Este viernes, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, explicó los mecanismos de financiamiento para la importación de combustibles, un gasto que crece cada año debido a la disminución de las reservas de hidrocarburos y a que no son producidos en el país.

Montenegro señaló que la compra de crudo, diésel y gasolina para el mercado interno se cubre principalmente con los ingresos generados por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y otras empresas estatales, aunque no especificó cuáles.

“En 2024 hemos ido generando una serie de mecanismos aparte de los ingresos de YPFB. También están los aportes de otras empresas públicas que contribuyen a este tema de la importación”, sostuvo el ministro.

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Importación

A finales de 2024, el ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, informó que el Estado destina semanalmente $us 56 millones para mantener la subvención de combustibles.

La subvención de combustible en Bolivia es una política del Gobierno que permite abastecer al mercado interno con gasolina y diésel a precios más bajos.

Por ello, el litro de gasolina se comercializa a Bs 3,74, mientras que el litro de diésel cuesta Bs 3,72, siendo bastante más bajos en comparación con otros países.

Sin embargo, le representa un costo extra al Gobierno. Pese a ello, en el Presupuesto General del Estado (PGE) se establece que para la presente gestión se destinarán los fondos necesarios para mantener la subvención.

Para ese fin, algunos sectores de oposición consideran que el oficialismo recurrirá a préstamos internacionales o financiamiento externo, aumentando la deuda del país.

Al respecto, Montenegro aseguró que el país ha cumplido con todas las obligaciones financieras, tanto de intereses como de capital, sin retrasos.

«Hemos servido fielmente todas las amortizaciones de interés y capital de la deuda externa. Al momento, no debe el país un pago rezagado ni nada por el estilo porque tomamos las previsiones para aquello», afirmó.

El ministro también mencionó que espera que en la presente gestión se obtenga financiamiento externo mediante la emisión de bonos y préstamos de organismos multilaterales, a la espera de su aprobación en la Asamblea Legislativa.

Debido a que algunos sectores productores y exportadores ratificaron que no cambiarán su postura de derogar la disposición séptima de Presupuesto General del Estado (PGE), ante la invitación al diálogo por parte del Gobierno, el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, considera que se trata de un “golpe blando empresarial”.

“Al parecer están organizando y planificando un golpe bando empresarial, que tiene otro tipo de connotaciones. A nosotros nos importa dialogar y discutir en el ámbito económico con propuestas y con actores que realmente quieran debatir”, protestó este viernes en conferencia de prensa.

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Gobierno

En criterio de la autoridad, con ese tipo de actitud, los sectores demuestran su interés político, debido a que no están abiertos a las explicaciones del Gobierno y buscan su desestabilización a través de marchas y otras medidas de presión.

La disposición cuestionada autoriza la confiscación y decomiso de productos y alimentos que se acopien con el objetivo de venderse a un precio más elevado en un futuro cercano.

Los productores, gremiales, empresarios e industriales consideran que se trata de una norma abusiva y que puede usarse de manera arbitraria, violando los derechos constitucionales de los ciudadanos.

Silva reiteró que esta disposición no afecta a esos sectores, sino a quienes practican agio y especulación o se dedican al contrabando. Por ello, cuestionó que estos grupos utilicen un pretexto económico para hacer política.

“La población tiene que saber que hay gente que utilizando el pretexto de una normativa que está orientada a proteger la economía del país hoy quieren hacer política”, fustigó.

El Gobierno extendió el jueves una invitación al diálogo a todos los sectores que se consideran afectados; pero muchos de ellos condicionaron su asistencia, señalando que antes de cualquier reunión la norma debe ser eliminada.

De acuerdo con Silva, hasta la fecha, ningún sector confirmó su asistencia oficialmente, aunque algunos manifestaron su predisposición.

Luego de que la agencia calificadora estadounidense Fitch Ratings rebajara la calificación crediticia de Bolivia, que pasó de «CCC» a «CCC-”, el Ministerio de Economía expresó su desacuerdo con la decisión.

A través de un comunicado, esa cartera de Estado señaló que la calificadora realiza un «análisis limitado y reduccionista» al centrarse exclusivamente en las Reservas Internacionales Netas (RIN), sin considerar otros indicadores clave de la economía.

«La economía boliviana ha demostrado resiliencia y resultados sólidos, creciendo un 3,1% en 2023 y un 2,6% al segundo trimestre de 2024, con una tasa de desempleo históricamente baja del 3,4% a junio de 2024».

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Calificación

El Gobierno sostiene que, tras la promulgación de la Ley del Oro, las RIN han mostrado una tendencia a la estabilización.

Según los datos del Ministerio de Economía, al 31 de diciembre de 2024, las RIN alcanzaron los $us 1.976 millones, cifra superior en $us 267 millones respecto al cierre de 2023, y se espera que las compras de oro continúen en 2025, fortaleciendo aún más las reservas.

Además, esa cartera de Estado atribuye la presión sobre la liquidez de divisas a factores externos e internos, como la falta de inversión en exploración de hidrocarburos en gestiones anteriores y el “bloqueo legislativo” de créditos externos por $us 1.667 millones, lo que dificulta la obtención de nuevos recursos financieros.

El Ministerio de Economía también mencionó los bloqueos de carreteras prolongados en Cochabamba en 2024, que afectaron negativamente a la economía del país.

«Estos conflictos sociales generaron pérdidas superiores a 3.000 millones de dólares y presionaron al alza la inflación», subraya el comunicado.

Medidas

Respecto a la deuda externa, el Gobierno reafirmó que Bolivia cumple con todas sus obligaciones financieras, rechazando las proyecciones negativas de Fitch Ratings. «No existe ningún pago rezagado ni pendiente», afirmaron.

La agencia reconoció este aspecto, sin embargo, auguró que para 2026 el pago de la deuda externa podría ser una complicación para el país.

Asimismo, el Gobierno destaca las medidas implementadas para garantizar el abastecimiento de combustibles y fortalecer sectores estratégicos mediante políticas de sustitución de importaciones y seguridad alimentaria.

En el comunicado, Economía señala que el proceso de industrialización y de reactivación hidrocaburífera permitirán al país generar nuevas fuentes de ingresos y reducir la dependencia de productos importados.

Este viernes, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) destacó que en la gestión 2024 la comercialización de urea en el mercado internacional se convirtió en un importante generador de divisas, logrando ingresar más de $us 150 millones.

“En 2024, la planta de amoniaco y urea ha logrado un hito histórico, siendo el año con mayor producción en toda la gestión, y esto nos ha permitido percibir cerca de 154 millones de dólares. Divisas que fueron generadas a través de este producto industrializado como es la urea”, explicó Gabriela Delgadillo, gerente de Productos Industrializados y Derivados de YPFB.

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Urea

La producción, en cuanto a peso, de acuerdo con la funcionaria alcanzó casi las 526.000 toneladas métricas, lo que representa un crecimiento del 51,35% en comparación con 2023, cuando se produjeron poco más de 347.000 toneladas

La urea que se produjo en la planta de Cochabamba sirvió para satisfacer la demanda de ese fertilizante en el mercado interno y los excedentes se destinaron a los países vecinos, principalmente a Brasil y Argentina.

Según Delgadillo, el departamento de Santa Cruz lidera el consumo de este fertilizante, seguido por Cochabamba, La Paz y Tarija.

La funcionaria de YPFB también destacó la planta de biodiésel en Santa Cruz que ya se encuentra en operación y otra planta que se planea inaugurar este año en la ciudad de El Alto.

Si bien estos productos no se destinarán a la exportación sino al consumo interno, Delgadillo destacó que permitirán sustituir las importaciones de diésel, que representan un gasto para el Estado.

De esta manera, subrayó que YPFB se encuentra trabajando en diferentes proyectos, que ya dan resultados, para generar mayores ingresos al país y permitirle ahorrar el monto que antes se destinaba a importar algunos productos.

El viceministro de Políticas de Industrialización, Luis Siles, atribuyó este viernes a un tema de logística la falta de arroz en los centros de venta de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y descartó un desabastecimiento del grano.

“Insisto, es un tema de logística, yo creo que esta misma tarde, mañana (sábado) en el peor de los casos se va a regularizar, porque tenemos arroz. Ya estamos comprando a los productores que hemos apoyado en Santa Cruz, entonces debe ser un problema logístico”, respondió ante la pregunta de un periodista que le consultó por la falta de arroz en las sucursales de Emapa.

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Emapa

Este viernes, se denunció la ausencia del arroz ‘khaja’ en varias sucursales de Emapa en todo el territorio nacional. La arroba de ese producto se comercializa a Bs 50,50 en la empresa estatal, pero en el mercado abierto su costo puede alcanzar los Bs 140.

A raíz del hecho, se puso a la venta un arroz denominado ‘grano de oro’ que se vende a Bs 70, lo que generó preocupación ante un posible incremento del precio del producto; situación que fue esclarecida por el Gobierno.

Asimismo, el viceministro informó que en las próximas semanas se tendrá mayor cantidad de arroz, pues el Gobierno introduce 1.500 toneladas del grano importado al mercado abierto cada día, con el objetivo de aumentar la oferta y reducir los precios.

Siles explicó que este arroz importado no se comercializará en Emapa, sino que se distribuirá a los centros de abasto, a los comerciantes y mayoristas.

Además, recordó que, por el momento, algunas sucursales de la empresa estatal no comercializan arroz debido a que se evidenció que la gran mayoría de compradores eran revendedores, que acopiaban el producto para luego venderlo en los mercados a un mayor precio.

Para evitar esa actividad, Emapa realiza la venta móvil, en diferentes zonas, para atender la demanda de los consumidores y no de intermediarios.