Los empresarios y productores del país, particularmente de Santa Cruz, exigieron este jueves al Gobierno que dé seguridad jurídica y aplique todo el rigor de la ley contra los avasalladores que irrumpen en tierras productivas y amenazan a sus propietarios y trabajadores.
La solicitud se da luego de los conflictos por tierras en la provincia de Ascensión de Guarayos, Santa Cruz, que dejó como saldo a un fallecido y varios heridos.
El gerente general de la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), Marcelo Olguin, pidió este jueves que el Gobierno dé seguridad jurídica a los empresarios y se aplique la ley. Aseguró que este tipo de hechos se han vuelto recurrentes y ahuyentan la inversión privada.
“Es un tema que se ha tornado recurrente en el país, las tomas, los avasallamientos, el robo de ganado. Son temas en los cuales debería actuar de manera oportuna el Gobierno desde las instancias que competen a los distintos temas, así como otros instrumentos. Hay que garantizar la seguridad jurídica y la transparencia en la asignación de tierras. Y el debido proceso cumpliendo los tiempos normados”, dijo en Gigavisión.
Olguin dijo que se debe actuar lo antes posible para evitar la pérdida de más vidas y que la violencia llegue a niveles más altos.
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Tierras en Santa Cruz
Al respecto, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) emitió este un comunicado condenando la violencia y la inseguridad jurídica y pidiendo que se aplique todo el rigor de la ley contra los avasalladores.
“No es posible que los ataques armados y las amenazas con armas de fuego se conviertan en una recurrente acción que pone en riesgo nuestra convivencia pacífica. Es imperativo que el Estado de Derecho prevalezca y que las acciones que amenazan la seguridad de los ciudadanos y la estabilidad de nuestras comunidades sean detenidas. El respeto a la ley es fundamental en una sociedad democrática; y debe ser el marco dentro del cual se gestionen todos los conflictos”, dice parte de la nota.
Asimismo, piden la creación de un registro público que identifique a individuos que participan en la ocupación ilegal de propiedades privadas y fiscales.
En la misma línea, el director de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), Mauricio Serrate, señaló que, existe preocupación por cualquier tipo de actitud o de acciones que están fuera de la ley.
“La inseguridad jurídica es un tema preocupante, así como la falta de capacidad de las autoridades en la toma de decisiones en cuanto a los avasallamientos, en cuanto a los bloqueos”, apuntó.
Gobierno
Por su lado, el Gobierno advirtió que no se tolerará ninguna actividad delincuencial.
«Desde el Gobierno nacional expresamos y manifestamos que no vamos a tolerar ninguna actividad delincuencial venga de donde venga. Si hay personas que están cometiendo alguna apología del delito o están adecuando su conducta a un tipo penal; van a tener las consecuencias correspondientes», dijo la autoridad respecto a los conflictos en Guarayos.
El sábado 2 de diciembre, se suscitó un conflicto por tierras entre Pailitas y la comunidad Santa María, en la zona conocida como Las Londras, ubicada en la provincia Ascensión de Guarayos, Santa Cruz.
El enfrentamiento fue por tierras fiscales entre comunarios, interculturales e incluso empresarios y dejó como saldo un fallecido del sector intercultural y otros heridos. La Policía identificó a al menos 19 personas vinculadas a la violencia.
El miércoles, los interculturales de San Julián lanzaron amenazas de muerte contra empresarios a quienes responsabilizan de la muerte de Félix R.B., de 23 años.
A esto se suma, la intimidación del representante de la Federación Intercultural San Julián y miembro de la comunidad 24 de Septiembre Pailitas – La Londras, Nicolás R. T., quien indicó que este sector se declaró en estado de emergencia y anunció una «defensa armada».