El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas pidió este martes a la Asamblea Legislativa retirar las disposiciones adicionales sexta y séptima del proyecto de Ley de Modificaciones al PGE 2023 para viabilizar su aprobación y garantizar recursos para las Entidades Territoriales Autónomas (ETA).
«Como Ministerio de Economía, y proyectistas, hemos enviado una nota a la Asamblea Legislativa para que se retiren los dos artículos observados con el objetivo de viabilizar su aprobación», informó el ministro del área, Marcelo Montenegro, en conferencia de prensa.
Los dos artículos eliminados permitían el intercambio de información entre las entidades de intermediación financiera (EIF) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para luchar contra la legitimización de ganancias ilícitas.
En concreto, Montenegro dijo que estos dos artículos tenían el objetivo de evitar casos como el acontecido con el Banco Fassil, en el que se cometieron operaciones irregulares que derivó en la falta de liquidez que llevó a la intervención y a dejar en la calle a más de 5.500 trabajadores de la entidad financiera.
El 26 de abril, la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi) intervino Banco Fassil por irregularidades en el retiro de ahorros de sus clientes, situación que derivó en una iliquidez “severa” por malas decisiones de gestión interna de la entidad.
El Ministro de Economía explicó que la disposición adicional sexta “era un esfuerzo para que se haga un intercambio de información” y luchar contra estos “grupos económicos como el Banco Fassil”, que estaba vinculada a empresas financieras y que hacía movimientos fuertes de dinero.
La disposición adicional séptima “era para dar una especie de inmunidad a los sujetos obligados (directores, gerentes, administradores, funcionario responsable, entre otros) a informar” sobre movimientos sospechosos a la UIF, agregó.
“Hay grupos económicos”, como el Banco Fassil, “que deben ser fiscalizados”, puntualizó.