Economía

Sunday 14 Apr 2024 | Actualizado a 16:39 PM

Viceministro de Pensiones aclara que el PL 035 no consigna ‘jubilación forzosa’

Al menos 7.182 personas están jubiladas y continúan en sus fuentes laborales, y perciben a la vez su pensión de jubilación y su salario.

El viceministro de Pensiones, Franz Apaza. Foto: Ministerio de Economía.

/ 27 de febrero de 2024 / 15:05

El viceministerio de Pensiones, Franz Apaza, aclaró que el Proyecto de Ley (PL) 035, de modificación a la Ley de Pensiones 065, no ordena en ninguna de sus líneas la “jubilación forzosa o jubilación obligatoria”.

La Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes) y el secretario del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, rechazaron el proyecto de ley y anunciaron movilizaciones en rechazo de una presunta “jubilación forzosa” y en demanda de una “jubilación del 100%”.

En entrevista con La Razón Radio, Apaza lamentó que “algunos dirigentes” hayan difundido información falsa sobre la modificación a la ley.

Explicó que el documento plantea que, luego de los 65 años, los trabajadores tendrán acceso a un examen médico para el diagnóstico del estado de su salud y el análisis de la posibilidad de seguir trabajando.

El examen médico será realizado en el Instituto Nacional de Salud Ocupacional (INSO), enfocado en la salud de trabajadores. Incluso, Apaza aclaró que luego del examen, independientemente del resultado, el trabajador tomará la decisión de permanecer o no en su trabajo.

“El proyecto no dispone el retiro forzoso de su fuente de trabajo”, aclaró.

Apaza informó que la cantidad de personas jubiladas creció de 30.000 a 220.000 e indicó que ello se debe a la Ley 065, promulgada en 2010. “Ha crecido en seis veces la cantidad de jubilados en nuestro país”.

Informó que, de los 220.000 jubilados, 17.800 siguen trabajando, es decir, un 8%.

“Esas personas no van a perder sus fuentes laborales porque esta ley no establece como causal de despido por edad”, dijo.

Explicó que 10.211 personas mayores de 65 años todavía no se han jubilado y existen 7.182 personas jubiladas y que siguen trabajando y reciben dos ingresos. No obstante, ya no reciben la fracción solidaria ni la compensación de cotizaciones. Ambos beneficios serán asignados cuando los beneficiarios concluyan su vida laboral.

“Cuando deja de trabajar recibe esos dos elementos se incorporan a sus ingresos”, detalló.

Reiteró que la edad de jubilación es a los 58 años; a partir de esa edad, los trabajadores pueden iniciar sus trámites de jubilación en la Gestora Pública. En el caso de las mujeres, pueden comenzar antes, dependiendo a la cantidad de hijos vivos. Por “cada hijo vivo nacido, se le reduce un año”.

El PL 035, que modifica los Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, establecidos en la Ley 065, de Pensiones, y sus modificaciones, fue remitido a la Asamblea Legislativa en junio de 2023.

El documento prevé un incremento de hasta Bs 1.000 para muchos trabajadores que van a gozar de este beneficio.

Lea también: El Gobierno afirma que modificación a la Ley 065 busca mejorar la pensión solidaria de vejez

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Pateando al perro vuelve al escenario para conmemorar los 25 años de su primer disco

Pateando al perro es una banda de rock, icónica del rock nacional, formada en 1995 en Tarija por músicos argentinos.

La banda Pateando al perro en el set de Piedra, Papel y Tinta. Foto: Rubén Atahuichi.

/ 12 de abril de 2024 / 12:23

La banda de rock Pateando al perro conmemorará los 25 años de su primer disco llamado Disfrazados, este 12 y 13 de abril, a las 22.00, en el centro cultural “Canta y no llores”, ubicado en la zona de San Miguel de La Paz.

El grupo está compuesto actualmente por Gonzalo Gómez (primera guitarra y voz), Gastón Nigro (segunda guitarra) y Franz Fox (percusión).

Pateando al perro es una banda de rock formada en 1995 en Tarija por los músicos argentinos Marcelo Martínez (batería), Julio Jaime (bajo), Nigro (guitarra) y Gómez (guitarra y voz).

Meses después, se trasladaron a La Paz donde se convirtieron en una de las bandas más destacadas del rock and roll boliviano. Grabaron un único CD en 1999; después se disolvió la banda.

Volvieron a escena en 2008 con el baterista Franz Fox en reemplazo de Martínez, quien había retornado a Argentina. Luego, el grupo tomó algunas pausas y, ahora, volverá a los escenarios de La Paz.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Gómez contó que el grupo se reunió para conmemorar los 25 años de su primer álbum. “Estábamos descansado por un tiempo, nos hemos juntado para celebrar nuestro primer disco”.

Nigro contó que llegó desde Córdova, Argentina para deleitar al público con su música, mientras que su compañero Gómez, también argentino, ya radica en La Paz y Fox es oriundo de la ciudad de La Paz.  

Gómez aseguró que la banda tomó pausas por diversas razones, pero “nunca” se pelearon y, por el contrario, “siempre tienen una razón” para volver a tocar juntos. “Somos una banda que marcó la historia del rock nacional”.

Al ser consultado sobre el nombre de su grupo, recordó que tiene que ver con una frase que dice: “no puedes entrar al pueblo pateando al perro”. Explicó “no puedes entrar pateando al dueño del pueblo”.

“Le pusimos el nombre a la banda por esa frase”, dijo.

Develó que el nombre de su banda provocó molestia en defensores de animalistas y que, por ello, reciben algunos insultos en sus redes sociales por parte de grupos protectores. Fox aclaró que el grupo no tiene ningún problema con los perros, sino que responde a la frase expuesta por Gómez.

“No tenemos ningún problema con los perritos”, explicó Fox.

Cholahuasi

Gómez, también vocalista de la banda GoGo Blues, invitó al público paceño a deleitarse con el género del blues en el Centro Cultural Cholahuasi (ubicado en el barrio de San Pedro), cuyo lugar también estará de aniversario, el siguiente fin de semana a las 20:00.

GoGo Blues es una banda de rock nacional con más de dos décadas de vigencia. Interpreta distintos estilos musicales, como el blues eléctrico y rock and roll. La agrupación rockera es liderada por el cordobés Gonzalo Gómez (vocalista, compositor y guitarrista).

Lea también: Pateando al Perro reencuentro: Cuidado con ‘los perros’

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Crisis de la Gobernación se debe a reducción de ingresos, falta de planificación y sobrecontratación

El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, Miguel Sorich, aseguró que hasta el 31 de diciembre se revertirá la crisis económica en la institución cruceña.

Gobernación de Santa Cruz.

/ 12 de abril de 2024 / 10:32

El secretario de Hacienda de la Gobernación de Santa Cruz, Miguel Sorich, explicó que el gobierno departamental atraviesa por una “iliquidez temporal” debido a la reducción de ingresos por hidrocarburos, la falta de planificación financiera y una contratación “irracional” de personal.

El 10 de abril, la Gobernación de Santa Cruz anunció que se aplicarán nuevas medidas económicas, con la finalidad de ahorrar Bs 70 millones a raíz de una crisis económica y un periodo de iliquidez. 

En entrevista con La Razón Radio, Sorich afirmó que ante la crisis se estableció un plan de reingeniería económica para dar solución a la crisis. Prevé optimizar los recursos hasta el 31 de diciembre.

Al ser consultado sobre las causas de la crisis, explicó que, la reducción elevada de ingresos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) es uno de los factores principales. A diciembre de 2022, la Gobernación recibía Bs 1.030 millones por regalías de carburantes y en el mismo periodo de 2023 recibió Bs 761 millones. “Son Bs 300 millones menos”.

Otra causa ―según dijo― fue la falta de planificación financiera y de pagos a sus proveedores, y la inexistencia de un plan de tesorería. “Entraban recursos y se veía qué se pagaba y qué no. No había una programación de pagos”. 

“Hemos identificado falta de planificación financiera, era más reactivo que planificado”, añadió.

Aunque no quiso dar nombres, aseveró que el responsable de la crisis es el Ejecutivo de la Gobernación, antes encabezada por el gobernador electo Luis Fernando Camacho, detenido en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

Sin embargo, adelantó que una auditoría establecerá responsabilidades.

Actualmente, la institución está encabezada por el gobernador en ejercicio, Mario Aguilera, quien hizo una serie de cambios en las secretarías y personal.

Sorich indicó que, desde el 1 de abril, el personal de Aguilera hizo un análisis financiero y una revisión de auditorías. Como resultado se pudo evidenciar que la oficina está atravesando por una “situación crítica”.

Develó que la Secretaría de Hacienda emitió un informe con datos de septiembre y diciembre en el cual advirtió al Ejecutivo que se estaba gastando más de lo que ingresaba. “En función de los ingresos de Bs 2.030 millones, se gastó Bs 2.400 millones”.

“La secretaría fue responsable en emitir su informe en 2023, donde advirtió la situación que podía suceder si gastábamos más de lo que estábamos ganando”.

De ese modo, se generó una “deuda flotante”, que son obligaciones que se adquirieron desde septiembre que no tenían la fuente de pago. “Los resultados son los que estamos viviendo, ese es el problema”.

Develó que, de octubre a diciembre de 2023, se hicieron compras de manera “irracional”; por ejemplo, se adquirió un servició de Bs 60 millones, pero la Gobernación no contaba con fondos para pagar al proveedor del servicio.

“Se recibió el servicio, pero no teníamos fondos. Nos hemos fiado sin saber de dónde vamos a pagar”, explicó.

Sin embargo, Sorich consideraó que, con la implementación del programa de optimización financiera y las medidas de control de gasto, la crisis se solucione hasta fin de año. “La iliquidez es temporal”, insistió.

Anunció que desde su despacho se van a establecer mecanismos de innovación para generar nuevos ingresos. “Algunas de las medidas son la reducción de personal, restricciones vehículos y optimización de gastos”.

Asimismo, aseveró que los proyectos en el departamento están garantizados.

“Haremos revisiones la presupuesto para dar prioridad a los proyectos”. Por ello, pidió tranquilidad a la población cruceña.

Al ser consultado sobre posible sanción a las autoridades ejecutivas, responsables de la crisis, aseguró que el departamento de auditoría es el despacho correspondiente para establecer sanciones.

“Será el departamento de auditoría o las instituciones correspondientes que establecerán alguna sanción (para los responsables)”, informó.

El 27 de febrero, Aguilera presentó el informe de confiabilidad del gobierno departamental, que estableció 40 observaciones que pueden derivar en procesos administrativos, civiles e incluso penales contra los responsables.

El 2 de febrero, quien fuera vicegobernador asumió sus funciones por mandato del Tribunal Constitucional, que consideró el resguardo del Estatuto de Santa Cruz en relación a la suplencia temporal. El gobernador electo se resistía a ceder sus tareas, pese a su condición de recluso en el penal de Chonchocoro, en La Paz.

Lea también: La Gobernación de Santa Cruz está en ‘crisis’ y plantea un plan para ahorrar Bs 26,8 millones

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Caso fraude: Costas culpa a la OEA de haber generado la crisis poselectoral en 2019

El exvocal Antonio Costas lamenta que en 2019 hubo información tergiversada sobre las elecciones. “Las denuncias no coincidían con los datos reales y tampoco hubo fraude monumental”.

César Navarro, Claudia Benavente y Antonio Costas en el set de Piedra, Papel y Tinta. Foto: Ruben Atahuichi

/ 11 de abril de 2024 / 15:14

El exvicepresidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Antonio Costas responsabilizó a la Organización de Estados Americanos (OEA) de instalar la idea de «fraude» electoral en Bolivia, que, en su criterio, amplió la brecha de polarización en la población.

La narrativa del fraude electoral en el país fue un tema de debate que terminó de quebrar a la sociedad y que tuvo consecuencias “violentas y dramáticas”. Las consideraciones fueron expuestas por el exministro de Minería César Navarro y Costas en el programa Piedra, Papel y Tinta, de La Razón.

Costas lamentó que, si bien los bolivianos ya estaban polarizados en 2019, la OEA provocó la polarización con su teoría del fraude respaldada por dos informes “contradictorios” con datos “inconsistentes e imprecisos”.

La OEA emitió un informe preliminar sobre las elecciones generales de 2019, en el que establece que se hubo “manipulación dolosa”, que desató grandes manifestaciones y conflictos entre los ciudadanos. Sin embargo, según el reglamento de la OEA, el organismo internacional debió emitir el informe el 13 de noviembre y no antes, el 10, como ocurrió en 2019.

“Los datos que encontró la OEA eran tan contradictorios a la teoría del fraude, que se inventan problemas de los sistemas de la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) y del cómputo. Ahí está la pobreza del trabajo de la OEA», cuestionó Costas, que, por ese caso, fue detenido y encarcelado más de tres meses, como sus colegas vocales de entonces.

Sin embargo, afirmó que el “fraude” que derivó en una profunda polarización social es un tema pendiente que la población debe entender y resolver de forma técnica. “No se debe entrar al análisis político”, sugirió

En discrepancia, Navarro hizo una lectura política y aseguró que en 2019 se construyó una idea de un fraude electoral supuestamente propiciado por el Órgano Ejecutivo y el TSE. “Por eso las principales autoridades del TSE fueron aprehendidas”, recordó.

Afirmó que la tesis de «fraude» fue montándose desde antes de las elecciones generales, cuando en octubre 2018 renunciaron dos vocales del TSE. A partir de ello, algunos medios de comunicación masivos dieron a conocer que se «orquestaba» un fraude.

Recordó que el desaparecido periódico Página Siete tituló una nota “Según la encuesta, el 68% cree que habrá fraude electoral”, tres semanas antes de las elecciones generales de 2019.

Eso —según dijo— obligó a que, “inmediatamente”, los comités cívicos de Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca emitieran resoluciones para manifestar que no reconocerán el triunfo de Evo Morales con el argumento de los comicios iban a ser fraudulentos.

“Ellos van construyendo la idea política del fraude que, posteriormente, se asentó como un hecho político dado”, añadió.

Costas insistió que no se debe entrar en el detalle y el análisis político, sino, por el contrario, hacer un análisis técnico y cuestionar, fundamentalmente, el rol de la OEA, el equipo de auditoría y al secretario general de ese organismo, Luis Almagro, a quien llama “presidente” de la OEA, debido a que —en criterio— él toma la totalidad de las decisiones en esa institución.

“La actuación de la OEA fue la que dirimió. ¿Quién comprobó que hubo fraude?, nadie. Fue la OEA que indicó que hubo fraude, no la construcción de la idea política”, argumentó.

Explicó que Irfan Nooruddin, un politólogo de la Universidad de Georgetown en Washington, a quien la OEA había contratado para analizar los resultados de las elecciones en Bolivia, hizo un análisis y comparó los datos del TREP y del cómputo.

Encontró, en su análisis, que las coincidencias de datos del TREP y el cómputo final respecto de los resultados que obtuvo Comunidad Ciudadana (CC) fueron del 99,498% y para el Movimiento Al Socialismo (MAS), 99,468%.

“Con eso, él ya está demostrando que no hubo manipulación dolosa, como indicaba el informe de la OEA”, concluyó Costas.

A su vez, Navarro indicó que el informe de la OEA no consignó el trabajo de campo en Cochabamba, que debía desarrollarse el 8 de noviembre, en plena convulsión contra Morales. “La misión de auditores no pudo hacer su trabajo por el clima de violencia”.

El 9 de noviembre, el equipo debió hacer trabajo de campo en Potosí, Chuquisaca, Oruro y Santa Cruz, pero no pudo viajar por el clima de violencia; así que hicieron el trabajo de campo solo en La Paz, Beni, Pando y Tarija, en cuatro de los nueve departamentos.

Según el informe, el 9 de noviembre, la OEA estableció que “hubo fraude” con base en la revisión de cuatro departamentos. “No encontraron ningún acta adulterada en Beni, Pando y Tarija. Los tres departamentos no representan más allá del 7% del padrón electoral”.

A su vez, reclamó que el informe se presentó la madrugada del 10 de noviembre. “La auditoría debió durar 12 días; empezó el 1 de noviembre se presentó el 9. No terminó el 12”, como señalaba el acuerdo entre la OEA y el Estado boliviano.

Costas lamentó la “inconsistencia” de los datos de la OEA, aunque no cree que los auditores hayan incurrido en la falta de profesionalismo, sino que considera que las imprecisiones se dieron en la elaboración del informe.

El exvocal espera que cuando Almagro ya no esté en la OEA se desclasificarán los informes y se verá y valorará el trabajo de campo de la auditoría. “Hubo auditores de Argentina que les representaron sus diferencias respecto a las conclusiones del informe”.

“Ojalá el próximo año (en las elecciones de 2025), Almagro no nos mande otra delegación como la de 2019, (encabezada por Manuel Gonzáles)”, auguró.

Recordó que, en el libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas uruguayos Gonzalo Ferreira, Martín Natalevich, el secretario general de la OEA confiesa su interés en las elecciones de 2019: tenía tres opciones para impedir la victoria de Morales.

De todas maneras, dijo que, al término del mandato del excanciller uruguayo, los documentos del informe de la OEA de 2019 sean desclasificados.

En su criterio, el trabajo del TSE de entonces fue eficiente, sobre todo en la gestión del TREP y el cómputo final. Consideró necesario abordar el caso de manera técnica, porque hay una confusión de datos generado por distintas denuncias.

Las denuncias no coincidían con los datos reales y tampoco hubo “fraude monumental”, afirmó, cuando parafraseó a Carlos Mesa, entonces candidato presidencial de CC.

Lea también: Fiscalía aclara que pericia internacional descartó manipulación de datos en comicios de 2019

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Becker prevé que puede adelantarse la deportación de Murillo como pasó con Méndez

Thomas Becker afirmó que la Justicia de EEUU deporta a los sentenciados por casos como los de Murillo y que la deportación de Méndez “es una señal” para que ocurra lo mismo con el exministro.

Arturo Murillo, detenido en Estados Unidos. Foto: RRSS

/ 11 de abril de 2024 / 10:53

El abogado estadounidense Thomas Becker afirmó que es muy posible que el exministro de Gobierno Arturo Murillo sea deportado a Bolivia por el caso Gases lacrimógenos, luego de cumplir su sentencia en Estados Unidos por lavado de dinero y soborno.

En entrevista con La Razón Radio, aseguró que “los gringos”, como llama a las autoridades estadounidenses, no quieren a Murillo en ese país porque —en su criterio— no respondió a la demanda civil en su contra sobre la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

“Es muy posible que vayan a deportar a Murillo porque están enojados con él por no responder a la demanda; esto es algo jurídico”, justificó el abogado.

La sentencia de la jueza Lisa Walsh, que obliga a Murillo a indemnizar a Bolivia con $us 6,2 millones, señala que, ante la ausencia del exministro, el 10 de marzo de 2024, el tribunal “declaró rebeldía contra el demandado”.

En criterio de Becker, el no responder a la demanda agravó su situación con la justicia de su país, debido a que su acción representa un insulto al sistema judicial de Estados Unidos. “Murillo no participó en el caso, tenía que responder a una demanda. Él técnicamente perdió por ‘decisión rebelde’ le ofrecieron un mes para responder, pero nunca respondió”, dijo.

El jurista consideró que su falta de respuesta fue producto de su “arrogancia” o por una incomprensible estrategia legal que no hace más que empeorar su situación legal. “Los gringos son arrogantes también”.

“Fue muy raro que no haya respondido a la demanda civil. Los políticos van a estar enojados, es un insulto cuando no respondes a la corte”, insistió.

Respecto a los obstáculos de una posible deportación, lamentó que existen posibles impedimentos, entre ellos que el exministro denuncie la posibilidad de “tortura” por parte de Gobierno o si presenta una aplicación de asilo por presunta persecución.

“Hay la posibilidad de asilo, pero por un delito de este nivel, Estados Unidos deporta a la persona”, aseguró.

El 9 de abril reciente, un tribunal de Miami, Floridad, dictó una sentencia por la que Murillo deberá indemnizar a Bolivia con $us 6.287.525,42 en el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

Ese mismo año, a la semana de la interrupción en el poder de Jeanine Áñez, Murillo, en coordinación con su colega de Defensa, Luis Fernando López, encargó la compra de material antidisturbios a la empresa Bravo Tactical Solutions (BTS) de parte de la firma Cóndor.

Por el lote de granadas de gas y otros elementos antidisturbios no letales, Bolivia pagó $us 5,6 millones, de los cuales $us 2,3 millones fueron sobreprecio.

Murillo huyó de Bolivia tras conocerse la victoria del presidente Luis Arce en las elecciones generales de 2020. Fue acusado por represión a manifestantes y compras irregulares mientras era ministro de Gobierno de Áñez.

En mayo de 2021, Murillo fue detenido en Miami junto con su exjefe de gabinete Sergio Méndez y tres empresarios estadounidenses. Todos estaban acusados de montar un esquema de sobornos y lavado de dinero para aprovecharse de una importación de gases lacrimógenos realizada por Bolivia cuando Murillo era ministro. La exautoridad fue condenado a 5 años y 10 meses (70 meses).

Méndez fue deportado desde Estados Unidos, admitió su culpabilidad en el caso de lavado de dinero y legitimación de ganancias ilícitas. Recibió una condena de 42 meses en el país norteamericano.

Becker afirmó que, por lo general, la Justicia de Estados Unidos deporta a los sentenciados por casos como los de Murillo y que la deportación de Méndez “es una señal” para que ocurra lo mismo con el exministro.

Para Becker lo que ocurrió en 2019 en Bolivia, en alusión a las masacres de Senkata (El Alto), Sacaba (Cochabamba) y el Pedregal (La Paz), “fue muy fuerte” hasta para los estadounidenses, debido a que —según explicó— es muy complicado procesar a una persona en Estados Unidos. “Los gringos protegen a personas como Murillo, pero los delitos eran tan fuertes que lo procesaron dos veces, en un caso criminal y uno civil”.

“Es una persona que cometió varios delios horribles en Bolivia”, sentenció.

Al ser consultado sobre su conocimiento sobre los fondos de Murillo, afirmó que el Estado boliviano puede congelar las cuentas y propiedades de Murillo para garantizar el pago de $us 6,2 dictado por la Justicia.

“No sabemos cuanta plata tiene accesible. Es posible que tenga una cuenta en el caribe”, añadió. 

El abogado explicó que, si bien Murillo tiene una sentencia de 70 meses de prisión, ese tiempo se puede reducir por buena conducta en su reclusión para, posteriormente, ser deportado a Bolivia.

“Las personas que deciden las deportaciones van a ver una falta de respeto (por no haber respondido a la demanda) y lo van a deportar”, dijo.

Becker es abogado de los familiares de las víctimas de octubre de 2003 que abrieron un juicio civil contra Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y Carlos Sánchez Berzain (“El Zorro”) en Estados Unidos. También defendió a las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.

Lea también: Murillo deberá indemnizar con $us 6,2 millones a Bolivia por el caso Gases lacrimógenos

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‘La cena de los tontos’ se presentará el 13 y 14 de abril en el Teatro Nuna

El elenco oficial está confirmado por los reconocidos actores Cristian Mercado, Luigi Antezana, Gory Patiño, Paty García, Michelle Csapek, Leonel Fransezze y Raúl Pitín Gómez

Afiche "La cena de los tontos". Foto: Teatro Nuna

/ 10 de abril de 2024 / 14:41

La obra teatral “La cena de los tontos”, dirigida por Agustín Vásquez, se presentará el 13 y 14 de abril, a las 20.00, en el Teatro Nuna, en la zona Sur de La Paz. La población podrá adquirir sus entradas en la página web del teatro o al 63090822.

La pieza de teatro fue escrita por el dramaturgo francés Francis Veber y fue estrenada en 1993 en Francia. En 1998 el propio autor adaptó una versión cinematográfica y en 2010 se estrenó un remake estadounidense.

Vásquez y el dramaturgo Percy Jiménez adaptaron el guion original a la realidad de La Paz de los años ‘90, para que el público entienda las bromas.

El elenco oficial está confirmado por los reconocidos actores Cristian Mercado, Luigi Antezana, Gory Patiño, Paty García, Michelle Csapek, Leonel Fransezze y Raúl Pitín Gómez. La producción es de Macondo Art.

En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, Vásquez afirmó que la traducción y adaptación del humor a la realidad boliviana fue un reto por la diferencia cultural, geográfica y de humor entre Francia y Bolivia. “Fue un trabajo enorme”.

Csapek contó que la obra narra la historia de Pedro (Cristian Mercado), un editor de libros que junto a sus amigos organiza una cena, a la que llevan a un invitado con el único objetivo de burlarse de él. Sin embargo, la noche pondrá en duda sobre quién es el verdadero tonto.

“Suceden cosas muy divertidas y aparecen otros personajes”, dijo.

Por su parte, Vásquez y su equipo están trabajando en una gira por Cochabamba y, posiblemente, Santa Cruz. Admitió que para él sería un sueño llevar la obra a Buenos Aires, Argentina.

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