Los préstamos grupales tienden a facilitar el acceso a créditos a pequeños emprendedores; sin embargo, uno de los riesgos de la también llamada banca comunal es que una o más personas incumplan con los pagos. La Asfi recibe una denuncia al mes.
Para acceder a la banca comunal, la entidad financiera exige como uno de sus requisitos conformar un grupo de entre ocho y 30 personas. Una vez cumplido este paso los solicitantes deben presentar otros documentos, como el carnet de identidad, las facturas de luz y agua y otros.
Una recomendación fundamental de la entidad financiera que otorga el crédito es que las personas que conforman el grupo sean responsables con las cuotas; por ello piden a los solicitantes asegurarse buena elección para evitar contratiempos. Sin embargo, los bancos no se responsabilizan por el incumplimiento del pago de la deuda.
A raíz de algunas denuncias, La Razón se contactó con algunas personas que buscan a los deudores a través de las redes sociales.
“Se busca a D. F. quien sacó un préstamo de 23.000 bolivianos en una banca grupal y ahora desapareció, nos dejó a 10 personas perjudicadas que tenemos que pagar su deuda”, escribió en sus redes sociales Elsa Flores.
La mujer relató a La Razón que conoció a la deudora en otro grupo de consultoras de una línea de cosméticos. En ese otro grupo —dijo— cumplía con sus deudas y ambas decidieron sacar el préstamo para ampliar su capital.
“Yo la he llevado al grupo para sacar el préstamo del banco, pero no ha cumplido. Entre las afectadas hemos ido a buscarle a su casa, pero resulta que vivía en alquiler y la dueña de casa nos ha dicho que se fue a Brasil”, contó.
“Entre amigas solicitamos los préstamos, pero terminamos como enemigas”, relató Patricia Colque, otra afectada.
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Contó a este diario que su grupo, de 10 personas, solicitó un préstamo de Bs 20.000 en un banco, pero solo tres incumplieron con las cuotas. Lamentó que la entidad financiera no tome acciones este tipo de préstamos.
A través de un cuestionario, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) explicó a La Razón que los reclamos que llegan hasta la institución son luego de agotar las denuncias en la entidad bancaria que concedió el préstamo.
“De acuerdo con el artículo 73 de la Ley 393 de Servicios Financieros, la Defensoría del Consumidor Financiero se constituye como segunda instancia de atención de reclamos interpuestos por los consumidores financieros, una vez agotada la gestión de reclamación ante las entidades financieras”.
El artículo 10 de la Ley 393 habla del Consejo de Estabilidad Financiera “como órgano rector, definir, proponer y ejecutar políticas financieras destinadas a orientar y promover el funcionamiento del sistema financiero en apoyo principalmente, a las actividades productivas del país y al crecimiento de la economía nacional con equidad social; fomentar el ahorro y su adecuada canalización hacia la inversión productiva; promover la inclusión financiera y preservar la estabilidad del sistema financiero”.