El año pasado, la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) importó mayores volúmenes de gasolina y diésel oíl —registrando un nuevo récord —, pero a un menor costo respecto a las compras de 2022.
Si 2022 marcó un récord histórico en el valor de las compras de combustibles, el año pasado ese indicador estuvo cerca de igualarlo. En este período, las compras pasaron de $us 2.999,1 millones a $us 2.843,1 millones, un 5,2% menos.
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Récord
Pero donde sí se marcó un nuevo récord histórico es en el volumen de las importaciones, tanto de gasolina como de diésel oíl. El año pasado se importaron 2.261,8 millones de kilogramos (kg) de combustibles frente a los 2.121,8 millones de 2022, según los datos procesados por La Razón con base en la información del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Este registro supera ampliamente los volúmenes importados en gestiones pasadas. En 2019 se compraron 1.914,8 millones de kg, pero al año siguiente cayeron a 1.028,6 millones como consecuencia de la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus (COVID-19). El transporte fue uno de los más afectados, por el temor de los usuarios a los contagios y además porque se impusieron restricciones para su uso. Por lo tanto, hubo un menor consumo de combustibles.
En 2021, tras las campañas masivas de vacunación contra la enfermedad y la paulatina vuelta a la normalidad de casi todas las actividades económicas, nuevamente se incrementaron los volúmenes de compra de carburantes. Ese año se importaron 1.940 millones de kg, en 2022 subieron a 2.121,8 millones y en 2023 se dispararon hasta los 2.261,9 millones, según los datos del INE.
Carburantes
Varios son los factores para una mayor demanda de carburantes, pero los principales son el crecimiento del parque automotor, la internación ilegal de vehículos a medio uso y sin papeles (chutos), el contrabando a países vecinos (en Bolivia los combustibles están subvencionados), la minería ilegal (aurífera, sobre todo) y el desvío a actividades ilícitas (narcotráfico).
Para controlar su comercialización, el Gobierno lanzó en abril del año pasado la Política Nacional de Control y Lucha Contra el Contrabando de Combustibles. Para ello, estableció una serie de medidas en los decretos supremos 4910 y 4911 para reforzar el control al expendio en las estaciones de servicio, lo que reducirá —según el Ejecutivo— la reventa de carburantes.
Paralelamente, YPFB mejoró su logística para reducir los costos de importación de los carburantes. La petrolera estatal cuenta con dos puntos generales para la importación de combustibles. Uno es el de occidente (Chile y Perú) y el otro es el de sur oriente (Paraguay, Argentina y Brasil).
“Los costos asociados de occidente son mucho más competitivos que los de sur oriente, es ahí donde se ha identificado una oportunidad de mejora, y se ha realizado un cambio de estructura en la logística (…), de manera que el abastecimiento se encuentre garantizado”, informó YPFB en un comunicado de agosto de 2023.
(16/02/2024)