demandante y el tercero por ambas partes.

“La parte dispositiva del laudo con el que hemos sido notificados en horas de la mañana y está en análisis, dispone el pago del Estado boliviano $us 253, 5 millones; relativos a cuatro conceptos: mina de Colquiri, fundición de estaño, fundición de antinomio y reserva de estaño”, explicó la autoridad.

Glencore Financie llevó el 2017 al arbitraje la nacionalización de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto, reserva de estaño y la recuperación del control de la mina de Colquiri por parte de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).

“El fallo es relativo a la reversión del dominio sobre la planta de fundición Vinto estaño mediante decreto supremo 29026 del 7 de febrero de 2007; planta de fundición Vinto antimonio mediante decreto supremo 499 del 1 de mayo de 2010; y recuperación del control del centro minero de Colquiri a través de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol)”, explicó Siles.

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Apelación

La autoridad remarcó que es obligación del Estado y la Procuraduría General analizar todos los escenarios posibles para buscar una estrategia de defensa y apelación. Anunció que buscarán solicitar la anulación del laudo y suspender su ejecución.

Siles remarcó que el monto que debe pagar Bolivia es mucho menor a lo que exigía la empresa Glencore, que al inicio del proceso solicitó $us 675,7 millones y luego pidió $us 778.0 millones.

“No obstante la reducción considerable, es obligación de la Procuraduría analizar todos los escenarios posibles para seguir con la estrategia legal del Estado. Vamos a analizar la posibilidad de solicitar la anulación de este laudo. Y la suspensión de su ejecución, tenemos un plazo, se está analizando por el equipo externo contrato por Bolivia y el equipo interno”.

Asimismo, anunció que se evaluará la estrategia que usó el equipo externo contratado y el interno en este y otros procesos que aún están pendientes.