Con el objetivo de proteger la economía de los padres de familia, el Gobierno convocará a los comerciantes y mayoristas de útiles escolares para lograr un acuerdo de precios justos a pocos días del inicio de clases.

“Tenemos una reunión con los mayoristas y los minoristas de venta de material escolar para evitar que el incremento de los precios de estos productos afecte a los padres de familia”, indicó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, en conferencia de prensa.

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Útiles escolares

A dos semanas del inicio de la gestión escolar, programada para el 3 de febrero, los padres de familia denunciaron que los útiles escolares comenzaron a incrementar su precio, debido a la alta demanda de esos productos.

Por ello, el Gobierno intentará definir una banda de precios para que los costos no se disparen de manera exagerada.

Asimismo, Silva explicó que otro punto en el que se hará énfasis es en la calidad de los productos, pues algunos de ellos son “clonados”, por lo que tendrían un rendimiento inferior, aunque el costo sea el mismo que un producto original.

“Nos han hecho conocer que hay bastantes marcadores, bolígrafos, lápices, cuadernos que han sido clonados en las marcas, que han sido ‘trucheados’ como quien dice, por lo que serían falsos”, advirtió el viceministro.

Los controles se realizarán en coordinación con las intendencias municipales para verificar la originalidad del producto y, sobre todo, sus costos.

El viceministro también pidió a los padres de familia denunciar los casos del incremento de las pensiones escolares. De acuerdo con la autoridad, este lunes subieron a un centenar las denuncias y aseguró que los nombres de los denunciantes se mantendrán en reserva para que sus hijos no sean víctimas de posibles represalias.

Este lunes, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, cuestionó el accionar del Ministerio Público, que dispuso la detención preventiva de un militar del Comando Estratégico Operacional (CEO) de Lucha Contra el Contrabando que disparó a un joven en un operativo para evitar la salida ilegal de productos.

El hecho se suscitó en la comunidad de Huachacalla, en el departamento de Oruro, cuando en un punto de control, un grupo de personas en un vehículo indocumentado disparó a los efectivos militares.

“Los militares en ejercicio de la Ley 1053 han reaccionado, han hecho uso de su arma de fuego, ha perdido la vida una persona. Sin embargo, ahora el fiscal decide darle detención preventiva, de tres meses entiendo, al sargento que lo único que ha hecho es cumplir con su deber para luchar contra el contrabando”, cuestionó Silva.

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Contrabando

La Fiscalía Departamental de Oruro determinó dar detención preventiva al militar del CEO que disparó contra el contrabandista de 24 años. Los otros cuatro efectivos que estuvieron en el enfrentamiento todavía están siendo investigados.

“Si no vamos a tener el acompañamiento de las autoridades jurisdiccionales para lucha contra el contrabando cualquier esfuerzo que haga el Gobierno va a ser insuficiente”, protestó Silva.

El viceministro recordó que desde septiembre del año pasado el Gobierno incrementó el esfuerzo en la lucha contra el contrabando, militarizando las fronteras e incrementando la cantidad de efectivos, con 8.000 que controlan la salida e ingreso de productos de manea ilegal.

Sin embargo, con la actitud del Ministerio Público, considera que se genera un desincentivo para los miliares.

“Corremos el riesgo de que los funcionarios, los efectivos, no quieran participar en estos operativos porque corre riesgo su vida y si se defienden en el marco de la ley, corre riesgo su libertad”, señaló Silva.

Por ello, la autoridad considera que la lucha contra el contrabando es un tema complejo en el que el Gobierno todavía debe trabajar para proteger la economía nacional.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, informó que, en audiencia de medidas cautelares, el Juzgado Público Mixto de Huachacalla determinó la detención preventiva para José D. F., militar del Comando Estratégico Operacional (CEO), acusado de homicidio tras la muerte de un joven de 24 años en un operativo contra el contrabando.

Otros cuatro militares implicados recibieron medidas de carácter personal mientras continúa la investigación. 

“Se colectaron indicios importantes como el registro del lugar del hecho, colección de pruebas materiales, declaraciones de comunarios y el informe forense que confirma que la víctima falleció por impacto de arma de fuego”, explicó el fiscal Morales. 

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Militar

El incidente ocurrió el pasado 15 de enero en la comunidad de Huachacalla, sector puente Lauca, cuando personal del CEO interceptó un vehículo presuntamente indocumentado.

Según las primeras pesquisas, en el enfrentamiento, uno de los ocupantes del motorizado perdió la vida. 

Los fiscales asignados al caso, Gabriel Fuentes y Luis Fernando Antezana, indicaron que en el lugar del hecho se encontraron dos proyectiles percutidos, además de rastros de la persona fallecida.

Posteriormente, el equipo de investigación se trasladó al comando del CEO, ubicado junto al Regimiento Mejillones 22 de Infantería, donde se requisó el arma de fuego presuntamente utilizada en el hecho, un fusil FAL calibre 7.62, asignado al sargento primero Díaz, principal sospechoso. 

El vehículo afectado, una camioneta Hilux, fue trasladado a la ciudad de Oruro en calidad de secuestrado para su peritaje, mientras que el cuerpo del fallecido fue llevado a la morgue del Cementerio General. 

El Ministerio Público presentó una denuncia formal por el delito de homicidio y continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

La directora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) de Cochabamba, Wendy Villarroel, aseguró que la desinformación difundida en redes sociales sobre una supuesta escasez de combustible y un presunto incremento de precios está generando susceptibilidad en la población, lo que provoca aglomeraciones y desabastecimiento temporal en los surtidores durante los fines de semana en todo el territorio nacional. 

“A raíz de esta especulación que se está haciendo en las redes sociales, donde dan a conocer que no darán combustible o que va a subir el producto, está generando susceptibilidad hacia la población”, afirmó Villarroel en contacto con los medios de comunicación. 

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ANH

La autoridad aclaró que no existe ningún cambio en el precio de la gasolina o el diésel, y reiteró que los carburantes están garantizados para los distribuidores de todo el país.

“Queremos desmentir ese tema porque no existe ninguna variación en el precio. El combustible está garantizado. Se está despachando los volúmenes correspondientes”, enfatizó. 

Villarroel detalló que los días sábados se despachan más de 1,5 millones de litros de combustible, cuando la demanda habitual es de 1 millón de litros, lo que debería garantizar el abastecimiento durante el domingo en el departamento de Cochabamba.

De igual manera, en los otros departamentos se despachan volúmenes adicionales. Sin embargo, las largas filas de vehículos persisten en los surtidores debido a la compra excesiva generada por la incertidumbre. 

Un escenario similar se registró en Santa Cruz, donde varios surtidores ubicados en avenidas principales se vieron saturados por conductores que exigían el abastecimiento de gasolina y diésel, mientras esperaban la llegada de los camiones cisterna. 

Inclusive, este lunes un grupo de interculturales bloqueó la carretera que conecta con Beni, en protesta por el desabastecimiento de combustibles.

Por su parte, la ANH exhortó a la población a informarse por canales oficiales y evitar la propagación de rumores infundados que solo “generan caos innecesario” en la provisión de carburantes.

El precio del arroz en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) ha experimentado un incremento, de Bs 50,50 a Bs 70 desde este lunes.

El gerente regional de Cochabamba de la empresa estatal, Manuel Mamani, señaló que la decisión es para evitar la especulación y reventa del producto.

Además, justificó el incremento por la falta de controles de parte de los gobiernos municipales en los centros de abasto y del Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor.

“El año pasado hemos tenido el precio a 50,50 bolivianos, la arroba de arroz. Ahora ya hay un nuevo precio que es 70 bolivianos. Lamentablemente, no se ha podido controlar. Las alcaldías no controlan. ¿Dónde está el Viceministro de Defensa del Consumidor? Por eso nosotros lamentamos esta subida de precio”, dijo el funcionario a la red Uno, luego de anunciar su renuncia de la regional de Emapa Cochabamba por «problemas internos» que no fueron solucionados por sus superiores.

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REUNIÓN

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, anunció la semana pasada una reunión con los representantes de la Asociación de Ingenios Arroceros del Norte (Ingenor).

“Acordamos que el próximo lunes continuaremos haciendo un análisis más profundo en lo que se refiere los costos de producción y la implementación de guías en movimiento”, dijo Siles.

La autoridad destacó que tras concluir la reunión se obtuvieron dos importantes conclusiones como son el trabajo en conjunto entre Ingenor y el Gobierno para la realización de las ferias del Campo a la Olla con la provisión de arroz. 

Además, señaló que se hará cumplir la seguridad jurídica en el país, en cuanto a los procesos que se lleva a cabo en contra de los propietarios de algunos ingenios arroceros.