El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) frenó cualquier debate de la Cámara de Diputados para otro proyecto de ley vinculado a la censura por la interpelación a autoridades, esto debido a la consulta previa del proyecto de Ley 350 enviada por el Ejecutivo. 

El presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado, del Movimiento Al Socialismo (MAS), puso en conocimiento de esa instancia una nota remitida por el TCP en la que se indica que no es “posible iniciar o tramitar otro proyecto del que se encuentra en consulta”.

“Hacer (otra ley) implica incurrir en desobediencia y nosotros cumplimos en informarles a ustedes lo que está pasando. Más allá de nuestra voluntad, que felicito a los jefes de bancada que trabajamos juntamente con mi equipo y hemos propuesto un proyecto de Ley 304 con la esperanza de que no nos observen. Nos han observado”, dijo en el hemiciclo. 

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TCP

Parte del documento del TCP señala que “es de conocimiento público que se tiene proyectos de ley referidos a la censura vinculados en el fondo con el proyecto en consulta, mismo que se había remitido para su tratamiento a comisión, en ese sentido, en estricto cumplimiento de la norma antes señalada del Código Procesal Constitucional, no es posible iniciar ni tramitar otro proyecto de ley que tenga el mismo objeto que el que se encuentra en consulta, pendiente de la decisión final del Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo intérprete de la Constitución”.

Agrega que “considerando existe la posibilidad de que se incumpla con lo dispuesto en el auto constitucional 0185/2023 de 2 de mayo que resuelve en su parte resolutiva que se notifique al presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional a efecto de lo estipulado por el artículo 113 de la CPE, (…) a través del presente pongo en conocimiento se tenga presente en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales que proceda a efectos del cumplimiento a lo dispuesto por el auto constitucional”.

El 21 de abril, el presidente Luis Arce, mediante memorial, a través de su representante, se apersonó ante el TCP para formular la consulta sobre la constitucionalidad de los artículos 3.III y 4 del proyecto de ley que establece los efectos jurídicos de la censura. Esta medida fue admitida mediante auto constitucional 0185/2023-CA, el 2 de mayo. 

Mercado indicó que ni bien se enteraron del recurso interpuesto contra las interpelaciones, fueron los únicos que se apersonaron en la Sala Constitucional Primera de La Paz para defender la facultad del Legislativo para interpelar.

MEDIDA

“Me dicen por qué no interpusimos un recurso penal. Lo analizamos, íbamos a iniciarlo a los vocales de la Sala Constitucional Primera de La Paz, pero no se puede iniciar un proceso penal cuando está en consulta la medida adoptada por ellos. Nos las iban a rechazar inmediatamente”, aclaró, ante las críticas de legisladores.

El miércoles, la Comisión de Constitución de Diputados rechazó el tratamiento del proyecto de Ley 304 de aplicación normativa sobre la interpelación y los efectos de la censura, pese a que las tres fuerzas políticas acordaron tratar con prioridad este documento.

Juan José Jauregui (MAS), presidente de la comisión, señaló que se sugirió en esa instancia rechazar todos los proyectos respecto a este tema, exceptuando la Ley 350, debido a que se encuentra en proceso de consulta constitucional. 

(22/09/2023)

La Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) expresó este jueves que no participará en ningún “evento inorgánico”, tras la invitación a un ampliado por parte del Pacto de Unidad con el fin de buscar la unidad de las organizaciones sociales y pueblos originarios campesinos.

“Mediante la presente, acusamos recibo de la invitación a una reunión convocada a nombre del Pacto de Unidad, a realizarse en la ciudad de La Paz, el 25 de los corrientes. Sobre el particular, queremos expresarles que la Dirección Nacional del MAS-IPSP, no participará en ningún evento inorgánico” (sic), señala parte del documento de respuesta al Pacto de Unidad afín a la administración de Luis Arce.

Con el objetivo de la unidad en las organizaciones sociales, la dirigencia del Pacto de Unidad remitió cartas al presidente Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y al expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, para que asistan a un ampliado.

Lucio Quispe, ejecutivo de la CSUTCB afín al Gobierno, indicó que las organizaciones sociales no pueden pelear entre sí. “Tenemos que unificarnos. Los invitaremos (y les preguntaremos) por qué estas divisiones. Por eso quiero que lleguen, ahí hablaremos, nos sentaremos y dialogaremos”.

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Entre los argumentos para la inasistencia al ampliado del lunes, la dirección del MAS lamenta la falta de representación “orgánica y legítima” dentro de algunas de las dirigencias de los campesinos, así como de los interculturales. “Resta autoridad a los que hoy presumen ser dirigentes del Pacto de Unidad”.

Tres de las cinco organizaciones que conforman el Pacto de Unidad están fracturadas. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) está dividida y tiene ahora dos dirigencias paralelas, una reconocida por Arce y otra por Morales, con Ponciano Quispe.

Similar situación ocurre con los Interculturales, que también tiene dos dirigencias. En el caso de las Bartolinas, antes de la elección de su nueva dirigencia, en marzo, se registraron acusaciones de divisionismo entre los bloques arcista y evista.

“EL MAS no asistirá a ninguna convocatoria, reunión o ampliado, entre tanto no se resuelva por vía orgánica y sin interferencia gubernamental, este paralelismo causado por intereses sectarios. Rechazamos la manera cómo los congresos ordinarios de interculturales y la única, fueron manipulados por el gobierno, produciendo como en las dictaduras militares y gobiernos neoliberales, dirigencias funcionales para su instrumentalización política”, indicó la Dirección Nacional del MAS.

En las redes sociales se viralizó el enfrentamiento verbal en los pasillos de la Asamblea Legislativa entre el presidente de la Comisión de Constitución, diputado, Juan José Jáuregui, del ala ‘arcista’, y su colega Patricio Mendoza del ala ‘evista’.

Mendoza le encaró a Jáuregui sobre el tratamiento del proyecto de ley de las elecciones judiciales. “¿Por qué no debates? ¿por qué no dices la verdad? ¡qué me vas a hacer! vos tienes un proceso (acusado de pedir sexo a cambio de trabajo en el Gobierno)”, declaró Mendoza.

A lo que Jáuregui respondió “¿Por qué no se desenmascaran como Palmaflor? Empeza a razonar ¡Dejá de ser mentiroso! Andá a preguntar a tus senadores lo que han hecho”.

Minutos antes a este cruce verbal, Jáuregui afirmó que la dilación de las elecciones judiciales se dio a partir de que el Senado incorporara al proyecto de ley elementos contrarios a la Constitución Política del Estado y la Ley 025 del Órgano Judicial.

“La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados ha incorporado un punto o una coma dentro de este (proyecto de ley), No. Lo único que ha hecho fue enviar en consulta como debió obrar la Cámara de Senadores para resolver estos temas. Los que ‘dilataron’ este caso son aquellos que obraron de manera irresponsable incorporando estos elementos que son absolutamente inconstitucionales”, dijo Jáuregui.

El 6 de septiembre, se remitió a consultas el proyecto de ley de las judiciales que apunta a destrabar la realización de los comicios, tras su aprobación en la Cámara de Senadores. Se decidió ello debido a que el documento tiene “inconsistencias” que deben ser objeto de “explicación” y “ajuste” para comenzar su tratamiento.

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Las consultas fueron enviadas a los ministerios de Justicia, de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, como parte del Órgano Ejecutivo; además del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TSJ y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Ayer se conoció la respuesta del Órgano Judicial en el que rechaza este proyecto de ley ante “una duda razonable” de inconstitucionalidad, sobre todo en cuanto a que subalternos asuman labores de magistrados.

“Existe duda razonable que el referido proyecto de Ley Nº 44/2023-2024, en cuanto hace especialmente a lo previsto en el artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del referido instrumento legal es contrario a lo previsto en los artículos 7, 9, 4, 12, 178 de la Constitución Política del Estado” (sic), señala el presidente del TSJ, Ricardo Torres, en la nota enviada al presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado (MAS), publicada por el diario Correo del Sur.

Ante la consulta de la Cámara Diputados sobre el proyecto de ley para las judiciales, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) lo rechazó ante “una duda razonable” de inconstitucionalidad, sobre todo en cuanto a que subalternos asuman labores de magistrados.

“Existe duda razonable que el referido proyecto de Ley Nº 44/2023-2024, en cuanto hace especialmente a lo previsto en el artículo 2 y la Disposición Adicional Sexta del referido instrumento legal es contrario a lo previsto en los artículos 7, 9, 4, 12, 178 de la Constitución Política del Estado” (sic), señala el presidente del TSJ, Ricardo Torres, en la nota enviada al presidente de la Cámara Baja, Jerges Mercado (MAS), publicada por el diario Correo del Sur.

El 6 de septiembre, Mercado remitió a consultas el proyecto que apunta a destrabar la realización de los comicios judiciales, tras su aprobación en la Cámara de Senadores. Se decidió ello debido a que el documento tiene “inconsistencias” que deben ser objeto de “explicación” y “ajuste” para comenzar su tratamiento.

Las consultas fueron enviadas a los ministerios de Justicia, de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas, como parte del Órgano Ejecutivo; además del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el TSJ y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

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La nota de Torres (PRES-TSJ Nº 269/2023) fue remitida el 18 de septiembre. Agrega que “de la lectura del artículo 7 de la Constitución Política del Estado, concordado con el artículo 178.I del mismo cuerpo normativo se asume que la función que cumplen el Órgano Judicial, fue directamente delegada por el soberano, es inalienable e imprescriptible, lo que implica que estas funciones no pueden ser suspendidas por el Poder Constituido, siendo que estas tienen su origen en el Poder Constituyente” (sic), indica el punto 1. 

El proyecto de ley establece, en su disposición adicional sexta, que “desde el 2 de enero de 2024 hasta el día de posesión de las Magistradas y Magistrados, Consejeras y Consejeros electos por el voto popular, el personal subalterno de estas instituciones, en las diferentes áreas de trabajo, implementarán una transición eficiente y ordenada para que las nuevas autoridades elegidas asuman sus despachos en condiciones adecuadas” (sic).

Además, subraya que “de manera excepcional, a partir del 2 de enero de 2024, quedan suspendidos todos los plazos procesales para todas las causas que se encuentren en trámite, en los despachos de las Magistradas y Magistrados salientes del Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y despacho de Consejeras y Consejeros del Consejo de la Magistratura, hasta la posesión de las nuevas autoridades, por ser esta una Ley transitoria y excepcional” (sic).

Por ello, esta disposición adicional y el artículo 2 del proyecto de ley fueron enviados por el TSJ a una consulta de control previo de constitucionalidad ante TCP. En ese marco, el TSJ demanda que se notifique a la Asamblea Legislativa “la suspensión en el tratamiento de cualquier proyecto de ley que tenga por finalidad regular la preselección de altas autoridades”.

“El proyecto de ley carece de legitimidad material debido a la falta de un proceso de preselección de altas autoridades judiciales adecuado. En efecto, este proyecto de ley acorta el proceso de preselección y no valora el mérito de los candidatos, lo que va en contra de los argumentos presentados en la ratio decidendi de la sentencia constitucional 0060/2023”.

Independencia

En el punto 2 de su nota de respuesta, Torres hace notar que el artículo 12 de la CPE establece que “la organización del Estado está fundamentada en la independencia, separación y coordinación de estos órganos”, por lo que “las funciones de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables entre sí”.

“Entiendo en consecuencia que no se pueden suspender el funcionamiento de ninguno de estos órganos del nivel central”, añade. Así, los vientos en contra vuelven a poner en vilo a los comicios judiciales.

La dirigencia del Pacto de Unidad remitió cartas al presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y al expresidente y jefe del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, donde les piden asistir a un ampliado para mantener la unidad de las organizaciones sociales y pueblos originarios campesinos.

La invitación al encuentro es para el lunes 25 de septiembre en la sede de los fabriles en la ciudad de La Paz a horas 10.00.

El documento fue firmado por la secretaria ejecutiva de las Bartolinas, Guillermina Kuno; Esteban Alavi, ejecutivo de los Interculturales; Eddy Enríquez, secretario de recursos de la CIDOB y Lucio Quispe, ejecutivo de la CSUTCB.

El Pacto de Unidad está conformada por la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia (Csciob), la Confederación de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia ‘Bartolinas Sisa’ y la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y otras organizaciones sociales.

Tres de las cinco organizaciones que conforman el Pacto de Unidad están fracturadas. La CSUTCB está dividida y tiene ahora dos dirigencias paralelas, una reconocida por el presidente Luis Arce y la otra por Evo Morales.

Similar situación ocurre con los Interculturales que también tiene dos dirigencias. En el caso de las Bartolinas antes de la elección de su nueva dirigencia ―marzo― se registraron acusaciones entre la facción ‘arcista’ y ‘evista’ de “divisionistas”.

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Lucio Quispe, ejecutivo de la CSUTCB afín al Gobierno, indicó que se ha invitado a los líderes nacionales del Movimiento Al Socialismo y del Gobierno en busca de la unidad.

“No podemos estar peleando como aymaras y quechuas. Tenemos que unificarnos y como padre de la organización matriz voy a invitarle (a Evo Morales) como Pacto de Unidad. Los invitaremos (y les preguntaremos) por qué estas divisiones. Por eso quiero que lleguen, ahí hablaremos, nos sentaremos y dialogaremos”, dijo Quispe.

El lunes, el Comité Ejecutivo Nacional de la CSUTCB ‘arcista’ determinó rechazar su asistencia al congreso del MAS en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba, del 3 al 5 de octubre.

Esta medida se debe a la “irregular e ilegítima convocatoria del MAS”.

La CSUTCB ‘arcista’ anunció también la deliberación para la convocatoria a un cabildo nacional, con la participación de todas las organizaciones sociales, para determinar el “rumbo” del proceso de cambio y del instrumento político.

El martes, la CSUTCB ‘evista’ garantizó su participación en el congreso del MAS, luego de que el bloque vinculado al gobierno de Luis Arce anunciara que no participará en ese encuentro.

Ponciano Santos, ejecutivo del bloque paralelo de la CSUTCB indicó que como confederación estarán participando al menos 600 titulares en el congreso masista. A principios de mes, la dirigencia de los Interculturales denunció que se redujo la participación de los delegados de las organizaciones sociales de 200 a cinco.