A través de un pronunciamiento, el Órgano Electoral Plurinacional señaló este viernes que la demora del proceso de preselección de los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) en los plazos establecidos por la Ley 1549 “Transitoria para las Elecciones Judiciales” representa “un riesgo para la democracia y la seguridad jurídica» que afecta la elección y posesión de autoridades judiciales este año, además de coincidir con la realización delos procesos electorales que se avecinan.

“El Órgano Electoral Plurinacional está preparado para convocar y administrar las elecciones judiciales del año en curso, aprobar el calendario electoral y los reglamentos, inmediatamente reciba la nómina de candidatos preseleccionados por la Asamblea Legislativa”, indicó el presidente en ejercicio del Tribunal Supremo Electoral, Francisco Vargas, quien dio lectura al pronunciamiento.

El martes, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Pando dio curso a una acción popular presentada por la dirigente indígena y abogada Yeny Duri y dejó sin efecto el proceso de preselección de postulantes a las elecciones judiciales.

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La vocal Celsa Salazar, miembro de la Sala Constitucional, dijo entonces que la Asamblea Legislativa “tendría que nuevamente realizar el proceso de preselección y elección” para los comicios judiciales.

Vargas también ratificó el firme compromiso del Órgano Electoral para defender la “transparencia e imparcialidad de la institución electoral en aras de garantizar los mecanismos democráticos individuales y colectivos de participación política de los ciudadanos”.

Además, pidió a las autoridades competentes la resolución pronta de todos aquellos casos sujetos a su conocimiento, para dar continuidad a este ejercicio democrático de elección de las autoridades judiciales, así como a la Asamblea Legislativa Plurinacional para lograr los consensos que garanticen transparencia e idoneidad en la preselección de candidatos en los plazos establecidos por ley.

“Se exige al Tribunal Constitucional Plurinacional y a todos los órganos del poder público, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el respeto a la independencia de poderes prevista en el artículo 12 de la Constitución Política del Estado, para garantizar la democracia en nuestro país”, mencionó.

Tras el fallo que instruye al Tribunal Supremo Electoral (TSE) supervisar el congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista en la ciudad de El Alto, Ponciano Santos, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia afín a Evo Morales, advirtió que la “guerra está declarada”.

“Quiero decir enfáticamente, ya estamos en movilizaciones y en estado de emergencia. Nos veremos en la convulsión social del país, aunque ellos digan que vamos a perjudicar económicamente. Va a haber guerra civil. Las movilizaciones y la guerra ya están declaradas”.

Santos también indicó que desde hoy comienzan las movilizaciones, porque la decisión judicial no respeta la Constitución Política, las normas y la sigla del MAS.

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“La intención de Luis Arce es quitar la personería jurídica del MAS para ser nuevamente candidato a la presidencia. No vamos a permitir eso, si va a correr sangre, va a correr”. 

El TSE determinó acatar “provisionalmente” la determinación de la Justicia, sin embargo, denunció una injerencia del Órgano Judicial.

“La decisión asumida por la Sala Constitucional Primera, integrada por los vocales Israel Campero, presidente, y Alexis Angles, causa extrañeza y preocupación al Tribunal Supremo Electoral porque se entiende como un acto de injerencia en las competencias y atribuciones propias del Organismo electoral”, señaló el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas.

El Tribunal Supremo electoral (TSE) pidió al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una medida cautelar “a fin de no consumar un hecho que vulnera la independencia” de los órganos del Estado, tras la orden judicial para que supervise el congreso del MAS arcista en El Alto.

El presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas, indicó que en el transcurso de 24 horas se demandará al TCP esta medida. “Solicitamos (como medida cautelar) que el Tribunal Constitucional Plurinacional, (entre tanto) no revise la Resolución Constitucional 273 del 11 de diciembre de 2023, la Sala Constitucional Primera de La Paz se abstenga de emitir disposiciones que so protexto de garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en su decisión de tutela, tenga por objeto mutar pretensiones y ordenar al Órgano Electoral la supervisión de actos que no se adecuan a la normativa, todo esto con el fin de evitar un caos normativo, incumplimiento de la normativa electoral y principalmente  conflictos sociales”.

El vocal también indicó que solicitará al TCP que disponga “el no pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral respecto al informe de supervisión instruida por la Sala Constitucional Primera, hasta tanto ese Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la Resolución Constitucional 273 antes mencionada”.

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“Exigimos a los magistrados del TCP un pronto pronunciamiento en revisión de la decisión constitucional 273 por las graves consecuencias jurídicas, políticas e incluso sociales que pueden derivarse de un tardío pronunciamiento suyo”.

El TSE fue notificado con la resolución de la Sala Constitucional Primera de La Paz que “instruye al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096)”, es decir, realizar la supervisión del congreso nacional del MAS arcista en la ciudad de El Alto, del 3 al 5 de mayo.

Tras el fallo que le obliga a supervisar el congreso del MAS arcista en El Alto, la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) denunció este jueves «injerencia» del Órgano Judicial, empero, indicó que acatará “provisionalmente” la supervisión del cónclave del 3 al 5 de mayo.

“La decisión asumida por la Sala Constitucional Primera, integrada por los vocales Israel Campero, presidente, y Alexis Ángel, causa extrañeza y preocupación al Tribunal Supremo Electoral porque se entiende como un acto de injerencia en las competencias y atribuciones propias del Organismo electoral”, señaló el presidente en ejercicio del TSE, Francisco Vargas.

Añadió que “respetuosos del orden normativo constitucional y en específico del artículo 40 de la Ley 254 del Código Procesal Constitucional, que dispone que las decisiones de los tribunales en acciones de defensa son de ejecución inmediata, el Tribunal Supremo Electoral ha dispuesto realizar la supervisión condicionada y provisional del mencionado congreso, sujeto a verificación del cumplimiento de los requisitos de la ley y del Órgano Electoral Plurinacional, como también ha dispuesto la mencionada Sala Constitucional”.

El TSE fue notificado con la resolución de la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de la Paz que “instruye al Órgano Electoral Plurinacional la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley 1096)”, es decir, realizar la supervisión del congreso nacional del MAS arcista en la ciudad de El Alto.

El vocal Vargas también indicó que se emitió la Resolución 08/2024 que resuelve “la aplicación provisional” del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas en favor de los señores Lucio Quispe, Esteban Alavi Canaviri y Guillermina Kuno y se autoriza «provisionalmente la supervisión al evento a desarrollarse del 3 al 5 de mayo solicitado mediante memorial de fecha 22 de abril”

“Se instruye a la Dirección Nacional de Sifde (Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático) por tratarse de una solicitud de alcance nacional conformar la comisión técnica de supervisión y realizar las acciones conducentes para la supervisión del evento, entre tanto se cumpla con la condición impuesta por la Sala Constitucional de cumplir con las exigencias de la ley y del Órgano Electoral Plurinacional, entonces esa es la resolución que el día de hoy ha sido notificada”, dijo Vargas.

Antes del pronunciamiento del TSE, el Pacto de Unidad saludó la determinación de la Sala Constitucional e indicó que se cumplió “en todo momento” las resoluciones del TSE.

El cónclave se inaugurará en la avenida Juan Pablo II, frente al coliseo Héroes de Octubre en El Alto a las 15.00 de este viernes, y se prevé la participación de un millón de militantes, afirmó el Comité Político del Pacto de Unidad.

Tras la medida cautelar que instruyó al Órgano Electoral la supervisión del congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) arcista en la ciudad de El Alto, el expresidente y jefe del partido, Evo Morales, denunció que el Gobierno quiere apropiarse de la sigla.

“Ponemos en conocimiento de la comunidad nacional e internacional el intento desmedido por parte del Gobierno de Lucho y David de apropiarse del Instrumento Político MAS-IPSP” (sic), escribió Morales desde sus redes sociales.

La tarde de este jueves, la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispuso “instruir al Órgano Electoral Plurinacional, la aplicación provisional del artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas y el Reglamento para la Supervisión de Organizaciones Políticas, en favor del accionante”.

El recurso fue a solicitud de los dirigentes del Pacto de Unidad que apoya al presidente Luis Arce, pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó el seguimiento al cónclave del MAS arcista, a realizarse del 3 al 5 de mayo en la urbe alteña.

Morales también indicó que la “supervisión carece de legalidad por el incumplimiento del estatuto del MAS-IPSP.  Hemos sido respetuosos de las decisiones del Órgano Electoral y esperamos que éste no comprometa sus principios y su actuación legal conforme los intereses del poder político”.

En esa línea, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez (MAS), dijo que la decisión de la Sala Constitucional responde a un “orden político”. Indicó que “sorprende” que estas decisiones no sean jurídicas ni técnicas.

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“Nos sorprende que faltando horas para que se lleve a cabo dicho congreso, pueda tomar desde esta instancia obligando o instruyendo al Órgano Electoral que acompañe. Esperemos que no genere mayor conflicto institucional, de hecho, los magistrados que están usurpando funciones han tomado la decisión de designar a muchos vocales de manera ilegal, lo cual está profundizando la crisis institucional”.

Añadió que “nunca” en la gestión del MAS se vio el “extremo” de que se politice la Justicia y que la política se judicialice “al extremo”.

Desde las redes sociales del MAS, un grupo de militantes del partido de Beni se autoconvocó ante el Tribunal Electoral Departamental (TED) en rechazo a la decisión.

La Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) inició una sesión en aquel departamento para analizar los alcances de fallo de la Sala Constitucional de La Paz.