El ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina, y el su par de Energía y Minas de la República de Argelia, Mohamed Arkab, firmaron este sábado un convenio institucional que permitirá el intercambio de experiencias en materia energética.
El acuerdo coincidió con el Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG) que se lleva a cabo en Argel, la capital de Argelia, y al que asiste el presidente de Bolivia, Luis Arce.
Asimismo, las empresas petroleras estatales de Bolivia y Argelia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y Sonatrach, respectivamente, también suscribieron otro convenio de cooperación; con el objetivo de aprovechar mutuamente las experiencias en el ámbito de hidrocarburos.
“Los convenios entre Argelia y Bolivia permitirán profundizar una cooperación bilateral entre ambos países”, dijo Molina, según un reporte institucional.
La Sociedad Nacional para la Investigación, la Producción, el Transporte, la Transformación y la Comercialización de Hidrocarburos (Sonatrach) es una empresa argelina; constituida para explotar los hidrocarburos de ese país.
Bolivia participa en la VII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, que fue inaugurada este sábado en Argel; y tiene como objetivo salvaguardar los intereses tanto de productores como de consumidores de gas.
Con el objetivo de levantar la suspensión de las exportaciones de aceite refinado, el Gobierno convocó al sector empresarial privado productivo encargado de las ventas al mercado externo para “transparentar” la información sobre las ventas del aceite combustible y llegar a un acuerdo que beneficie a la población y a los productores.
“La reunión debería ser hoy (domingo), si hay la voluntad, pero creo que están en el extranjero, pues ellos no viven en el país, entonces van a llegar a defender sus intereses. Esperemos que en esa reunión pueda haber un debate democrático sano, defendiendo ellos sus intereses y nosotros los intereses del pueblo (…), esperemos que máximo hasta el martes se pueda tener esta reunión”, informó el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, en entrevista con Bolivia Tv.
La autoridad recordó que el Gobierno se trasladó a las industrias oleaginosas en Santa Cruz y realizó un control de los precios del aceite en los mercados de varios departamentos. Como resultado, se verificó que la producción es normal, pero el costo del producto se incrementó, a causa de un desabastecimiento generado por las exportaciones.
Por ello, el Gobierno tomó el viernes la decisión de suspender la venta externa hasta que los precios se normalicen en el mercado interno.
De acuerdo con Silva, este sector empresarial es “dueño de la producción”, por lo que antepone sus propios intereses económicos antes que el bienestar de la población en general.
‘Mirada política’
“Históricamente, desde 2005, han sido identificados como un sector empresarial (…) que tiene una mirada más política que una mirada económica, que lo que pretende es beneficiarse a sí mismo antes que a la población”, protestó el viceministro.
De esta manera, coincidió con la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien denunció que existe una “guerra económica” contra el Gobierno, debido a la proximidad de las elecciones generales de 2025.
Al igual que el presidente Luis Arce, el viceministro pidió al sector empresarial dueño de las industrias de aceite “dejar de jugar sucio” contra el Gobierno.
“Esperemos que en esta reunión se pueda debatir y se pueda transparentar la información, que nos dejen de jugar sucio y digan la verdad a la población”, apuntó.
Sin embargo, reiteró que el Gobierno es consciente de la importancia de las exportaciones, como un ingreso de divisas para el país. Por ello, la reunión con el sector tiene el objetivo de retomar las ventas al extranjero lo antes posible, garantizando el abastecimiento interno.
Un operativo de la Unidad de Supervisión y Control del Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando permitió la incautación de un minibús con 800 kilogramos de carne de cerdo en el Puesto de Control Guaqui, informó este domingo el viceministro Luis Velásquez. La intervención dejó una afectación económica de Bs 30.400 a los contrabandistas.
El vehículo, con placa de control 3118-CFP, fue interceptado mientras transportaba ocho piezas de ganado porcino. El cargamento quedó bajo custodia en el puesto de control a la espera de su transferencia a las autoridades competentes, quienes se encargarán de realizar los procedimientos legales correspondientes.
El viceministro Velásquez resaltó que los operativos se han intensificado en la región fronteriza, especialmente en los sectores conocidos como Hito 40, Sombra Para, Villa Pusuma e Hito 38, puntos críticos para el ingreso de mercancía de contrabando.
“El trabajo es constante. Las unidades del Viceministerio operan las 24 horas del día, los siete días de la semana a lo largo de toda la línea fronteriza del país”, afirmó la autoridad.
El contrabando de productos cárnicos representa un serio riesgo para la salud pública, ya que estos alimentos, al no contar con control sanitario, pueden convertirse en un foco de enfermedades zoonóticas.
Además, afecta de forma directa a la producción nacional y genera una competencia desleal para los productores locales.
Las autoridades hicieron un llamado a la población para que eviten comprar productos de contrabando, especialmente alimentos que no tengan los registros de control sanitario correspondientes, e instaron a la ciudadanía a denunciar esta actividad ilícita a través de los canales oficiales.
La lucha contra el contrabando es parte de la estrategia del Gobierno para proteger la producción nacional y garantizar la seguridad alimentaria de la población. Con operativos constantes en los principales puntos fronterizos, las autoridades buscan frenar esta práctica que, según datos oficiales, genera pérdidas millonarias para la economía nacional.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tiene pendientes de aprobación dos contratos firmados con empresas de Rusia y China para la producción de carbonato de litio grado bateria. La inversión comprometida para la instalación de tres plantas alcanza, en total, a más de $us 2.000 millones.
Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) firmó el 11 de septiembre de este año el primer contrato de asociación accidental con la empresa rusa Uranium One Group para producir 14.000 toneladas de carbonato de litio al año en el salar de Uyuni, utilizando tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL) y con una inversión superior a los $us 970 millones.
El 26 de noviembre se firmó el segundo contrato entre YLB y la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited, que incluye la instalación de dos plantas industriales y una producción escalonada de 35.000 toneladas anuales de ese compuesto. La inversión alcanza los $us 1.030 millones. En este proyecto también se empleará la tecnología EDL.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, instó el martes a los miembros de la Asamblea Legislativa a dejar de lado los intereses políticos y dar luz verde a los contratos para la industrialización del litio, valorados en más de $us 2.000 millones.
“Solicitamos a todos los asambleístas y también a los senadores de la Cámara Alta que puedan priorizar estos contratos porque entre los dos suman una inversión de más de 2.000 millones de dólares que son a riesgo propio de las empresas que forman parte de los contratos y no de Bolivia, obviamente eso genera un beneficio para todo el sector energético, fuentes de trabajo, divisas y desarrollo”.
Los acuerdos se encuentran a la espera de análisis y debate en la ALP, cuyos asambleístas deben aprobar los documentos para que se haga efectiva la inversión.
El precio del litio se hunde y la industrialización en Bolivia avanza a paso lento
En 2022, cada tonelada de carbonato de litio era comercializada en $us 59.555. Un año más tarde, el precio bajó a $us 45.258 y este año se derrumbó a $us 8.830
El precio del carbonato de litio se desploma en los mercados internacionales.
Mientras los precios del litio se hunden cada año en el mercado internacional, afectando los ingresos provenientes por la venta del metal blando, en Bolivia la industrialización avanza a paso lento y no se avizora que esta situación cambie en el corto plazo.
De enero a septiembre de este año, el país ha exportado 678,5 toneladas de carbonato de litio por un valor de $us 6 millones. El precio promedio por tonelada fue de $us 8.830, cinco veces menos al valor comercializado en 2023 ($us 45.258) y casi siete veces al alcanzado en 2022 ($us 59.555).
Los datos, procesados por La Razón con base en la información que publica el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su sitio web (www.ine.gob.bo), muestran que los precios están al mismo nivel que en 2016 ($us 8.381 en promedio por tonelada), cuando Bolivia empezó a producir el “oro blanco” en la planta piloto de carbonato de litio, instalada en la localidad de Llipi, en el salar de Uyuni, Potosí.
La caída de los precios del metal blando en los dos últimos años en el mercado internacional ha sido brutal y se explica fundamentalmente por una mayor producción (oferta) a nivel mundial y a la moderación en las ventas de vehículos eléctricos, cuya producción depende en gran medida del litio para las baterías.
Desde 2021, los principales países productores de carbonato de litio han incrementado su producción debido a los precios altos, situación que ha cambiado radicalmente en la actualidad.
Australia, Chile, China y Argentina, en ese orden, son actualmente los mayores productores del “oro blanco” en el mundo.
En 2023, Australia fue el líder mundial en producción de litio, con un volumen estimado de 86.000 toneladas métricas. Chile y China ocupaban el segundo y tercer lugar, con 44.000 y 33.000 toneladas métricas, respectivamente. Cabe destacar que Australia alberga la mayor mina de litio de roca dura del mundo, de donde extrae principalmente el metal alcalino de la espodumena, un mineral que contiene litio.
En tanto, Argentina —el cuarto productor mundial del metal— obtuvo ese año 9.600 toneladas métricas, según el portal de estadística en línea Statista GmbH.
PLANTA INDUSTRIAL
Bolivia inauguró en diciembre de 2023 la primera Planta Industrial de Carbonato de Litio con financiamiento estatal en el salar de Uyuni, departamento de Potosí, con una capacidad para producir hasta 15.000 toneladas del metal blando al año a partir de 2025.
La puesta en marcha de la planta se dio tras una década de frustrados intentos por incursionar en el mercado mundial de este metal que han rezagado a Bolivia frente a sus vecinos Chile y Argentina, con los que forma el llamado “triángulo del litio”.
En agosto, el gerente de Operaciones y Mantenimiento de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), Jorge Chambi, informó que la estatal logró incrementar la producción de 3 a 13 toneladas métricas por día en la planta industrial y, en las siguientes semanas, alcanzaría a las 20 toneladas producidas por día. De acuerdo a lo programado, la nueva industria, en proceso de estabilización, producirá a un 30% y progresivamente la producción se incrementará hasta alcanzar a su máxima capacidad de 15.000 toneladas por año.
El Gobierno desmintió que la suspensión temporal de las exportaciones de aceite refinado de soya genere una «afectación millonaria» para el Estado, tras la medida adoptada en los últimos días que generó rechazo en varios sectores productores.
El viceministro de Comercio y Logística Interna, Grover Lacoa, explicó que este producto representa apenas el 7,6% de las exportaciones del complejo oleaginoso y que, además, ya se cumplió con el 99,56% de los contratos de exportación de este año.
“Hasta el 4 de diciembre se exportaron 116.667 toneladas, prácticamente todo lo exportado en 2023. Por lo tanto, la afectación es básicamente nula”, afirmó Lacoa, quien también lamentó la desinformación difundida por algunos sectores políticos y sociales, que aseguraron que la suspensión afectaba a todo el sector oleaginoso.
Éstos denunciaron que el país perderá millones de dólares por el cese de las ventas de aceite refinado al mercado exterior.
El viceministro precisó que la medida no afecta la exportación de torta de soya, harina de soya ni aceite bruto, que continuarán con libre exportación. La suspensión temporal solo se aplica al aceite refinado de soya y su principal objetivo es garantizar el abastecimiento del mercado interno y estabilizar los precios para la población.
Las autoridades detectaron que algunas industrias no estaban cumpliendo con el compromiso de entrega pactado, pese a que los almacenes cuentan con suficiente stock de aceite. Por ello, se observó desabastecimiento y encarecimiento del producto en algunas ciudades del país.
Esta situación motivó la decisión de frenar temporalmente las exportaciones, pero Lacoa reiteró que la medida será levantada una vez que se regularice el suministro interno.
“El objetivo no es afectar al sector exportador, sino garantizar que las familias bolivianas tengan acceso al aceite a un precio justo, en línea con la política del Gobierno de proteger la economía de la población”, subrayó.
La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, explicó este sábado que la medida generó que el precio de los 5 litros de aceite reduzca de Bs 90 a Bs 60 en mercados de La Paz. Por ello, de continuar la disminución de costos, el cese de exportaciones podría suspenderse antes de lo previsto.