El ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Remmy Gonzales, pidió a los pobladores de Buena Vista, en el departamento de Santa Cruz, evitar los bloqueos y, por el contrario, consensuar soluciones para no perjudicar a la producción económica del país.
“Hay que buscar puntos de consenso, de equilibrio, porque si bien tenemos que mejorar las condiciones productivas, pero también que el resto de los suministros que utilizamos sean garantizados. Pedimos a los que toman la iniciativa de hacer bloqueos que depongan esas actitudes y den el libre tránsito”, propuso la autoridad.
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El miércoles, pasadas las 18.00, los pobladores de esa región del país reactivaron los puntos de bloqueo de caminos en demanda de la construcción de la carretera Las Cruces-Buena Vista. Exigen a la Gobernación el cumplimiento del acuerdo de abril de 2022.
La vía, que conecta a Santa Cruz con Cochabamba, está cerrada con promontorios de tierra, y los viajeros deben caminar varios metros para hacer trasbordos y llegar a sus destinos.
Gonzales ambién pidió a los funcionarios de la Gobernación de Santa Cruz trabajar en las mesas técnicas y analizar soluciones en el marco de los acuerdos alcanzados en el trazo de la vía.
El jueves, luego de tres días de reuniones técnicas, la Gobernación de Santa Cruz rompió el diálogo con el Gobierno, que buscaba viabilizar la construcción de la carretera Las Cruces-Buena Vista.
El secretario departamental de Desarrollo Económico, Édgar Landívar, reclamó que el gerente regional de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), René Solano, incumplió un acuerdo al adelantar los avances de las reuniones y anunciar su posición de mantener el trazo de la vía.
Según Landívar, hasta el miércoles ya tenían un acuerdo para mover la mitad del tramo de la carretera y, el jueves, la ABC salió a decir otra cosa.
Para el funcionario de la Gobernación, ese bloqueo es político y denunció que vehículos de la Alcaldía de Buena Vista están siendo usados para llevar tierra y bloquear las vías.
La carretera Las Cruces-Buena Vista tiene enfrentados al Gobierno y la Gobernación cruceña. El primero argumenta que se debe construir la vía, pues existe un acuerdo intergubernativo firmado por el gobernador Luis Fernando Camacho (recluido en Chonchocoro por el caso Golpe de Estado I), y la Gobernación afirma que la ruta pasa por acuíferos que dotan de agua a la región metropolitana.